Organizaciones sociales y políticas, centrales sindicales y gremios reclamaron que la Cámara en lo Civil, Comercial, de Familia y de Minería de Bariloche emita una sentencia en el juicio por el libre acceso al Lago Escondido, una resolución que de acuerdo a los plazos procesales debía conocerse a principios de junio pero que un mes más tarde, cuestionaron, «todavía no se ha dado a conocer».

Los firmantes advirtieron que la Cámara de Bariloche «debe decidir sobre los insólitos planteos de (Joseph) Lewis para no acatar la sentencia del año 2013, mediante la cual el juez de Ejecución de Bariloche Carlos Marcelo Cuellar determinó que el Gobierno de Río Negro debía garantizar el acceso libre y seguro al Lago Escondido, por las distintas vías existentes, en un plazo de 90 días, y sin embargo nosotros seguimos esperando una nueva resolución».

El pronunciamiento fue suscripto por más de treinta organizaciones, entre ellas la CTA de los Trabajadores, la Federación Gráfica Bonaerense y la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua (Fipca), entidad organizadora de la Marcha de la Soberanía que todos los años se propone llegar hasta el lago Escondido a través del camino de Tacuifí (vía de acceso público que nace en la Ruta Nacional 40) y del sendero de montaña, cuyo tránsito requiere entre 3 y 4 días de caminata.

Las agrupaciones se refirieron a los «tres jueces del Tribunal», por los camaristas María Marcela Pájaro, Federico Corsiglia y Alfredo Serra, a quienes mencionaron en el documento para advertir que desde que el juicio por el libre acceso al Lago Escondido llegó a esta instancia del Poder Judicial de Río Negro Lewis «se niega a cumplir la sentencia» de 2013 y en paralelo «continúa planteando maniobras dilatorias de todo tipo».

En la causa se reclama que el Estado provincial implemente lo dispuesto por la Justicia rionegrina hace casi diez años, para garantizar el acceso al Lago Escondido y el uso público de los senderos que llevan hasta ese espejo de agua.

El expediente está caratulado como «Odarda, María Magdalena y otros c/ Vial Rionegrina Sociedad del Estado y otros s/ ejecución de sentencia».

En la declaración difundida hoy, Fipca, CTA de los Trabajadores, FGB y otros espacios como la CTA Autónoma, ATE y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) afirmaron que la causa judicial por el derecho a llegar al lago «cuenta con distintas sentencias firmes del máximo órgano de Justicia provincial (el Superior Tribunal de Justicia rionegrino) mediante las que se dispuso la apertura de distintas vías de acceso».

Los dos caminos que permitan llegar hasta ese espejo de agua de singular belleza están ubicados en el área cordillerana de Río Negro, dentro de la propiedad de alrededor de 8 mil hectáreas del magnate inglés.

En paralelo a la solicitud de que la Cámara Civil, Comercial, de Familia y Minería de Bariloche emita la sentencia que está pendiente, las organizaciones ratificaron la convocatoria a «una nueva ‘Marcha de la Soberanía’ que se llevará a cabo -anunciaron – en el inicio de la primavera de este año».

Esta actividad se realiza todos los años y reúne a personas de diversos puntos del país con el objetivo de llegar a Lago Escondido a través de los dos senderos que la Justicia provincial reconoció como públicos y practicar allí deportes náuticos, como kayak.

En el documento, Fipca y las demás entidades firmantes recordaron que en febrero pasado los participantes de la sexta edición de la Marcha por la Soberanía sufrieron «hechos de extrema gravedad» al ser «amenazados de muerte por un numeroso grupo de personas armadas que -en defensa de la propiedad del magnate inglés- los interceptaron impidiéndoles el paso por el sendero de montaña».

«Una situación similar ocurrió en la quinta Marcha por la Soberanía, cuando las mismas patotas de Lewis se ubicaron en el inicio del camino de Tacuifí y bloquearon violentamente el paso a ciudadanos y militantes que se hicieron presentes en el lugar, causando heridos mediante pedradas y otros hechos violentos», añadieron.