Economistas y especialistas financieros consideraron que el canje de deuda en pesos que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, y que se realizará a partir de este jueves, contaría con un piso de adhesión de entre 60% y 80% sobre el total de los vencimientos involucrados.

El Ministerio de Economía formalizó ayer la convocatoria a un canje de deuda en pesos con vencimiento en el segundo trimestre de 2023, por dos canastas de bonos, una que incluye exclusivamente títulos ajustados por inflación (CER), y una segunda con una combinación de 70% ajustados por CER y 30% de bonos duales -que ajustan por inflación o tipo de cambio-, con vencimientos en 2024 y 2025.

En total, el canje abarcará a títulos por un monto estimado en $7,3 billones que están en manos de organismos públicos, bancos, fondos de inversión, empresas aseguradoras y privados.

Más allá de la implementación exitosa que puede tener el canje para despejar los vencimientos de 2023, los especialistas señalaron que las principales fuerzas políticas -en medio de un año electoral- deberán poner la lupa en resolver el problema del exceso de pesos de la economía y la generación del déficit fiscal, que son problemas que recaerán en la próxima administración.

Desde el equipo de research de PPI (Portfolio Personal Inversiones) estimaron que «el sector público posee alrededor de 38/39% del remanente de estos instrumentos, mientras que los jugadores regulados (bancos y aseguradoras) aportarían una participación adicional de entre 20/25%», augurando un piso de al menos 60%-65% de adhesión a la operación.

Agregaron que «vale destacar que algunas fuentes de mercado estiman que la participación pública incluso podría ser entre 6 y 10 puntos porcentuales mayor» y «Massa contaría con un piso de aceptación de entre 62/70% para el swap», indicaron.

No obstante, desde PPI advirtieron que «a pesar del fuerte apoyo que consiga el ministro de los privados regulados, todavía nos quedan dudas respecto a que esta operación pueda mitigar por completo los cuestionamientos del mercado sobre la ‘bola de pesos’, que sería una tarea pendiente para el próximo gobierno».

«Nuestra estimación del excedente de pesos por el cepo cambiario alcanza alrededor del 7,9% del PBI, lo cual deteriora la probabilidad de quitar el cepo ni bien asuma una nueva administración», expresaron.

Por su parte, Mauro Mazza, de BullmarketBrokers, dijo que «el monto de los bancos, aseguradoras, empresas del Estado, FGS y Banco Central implica más del 80% del total, quedando unos 2,3 billones de pesos en manos de otros privados, tanto de empresas como de personas físicas».

Este último monto, en base a cotización del dólar MEP, sumaría alrededor de «8 mil millones de dólares que se quedarían fuera del canje», estimó Mazza.

En tanto, Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, dijo que esperan que «el canje tenga una adhesión de más de 60%».

Señalaron que desde que Sergio Massa «asumió en agosto de 2022, ha venido extendiendo plazos con bastante éxito a través de canjes de este estilo -ya emitió un bono dual-, y teniendo presente que la cobertura contra inflación es la principal demanda del mercado».

En sintonía con Mazza, Casabal dijo que «si bien no vemos riesgo de corrida contra los títulos, todavía queda el riesgo del precio del contado con liquidación», que se verá luego de que se haya analizado el nivel de aceptación del 20% en poder de los privados no regulados.

Para Claudio Caprarulo, economista principal de Analytica, «aún resta ver el porcentaje de adhesión del mercado al canje por lo tanto hasta ahora lo importante es el gesto simbólico: el Gobierno sentó a los bancos y logró su apoyo para alejar los fantasmas de un default de la deuda en pesos», dijo.

Señaló que con la operación el Gobierno «va a lograr alargar el perfil de vencimientos temporalmente y ganar tiempo para mejorar las condiciones hasta que lleguen en 2024 y 2025, por el objetivo ahora tiene que ser estabilizar a la economía y generar mayor credibilidad hasta entonces».

En este sentido, de cara al futuro, Casabal acotó que «tiene más sentido discutir cómo se origina la deuda, el déficit fiscal y, en ese caso, esperamos tener una discusión política de mayor altura, donde los candidatos deberán explicar cómo planean encausar la economía».