Por Néstor Llidó

La Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia que convalidaba la expulsión de la Argentina de una ciudadana boliviana, debido a que no se había evaluado la situación de desamparo en la que quedarían sus hijos argentinos, todos menores de edad que están a su exclusivo cargo.

Según el fallo, si bien al momento de dictar sentencia la migrante había obtenido un permiso para permanecer en el país, se hizo hincapié en la protección integral de la familia.

La Dirección Nacional de Migraciones había declarado «irregular» y ordenado en 2016 la expulsión de la mujer, prohibiendo su reingreso al país, debido a que había sido condenada a cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tráfico de «estupefacientes en su modalidad de transporte».

Contra esa decisión, y después de cumplir la pena cuidando a los niños, la migrante había solicitado que se le otorgara una dispensa para permanecer en el territorio nacional para continuar con el cuidado de sus hijos argentinos menores de edad, como lo había hecho hasta ahora en un domicilio a resguardo del padre de sus hijos, que había cometido «gravísimos actos de violencia de género».

Las sentencias de primera y segunda instancia (Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal) rechazaron el recurso de la migrante, pero ahora la Corte le dio la razón.

La mujer advirtió «que la orden de expulsión dispuesta implicaría el desmembramiento de su familia» y requirió «la intervención de la Defensoría de Menores e Incapaces ante el fuero federal en representación de sus cuatro hijos menores de edad».

Además, adujo que se «debió considerar el derecho de los niños a ser oídos, así como sopesar sus intereses, y dar debida intervención a los funcionarios designados en la estructura estatal para resguardarlos».

«La migrante señaló que ella era el único sostén tanto económico como social» de sus hijos, que convivía con ellos en un parador del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que la mayor «en aquel entonces de siete años de edad» se encontraba escolarizada», señaló la resolución.

El informe socio ambiental elaborado en 2018 por el «Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación» remarcó los «gravísimos y recurrentes actos de violencia de género que padeció por parte del padre de sus tres primeros hijos, vejámenes que se extendieron incluso pasados los siete años que duró la convivencia con él».

En las consideraciones finales, sostiene que la mujer «siempre sostuvo los cuidados de sus hijos para quienes constituye su cuidadora primaria».

Por mayoría, la Corte entendió que los tribunales anteriores no tuvieron en cuenta la concreta situación de desamparo en la que caerían los niños argentinos si fueran separados de su madre que es su único sostén, su cuidadora primaria y proveedora de lo necesario para su subsistencia y desarrollo.