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Gremios y CGT ratifican paritarias y piden intervención del Gobierno para que bajen precios
El consejo directivo de la CGT señaló en varias oportunidades la necesidad «innegociable» de reabrir paritarias «las veces que haga falta», aunque no rechaza la posibilidad de recibir otros beneficios para paliar los índices inflacionarios.
La política de negociaciones paritarias continúa su marcha y se afianzó luego de que la CGT ratificara esa estrategia de recomposición salarial más allá de la posibilidad de recibir sumas fijas o un bono no remunerativo para compensar el proceso inflacionario, aunque desde la central obrera reclaman al Gobierno que dé «una clara señal a los empresarios para que bajen los precios».
El consejo directivo de la CGT señaló en varias oportunidades la necesidad «innegociable» de reabrir paritarias «las veces que haga falta», aunque no rechaza la posibilidad de recibir otros beneficios para paliar los índices inflacionarios.
Durante septiembre, decenas de entidades sindicales recompusieron salarios y en todos los casos plantearon que promoverán revisiones de los acuerdos, un escenario que en la última semana sumó un antecedente que puede influir sobre el resto con la negociación llevada adelante por el Sindicato Único del Neumático Argentino (Sutna).
Todas las fuentes consultadas coincidieron en que el Sutna, que conduce Alejandro Crespo, fue «por lejos el que mejor paritaria cerró», y más allá de matices sobre la estrategia y metodología aplicadas, los voceros sindicales destacaron «lo obtenido» por los trabajadores del neumático en la paritaria 2021-2022 y que «para 2023 ya pactaron un 10% por arriba de la inflación».
En lo que respecta a la paritaria 2021/2022, el Sutna cerró a las 4.10 del viernes una mejora del 16% para el quinto tramo de la revisión salarial, lo que totalizó un incremento en cuotas del 66% para todo el período, pero con el adicional de una «gratificación extraordinaria por única vez» de 100.000 pesos brutos que las empresas Bridgestone, Fate y Pirelli pagarán la próxima quincena, y que el gremio festejó en una asamblea.
Para la paritaria 2022/2023 iniciada en julio, el Sutna y el sector empresario acordaron un 25% a partir de ese mes, otro 16% desde octubre, un 10% en diciembre, un 12% en febrero de 2023 y otro 10% desde julio del año próximo: este resultado, convalidado por el ministerio de Trabajo, permitió retomar el abastecimiento y la producción en las fábricas, que estaban bloqueadas y paralizadas.
«La paritaria lograda por el Sutna fue la mejor hasta ahora, lo que es indudable», evaluaron desde distintos sectores del movimiento obrero, y también coincidieron en que la segunda paritaria en importancia fue la obtenida por la Asociación Bancaria (AB), de Sergio Palazzo, que acordó con el BCRA y las cuatro cámaras empresarias del sector una mejora del 94,1% en 4 tramos.
A partir del acuerdo en 94,1%, que incluye todos los adicionales de convenio, los trabajadores bancarios pasarán a tener un salario inicial que desde septiembre será de alrededor de 202.000 pesos y que irá actualizándose para ser de 214.000 en octubre, de 226.000 en noviembre y de 237.000 en diciembre de este año.
Además, en lo que ya es una política tradicional del gremio, los trabajadores percibirán un bono inicial de 185.500 pesos por el Día del Bancario -que se celebra cada 6 de noviembre y es no laborable por convenio- mientras que para diciembre se convino con las asociaciones de bancos nacionales, públicos y extranjeros una nueva revisión del acuerdo salarial.
Con los antecedentes de Sutna y La Bancaria en el radar, voceros gremiales de un vasto sector del movimiento obrero señalaron que «se impone de forma definitiva un gesto de autoridad por parte del Gobierno para que los empresarios frenen el alza indiscriminada de los precios de los productos alimenticios» porque, advirtieron, «de lo contrario se negociarán salarios casi todos los meses».
El extenso conflicto del neumático no diluyó empero el acuerdo paritario de los gremios estatales ATE y UPCN, que habían convenido una mejora anual del 60% en 5 tramos -de los cuales ya se abonaron dos- y ahora lograron adelantar el 10% de enero a noviembre próximo y percibir junto con el aguinaldo, en los días previos a las fiestas navideñas, una suma fija y no remunerativa, por única vez, de 30.000 pesos.
La UPCN, de Andrés Rodríguez, se mostró «conforme» con el acuerdo, ya que habrá nueva revisión de esa paritaria en enero próximo -aun cuando restará percibir otro 10% por el último tramo de mejora en marzo, el que podría ser adelantado-, y ATE, de Hugo «Cachorro» Godoy, aceptó la propuesta oficial aunque sostuvo que «es del todo insuficiente».
En cuanto al futuro inmediato, dos negociaciones encuadradas en el convenio colectivo amenazan con derivar en conflictos y paralización de actividades, ya que hace pocos días iniciaron gestiones para actualizar salarios los gremios aceiteros y, en breve, lo hará el sindicato camionero que conducen Hugo y Pablo Moyano.
