Gremialistas de las tres centrales obreras y dirigentes de las cámaras empresarias negociarán este martes en sesión plenaria virtual del Consejo del Salario una nueva actualización del haber mínimo, vital y móvil, como también de las prestaciones por desempleo, ante el proceso de suba de precios, con la supervisión del Ministerio de Trabajo.

El encuentro se realizará desde las 16, aunque la CGT y la CTA Autónoma aún no fijaron una posición definitiva respecto a la propuesta de incremento salarial que llevarán a la mesa de discusión con el sector empresario en esa reunión tripartita. 

La CGT que colideran los dirigentes Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano «no determinó aún una posición», confiaron las fuentes cegetistas, aunque detallaron que mañana a las 11, horas antes de iniciarse el Consejo, la delegación de la central mayoritaria deliberará en el gremio de Sanidad (Fatsa) para acordar una postura. 

En tanto, la CTA de los Trabajadores, que conduce el diputado nacional por el Frente de Todos Hugo Yasky, aseguró que reclamará que el nuevo valor del haber mínimo «se ubique 4 puntos por arriba del índice de inflación de diciembre» y que en enero de 2023 «se acuerde el pago de otra cuota, para que el ingreso no quede por debajo de la inflación de ese mes».

«La Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) propondrá en la mesa de discusión un acuerdo corto para diciembre-enero sobre los valores vigentes en noviembre y reabrir el diálogo en el Consejo en febrero», confiaron los voceros de la central encabezada por el legislador y gremialista de origen docente Yasky.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionará primero a las 15 en la llamada Comisión Técnica y, una hora después, comenzará la plenaria de 32 integrantes -16 por la parte trabajadora y otros 16 por la empleadora-, en ambos casos a través de una videoconferencia.

A través de su Centro de Investigación y Formación (Cifra), la CTA de los Trabajadores advirtió en uno de sus últimos análisis que el poder adquisitivo del salario mínimo tuvo una tendencia decreciente desde 2011.

Y detalló que la caída del poder de compra fue más fuerte que los haberes promedio y que las reducciones se concentraron en especial en los dos últimos años de gobierno macrista y en 2020, el primer año de la pandemia.

«En 2021-22 las negociaciones no lograron recomponer el poder adquisitivo y solo evitaron una nueva caída. En términos reales, se mantuvo el bajo valor de 2020. Se procuró seguir la inflación y no recomponer poder de compra de ese ingreso mínimo y se subestimó el proceso inflacionario. Este año, el resultado promedio fue una baja del 1,6% y, considerando el salario de octubre, una interanual del 9,3%», analizó la central sindical.

En sus conclusiones, el informe de Cifra-CTA propuso que ante «la imposibilidad de anticipar la inflación» se realicen «revisiones trimestrales», porque solo para no perder poder adquisitivo «serían necesarios en diciembre 63.856 pesos en relación con ese mes del año anterior y 69.197 pesos para recuperar el de diciembre de 2019, cuando se fue Cambiemos».

Además, la CTA puntualizó que para alcanzar el valor que tenía en el año 2015 el haber mínimo debería ascender a 90.000 pesos.

El 22 de agosto último y, con el voto en contra de la CTA Autónoma (CTA-A), representantes gremiales y del sector empresario convinieron un incremento del salario mínimo del 21% en 3 tramos de 7% entre septiembre y noviembre, por lo que ese ingreso pasó a ser de 51.200 pesos en septiembre, de 54.550 en octubre y de 57.900 este mes, mientras que en agosto el ingreso era de 47.850 pesos para los trabajadores mensualizados a jornada completa.

Para la CTA-A, que lideran Hugo Godoy y Ricardo Peidro, como el 2021 concluyó con un ingreso mínimo, vital y móvil de 32.000 pesos y la inflación en este año estará alrededor del 100%, para que «ese haber no pierda contra el proceso inflacionario de 2022 debería determinarse mañana que en diciembre (el salario mínimo) sea de 64.000 pesos».  

«Se impone una política y estrategias constantes y permanentes de parte del Gobierno para que el ingreso mínimo supere a la inflación y no pierda poder adquisitivo, como ocurrió durante los dos últimos años de macrismo y en plena pandemia», exhortó Peidro. 

Para la CTA-A, esos 64.000 pesos a diciembre 2022 deben compararse con el valor de la canasta de indigencia para una familia tipo, que mide el costo de los alimentos indispensables para vivir, que a septiembre último era de 56.732 pesos y, en diciembre próximo, llegaría a 67.750 pesos, «un umbral que debería superar el haber mínimo».

La postura de esa central obrera es que para que el salario mínimo no pierda contra la inflación proyectada para 2022 debería ser de 64.000 pesos; para que no se ubique por debajo de la línea de indigencia, de 67.750 pesos, y para que esté en sintonía con lo que determina la propia ley tendría que fijarse en 133.272 pesos. 

Peidro adelantó que la CTA-A se reunirá este lunes para determinar una postura definitiva y elaborar una propuesta que será trasladada a la mesa de discusión de mañana.

En el último encuentro de agosto, el nuevo valor del haber mínimo para el trimestre septiembre-noviembre fue apoyado por la CGT, la CTA de los Trabajadores se abstuvo y la CTA-A votó en contra. 

Antes de aplicarse esa actualización, el ingreso mínimo alcanzaba los 47.850 pesos y había sido convenido el 16 de marzo, cuando se acordó una mejora del 45%.

«Es preciso, aunque sea de forma gradual, convenir un plan de recuperación salarial por lo perdido desde el macrismo y superar el guarismo inflacionario del año. Además, el (salario) mínimo debe alcanzar a quienes hoy no contempla, como municipales, peones rurales y empleadas domésticas, y debe haber un ingreso universal», reclamó Peidro.

El Gobierno había ratificado en mayo que «la recuperación del salario es una prioridad y una condición necesaria para que la economía sostenga la actual reactivación».

En caso de no producirse mañana un acuerdo entre los representantes del sector gremial y los directivos de las cámaras empresarias, la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, tiene la atribución de laudar.