De las bombas en Plaza de Mayo al lawfare: 70 años de odio al peronismo

El 16 de junio de 1955, la Aviación Naval y parte de la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo en un intento de asesinar a Juan Domingo Perón y derrocar a su gobierno constitucional. Fue una masacre sin precedentes: más de 350 personas murieron, 14 toneladas de explosivos cayeron sobre una plaza repleta de civiles y la violencia golpista inauguró una etapa de persecución sistemática contra el movimiento político con mayor arraigo popular en la historia argentina.

Setenta años después, ese odio fundacional sigue vigente, aunque ya no cae desde el cielo en forma de bombas. Ahora opera en los tribunales, en los sets de televisión, en los escritorios de jueces cómplices del poder económico. La condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en diciembre de 2022, debe leerse como una nueva forma de proscripción: no por medios militares, sino judiciales; no con aviones, sino con sentencias redactadas a medida.

De la violencia física al lawfare

En 1955, la violencia fue literal: cuerpos destrozados por la metralla, columnas obreras atacadas desde el aire, sangre en las baldosas de la Casa Rosada. Hoy, el aparato de disciplinamiento recurre a una maquinaria más sofisticada, pero no menos letal en términos democráticos. Se trata del lawfare: una estrategia de guerra jurídica que combina jueces, medios de comunicación y servicios de inteligencia para perseguir, desacreditar e inhabilitar políticamente a los líderes populares.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en una causa plagada de irregularidades. La sentencia se basó en supuestos actos de corrupción sin pruebas directas, con una instrucción plagada de arbitrariedades, escuchas ilegales, filtraciones mediáticas y operaciones de prensa. Todo con el mismo objetivo que en 1955: correr del escenario político al peronismo.

Proscribir lo que no se puede derrotar en las urnas

En abril de 1954, Perón arrasó en las elecciones con el 62,5% de los votos. En 2011, Cristina ganó con el 54%. En 2019, encabezó la fórmula que devolvió al peronismo al poder frente a un modelo de ajuste neoliberal. En ambos casos, el voto popular fue la amenaza. Y ante la imposibilidad de derrotarlo democráticamente, se apeló a métodos excepcionales.

La autodenominada Revolución Libertadora que derrocó a Perón instauró la proscripción del peronismo, destruyó símbolos, persiguió a militantes y sindicalistas, fusiló opositores. El lawfare de hoy, con nombres como Luciani, Ercolini o Capuchetti, intenta lo mismo: correr del mapa a quien encarna el liderazgo del campo nacional y popular. No importa si es con bombas o con causas inventadas. La matriz es la misma.

El rol del poder económico y mediático

En ambas etapas, los actores del poder económico jugaron un rol central. En 1955, fue la Sociedad Rural, la jerarquía eclesiástica y sectores de las Fuerzas Armadas los que empujaron el golpe. Hoy son Clarín, La Nación, los grandes grupos empresarios y una parte del Poder Judicial. El objetivo no cambió: restaurar un orden conservador donde el mercado imponga las reglas y el Estado se retire de toda función redistributiva.

En ese marco, el discurso de odio también se recicla. En los 50 se hablaba del “tirano prófugo”. Hoy se construye la figura de la “jefa de una asociación ilícita”. Ayer se la perseguía por dar derechos. Hoy se la condena por haber gobernado con políticas inclusivas. La estigmatización es una constante que atraviesa décadas.

Cristina, como Perón: líder proscripta, símbolo de resistencia

El intento de asesinar a Perón fracasó, pero logró su objetivo meses después. La Revolución Libertadora lo obligó al exilio durante 18 años. Cristina, tras la condena en 2022, anunció que no sería candidata en 2023: “No voy a ser mascota del poder ni candidata a nada”, dijo, denunciando un sistema judicial cooptado. La reacción popular fue inmediata: movilizaciones, vigilias y un grito que resuena desde hace décadas: “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”.

Como en los años de la proscripción peronista, la resistencia no se apagó. Los nietos de las víctimas del bombardeo caminan las mismas plazas que sus abuelos. Los hijos de los fusilados de José León Suárez militan en unidades básicas. Y las nuevas generaciones reconocen en Cristina una continuidad histórica: una dirigente que, como Perón, molesta a los dueños del poder porque representa a quienes menos tienen.

Puntos clave

• El bombardeo del 16 de junio de 1955 fue un intento de magnicidio y una masacre contra civiles peronistas.
• La proscripción del peronismo se instaló mediante represión, exilio y fusilamientos.
• Hoy, el lawfare reemplazó a la violencia armada como método de persecución política.
• Cristina Fernández de Kirchner fue condenada e inhabilitada sin pruebas concluyentes.
• El poder económico y mediático actual cumple el mismo rol que el que empujó el golpe de 1955.
• La estigmatización del peronismo como enemigo interno persiste, muta y se adapta al contexto.
• La resistencia popular continúa como hilo histórico frente a la proscripción.