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Judiciales ⚖️

Detienen a 13 personas en Argentina en un operativo internacional contra red de abuso infantil

En los allanamientos realizados en 11 provincias y CABA donde fueron detenidas 3 personas, y 1 en la provincia de Buenos Aires, 4 en Córdoba, 1 en Misiones, 2 en Santiago del Estero, 1 en Salta y 1 en San Juan.

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Un total de 13 personas fueron detenidas en el país durante 55 allanamientos en el marco de la operación “Aliados por la Infancia II”, la segunda acción internacional coordinada desde Argentina que también abarcó otros 10 países, destinada a combatir una red de tráfico de imágenes de abuso sexual infantil, informó hoy el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En los allanamientos realizados en 11 provincias y CABA donde fueron detenidas 3 personas, y 1 en la provincia de Buenos Aires, 4 en Córdoba, 1 en Misiones, 2 en Santiago del Estero, 1 en Salta y 1 en San Juan.

En CABA se llevaron a cabo 5 allanamientos, en territorio bonaerense 11, en Córdoba, 8, en Neuquén, 5, en Entre Ríos, 4, en Mendoza, 1, en Tucumán, 4, en Misiones, 2 en Santiago del Estero, 2, en Salta, 2, en Santa Fe 7, y en San Juan.

Dentro de los tres detenidos en Argentina hay un profesor de educación física y una maestra de nivel inicial detenidos en CABA.

En tanto, en República Dominicana se realizaron 5 allanamientos sin detenidos, en Chile 7 con 4 detenidos, en Costa Rica detuvieron a una persona en un allanamiento, en Ecuador 10 y 9 detenidos, en EE.UU y México 1 allanamiento, en Panamá 3, en Paraguay 2, en Perú 1 y 1 detenido y en Puerto Rico 2.

En la Operación ‘Aliados por la Infancia II’ se secuestraron 1281 dispositivos.

Con la intervención del fiscal Tomás Vaccarezza, titular de la Fiscalía PCyF 17 especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, se lograron investigar más de 150 usuarios de redes P2P distribuidos en Argentina y el resto de los países.

La operación se inició a raíz del trabajo en conjunto llevado acabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de EE.UU. y el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

El MPF facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, para poder utilizar el sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (Icaccops)”, plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

Icaccops desempeña “un rol crucial en la detección de usuarios en redes P2P involucrados en la distribución de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”, destacaron.

Según explicaron, el sistema proporciona pistas de investigación, y esta plataforma identifica direcciones IP asociadas a archivos de este tipo, convirtiéndose en una herramienta esencial para miles de investigadores en todo el mundo que luchan por brindar asistencia en casos similares.

En relación con las locaciones identificadas en la Ciudad de Buenos Aires, las tareas de constatación se llevaron a cabo en colaboración con la Sección Delitos Informáticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía porteña, División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal, Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de Gendarmería Nacional, División Investigaciones de Ciberdelitos de Prefectura Naval Argentina.

Por su parte, respecto de los objetivos localizados en distintas provincias, la información fue enviada a las autoridades correspondientes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero, Salta y San Juan para que ordenaran los respectivos allanamientos.

En Neuquén, como resultado de los operativos que estuvieron a cargo de la división de Delitos Sexuales del Departamento de Seguridad Personal de la Policía de Neuquén se secuestraron 73 dispositivos bajo la coordinación de la fiscal Carolina Mauri.

Investigación 🔎

Causa $Libra: la oposición denuncia “impunidad” por la parálisis de la investigación y apunta contra Casal

Cuatro diputados opositores le exigieron al Procurador General Eduardo Casal que provea con carácter urgente las herramientas tecnológicas necesarias para que la Unidad Especial de Investigación de Ciberdelincuencia pueda continuar rastreando el dinero del escándalo cripto que involucra al presidente Milei.

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El Argentino Diario-La influencia de Karina Milei sobre su hermano-Hayden Davis-Hablar Milei.
Sin licencias ni recursos: cómo la falta de infraestructura amenaza la investigación más sensible del gobierno Milei.

Diputados opositores denuncian que la UFECI no tiene herramientas para investigar la causa $Libra

★ Cuatro legisladores nacionales de la oposición enviaron una nota formal al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para exigirle que garantice de manera «urgente» la continuidad de la investigación judicial del caso $Libra. Los firmantes, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino, todos integrantes de la comisión investigadora del caso, advirtieron que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) enfrenta una parálisis de hecho por falta de recursos tecnológicos.

