Gremiales
La UTA ratificó paro y ya hay líneas sin servicios
«En la empresa que no pague lo que se acordó, desde esta noche no saldremos a trabajar y no habrá servicios. Estamos esperando que las empresas paguen todo lo acordado, sino no saldremos a partir de las 0 horas de mañana», dijo Fernández.
El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, ratificó hoy el paro de colectivos que comenzará esta medianoche y se extenderá por 24 horas en el sector de corta y media distancia, mientras que desde el Ministerio de Transporte se informó que esta semana se abonaron 27 millones de pesos a las empresas del sector, un monto «suficiente para pagar los aumentos salariales», según fuentes oficiales.
«En la empresa que no pague lo que se acordó, desde esta noche no saldremos a trabajar y no habrá servicios. Estamos esperando que las empresas paguen todo lo acordado, sino no saldremos a partir de las 0 horas de mañana», dijo Fernández.
No obstante, el dirigente gremial aclaró: «Si los empresarios (de los colectivos) no pagan hoy, hay paro. En la empresa que se paga, se sale a trabajar y el que no paga, no saldrá a tomar servicio».
Por su parte, las cinco cámaras de transporte automotor del AMBA respondieron -a través de un documento difundido en las redes sociales- que las escalas salariales dispuestas por los ministerios de Transporte y de Trabajo de la Nación «no están homologadas y son ilegítimas».
«La UTA reclama se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución conjunta (de ambos ministerios) que no tiene validez jurídica, dado que se impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector», sostiene el comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).
Ese texto lleva las firmas de las cámaras Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap); Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba); del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba); de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba) y Aaeta.
Las empresas advirtieron que las «compensaciones» que reciben del Estado, «a excepción de los costos salariales», están calculadas «a precios de diciembre del 2022».
«Entendemos y compartimos los entendibles reclamos de los trabajadores, pero sin el cumplimiento de las obligaciones por parte del Ministerio de Transporte Nacional y a través de un acuerdo legal, resulta imposible para las empresas asumir este aumento salarial», aseguraron.
Esta mañana, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había informado en una rueda de prensa en Casa de Gobierno que los ministerios de Trabajo y Transporte «van a trabajar durante todo el día» para evitar el paro de colectivos dispuesto para mañana por la UTA, que fue convocado en caso de que las empresas no cumplan la resolución conjunta de esas carteras, que determinó los salarios para el interior y el área metropolitana.
En tanto, desde el Ministerio de Transporte, que encabeza Diego Giuliano, se recordó que el Estado nacional abonó esta semana 27 mil millones de pesos a las empresas prestatarias del servicio, 6500 millones de pesos más que el mes anterior.
«Se trata de un incremento suficiente para pagar los aumentos salariales de los trabajadores y trabajadoras que deben cobrar su salario el quinto día hábil del mes», indicaron fuentes de esa cartera.
Según precisaron las fuentes oficiales, en este anticipo está contemplada la actualización de los costos no salariales, como el combustible, neumáticos, seguro y mantenimiento del sistema a valores de abril.
Además desde esa cartera informaron que se está llevando adelante un análisis «en profundidad sobre el funcionamiento del sector», incluido el parque automotor vigente y la operación real del mismo para considerar «futuras compensaciones económicas».
Se recordó además que la recomposición salarial a los trabajadores del mes pasado «tuvo que realizarse junto al Ministerio de Trabajo mediante una resolución conjunta puesto que el sector empresario no acordó la paritaria laboral con los trabajadores y pretendió que el Estado nacional reconozca incrementos sobre los márgenes de ganancia empresarial».
«El Estado, responsable de aportar más del 80% del financiamiento del sistema de transporte automotor, y que además procura la eficiencia y accesibilidad del servicio público de transporte para los usuarios, debió hacerse cargo del reconocimiento de la pretensión salarial de los trabajadores», indicaron desde la cartera de Transporte.
Esta semana, la UTA y las juntas ejecutivas seccionales ratificaron «la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)».
La medida de fuerza, de concretarse ante un posible incumplimiento del pago de esas escalas salariales, afectará desde esta medianoche los servicios de corta y media distancia de todo el país.
«Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes. No pueden ser rehenes de la problemática del servicio», afirmó el comunicado de la UTA de esta semana.
La UTA exigió el cumplimiento de esa resolución de ambas carteras de Estado y del acuerdo alcanzado con la Fatap, y advirtió que de no producirse por parte de las empresas, desde el primer minuto del viernes comenzará una retención de tareas nacional.
Energía
El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.
Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.
★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.
El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores
Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.
La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.
Precarización en un servicio esencial
El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.
La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.
Control regulatorio en crisis
El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.
Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.
En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.
Las exigencias del gremio
La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.
Puntos clave:
- La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
- El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
- Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
- El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
- La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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