La oposición fustigó al Gobierno por la eliminación del subsidio de pasajes para personas con discapacidad

★ La Secretaría de Transporte de la Nación publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 28/2026, mediante la cual dejó sin efecto el régimen de compensaciones económicas que el Estado nacional abonaba a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera para trasplante y niños, niñas y adolescentes con cáncer. La medida, que afecta los derechos contemplados en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, desmanteló un sistema vigente desde 2018 y desató de inmediato una reacción legislativa de la oposición.

El recorte que el Gobierno llama «desregulación»

La Resolución 28/2026 se inscribe en el proceso de desregulación del transporte habilitado por el Decreto 883/2024, que autorizó a las empresas a fijar libremente precios, recorridos y servicios. Según el texto oficial, este nuevo paradigma implicó «una modificación sustancial del marco regulatorio vigente», que el Ejecutivo considera suficiente para eliminar las compensaciones que el propio Estado había creado para garantizar el cumplimiento de las leyes de inclusión.

El argumento del Gobierno es que las condiciones que originalmente justificaron la creación del régimen «han sido superadas». Sin embargo, la resolución no modifica la obligación de las empresas de otorgar los pasajes gratuitos, sino que simplemente transfiere el costo de esa obligación desde el Estado hacia las compañías privadas, sin mecanismo claro de financiamiento. La normativa encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantener los controles necesarios para garantizar la emisión efectiva de los boletos sin cargo, aunque no especifica sanciones concretas ante eventuales incumplimientos.

La medida incorporó una cláusula transitoria para preservar los trámites y solicitudes iniciadas antes de su entrada en vigencia, con el objetivo de resguardar la seguridad jurídica de las gestiones en curso.

La respuesta parlamentaria: Giuliano impulsa revertir la resolución

El diputado nacional Diego Giuliano, de Unión por la Patria (Santa Fe), presentó este martes un proyecto de resolución para dejar sin efecto la medida del Ejecutivo. La iniciativa también exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a restablecer de manera inmediata los mecanismos necesarios para garantizar el acceso real, efectivo y sin restricciones al derecho al transporte gratuito contemplado en las leyes vigentes.

«Estamos frente a una decisión profundamente injusta que afecta derechos fundamentales de sectores especialmente protegidos. No se puede sostener formalmente un derecho mientras se eliminan las herramientas concretas que permiten ejercerlo», declaró Giuliano.

En los fundamentos del proyecto, el legislador señaló que la medida del Gobierno vulnera principios constitucionales y convencionales vinculados a la protección de personas con discapacidad y al derecho a la salud, y que representa un retroceso en materia de derechos sociales. Remarcó, además, la dimensión federal del daño: «Miles de personas del interior del país dependen del transporte de larga distancia para acceder a prestaciones médicas de alta complejidad. Esta resolución profundiza desigualdades territoriales y pone en riesgo el acceso efectivo a la salud.»

Tarifas por las nubes y menos pasajeros

La eliminación de las compensaciones llega en un momento en que el transporte público ya acumula aumentos extraordinarios. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires registró subas de hasta 1.545% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, incrementos que superaron ampliamente a la inflación y a la evolución del salario mínimo.

El mismo informe del CEPA advierte que en diciembre de 2023 una persona que cobraba el salario mínimo destinaba el 2,6% de sus ingresos al transporte; en abril de 2026, ese porcentaje trepó al 17,3%. A eso se suma la caída sostenida en la cantidad de pasajeros transportados: en febrero de 2026 se registró una baja interanual del 12,9%, con retrocesos más marcados en trenes y colectivos.

La decisión de eliminar las compensaciones a las empresas de larga distancia se suma a ese cuadro, y plantea un interrogante concreto: si las compañías privadas, operando en un mercado desregulado con tarifas libres y caída de demanda, seguirán honrando una obligación legal cuyo costo ya no será cubierto por el Estado.

Un patrón de ajuste sobre los más vulnerables

La Resolución 28/2026 no es un hecho aislado. Se inserta en un patrón más amplio de desfinanciamiento de políticas de inclusión bajo la gestión Milei. Organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ya habían cuestionado otras resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por vulnerar los derechos de personas con discapacidad, y sectores del movimiento de discapacidad protagonizaron movilizaciones ante el Congreso y el Ministerio de Salud en los últimos meses.

En ese contexto, la eliminación de las compensaciones al transporte agrega un eslabón más a la cadena de recortes que impactan directamente sobre los sectores con mayor dependencia de los servicios del Estado: desde los recortes al gasto en programas sociales (que cayó un 61% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo) hasta el ajuste sobre los servicios públicos, que acumularon aumentos superiores al 525% en el mismo período.

El diputado Giuliano fue preciso en la descripción del mecanismo que hoy denuncia: «El transporte gratuito no constituye un privilegio sino una herramienta esencial de inclusión, accesibilidad y acceso a tratamientos médicos, rehabilitación, educación y trabajo.»

Puntos clave

• La Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte eliminó las compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncopediátricos.
• El sistema de compensaciones estuvo vigente desde 2018 y fue creado para garantizar el cumplimiento de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
• El derecho a la gratuidad formalmente subsiste, pero la carga económica pasa a recaer sobre las empresas privadas, sin garantías de financiamiento ni sanciones explícitas por incumplimiento.
• El diputado Diego Giuliano (Unión por la Patria) presentó un proyecto para revertir la medida y exige al Ejecutivo restablecer los mecanismos de garantía efectiva.
• Según el CEPA, el gasto en transporte pasó de representar el 2,6% al 17,3% del salario mínimo entre diciembre de 2023 y abril de 2026.