Pablo Moyano, adjunto del gremio y cotitular de la CGT, advirtió el jueves último que su organización reclamará a las cámaras más de un 100% de aumento salarial, y adelantó que de no haber acuerdo «el lío que armarán los camioneros será tan grande que el conflicto de los trabajadores del neumático va a ser un poroto».
Esas dos paritarias suelen comenzar trabadas y solo logran llegar a buen puerto luego de variadas medidas de fuerza, según demuestra la historia reciente.
La negociación de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Ftciodyara), en alianza con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) de San Lorenzo, por un lado, y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), por otro, promete arduas negociaciones porque los gremios reclaman una mejora sobre la base conceptual del actual ingreso mínimo, vital y móvil.
Además, los aceiteros exigen analizar el Impuesto a las Ganancias porque impacta de forma agresiva en las categorías superiores.
En cuanto al sector de la carne, semanas atrás la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y Derivados convino una recomposición interanual del 85% correspondiente al período abril 2022-marzo 2023 para el personal del convenio colectivo 56/75, y dejó el espacio abierto para una nueva revisión.
Para llegar al acuerdo, el gremio y las patronales adelantaron el 50% de diciembre a noviembre y sumaron una recomposición de los haberes del 60% para enero, del 70% en febrero y del 80% en marzo, acumulando así el 85% interanual.
Otra negociación que marca rumbos fue la de los cinco gremios docentes con representación nacional -Sadop, AMET, CEA, UDA y Ctera-, cuyos representantes paritarios cerraron con la cartera educativa una revisión del piso salarial que establecerá el salario mínimo de un docente en 70.000 pesos a partir del 1° de septiembre, de 75.000 desde noviembre y de 77.137 en diciembre; además, consensuaron cláusula de monitoreo y revisión.
El ministerio de Educación propuso además analizar el acuerdo en noviembre y otorgar una suma de 5.634 pesos desde septiembre por adicional por «material didáctico y conectividad» y de 6.173 pesos desde diciembre próximo, además de abrir, desde octubre, la Comisión Negociadora sobre el Convenio Marco Docente.
En una actividad clave de la industria, el sector del acero y el laminado metalúrgico, la UOM que encabeza Abel Furlán convino con las empresas el pago inmediato del tramo del 12% retroactivo a agosto que se aplicará sobre los salarios básicos de marzo 2022, y además acordó aumentos del 20% en octubre y noviembre de este año para los operarios de la rama siderúrgica incluidos en el convenio colectivo de trabajo 260/75.
Ese sector de los metalúrgicos cobrará otro incremento del 20%, esta vez dividido en dos tramos del 10%, en octubre y noviembre próximos, mientras que la Uocra de Gerardo Martínez cerró una mejora del 14% en tres tramos, que se sumará al 62% ya obtenido, en el marco de un adelantamiento de la revisión convencional.
«Ello totalizará una mejora anual de los ingresos del 76%. A los tramos ya convenidos para septiembre, octubre y noviembre, de un 8% cada uno, se sumará ahora otro 5% en los dos primeros meses y un 4% en noviembre, y habrá nueva revisión ese mes», detalló el secretario general de la UOCRA.
Por último, la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (Urgara) acordó para el personal de puertos privados un aumento salarial del 70% durante ocho meses, con revisión en marzo próximo para las tres ramas de la actividad, según detalló el jefe del gremio, Pablo Palacio.
Economía 💲
Los “chachos” vuelven a La Rioja: el ajuste de Milei obliga a Quintela a resucitar la cuasimoneda
El gobernador riojano confirmó el regreso de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) para financiar aumentos salariales estatales, luego de que Nación no transfiriera los $85.000 millones solicitados como adelanto de coparticipación. El anuncio desató un cruce encendido con el ministro Luis Caputo.
El ajuste que no aparece en los discursos: cómo el gobierno Milei estrangula las provincias opositoras
★ El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó este miércoles que la provincia volverá a emitir los denominados «chachos», la cuasimoneda provincial apodada así en honor al caudillo Ángel Vicente Peñaloza, para financiar futuros aumentos salariales de los trabajadores estatales. La medida llega en un contexto de marcada restricción presupuestaria y luego de que la Nación no efectivizara el adelanto de coparticipación de $85.000 millones que el distrito reclamaba desde abril.
El BOCADE regresa: historia y contexto de una herramienta de emergencia
Los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), popularmente conocidos como «chachos», fueron aprobados por la legislatura riojana en enero de 2024, por un monto de $22.500 millones, y comenzaron a circular el 1 de julio de ese año como mecanismo de emergencia ante las tensiones financieras que ya entonces afectaban a la provincia. La primera emisión tuvo como plazo de vencimiento el 31 de diciembre de 2024, tras lo cual fue retirada de circulación.
Según explicó el propio Quintela, los bonos podrían comenzar a utilizarse para complementar los haberes de julio, que se percibirán en agosto. «Tenían un plazo de vencimiento el 31 de diciembre de 2024. Y ahora van a volver», señaló el mandatario, al tiempo que precisó que el objetivo es que «pierdan lo menos posible el poder adquisitivo». Sobre el aguinaldo, aclaró que no será alcanzado por la cuasimoneda: «Para el aguinaldo no, tal vez se pueda utilizar para un incremento».
