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Dirigentes y organismos lamentaron el silencio de Etchecolatz hasta el día de su muerte

Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos de derechos humanos, cuestionó al represor que «mantuvo el pacto de silencio hasta el último día» y murió sin decir «la verdad sobre el destino» de miles de desaparecidos.

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Dirigentes políticos, sociales y de organismos de derechos humanos lamentaron hoy que el represor Miguel Etchecolatz haya muerto a los 93 años sin informar a la Justicia cuál fue el destino de muchos de los desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó que el represor «mantuvo el pacto de silencio hasta el último día» y murió sin decir «la verdad sobre el destino» de centenares de desaparecidos que estuvieron cautivos en centros clandestinos en los que intervino el fallecido exjefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense.

«Condenado por centenares de crímenes de lesa humanidad, a los 93 años, murió el genocida Etchecolatz que hasta el último día mantuvo el pacto de silencio. Se lleva la verdad sobre el destino de nuetros hijos y nietos, pero logramos justicia y memoria para sostener el Nunca Más», afirmó en Twitter el organismo que encabeza Estela de Carlotto.

Etchecolatz, mano derecha del general de brigada Ramón Camps, será recordado en la historia argentina por ser uno de los rostros siniestros del Terrorismo de Estado, planificador de la represión y su principal ejecutor en el área del Gran La Plata a partir del golpe de marzo de 1976.

Etchecolatz falleció a las 5.30 en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se encontraba internado con custodia policial.

Al igual que Abuelas, también la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida remarcó que Etchecolatz encontró la muerte «sin arrepentirse de todos los crímenes que cometió y sin decir nada sobre Julio López» y consideró que «jamás va a descansar en paz».

«Efectivamente, se ha ido sin arrepentirse de todos los crímenes que cometió y sin decir nada sobre Julio López. Fue, es y será un ser despreciable; estoy segura que jamás va a descansar en paz», manifestó Almeida en declaraciones para C5N.

En tanto, para el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, el deceso es un caso emblemático de «quienes se mueren sin mostrar jamás arrepentimiento» y así «se llevan a la tumba la información sobre el destino de los cuerpos o de los niños apropiados».

«Etchecolatz fue un ejemplo evidente de quienes se mueren sin mostrar jamás arrepentimiento, ni compasión frente a las víctimas o sus familiares, llevándose a la tumba la información sobre el destino de los cuerpos o de los niños apropiados», evaluó Pietragalla desde su cuenta personal de Instagram.

En su publicación, Pietragalla recordó la influencia que aún detentaba al interior de la Bonaerense, incluso llegado el año 2006, y planteó que ese poder residual llevó a que fuera investigado por la desaparición de Jorge Julio López, «testigo esencial del juicio en el que terminó condenando por primera vez a perpetua».

Consultado por Télam sobre la segunda desaparición de López, Pietragalla dijo que lo que pasó con el albañil y militante de Los Hornos es «una espina clavada» y contó que «no poder saber qué pasó» con él «angustió mucho a Néstor Kirchner, y doy fe, que puso a todas las herramientas del Estado para saber qué pasó y si había una vinculación con este sujeto (por Etchecolatz)».

«Nunca se pudieron encontrar pruebas para saber dónde estaba Julio (López) y quiénes eran los responsables. Porque a partir de ese punto quedó en evidencia que había sectores que todavía eran capaces de generar daño, y lo generaron», agregó el funcionario en declaraciones a esta agencia.

En cualquier caso, Pietragalla valoró como «toda una señal» que Etchecolatz «haya muerto en cárcel común con condena en nuestro país», y previamente detalló que el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense fue investigado por su responsabilidad «en casi 20 causas por crímenes de lesa humanidad dentro de la estructura represiva ilegal montada desde la Policía de la provincia de Buenos Aires, en el denominado ‘Circuito Camps'».

Finalmente, el secretario destacó desde sus redes que el represor haya muerto «en nuestro país, condenado y preso en cárcel común».

