Política 📢
Vía libre al desguace: Milei avanza con la privatización total de Belgrano Cargas
El Gobierno publicó una resolución que instruyó a la Secretaría de Transporte a rematar material rodante y concesionar talleres y trazas ferroviarias. Las operaciones deberán completarse en un plazo de doce meses.
El Gobierno nacional formalizó este jueves el inicio del proceso de privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A., responsable del transporte ferroviario de cargas en buena parte del país. La decisión se oficializó mediante la Resolución 1049/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, que delegó en la Secretaría de Transporte —bajo el mando de Luis “Toto” Caputo— la ejecución técnica del desguace.
La medida profundizó el camino trazado por el Capítulo II del decreto 695/2024, aprobado tras la sanción de la Ley Bases, que habilitó la privatización total o parcial de 41 empresas públicas. Entre ellas, el Belgrano Cargas fue uno de los primeros objetivos del presidente Javier Milei en su cruzada por desmantelar lo que considera “el Estado elefantiásico”.
A partir de esta normativa, el Estado dejó de ser operador ferroviario de cargas y puso en marcha un paquete de acciones que incluye la venta del material rodante, la concesión de talleres y la licitación de las trazas ferroviarias de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
Del remate al desguace: el papel de Transporte y el Banco Nación
La Secretaría de Transporte tendrá a su cargo un inventario del material rodante, su diagnóstico técnico y la definición de los lotes para el remate público, que se realizará a través de la plataforma oficial SUBAST.AR. Las condiciones contractuales y técnicas de la privatización serán supervisadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, una unidad creada específicamente para ejecutar los traspasos al sector privado.
Por su parte, el Banco Nación será el encargado de administrar los fondos obtenidos por las subastas. El Ejecutivo aseguró que esos ingresos se destinarán a “obras ferroviarias”, aunque no detalló cuáles ni bajo qué criterios.
Al mismo tiempo, la resolución instruyó a iniciar el proceso de concesión de vías, inmuebles adyacentes y talleres. Si bien las vías seguirán siendo propiedad del Estado, serán operadas por empresas privadas por períodos a definir. Una vez vencidas las concesiones, los bienes “revertirán al dominio público”.
¿Recuperación del sistema o regreso a los ‘90?
Con esta decisión, el Gobierno confirmó que busca reproducir el esquema de privatización ferroviaria que se aplicó durante los años ‘90, cuando las líneas de cargas fueron entregadas en concesión y el Estado se retiró por completo de la operación. Aquella experiencia dejó un saldo de ramales abandonados, pérdida de puestos de trabajo, deterioro de infraestructura y una baja en la participación del tren en el transporte de cargas.
Según datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el ferrocarril de cargas movilizó en 2023 poco más del 5% del total transportado en el país, frente al 15% que alcanzaba en los años ‘70. El sector público —a través de Belgrano Cargas y Logística— había iniciado un proceso de recuperación con inversiones chinas, repatriación de trenes y renovación de tramos clave como Rosario-Tucumán y Salta-Barranqueras.
Organizaciones gremiales y técnicas advirtieron que la privatización amenaza con desmantelar esa incipiente reactivación. La Fraternidad, sindicato que agrupa a los maquinistas, alertó sobre posibles despidos y vaciamiento. “Esta medida no busca mejorar el sistema, sino deshacerse de un actor estatal clave que garantizaba conectividad federal”, señalaron desde la Mesa Coordinadora por la Defensa del Transporte Ferroviario.
El plazo: privatizar todo en un año
La normativa también fijó un cronograma concreto. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas tendrá un plazo de 12 meses para coordinar la venta de activos y la licitación de las concesiones. Para eso, deberá solicitar a un banco estatal la valuación de los flujos de fondos futuros de explotación de las líneas, talleres e inmuebles.
El proceso se llevará a cabo mediante las plataformas CONTRAT.AR y SUBAST.AR, herramientas digitales que el Gobierno promueve como símbolo de “transparencia” y “eficiencia”. Sin embargo, expertos del sector ferroviario advierten que un proceso de esta magnitud difícilmente pueda resolverse con eficacia en tan poco tiempo sin comprometer el interés público.
Política 📢
Cerimedo bajo presión judicial: tres expedientes comerciales por deudas y pagarés
El exasesor de Javier Milei figura en reclamos por compromisos económicos que incluyen US$ 500.000, dos documentos de US$ 40.000 y otro por $70 millones. Uno de los expedientes ya tiene una orden de ejecución.
Fernando Cerimedo, exasesor político de Javier Milei, figura en tres causas que tramitan ante la Justicia comercial argentina por distintos compromisos económicos.
