A 49 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el gobierno de Javier Milei impulsó dos iniciativas que reavivaron el debate sobre la memoria, la justicia y el pasado reciente argentino. Por un lado, anunció la desclasificación total de los archivos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Por otro, informó que el Estado argentino reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el asesinato del capitán del Ejército Humberto Viola, en 1974, constituyó un crimen de lesa humanidad.

La orden presidencial: archivos desclasificados

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que fue el propio presidente Javier Milei quien impartió la orden de liberar la totalidad de la información vinculada a las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Adorni aseguró que los documentos pasarán a estar “al servicio de la memoria y no de la manipulación política”.

La decisión se comunicó a través de un documento oficial publicado por la Oficina del Presidente, en el que se afirma que la medida busca promover “la historia completa, sin sesgo ideológico ni censura a las distintas voces que analizan y narran lo ocurrido en la década de 1970”.

Javier Milei citó el comunicado y aseguró que irá “a fondo en la búsqueda de la verdad”. Agregó que, sin verdad, “jamás habrá Justicia”.

El caso Viola y la agenda de «memoria completa»

En paralelo, el gobierno confirmó que reconocerá ante la CIDH que el atentado contra Humberto Viola constituyó un crimen de lesa humanidad. El hecho ocurrió el 1° de diciembre de 1974 en Tucumán, antes del inicio formal de la dictadura militar, cuando un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) emboscó el vehículo en el que viajaban Viola, su esposa embarazada de cinco meses y sus dos hijas, de tres y cinco años.

Según relató Adorni, en el tiroteo fallecieron el capitán y su hija menor, mientras que María Fernanda, la mayor, sufrió graves heridas y permaneció en coma durante cuatro meses. La madre, María Cristina Picón, falleció en 2021.

El comunicado oficial remarcó que el Presidente “tomó la decisión de acompañar el período de Justicia de la familia Viola”, con quienes se alcanzó un “acuerdo de solución amistosa”.

Humberto Viola fue reivindicado en numerosas ocasiones por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien promovió una visión conocida como “memoria completa”, que busca incluir los crímenes de las organizaciones armadas en la narrativa oficial del terrorismo de Estado. Su padre, Eduardo Villarruel, participó del Operativo Independencia en Tucumán y se negó a jurar por la Constitución Nacional en 2005, lo que explica parte del posicionamiento político de su hija.

La crítica de los organismos de derechos humanos

Las medidas impulsadas por el gobierno nacional generaron fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos y sobrevivientes de la represión ilegal. Desde Abuelas y Madres de Plaza de Mayo señalaron que no se puede equiparar el accionar del Estado con los crímenes de organizaciones armadas y advirtieron que el concepto de “memoria completa” busca diluir las responsabilidades de la dictadura.

También cuestionaron el uso del término “crimen de lesa humanidad” para referirse a hechos cometidos antes del golpe del 24 de marzo de 1976, al sostener que esa calificación se reserva a violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de agentes estatales o con su connivencia.