La muerte de Etchecolatz sin que haya revelado a la Justicia o las familias de las víctimas la información con la que contaba fue lamentada también por otros miembros del Ejecutivo y por representantes de varios espacios partidarios, entre ellos el ministro de Ambiente y nieto recuperado, Juan Cabandié.

«Los genocidas se siguen muriendo sin revelar sus secretos, sin decirnos dónde están ni qué hicieron con nuestros familiares y compañeros desaparecidos. Ni olvido ni perdón», remarcó Cabandié.

Por su parte, la legisladora porteña y también nieta restituida, Victoria Montenegro, aseguró que Etchecolatz fue «uno de los torturadores más nefastos de la dictadura» y lo consideró «responsable de la desaparición de Julio López, entre otros crímenes».

«Hoy murió condenado como lo que fue, un asesino repudiado por el pueblo», resaltó la legisladora del Frente de Todos.

También se refirió a la muerte de Etchecolatz Rubén López, hijo del albañil y testigo desaparecido en 2006, quien dijo sentir una «especie de dolor de estómago» con la noticia, un «sentimiento» difícil de explicar.

«Estoy nervioso, no es por tristeza, tampoco es por alegría porque se haya muerto una persona que quizá fue el culpable de la desaparición de mi viejo. Es muy difícil explicar el sentimiento que tengo en este momento», expresó Rubén.

Además, se lamentó porque el genocida «haya muerto sin decir dónde están» muchos de los desaparecidos durante la dictadura cívico militar.

Asimismo, Marta Úngaro, hermana de Horacio, uno de los jóvenes desaparecidos en la denominada La Noche de los Lápices ocurrida en septiembre de 1976, dijo que si bien Etchecolatz «murió condenado, el delito lo sigue perpetrando» ya que nunca reveló el destino de muchos de los desaparecidos.

Desde el plano partidario, el diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky (FdT), manifestó que «el genocida de Etchecolatz, condenado por delitos de lesa humanidad, murió en una cárcel común. Justicia», y luego observó: «Se llevó con él información clave de nuestros compañeros y no tendremos verdad. Queda en nosotros seguir luchando por la memoria».

En el mismo sentido, el legislador porteño Claudio Morresi (FdT) sostuvo que el comisario fallecido «pudo tener algo de valentía y decir qué había hecho con sus víctimas pero prefirió ser el cobarde represor que fue siempre».

Con una postura similar, el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, dijo a Télam que «Etchecolatz murió como debía ser, en una cárcel común juzgado y condenado por genocidio» y recordó que «tenía cinco prisiones efectivas por sus crímenes de lesa humanidad».

Y agregó: «Hace poco se conocía que el Tribunal de Casación le había dado domiciliaria en una sola causa, que no se había hecho efectiva».

En tanto, la diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda y los Trabajadores), apenas conocida la noticia, posteó en Twitter: «Murió Etchecolatz, estuvo en una cárcel común hasta el último de sus días. Logramos que se lo condene por genocidio. Nunca dijo el destino de Clara Anahí Mariani ni de los desaparecidos y se le garantizó impunidad en la desaparición de Julio López».

Y sobre la desaparición del testigo que comprometió a Etchecolatz, añadió: «Año 2006, estaba por comenzar el primer juicio de lesa humanidad después de anuladas las leyes de impunidad. En esta conferencia de prensa denunciábamos que Etchecolatz esperaba el juicio en su casa. Fueron muchas peleas, nos faltan muchas compañeras y compañeros. La lucha sigue».

En tanto, la senadora bonaerense Teresa García (FdT) aludió a la muerte del represor en sus redes y puntualizó: «Tuvo un juicio justo»; mientras que la dirigente Vilma Ripoll (del MST) señaló: «Murió el genocida Etchecolatz y nunca dijo dónde está Julio López, ni Clara Anahí. Con la movilización logramos que sea en cárcel común. ¡A dónde vayan los iremos a buscar!».

A su turno, la diputada porteña del FdT Mara Brawer sostuvo que «murió un asesino criminal y genocida y lo hizo cumpliendo su condena a prisión perpetua en una cárcel común. Si existe el infierno ese será su destino final».

