Por Demetrio Iramain

La Corte Suprema le dio una nueva vuelta de tuerca al Lawfare: convirtió al fenómeno regional de politización de la Justicia en una guerra de posiciones. ¿Administrar justicia? “Te la debo”, diría Macri, el mentor de la actual conducción del Tribunal.

Al anuncio sobre un proyecto de ley para aumentar sensiblemente el número de integrantes de la Corte, legislar sobre su funcionamiento (imponerle plazos para sus fallos, por ejemplo) y observar el manejo de los recursos financieros del Poder Judicial, le siguió una respuesta corporativa fenomenal, como lo fue el encuentro de cortesanos y jueces federales en Rosario quienes, con la excusa de enviar un mensaje de apoyo a los magistrados que intervienen en causas vinculadas a narcotráfico, remitió el que verdaderamente les importaba, dirigido a otro destinatario: el poder político.

El mensaje incluyó la extravagante propuesta de crear un órgano supraestatal, que agrupe a gobiernos, policías, jueces y otros sectores vinculados a la lucha contra las bandas de crimen organizado que operan en el país, a la manera de un FBI local, a cargo de los magistrados, que forzaría a la política a acatar las decisiones estratégicas tomadas por los jueces en materias ajenas a su competencia, como lo es fijación de la política criminal.

No quedó ahí la cosa. A posteriori, 16 gobernadores encabezados por Axel Kicillof exigieron públicamente que el Máximo Tribunal tenga un carácter más federal. Además de Buenos Aires, firmaron el documento los gobernadores de La Rioja, Catamarca, San Luis, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz, Entre Ríos, Tierra del Fuego, San Juan, La Pampa, Salta, Chaco, Misiones y Chubut.

¿Y cómo respondió la Corte? A través de sus voceros en los medios de comunicación hegemónicos (¿o es al revés?), quienes trascendieron que la Corte se encuentra próxima a darle la razón a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su pleito contra el gobierno nacional y el resto de las provincias, por la coparticipación.

El conflicto, que Rodríguez Larreta dice que comenzó en septiembre de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández retrotrajo el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la CABA al 1,4 %, en verdad se inició en diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri, a los pocos días de haber asumido, lo aumentó por decreto al 3,75%, con la excusa de crear la Policía de la Ciudad, perjudicando notablemente a las provincias.

Esta secuencia patética de hechos demuestra que la Corte no afecta la marcha de un determinado gobierno, sino que atenta contra el sistema democrático. Si la democracia deja de ser rehén de la Corte, no se beneficiará un gobierno en particular, sino la institucionalidad toda. Ya es hora.