Según trasciende de fuentes parlamentarias, la UFECI habría informado que se encuentra imposibilitada de cumplir determinadas medidas de análisis y trazabilidad de activos virtuales requeridas en el marco de la investigación, por carecer de las herramientas tecnológicas y licencias informáticas necesarias. La limitación afectaría directamente la capacidad de reconstruir el recorrido de los fondos involucrados y de analizar las billeteras virtuales identificadas en la causa.

Una investigación que involucra al Presidente

En la nota dirigida a Casal, los diputados subrayaron que «ninguna limitación tecnológica o administrativa debe impedir el desarrollo de medidas probatorias relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados» y solicitaron al procurador que arbitre «los medios y recursos necesarios para proveer a la UFECI de las herramientas requeridas para el cumplimiento de las tareas encomendadas por el fiscal interviniente».

El tono político de la denuncia fue directo. A través de su cuenta en la red social X, Ferraro sostuvo: «Si se frena la investigación por falta de recursos, eso es impunidad». Para el legislador de la Coalición Cívica, resulta «inadmisible» que la pesquisa judicial pueda verse frenada por carencias de infraestructura, «sobre todo, teniendo en cuenta que se investiga al Presidente y es la causa judicial de mayor trascendencia institucional del país».

La calificación de Ferraro no es menor: la causa $Libra es la investigación penal más sensible que atraviesa la gestión Javier Milei, dado que el propio mandatario fue identificado como promotor del token cripto que, según la acusación, fue utilizado en una maniobra de tipo pump and dump que perjudicó a miles de inversores. La causa tramita en el fuero federal y es considerada, por su proyección institucional, sin precedentes en la historia judicial argentina reciente.

Recursos escasos para una causa incómoda

El planteo de los legisladores abre un interrogante que la oposición no deja caer: ¿es la falta de recursos una limitación genuina o una forma de ralentizar deliberadamente una investigación incómoda para el Gobierno? Ferraro fue contundente al respecto: «La falta de medios no puede convertirse en una excusa para paralizar una causa ni en un obstáculo para conocer la verdad y denegar justicia».

El escándalo $Libra, que estalló en febrero de 2025 cuando el propio Milei difundió el token desde sus redes sociales para luego borrarlo abruptamente, derivó en la caída estrepitosa del activo cripto y en pérdidas millonarias para los inversores que compraron en el pico de la promoción oficial. La investigación judicial apunta a reconstruir quién se benefició con las ganancias obtenidas antes del derrumbe, razón por la cual el análisis de las billeteras virtuales y la trazabilidad de los fondos resultan centrales para el avance del expediente.

La UFECI, creada precisamente para investigar este tipo de delitos de alta complejidad tecnológica, requiere herramientas de análisis de blockchain y licencias de software especializado para cumplir con las diligencias ordenadas por el fiscal interviniente. Que esas herramientas no estén disponibles, en una causa de esta envergadura, es lo que los legisladores denuncian como una anomalía inaceptable.

Antecedentes de una causa que el Gobierno quiso enterrar

La causa $Libra tiene una historia de obstrucciones y dilaciones que la oposición viene documentando. Desde que el escándalo se hizo público, el entorno presidencial intentó minimizar la responsabilidad de Milei, argumentando que el mandatario solo «difundió» el proyecto sin conocer sus implicancias. Esa versión fue cuestionada por la investigación judicial, que avanzó sobre la estructura financiera detrás del lanzamiento del token.

El reclamo al procurador Casal se inscribe, además, en un contexto más amplio de tensiones institucionales. El Ministerio Público Fiscal, cuya autonomía de gestión es clave para garantizar que la investigación no se vea interferida por presiones políticas, es ahora interpelado directamente por legisladores opositores que advierten que la causa más importante del país no puede naufragar por una carencia logística que el propio Estado debe resolver.

Puntos clave:

  • Cuatro diputados opositores reclamaron al Procurador Casal que dote a la UFECI de herramientas tecnológicas para continuar la causa $Libra.
  • Según trascendidos parlamentarios, la unidad especializada no cuenta con las licencias informáticas para analizar billeteras virtuales y rastrear los fondos del escándalo cripto.
  • El diputado Ferraro calificó la situación como «impunidad» y advirtió que se investiga al Presidente de la Nación.
  • La causa $Libra es considerada la investigación judicial de mayor trascendencia institucional del país.
  • La oposición denuncia que la falta de recursos puede convertirse en un mecanismo de facto para paralizar la investigación.
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