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A 71 años del bombardeo a Plaza de Mayo: la masacre impune que sigue sin condena

El 16 de junio de 1955, aviones de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea lanzaron 14 toneladas de bombas sobre la Plaza de Mayo en un intento de magnicidio contra Juan Domingo Perón. Más de 350 civiles murieron. A 71 años, la masacre permanece impune y el odio político que la impulsó sigue mutando de forma.

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A 71 años: el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955 que dejó más de 350 muertos y sigue impune.

El 16 de junio de 1955, aviones de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea lanzaron 14 toneladas de bombas sobre la Plaza de Mayo en un intento de magnicidio contra Juan Domingo Perón. Más de 350 civiles murieron y alrededor de 2.000 resultaron heridos. A 71 años, la masacre permanece impune y el odio político que la impulsó sigue mutando de forma: donde antes caían bombas, hoy caen sentencias judiciales fabricadas a medida.

El día que las Fuerzas Armadas atacaron al pueblo

El jueves 16 de junio de 1955 amaneció como un día de confrontación abierta entre el gobierno de Juan Domingo Perón y sectores del establishment eclesiástico, militar y empresarial que buscaban su caída. A media mañana, decenas de aviones de la Aviación Naval y parte de la Fuerza Aérea despegaron con un objetivo preciso: asesinar al presidente constitucional y derrocar el gobierno peronista.

Las bombas cayeron sobre la Plaza de Mayo y las calles aledañas. Las aeronaves, que llevaban inscripta la leyenda «Cristo vence» como símbolo de la alianza entre el catolicismo conservador y los sectores golpistas, atacaron sin distinción a los civiles congregados. Uno de los proyectiles impactó directamente contra un trolebús repleto de pasajeros. El saldo de la masacre fue de más de 350 muertos y cerca de 2.000 heridos, en lo que representó el mayor ataque armado a la población civil en suelo argentino hasta entonces.

Perón se refugió en el Edificio Libertador. Las tropas leales al Gobierno frenaron el alzamiento esa misma tarde. Los golpistas que no lograron escapar fueron sometidos a consejos de guerra, pero los principales responsables se exiliaron en Uruguay, donde el presidente Luis Batlle les otorgó asilo político. Entre los implicados en los hechos de aquella jornada figuraba un joven oficial, Eduardo Emilio Massera, quien años después encabezaría uno de los comandos de la dictadura genocida de 1976.

El contexto político: lo que no podían ganar en las urnas

El ataque del 16 de junio no fue un hecho aislado. Se inscribió en una estrategia política de sectores que comprendían que el peronismo era imbatible en elecciones libres. En 1954, el oficialismo había obtenido el 62,54% de los votos, consolidando una base popular que ninguna fuerza opositora podía erosionar por vías democráticas. A esa fortaleza electoral se sumaba una distribución del ingreso sin precedentes en América Latina: bajo la gestión peronista, los trabajadores alcanzaron una participación de alrededor del 53% en el PBI, un dato que irritaba profundamente a las élites económicas tradicionales.

El conflicto con la Iglesia Católica, desatado tras la sanción de la ley de divorcio y la eliminación de la educación religiosa en las escuelas públicas, les proveyó a los sectores conservadores una coartada moral para acelerar el camino del golpe. La masacre del 16 de junio fue la primera expresión de esa alianza entre el poder económico concentrado, la jerarquía eclesiástica y fracciones de las Fuerzas Armadas.

La impunidad como política de Estado

El bombardeo fracasó como golpe de Estado en junio, pero logró su objetivo tres meses después. El 16 de septiembre de 1955 la autodenominada Revolución Libertadora derrocó a Perón, quien partió al exilio y no regresaría al país hasta 1973, luego de 18 años de proscripción. Los crímenes cometidos el 16 de junio nunca fueron juzgados con la profundidad que merecían. La masacre permaneció impune, borrada del relato hegemónico durante décadas, mientras se amplificaba mediáticamente la reacción espontánea de militantes que indignados incendiaron algunas iglesias aquella misma noche.

