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El FdT dio un amplio respaldo al proyecto para recuperar dinero fugado

La iniciativa impulsada por José Mayans, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y Martín Doñate crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI.

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Dirigentes del Frente de Todos (FdT) respaldaron este martes el proyecto de ley avalado por la vicepresidenta Cristina Kirchner para la creación de un fondo destinado a cancelar la deuda con el FMI y rechazaron las críticas al «aporte de emergencia» que se les impondría a quienes tengan bienes en el exterior y no los hayan declarado ante el fisco.

Desde el bloque de senadores del oficialismo defendieron la propuesta y explicaron que las autoridades tributarias y el Poder Judicial tendrán «un rol fundamental» para «perseguir y castigar a los evasores» que «fugaron dinero al exterior y perjudicaron a la economía argentina».

El proyecto de ley sostiene en su artículo 13 que quienes «no ingresen el aporte deberán cumplir con todas las obligaciones tributarias omitidas y/o evadidas según las leyes impositivas vigentes, más sus intereses, accesorios y/o multas de acuerdo a la Ley de Procedimiento Fiscal».

También aclara la norma que los infractores «serán pasibles de ser denunciados por los delitos establecidos en el Código Penal y en la Ley Penal Tributaria» y del «decomiso definitivo de bienes previsto en el artículo 305 del Código Penal».

«El proyecto de ley ayuda si se quiere con algunas herramientas como levantar el secreto fiscal y el bancario que hoy protege a los evasores y a los delincuentes».

Mariano Recalde, titular de la comisión mixta Revisora de Cuentas, declaró que se trata de «una medida de Justicia perseguir y castigar a quienes evadieron» y aclaró que esto «ni siquiera tiene que ver con el proyecto de ley presentado», ya que los delitos ya están «tipificados» en el Código Penal.

«El proyecto de ley ayuda si se quiere con algunas herramientas como levantar el secreto fiscal y el bancario que hoy protege a los evasores y a los delincuentes pero los delitos ya están tipificados desde hace tiempo en el Código Penal y de lo que se trata es de castigar a quienes cometen esas infracciones graves delitos que hacen tanto daño a la economía del país», dijo a la prensa.

Recalde calificó a la propuesta presentada ayer en la Cámara alta como «sumamente inteligente» en medio de la discusión que debe darse, sostuvo, sobre «quién debe pagar la deuda» y consideró que no entiende «cómo alguien puede estar en contra de cobrarle a los evasores que fugaron miles de millones de dólares para hacer un negocio enorme».

Desde la oposición, el senador Martín Lousteau consideró que la iniciativa «no es un impuesto excepcional para pagar al FMI», sino que se trata de «un blanqueo encubierto»; pidió pensar para «quienes es en realidad el proyecto de blanqueo» y cuestionó que se le diga a la AFIP que «salga a hacer su trabajo».

En respuesta, la senadora del FdT Juliana Di Tullio, aseguró que lo que se busca es «verificar quienes son aquellos que sacaron divisas sin declararlas» y a ellos se les dará un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión».

«El proyecto modifica quienes pueden levantar el secreto bursátil, de esta manera podemos verificar quienes son aquellos que sacaron divisas sin declararlas y les damos un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que le deben pagar al país», explicó Di Tullio.

La iniciativa

El proyecto que lleva la firma de los senadores del FdT José Mayans, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y Martín Doñate crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI y establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.

La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.

Sostiene el texto que el Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

Un amplio respaldo de parte de la dirigencia del Frente de Todos generó la propuesta impulsada por Fernández de Kirchner. Entre quienes salieron a manifestarse a favor de su aprobación en el Senado estuvieron Parrilli, Doñate y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien señaló que la idea es «importante» porque «Argentina es el tercer país con mayor cantidad de cuentas off shore reveladas en los Pandora Papers».

«La deuda contraída no puede ser pagada a costa del pueblo», añadió Ferraresi, al tiempo que aseguró que «el gobierno macrista tomó el mayor préstamo en la historia del FMI para financiar su modelo de fuga de divisas» y se preguntó: «¿deben pagar las pymes o los sectores que se beneficiaron con la especulación?».