La reaparición del instrumento pone de manifiesto las profundas dificultades financieras que enfrenta la provincia, agravadas por lo que el propio gobierno riojano califica como una retención irregular de fondos por parte de la administración Milei. Según el secretario de la Gobernación, Ricardo Herrera, el 98% de las transferencias extracoparticipables dejaron de enviarse desde que asumió el gobierno libertario, lo que representa una deuda histórica que, según estimaciones provinciales, supera los $265.000 millones.
El nudo financiero: fondos retenidos y el adelanto que no llegó
El anuncio se produce luego de semanas de gestiones frustradas. En abril de 2026, el Gobierno nacional formalizó mediante el Decreto 219/2026 el otorgamiento de adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para doce provincias, entre ellas La Rioja. Sin embargo, mientras que otros distritos como Mendoza ya recibieron desembolsos concretos (un anticipo de $325.000 millones en tres cuotas), la provincia riojana sigue esperando los $85.000 millones que solicitó formalmente al Ministerio del Interior.
El ministro de Hacienda provincial, Fabián Blanco, fue terminante al desestimar cualquier lectura benevolente de la situación: los fondos solicitados no son recursos extraordinarios ni gestos de diálogo, sino plata propia de la provincia que se devuelve con intereses al 15% nominal anual.
El destino concreto, precisó, era garantizar el aguinaldo de julio y «desinflar la deuda flotante» acumulada con proveedores que no cobran en tiempo y forma desde hace meses. La demora en el desembolso, en ese marco, adquiere un cariz político que el propio Herrera no quiso descartar al señalar que confiaba en que «esto no se ha teñido de alguna cuestión política».
La situación riojana no es aislada. Fuentes vinculadas al análisis fiscal provincial advierten que al menos diez provincias atraviesan tensiones similares de liquidez, producto de la combinación entre caída de la recaudación, aumento del gasto en salarios por inflación y la política de ajuste de transferencias del gobierno nacional.
El cruce con Caputo: del RIGI a las amenazas cruzadas
El anuncio de Quintela sobre los «chachos» se produjo en el marco de una entrevista más amplia en la que el gobernador apuntó sin eufemismos contra el ministro de Economía, Luis Caputo. «Lo único que conoce es la política de beneficiar a un grupo selecto de la Argentina y del extranjero», disparó Quintela, al tiempo que cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que calificó como «una entrega total de nuestros recursos».
Sobre un eventual retorno del peronismo al poder, advirtió: «Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado».
La respuesta de Caputo no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda respondió con descalificaciones directas, calificó a Quintela de «matón de barrio» y redobló el argumento de siempre: la situación de La Rioja es culpa del propio gobernador por no adherir al RIGI. «Por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios», sostuvo Caputo, quien también volvió a traer a colación referencias a su familia en relación con el atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022.
Quintela respondió a su vez con una nueva publicación en la que rechazó las acusaciones: «Los tipos que hundieron y vendieron al país cada vez que tuvieron oportunidad siguen queriendo mentir y manipular la realidad. Y claro que los vamos a investigar, como corresponde».
El cruce ilustra con precisión el estado de la relación entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores opositores: una guerra de posiciones donde el ajuste fiscal funciona simultáneamente como instrumento económico y como herramienta de presión política sobre los distritos díscolos.
El RIGI como condición política encubierta
La insistencia de Caputo sobre el RIGI como solución para los problemas financieros de La Rioja merece una lectura crítica. La negativa de Quintela a adherir al régimen no responde a un capricho ideológico sino a una evaluación concreta de sus condiciones: el RIGI otorga a los grandes inversores privados ventajas impositivas extraordinarias, estabilidad fiscal por 30 años, libre disponibilidad de divisas y protección frente a cambios regulatorios futuros. En la práctica, como señaló el propio Quintela, implica resignar soberanía sobre los recursos estratégicos del territorio durante décadas, a cambio de inversiones cuyo derrame efectivo sobre la economía local es, cuando menos, incierto.
Encuadrar el regreso de los «chachos» como consecuencia del voluntarismo político del gobernador riojano y no como efecto directo del estrangulamiento fiscal que ejerce el gobierno nacional equivale a invertir la cadena causal. La provincia está incluida en el decreto que habilita los adelantos y aun así no recibió los fondos. La retención tiene nombre y dirección.
Puntos clave
- La Rioja volverá a emitir los BOCADE («chachos») para financiar aumentos salariales de los empleados estatales a partir de agosto.
- El Gobierno provincial aguarda sin respuesta los $85.000 millones solicitados como adelanto de coparticipación al amparo del Decreto 219/2026.
- La primera emisión de los «chachos» data de enero de 2024; su vencimiento original fue el 31 de diciembre de ese año.
- Quintela anunció que investigará la gestión de Caputo si el peronismo regresa al poder; el ministro respondió calificándolo de «matón de barrio».
- El cruce reactualiza el conflicto estructural entre el ajuste fiscal nacional y las finanzas provinciales, con el RIGI como eje del debate.
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