Judiciales ⚖️
La Corte Suprema revocó la expulsión de una mujer migrante
La Corte revirtió una sentencia contra una ciudadana boliviana, ya que no se tuvo en cuenta que se encontraba a cargo de sus niños y fue víctima de violencia de género.
Por Néstor Llidó
La Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia que convalidaba la expulsión de la Argentina de una ciudadana boliviana, debido a que no se había evaluado la situación de desamparo en la que quedarían sus hijos argentinos, todos menores de edad que están a su exclusivo cargo.
Según el fallo, si bien al momento de dictar sentencia la migrante había obtenido un permiso para permanecer en el país, se hizo hincapié en la protección integral de la familia.
La Dirección Nacional de Migraciones había declarado «irregular» y ordenado en 2016 la expulsión de la mujer, prohibiendo su reingreso al país, debido a que había sido condenada a cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tráfico de «estupefacientes en su modalidad de transporte».
Contra esa decisión, y después de cumplir la pena cuidando a los niños, la migrante había solicitado que se le otorgara una dispensa para permanecer en el territorio nacional para continuar con el cuidado de sus hijos argentinos menores de edad, como lo había hecho hasta ahora en un domicilio a resguardo del padre de sus hijos, que había cometido «gravísimos actos de violencia de género».
Las sentencias de primera y segunda instancia (Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal) rechazaron el recurso de la migrante, pero ahora la Corte le dio la razón.
La mujer advirtió «que la orden de expulsión dispuesta implicaría el desmembramiento de su familia» y requirió «la intervención de la Defensoría de Menores e Incapaces ante el fuero federal en representación de sus cuatro hijos menores de edad».
Además, adujo que se «debió considerar el derecho de los niños a ser oídos, así como sopesar sus intereses, y dar debida intervención a los funcionarios designados en la estructura estatal para resguardarlos».
«La migrante señaló que ella era el único sostén tanto económico como social» de sus hijos, que convivía con ellos en un parador del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que la mayor «en aquel entonces de siete años de edad» se encontraba escolarizada», señaló la resolución.
El informe socio ambiental elaborado en 2018 por el «Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación» remarcó los «gravísimos y recurrentes actos de violencia de género que padeció por parte del padre de sus tres primeros hijos, vejámenes que se extendieron incluso pasados los siete años que duró la convivencia con él».
En las consideraciones finales, sostiene que la mujer «siempre sostuvo los cuidados de sus hijos para quienes constituye su cuidadora primaria».
Por mayoría, la Corte entendió que los tribunales anteriores no tuvieron en cuenta la concreta situación de desamparo en la que caerían los niños argentinos si fueran separados de su madre que es su único sostén, su cuidadora primaria y proveedora de lo necesario para su subsistencia y desarrollo.
Morón
Narcofuncionaria en Morón: Ghi no fue a la interpelación y su enviado lo contradijo cuatro veces
El intendente de Morón evitó presentarse ante el Concejo Deliberante y delegó en su secretario de Seguridad la defensa por el escándalo de Luna Ortigoza, la exdirectora de Género prófuga con medio kilo de cocaína. El enviado contradijo al jefe comunal al menos cuatro veces y aprovechó la sesión para promocionar su propia figura.
Ghi mandó a Cardoso y él mismo lo hundió: cuatro contradicciones en la interpelación por la narcofuncionaria
★ El intendente de Morón, Lucas Ghi, no fue. En la sesión extraordinaria convocada para este jueves en el Concejo Deliberante por el escándalo de la exdirectora de Género Luna Suyai Ortigoza, prófuga desde el 21 de mayo tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar Sur, el jefe comunal decidió no comparecer personalmente y delegar la tarea en su secretario de Seguridad, Damián Cardoso. La decisión no pasó inadvertida: todos los ediles que tomaron la palabra en el recinto lo señalaron con la misma frase: «Esperábamos a Lucas Ghi».
Lo que siguió fue una sesión de cuatro horas y media que, lejos de acotar el daño político, lo amplificó. Cardoso zigzagueó sobre la participación de su área en los operativos judiciales y policiales, se jactó de eficiencia en algunos momentos y tomó distancia en otros, y terminó contradiciendo a su propio jefe al menos en cuatro puntos centrales del relato oficial.
El comunicado de Ghi versus la versión de Cardoso
La primera contradicción emergió en el punto más sensible del caso: si el Municipio sabía o no de los allanamientos antes de que derivaran en el hallazgo de la droga en la casa de la funcionaria. Cuando el escándalo estalló, Ghi emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que los procedimientos habían sido «impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito». La afirmación resultaba políticamente conveniente: sugería que el propio gobierno municipal había activado la operación.
Cardoso desmintió esa versión ante los concejales. El secretario de Seguridad aseguró que su área no tenía conocimiento previo de los operativos y que fue informada con posterioridad por la Unidad Fiscal de Investigación. El contrapunto no es menor: sobre Ortigoza pesa la sospecha, planteada por varios concejales durante la sesión, de que pudo haber sido alertada con anticipación sobre la realización de los allanamientos, lo que explicaría su fuga antes de que los efectivos llegaran a su domicilio.
