El Gobierno abre cuatro frentes legislativos con más beneficios para el gran capital, menos protección para consumidores

★ Con el Congreso como escenario y el Mundial de fútbol como telón de fondo, el Gobierno de Javier Milei completó este martes la presentación de un paquete de cuatro iniciativas legislativas que revelan, con claridad, las prioridades del proyecto libertario: más beneficios para los grandes capitales, menos regulación sobre los alimentos que consumen los argentinos, y una arquitectura legal que instala al oficialismo en el centro del tablero parlamentario. La maniobra fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta personal en la red social X.

El «Súper RIGI»: 30 años de blindaje para inversiones de más de 1.000 millones de dólares

El proyecto estrella del paquete es el llamado «Súper RIGI», denominado formalmente «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias». La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados mediante el Mensaje N°181/2026, firmado por el presidente Milei, el jefe de Gabinete Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El nuevo régimen apunta a proyectos con inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, orientados a sectores como inteligencia artificial, hidrógeno, gas natural licuado (GNL), semiconductores y biotecnología. Entre sus beneficios centrales se destacan: una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias (frente a las escalas más altas del régimen general), una tasa del 3,5% sobre dividendos y utilidades, exención total de derechos de importación y exportación, y libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones: 20% al primer año, 40% al segundo y 100% a partir del tercer año. Además, el proyecto fija una alícuota única del 10% para contribuciones patronales en nuevas relaciones laborales generadas por los proyectos adheridos.

El mecanismo de blindaje normativo resulta quizá el punto más polémico: el régimen garantiza estabilidad regulatoria por 30 años y establece que cualquier norma provincial o municipal que afecte los beneficios otorgados «será considerada nula de nulidad absoluta». En términos concretos, las provincias deberán adherir formalmente al esquema y comprometerse a no imponer nuevos gravámenes locales sobre los proyectos adheridos.

El propio historial del RIGI original, aprobado en la Ley Bases (27.742), siembra dudas sobre el impacto real del nuevo esquema: según datos recogidos por distintos medios especializados, los anuncios de inversión bajo ese régimen superaron los 81.000 millones de dólares, pero los montos efectivamente concretados apenas rozaban los 700 millones de dólares. La brecha entre promesa y realidad es, en este caso, abismal.

El fin de los octógonos: la industria alimentaria celebra, los expertos en salud advierten

El segundo proyecto del paquete, ingresado al Senado, propone la derogación total de la Ley de Etiquetado Frontal (Nº 27.642), el sistema de octógonos negros de advertencia en alimentos y bebidas que alertan sobre excesos de sodio, azúcares, grasas y calorías. El proyecto lleva las firmas de Milei, Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, y plantea que la norma vigente presenta «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas» que justifican su eliminación.

La apuesta no parece exenta de riesgos políticos. La ley que se busca derogar fue aprobada en 2021 con una amplitud extraordinaria: 200 votos a favor en Diputados y 64 a favor en el Senado, con apenas tres votos en contra. UCR y PRO votaron mayoritariamente a favor. Ahora el propio radicalismo sale a defender la norma: el diputado nacional Julio Cobos cuestionó públicamente el proyecto al afirmar que «no tiene fundamento científico» y señaló que «pareciera que la caída del consumo se debe a la ley de etiquetado y no a la pérdida del poder adquisitivo». La senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las autoras de la ley, también rechazó la derogación.

La comunidad científica no tardó en pronunciarse. Según advirtieron especialistas en salud pública relevados por El Destape, la derogación representaría «un retroceso sanitario» y se movilizaron para juntar firmas en defensa de la normativa. El propio texto oficial reconoce que no propone ningún sistema alternativo concreto: promete avanzar hacia «un esquema técnicamente más consistente», pero sin especificar plazos ni modalidades.

La ley de lobby y la regulación de las apuestas online

Los otros dos proyectos del paquete completan un cuadro legislativo de alta densidad política. La iniciativa para regular el lobby, inspirada en el modelo estadounidense, fue presentada en Diputados e irá a plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Ambas comisiones son controladas por el oficialismo, con Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio en sus conducciones respectivas.

La ley sobre ludopatía digital, por su parte, ingresó al Senado con tres comisiones asignadas: Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales. Las tres tienen al frente a legisladoras y legisladores de La Libertad Avanza: Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y Gonzalo Guzmán Coraita. El antecedente inmediato complica el camino: en 2024, una ley para prohibir la publicidad de juegos de azar obtuvo 139 votos a favor en Diputados, mientras el PRO y la UCR se abstuvieron. La nueva iniciativa, más moderada, deberá sortear ese escenario.

Arquitectura política: el oficialismo controla los tiempos

Más allá del contenido de cada proyecto, la movida del Gobierno revela una estrategia de ocupación parlamentaria. En todos los casos, las comisiones cabeceras son presididas por representantes afines al oficialismo. En Diputados, el «Súper RIGI» irá a Presupuesto y Hacienda, encabezada por Bertie Benegas Lynch, identificado como uno de los más radicales exponentes del sector libertario, quien «podrá marcar el pulso del debate a su propio tempo».

El cronograma se enfrenta, sin embargo, a un obstáculo inesperado: el Mundial de fútbol, que comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. Históricamente, el Congreso entra en pausa casi total durante ese período. El Gobierno se propone, según trascendidos parlamentarios, no paralizar el trabajo en comisiones, aunque deberá elegir con qué proyectos avanzar y cuáles postergar hasta la finalización del torneo.

Antes del inicio del Mundial, posiblemente el 4 de junio, el Senado podría sesionar para tratar pliegos judiciales, la aprobación de un plan de pago a dos fondos buitre por 171 millones de dólares de deuda pendiente y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

El trasfondo: desregulación como política de Estado

El conjunto de iniciativas no es casual ni desarticulado. Es coherente con una orientación que el Foro Economía y Trabajo ha caracterizado, en su documento de análisis tributario publicado en mayo de 2026, como una reforma regresiva que premia al capital concentrado y penaliza a los sectores populares. El «Súper RIGI» amplía beneficios impositivos para las mayores inversiones, mientras la derogación del etiquetado frontal desregula el mercado de alimentos en beneficio de la industria y en desmedro del derecho a la información de la ciudadanía.

La paradoja es elocuente: en un país donde la Canasta Básica Alimentaria acumula una variación interanual superior al 32% según datos del INDEC a marzo de 2026, el Gobierno elige como batalla legislativa prioritaria eliminar el sistema de advertencias que ayudaba a los consumidores a tomar decisiones más informadas frente a una góndola que, para millones de argentinos, ya es un territorio hostil.

Puntos clave

• El Gobierno presentó cuatro proyectos de ley: «Súper RIGI», derogación del etiquetado frontal, regulación del lobby y legislación sobre ludopatía digital.
• El «Súper RIGI» propone beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios por 30 años para inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares.
• La derogación del etiquetado frontal eliminaría los octógonos negros de advertencia; especialistas en salud calificaron la medida como «un retroceso sanitario».
• El oficialismo controla las comisiones cabeceras de todos los proyectos presentados en Diputados.
• El Mundial de fútbol, que comenzará el 11 de junio, amenaza con interrumpir el ritmo parlamentario.