La Revolución Libertadora proscribió al peronismo, persiguió a sus militantes y sindicalistas, fusiló opositores en los basurales de José León Suárez y firmó el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la historia argentina. El ciclo de violencia política inaugurado aquel 16 de junio no se cerró en 1955: se prolongó, con diferentes intensidades y métodos, durante décadas.

71 años después: la misma matriz, distintas herramientas

A 71 años del bombardeo, el odio al peronismo sigue vigente aunque ya no cae desde el cielo en forma de bombas. Opera hoy en los tribunales, en los sets de televisión, en los escritorios de jueces funcionales al poder económico. La condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en diciembre de 2022, debe leerse en esa continuidad histórica: una proscripción no por medios militares, sino judiciales; no con aviones, sino con sentencias diseñadas sin pruebas directas. Tal como señalaron organismos de derechos humanos y juristas de distintas corrientes, la instrucción de esa causa estuvo plagada de arbitrariedades, escuchas ilegales, filtraciones mediáticas y operaciones de prensa.

Esta estrategia de persecución jurídica a líderes populares, conocida como lawfare, combina jueces, grandes medios de comunicación y servicios de inteligencia para desacreditar e inhabilitar políticamente a quienes representan al campo nacional y popular. El mecanismo fue reconocido y analizado por decenas de organizaciones de derechos humanos, académicos y juristas en Argentina y en el mundo. No es una teoría conspirativa; es una metodología documentada.

En 1955, sectores de la Sociedad Rural, la jerarquía eclesiástica y fracciones castrenses empujaron el golpe. Hoy son grupos mediáticos concentrados, grandes poderes económicos y una parte del Poder Judicial quienes reproducen esa misma lógica. El objetivo tampoco cambió: restaurar un orden donde el mercado imponga las reglas y el Estado abandone toda función redistributiva. En 1955 se habló del «tirano prófugo». Hoy se construye la figura de la «jefa de una asociación ilícita». La estigmatización es una constante que atraviesa décadas y adapta su lenguaje a cada época.

La resistencia como hilo histórico

El intento de asesinar a Perón fracasó, pero logró su proscripción por 18 años. La condena judicial a Cristina, en 2022, no pudo borrarla del escenario político. En ambos casos, la resistencia popular fue la respuesta. Los hijos de los fusilados de José León Suárez militaron en unidades básicas. Las Madres de Plaza de Mayo, cuyo origen como movimiento de lucha está indisolublemente ligado a las consecuencias políticas del ciclo abierto en 1955, marcharon durante décadas reclamando Memoria, Verdad y Justicia. Y las nuevas generaciones reconocen en esa historia una continuidad que ninguna sentencia ni ninguna bomba logró interrumpir.

Recordar el bombardeo del 16 de junio de 1955, a 71 años de aquella masacre impune, no es un ejercicio nostálgico. Es comprender que los mismos intereses que ordenaron lanzar bombas sobre trabajadores siguen operando, con otras herramientas y otros actores, contra cualquier proyecto político que coloque al pueblo en el centro de las decisiones.

Puntos clave

  • El 16 de junio de 1955, aviones de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo con más de 14 toneladas de explosivos, dejando más de 350 muertos y alrededor de 2.000 heridos.
  • El ataque buscó asesinar al presidente constitucional Juan Domingo Perón, quien había sido reelecto en 1954 con el 62,54% de los votos; fracasó ese día, pero derivó en el golpe de la Revolución Libertadora tres meses después.
  • Los responsables de la masacre nunca enfrentaron una condena proporcional a sus crímenes; el bombardeo permanece impune 71 años después.
  • El odio político al peronismo adopta hoy la forma del lawfare: persecución judicial, mediática y de inteligencia contra líderes populares como Cristina Fernández de Kirchner, con métodos distintos pero idéntica matriz.
  • La resistencia popular frente a cada intento de proscripción es el hilo histórico que conecta las generaciones de 1955 con las actuales.
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