«La nombró Ghi el 1° de febrero de 2020»
La segunda contradicción llegó cuando Cardoso refutó una frase que el propio intendente había utilizado públicamente para tomar distancia del caso. Ghi había dicho que Ortigoza «venía de otras gestiones», intentando así construir una distancia entre su administración y la funcionaria imputada. Cardoso lo desmintió con precisión: «La nombró el intendente Lucas Ghi el 1° de febrero de 2020″.
El dato se corrobora en el decreto de designación. Según fuentes consultadas por distintos medios, Ortigoza fue nombrada como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en junio de 2025, aunque previamente había tenido pasos por el área de Salud del Municipio como empleada temporaria. Su madre, Silvina Ortigoza, se desempeña actualmente como directora de la UGC N° 5 de El Palomar.
Sin formación para el cargo y sin objeciones del oficialismo
La tercera contradicción alcanzó el terreno de las capacidades. Cardoso descartó que Ortigoza tuviera la formación adecuada para desempeñarse en políticas de Género, una afirmación que contradice directamente la decisión del oficialismo de designarla en ese puesto. La pregunta que quedó flotando en el recinto es cómo alguien sin la idoneidad para el cargo llegó a conducir un área de alta sensibilidad territorial durante años sin que nadie en la administración lo advirtiera, o sin que, si lo advirtió, actuara en consecuencia.
El debate «perfecto» que nadie del luquismo esperaba
La cuarta contradicción fue de orden político. En los días previos a la sesión, el entorno del intendente había denunciado públicamente que la interpelación era un intento de desestabilización, una maniobra opositora para debilitar a Ghi de cara a 2027. Cardoso, ante los concejales, bajó esa tensión con una frase que dejó descolocados a varios ediles del propio oficialismo: «Me parece perfecto el debate y el intercambio respetuoso con los concejales que tienen derecho a recibir las explicaciones pertinentes».
El contexto político: ruptura con Sabbatella y crisis acumulada
La interpelación se realizó en un contexto de creciente erosión institucional para la gestión de Ghi. El caso Ortigoza no es el primero que sacude al municipio: en febrero de este año fue detenida Karen Yael Cufré, empleada del centro de monitoreo de la Secretaría de Seguridad, acusada de integrar una banda dedicada a extorsiones digitales vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre de 2025. Los propios concejales que impulsaron la interpelación lo consignaron en el texto del decreto: Morón atravesó «en menos de un año, de tener extorsionadoras infiltradas en el área encargada de cuidarnos a tener funcionarias de alta jerarquía, con firma, poder político y manejo de recursos, prófugas y sospechadas de integrar bandas dedicadas al narcotráfico».
La votación que habilitó la interpelación (16 a 8) reflejó además la fractura del peronismo local. Los concejales del bloque de Nuevo Encuentro, que responden a Martín Sabbatella, votaron junto con la oposición contra el oficialismo ghista, consolidando una ruptura que el propio Ghi cuando eligió distanciarse de su antecesor y ex socio político.
Cardoso, entre la derecha y la autopromoción
Lejos de limitarse a defender al intendente, Cardoso dedicó una porción considerable de su presentación a publicitarse a sí mismo y a su área. Aprovechó la sesión para proponer la creación de una policía local y, para sorpresa de varios ediles del bloque oficialista, destacó como modelos de gestión de seguridad a los municipios de San Miguel (Juntos por el Cambio) y Tres de Febrero (La Libertad Avanza).
El perfil político de Cardoso tiene antecedentes propios: fue diputado provincial por Unión PRO entre 2007 y 2011 y exhibe una línea punitivista en materia de seguridad. Está asociado, en la ONG Control Ciudadano, al empresario Ariel Diwan, principal dirigente de La Libertad Avanza en Morón.
La conclusión que circuló en los pasillos del HCD al cierre de la sesión fue unánime: Cardoso no fue a defender a Ghi, fue a defender a Cardoso.
Puntos clave
- El intendente Lucas Ghi no se presentó a la interpelación del Concejo Deliberante de Morón y delegó en el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
- Cardoso contradijo al propio Ghi al menos cuatro veces: sobre el conocimiento previo de los allanamientos, el origen de la designación de Ortigoza, su idoneidad para el cargo y la legitimidad del debate legislativo.
- Luna Suyai Ortigoza permanece prófuga desde el 21 de mayo con una orden de captura vigente; en su domicilio se secuestraron 509 gramos de cocaína.
- El caso se suma al de Karen Cufré, exempleada municipal detenida por integrar una banda de extorsionadores vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
- La interpelación se aprobó 16 a 8 con el voto del sabbatellismo junto a la oposición, evidenciando la fractura del peronismo en Morón.
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