Denuncia
Macri, Lewis y Lago Escondido: sigue el reclamo por el libre acceso
Se trata del territorio usurpado por el magnate inglés Joe Lewis, cercano a Mauricio Macri.
Organizaciones sociales y políticas, centrales sindicales y gremios reclamaron que la Cámara en lo Civil, Comercial, de Familia y de Minería de Bariloche emita una sentencia en el juicio por el libre acceso al Lago Escondido, una resolución que de acuerdo a los plazos procesales debía conocerse a principios de junio pero que un mes más tarde, cuestionaron, «todavía no se ha dado a conocer».
Los firmantes advirtieron que la Cámara de Bariloche «debe decidir sobre los insólitos planteos de (Joseph) Lewis para no acatar la sentencia del año 2013, mediante la cual el juez de Ejecución de Bariloche Carlos Marcelo Cuellar determinó que el Gobierno de Río Negro debía garantizar el acceso libre y seguro al Lago Escondido, por las distintas vías existentes, en un plazo de 90 días, y sin embargo nosotros seguimos esperando una nueva resolución».
El pronunciamiento fue suscripto por más de treinta organizaciones, entre ellas la CTA de los Trabajadores, la Federación Gráfica Bonaerense y la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua (Fipca), entidad organizadora de la Marcha de la Soberanía que todos los años se propone llegar hasta el lago Escondido a través del camino de Tacuifí (vía de acceso público que nace en la Ruta Nacional 40) y del sendero de montaña, cuyo tránsito requiere entre 3 y 4 días de caminata.
Las agrupaciones se refirieron a los «tres jueces del Tribunal», por los camaristas María Marcela Pájaro, Federico Corsiglia y Alfredo Serra, a quienes mencionaron en el documento para advertir que desde que el juicio por el libre acceso al Lago Escondido llegó a esta instancia del Poder Judicial de Río Negro Lewis «se niega a cumplir la sentencia» de 2013 y en paralelo «continúa planteando maniobras dilatorias de todo tipo».
En la causa se reclama que el Estado provincial implemente lo dispuesto por la Justicia rionegrina hace casi diez años, para garantizar el acceso al Lago Escondido y el uso público de los senderos que llevan hasta ese espejo de agua.
El expediente está caratulado como «Odarda, María Magdalena y otros c/ Vial Rionegrina Sociedad del Estado y otros s/ ejecución de sentencia».
En la declaración difundida hoy, Fipca, CTA de los Trabajadores, FGB y otros espacios como la CTA Autónoma, ATE y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) afirmaron que la causa judicial por el derecho a llegar al lago «cuenta con distintas sentencias firmes del máximo órgano de Justicia provincial (el Superior Tribunal de Justicia rionegrino) mediante las que se dispuso la apertura de distintas vías de acceso».
Los dos caminos que permitan llegar hasta ese espejo de agua de singular belleza están ubicados en el área cordillerana de Río Negro, dentro de la propiedad de alrededor de 8 mil hectáreas del magnate inglés.
En paralelo a la solicitud de que la Cámara Civil, Comercial, de Familia y Minería de Bariloche emita la sentencia que está pendiente, las organizaciones ratificaron la convocatoria a «una nueva ‘Marcha de la Soberanía’ que se llevará a cabo -anunciaron – en el inicio de la primavera de este año».
Esta actividad se realiza todos los años y reúne a personas de diversos puntos del país con el objetivo de llegar a Lago Escondido a través de los dos senderos que la Justicia provincial reconoció como públicos y practicar allí deportes náuticos, como kayak.
En el documento, Fipca y las demás entidades firmantes recordaron que en febrero pasado los participantes de la sexta edición de la Marcha por la Soberanía sufrieron «hechos de extrema gravedad» al ser «amenazados de muerte por un numeroso grupo de personas armadas que -en defensa de la propiedad del magnate inglés- los interceptaron impidiéndoles el paso por el sendero de montaña».
«Una situación similar ocurrió en la quinta Marcha por la Soberanía, cuando las mismas patotas de Lewis se ubicaron en el inicio del camino de Tacuifí y bloquearon violentamente el paso a ciudadanos y militantes que se hicieron presentes en el lugar, causando heridos mediante pedradas y otros hechos violentos», añadieron.
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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