Judiciales ⚖️
Cels pidió a la justicia que declare inconstitucional el DNU de Milei
El Cels remarcó que a través de este DNU el Poder Ejecutivo «decidió alterar las reglas constitucionales de nuestro país, asumiendo facultades que son del Congreso».
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad y un pedido de medida cautelar ante el fuero Contencioso Administrativo Federal contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 del Gobierno nacional, por «alterar reglas constitucionales, violar división de poderes y suprimir derechos».
Detalló en un comunicado que se presentó «con una acción en el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 del gobierno de Javier Milei, ya que se aparta del principio de división de poderes, así como suprime y restringe derechos, garantías individuales y colectivas de amplios sectores sociales con dificultades económicas».
El Cels remarcó que a través de este DNU el Poder Ejecutivo «decidió alterar las reglas constitucionales de nuestro país, asumiendo facultades que son del Congreso».
Solicitó al Poder Judicial que, mientras tramita la acción presentada, suspenda la aplicación del DNU 70/2023 mediante una cautelar.
«La medida cautelar solicitada busca evitar las mayores consecuencias que su implementación generará en los derechos humanos de sectores sociales que atraviesan, ya de por sí, una situación de crisis económica», explicó al respecto.
El organismo de derechos humanos remarcó que el decreto deroga o modifica «73 leyes de forma permanente, lo cual está prohibido para el Presidente y su gabinete».
Destacó que los cambios que introduce «no contemplan las desigualdades estructurales que enfrentan distintos sectores de la población» y deja «librado a las decisiones del mercado el acceso a la vivienda, a la alimentación o a los medicamentos», entre otros.
«También afectan los derechos laborales y sindicales, debilitando la organización gremial y limitando los métodos de protesta que se encuentran reconocidos en la constitución, como la huelga o la manifestación», se puntualizó en el comunicado.
Recordó que un DNU es una herramienta para ser utilizada «sólo en contextos excepcionales, en los que la urgencia es incompatible con los tiempos que maneja el Congreso» y que «debe usarse para decisiones transitorias».
«Nunca antes se había utilizado un DNU para derogar o modificar más de 70 leyes en un solo paso», afirmó el Cels.
Ejemplificó que algunas de las normas cambiadas, como la ley de alquileres, fueron debatidas y consensuadas «incluso de manera reciente por distintos sectores políticos en el Congreso y eran protectoras de derechos».
«Las reformas que introduce el DNU empeoran las condiciones básicas que se requieren para trabajar, alquilar, pagar con tarjeta de crédito, o comprar remedios. Como contracara, tiene modificaciones que benefician directa y explícitamente a grupos empresarios», analizó el Cels.
«Todo el contenido del DNU podría haber sido tratado en el Congreso, en sesiones extraordinarias u ordinarias. El Poder Ejecutivo no explicó ni la urgencia ni la necesidad de modificar de esta manera y en un sola norma tantas leyes que habían sido aprobadas y dictadas en el ámbito legislativo», dijo.
Y agregó: «La acumulación de reformas incluidas, sobre una enorme multiplicidad de temas ya debatidos y regulados, demuestra que el objetivo del DNU fue evitar la discusión parlamentaria».
También se incluyó un punto sobre «Derecho a la salud y derogación de la ley 27113 «la cual declara de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública- y que en caso de que ser anulada «dejaría la producción de medicamentos totalmente en manos del sector privado, bajo la lógica exclusiva de la rentabilidad».
CABA
Algieri S.A., la empresa favorita del PRO: 14 licitaciones millonarias en dos gestiones macristas
La constructora con sede en Vicente López acumula contratos por miles de millones de pesos en obras de subte, espacios verdes e infraestructura urbana bajo los gobiernos de Rodríguez Larreta y Jorge Macri. La última preadjudicación, por más de $11.200 millones en la estación Pueyrredón de la Línea B, reaviva el debate sobre la transparencia en las contrataciones porteñas.
Una empresa llama la atención por su constante presencia en las licitaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Algieri S.A., constructora radicada en Vicente López, el distrito que gobernó Jorge Macri antes de desembarcar en la Jefatura de Gobierno porteña. Desde diciembre de 2023, la firma ya acumula al menos cinco adjudicaciones o preadjudicaciones de gran envergadura bajo la gestión del primo de Mauricio. Y entre 2015 y 2023, durante los dos mandatos de Horacio Rodríguez Larreta, había sumado un piso verificado de nueve licitaciones y adjudicaciones directas o compartidas, según registros del Boletín Oficial de la Ciudad.
La última preadjudicación: Pueyrredón, de nuevo
Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) preadjudicó en mayo de 2026 la realización de obras complementarias en la estación Pueyrredón de la Línea B a Algieri S.A., que resultó el único oferente seleccionado para el renglón correspondiente. El presupuesto global asignado por el Gobierno porteño para ese lote alcanza los $11.233.151.782,60. Los trabajos comprenden intervenciones en el vestíbulo y la colocación de revestimiento de aluzinc en el cielorraso sobre los andenes, similar al ya instalado en las estaciones Jujuy, Carlos Gardel y Plaza Italia.