Los expedientes incluyen una deuda de US$ 500.000, dos pagarés por US$ 40.000 cada uno y un tercer documento por $70 millones.
Los reclamos comerciales se desarrollaron después de que Cerimedo pasara a formar parte de La Libertad Avanza. En paralelo, el consultor afronta en Bolivia una causa por «tentativa de femicidio» de su ex pareja Nadia Beller.
El acuerdo por US$ 500.000 que terminó en tribunales
Según publicó Noticias Argentinas tras citar documentos judiciales, una de las demandas fue presentada en septiembre de 2024 por Flucuad Net Mergitur Argentina S.A.S. El reclamo surgió por una deuda de US$ 500.000.
En abril de ese año, las partes habían firmado un convenio de reconocimiento de deuda y compromiso de pago. El documento incluye la firma de Cerimedo y la de uno de los demandantes.
Según consta en la documentación, Academia Numen aparecía como deudora y Cerimedo asumía el carácter de codeudor.
La deuda original de la empresa alcanzaba los US$ 710.000. De ese monto, US$ 210.000 fueron abonados en efectivo, mientras que los US$ 500.000 restantes debían cancelarse “mediante 5 cuotas semanales”.
El documento también establecía que Cerimedo asumía el carácter de «pagador liso y llano, sin beneficio de división y exclusión, respecto de las obligaciones emergentes”.
Cinco pagos de US$ 100.000
Según publicó Noticias Argentinas tras citar documentos judiciales, el acuerdo contemplaba cinco cuotas semanales de US$ 100.000, con vencimientos entre el 11 de abril y el 9 de mayo de 2024.
Los pagos no fueron realizados y la empresa llevó el reclamo ante la Justicia.
En ese expediente, la Justicia argentina intimó a Cerimedo a pagar la deuda y ordenó la inhibición de sus bienes.
Los pagarés que también comprometen a Cerimedo
El exasesor también aparece vinculado con tres pagarés. Dos de ellos representan US$ 40.000 cada uno, mientras que el tercero asciende a $70 millones.
Los dos documentos en dólares fueron incluidos en una demanda iniciada por Gerardo García.
En la documentación presentada ante el fisco, García declaró dedicarse al “servicio de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas”.
Los dos pagarés fueron firmados en enero de 2025. Uno vencía el 10 de febrero de ese año y el segundo, en marzo.
La demanda sostiene: «Desafortunadamente, a la fecha de vencimiento de los pagarés, el deudor no hizo efectivo el pago de los mismos. El fracaso de las gestiones extrajudiciales me pone en la necesidad de promover la presentación».
Una resolución por US$ 80.000
Según publicó Noticias Argentinas tras citar documentos judiciales, el expediente quedó radicado ante el Juzgado Comercial 12, a cargo del juez Hernán Diego Papa.
El 18 de mayo, el magistrado dispuso:
“FALLO: sentenciando esta causa de trance y remate y mandando llevar adelante la ejecución contra CERIMEDO FERNANDO U$S 80.000, hasta hacer a la acreedora íntegro pago del capital reclamado».
La resolución corresponde al reclamo conjunto por los dos pagarés de US$ 40.000.
El reclamo del Banco Galicia por $70 millones
El tercer pagaré lleva la firma de Cerimedo y establece un compromiso de pago por $70 millones.
El documento corresponde al Banco Galicia, que presentó una demanda contra Cerimedo y contra Numen Publicidad y Sondeos.
De esta manera, el expediente se suma a los otros dos procesos comerciales vinculados con compromisos económicos documentados mediante acuerdos y pagarés.
Qué causas enfrenta Cerimedo
Los expedientes comerciales reúnen diferentes reclamos económicos:
- Una demanda por US$ 500.000 derivada de un convenio de reconocimiento de deuda.
- Dos pagarés por US$ 40.000 cada uno, cuyo capital conjunto asciende a US$ 80.000.
- Un pagaré por $70 millones reclamado por el Banco Galicia.
- Una resolución judicial que ordenó avanzar con la ejecución por los dos pagarés en dólares.
- Una medida de inhibición de bienes en el expediente por la deuda de US$ 500.000.
El frente judicial de Cerimedo
Los tres expedientes comerciales forman parte de la situación judicial que atraviesa Cerimedo en Argentina.
Los reclamos económicos están vinculados con obligaciones asumidas mediante un convenio de deuda y documentos firmados por el exasesor. En paralelo, el consultor afronta una causa en Bolivia por «tentativa de femicidio» de su ex pareja Nadia Beller.
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