Seguridad social

Congelado hace dos años: el bono de $70.000 para jubilados y pensionados sigue sin actualización

El Gobierno oficializó mediante el Decreto 292/2026 el pago del bono extraordinario de $70.000 para mayo, el mismo monto que se abona desde marzo de 2024 sin ningún ajuste por inflación. Mientras el Ejecutivo justifica la medida en los «efectos adversos» de la fórmula previsional vigente, los jubilados ven cómo ese complemento se deprecia mes a mes en términos reales.

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El bono previsional de $70.000 cumple dos años sin actualización

★ El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 292/2026, que oficializa el otorgamiento del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de mayo a jubilados que perciben el haber mínimo y pensionados a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida se repite, con el mismo importe, por vigésimo sexto mes consecutivo.

El decreto establece que las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán en un total superior a $463.000, contemplando la actualización del haber base en línea con la inflación de marzo, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) midió en el 3,4%.

El argumento oficial y la trampa del diagnóstico

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo vuelve a recurrir al mismo argumento de siempre: la culpa la tiene la Ley N° 27.609, sancionada en 2021, cuya fórmula de movilidad, según el texto oficial, «presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario» y «presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes».

La contradicción del argumento es evidente: el propio gobierno reconoce que la fórmula no resguarda el poder adquisitivo de los jubilados, pero en lugar de modificarla o reemplazarla, elige mantenerla y compensar sus efectos con un bono que, a su vez, tampoco se actualiza. Más aún: en 2024, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley que establecía una movilidad más favorable para los adultos mayores, y el presidente Javier Milei la vetó.

El bono que se derrite

El complemento de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Antes de esa fecha, los primeros dos meses del gobierno de Milei se pagaron bonos de $55.000. Desde entonces, el monto no registró ninguna actualización, mientras la inflación acumulada entre marzo de 2024 y abril de 2026 erosionó significativamente su valor real.

Como informó este medio en una cobertura reciente sobre el poder adquisitivo jubilatorio, la consultora Analytica estimó que, para recuperar el poder de compra inicial, el bono debería más que duplicarse y alcanzar los $144.000. En el mismo relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que los jubilados de la mínima acumulan una caída real del 13,1% si se compara el primer trimestre de 2026 con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, medida con la canasta del Índice de Precios al Consumidor actualizada.

A quiénes alcanza el decreto

El Decreto 292/2026 precisa que el bono extraordinario corresponde a:

  • Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
  • Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y demás pensiones graciables cuyo pago realiza ANSES.

El texto oficial además aclara que el bono «no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto», y que en los casos de pensiones con copartícipes, el conjunto de beneficiarios será considerado «como un único titular».

Un parche que no alcanza

El escenario previsional que describe el decreto es, en sí mismo, una confesión de fracaso. El Ejecutivo lleva más de dos años justificando la necesidad del bono como compensación por los efectos de una ley que decidió no reformar. En ese tiempo, el complemento perdió una porción significativa de su valor real, y el haber total de quienes cobran la mínima se ubica, según el CEPA, un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, último mes completo de la gestión anterior.

Más del 60% de los jubilados del sistema contributivo cobra el haber mínimo. Para ellos, la suma de ese haber más el bono congelado resulta insuficiente frente a cualquier medición de canasta básica. Según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, una pareja de adultos mayores con vivienda propia necesitó $1.548.360 en febrero de 2026, equivalente a más de tres jubilaciones mínimas con bono incluido.

Puntos clave:

  • El Decreto 292/2026 oficializa el bono previsional de $70.000 para mayo, sin actualización por vigésimo sexto mes consecutivo desde marzo de 2024.
  • La jubilación mínima total en mayo superará los $463.000, tras una actualización del haber base del 3,4% por la inflación de marzo.
  • El Ejecutivo atribuye el bono a los efectos adversos de la Ley N° 27.609, pero vetó en 2024 una ley del Congreso que establecía una movilidad más favorable.
  • La consultora Analytica estimó que el bono debería subir a $144.000 para recuperar el poder adquisitivo original.
  • Más del 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, que se ubica un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, según el CEPA.
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