La paradoja es evidente: Pueyrredón ya había sido intervenida el año pasado, con trabajos que la mantuvieron cerrada durante varios meses. Ahora, la misma empresa vuelve a ser elegida para completar lo que quedó pendiente. La licitación, lanzada en febrero de 2026 en conjunto con las estaciones Sáenz Peña, Pasco y Alberti (Línea A) y Dorrego, terminó concentrada nuevamente en el mismo adjudicatario histórico.
El perfil de la empresa: siempre cerca del macrismo
El dato que no pasa desapercibido es la ubicación de la empresa: las oficinas de Algieri S.A. se encuentran en Vicente López, el municipio bonaerense que Jorge Macri condujo durante varios años antes de convertirse en Jefe de Gobierno porteño en diciembre de 2023. La firma opera en el rubro de la construcción, infraestructura urbana y paisajismo, sectores donde la Ciudad es uno de los principales demandantes de servicios.
Bajo la gestión de Rodríguez Larreta, los contratos verificados incluyeron la urbanización de la Villa 31 (2021) por $259.001.236,43; la llamada «Calle Verde Yerbal» (2022), una intervención de paisajismo y peatonalización en Caballito por $113.265.042,75; la puesta en valor de Plaza Lavalle (2016) por $57.483.602,91; planes de mitigación comunal (2019) por $60.254.209,95; obras civiles escolares y comunales (2017) por $31.609.800,71; y acondicionamiento de predios del Ministerio de Desarrollo Urbano (2018) por $27.227.893,38, entre otros contratos de mantenimiento de espacios verdes con prórrogas recurrentes.
La era Macri: cinco contratos en menos de tres años
Desde la asunción de Jorge Macri en diciembre de 2023, el vínculo entre el Gobierno porteño y Algieri S.A. no hizo más que profundizarse. Los contratos más relevantes de esta etapa incluyen:
- La etapa 1 de la Reorganización del Centro de Trasbordo de Plaza Constitución, adjudicada en junio de 2026 por $6.548.666.677,92, orientada a reformar paradas de colectivos y liberar zonas para la futura Línea F de subte.
- La preadjudicación de obras en la estación Pueyrredón (Línea B) y otras estaciones de las líneas A y B, por un presupuesto global de $11.233.151.782,60.
- El Servicio Público de Mantenimiento de Espacios Verdes, adjudicado en consorcio con la empresa Woden a comienzos de 2025, para la gestión de múltiples zonas de arbolado y paisajismo.
- La puesta en valor de estaciones de las Líneas B y D, adjudicada en julio de 2024 para intervenciones en los nodos de combinación Lima y Pueyrredón.
Un sistema de compras que fragmenta y opaca
El sistema de compras públicas porteño, administrado a través del portal BAC (Buenos Aires Compras), fragmenta las adjudicaciones por renglones, zonas y órdenes de compra, lo que dificulta la obtención de un número consolidado de contratos históricos por proveedor. Esta arquitectura burocrática, señalada por expertos en transparencia como un obstáculo para el control ciudadano, permite que una misma empresa acumule vínculos contractuales millonarios sin que el total resulte fácilmente visible en una consulta ordinaria.
El Gobierno de la Ciudad no publica de forma centralizada el historial de adjudicaciones por empresa, lo que obliga a reconstruir el mapa a partir del Boletín Oficial y de denuncias de legisladores y organizaciones de la sociedad civil. En un contexto donde la transparencia en la contratación pública es uno de los ejes del debate democrático, la recurrencia de un mismo adjudicatario a lo largo de más de una década y dos gestiones del mismo espacio político instala preguntas que el oficialismo porteño no ha respondido.
El patrón: una empresa, dos gobiernos, un mismo partido
Lo que emerge del relevamiento es un patrón sistemático: una empresa radicada en el mismo municipio que gobernó el actual jefe de gobierno porteño, activa en los sectores de mayor inversión pública de la Ciudad, que a lo largo de más de una década acumuló un mínimo verificado de 14 procesos de adjudicación bajo dos gestiones consecutivas del PRO. La cifra real podría ser mayor, dado el carácter fragmentado del sistema de compras.
En el horizonte electoral de 2027, con Jorge Macri confirmado como candidato a la reelección en la Ciudad, el manejo de los contratos públicos y la relación con proveedores históricos del espacio político se convierte en un dato político de primer orden. La pregunta no es solo quién construye las estaciones de subte, sino bajo qué criterios se elige quién lo hace.
Puntos clave
- Algieri S.A. acumula un mínimo de 14 adjudicaciones o preadjudicaciones bajo las gestiones de Larreta y Macri en la Ciudad de Buenos Aires.
- La firma fue preadjudicada en mayo de 2026 para obras en la estación Pueyrredón de la Línea B por más de $11.200 millones, como único oferente seleccionado.
- La empresa tiene sede en Vicente López, el municipio que gobernó Jorge Macri antes de asumir la Jefatura de Gobierno porteña.
- En junio de 2026 también recibió la licitación de la reorganización de Plaza Constitución por más de $6.500 millones.
- El sistema de compras BAC fragmenta los contratos por renglones, dificultando el control ciudadano sobre la acumulación de adjudicaciones por proveedor.
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