El Gobierno nacional formalizó este jueves el inicio del proceso de privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A., responsable del transporte ferroviario de cargas en buena parte del país. La decisión se oficializó mediante la Resolución 1049/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, que delegó en la Secretaría de Transporte —bajo el mando de Luis “Toto” Caputo— la ejecución técnica del desguace.

La medida profundizó el camino trazado por el Capítulo II del decreto 695/2024, aprobado tras la sanción de la Ley Bases, que habilitó la privatización total o parcial de 41 empresas públicas. Entre ellas, el Belgrano Cargas fue uno de los primeros objetivos del presidente Javier Milei en su cruzada por desmantelar lo que considera “el Estado elefantiásico”.

A partir de esta normativa, el Estado dejó de ser operador ferroviario de cargas y puso en marcha un paquete de acciones que incluye la venta del material rodante, la concesión de talleres y la licitación de las trazas ferroviarias de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Del remate al desguace: el papel de Transporte y el Banco Nación

La Secretaría de Transporte tendrá a su cargo un inventario del material rodante, su diagnóstico técnico y la definición de los lotes para el remate público, que se realizará a través de la plataforma oficial SUBAST.AR. Las condiciones contractuales y técnicas de la privatización serán supervisadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, una unidad creada específicamente para ejecutar los traspasos al sector privado.

Por su parte, el Banco Nación será el encargado de administrar los fondos obtenidos por las subastas. El Ejecutivo aseguró que esos ingresos se destinarán a “obras ferroviarias”, aunque no detalló cuáles ni bajo qué criterios.

Al mismo tiempo, la resolución instruyó a iniciar el proceso de concesión de vías, inmuebles adyacentes y talleres. Si bien las vías seguirán siendo propiedad del Estado, serán operadas por empresas privadas por períodos a definir. Una vez vencidas las concesiones, los bienes “revertirán al dominio público”.

¿Recuperación del sistema o regreso a los ‘90?

Con esta decisión, el Gobierno confirmó que busca reproducir el esquema de privatización ferroviaria que se aplicó durante los años ‘90, cuando las líneas de cargas fueron entregadas en concesión y el Estado se retiró por completo de la operación. Aquella experiencia dejó un saldo de ramales abandonados, pérdida de puestos de trabajo, deterioro de infraestructura y una baja en la participación del tren en el transporte de cargas.

Según datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el ferrocarril de cargas movilizó en 2023 poco más del 5% del total transportado en el país, frente al 15% que alcanzaba en los años ‘70. El sector público —a través de Belgrano Cargas y Logística— había iniciado un proceso de recuperación con inversiones chinas, repatriación de trenes y renovación de tramos clave como Rosario-Tucumán y Salta-Barranqueras.

Organizaciones gremiales y técnicas advirtieron que la privatización amenaza con desmantelar esa incipiente reactivación. La Fraternidad, sindicato que agrupa a los maquinistas, alertó sobre posibles despidos y vaciamiento. “Esta medida no busca mejorar el sistema, sino deshacerse de un actor estatal clave que garantizaba conectividad federal”, señalaron desde la Mesa Coordinadora por la Defensa del Transporte Ferroviario.

El plazo: privatizar todo en un año

La normativa también fijó un cronograma concreto. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas tendrá un plazo de 12 meses para coordinar la venta de activos y la licitación de las concesiones. Para eso, deberá solicitar a un banco estatal la valuación de los flujos de fondos futuros de explotación de las líneas, talleres e inmuebles.

El proceso se llevará a cabo mediante las plataformas CONTRAT.AR y SUBAST.AR, herramientas digitales que el Gobierno promueve como símbolo de “transparencia” y “eficiencia”. Sin embargo, expertos del sector ferroviario advierten que un proceso de esta magnitud difícilmente pueda resolverse con eficacia en tan poco tiempo sin comprometer el interés público.