El Gobierno porteño cuestionó ante la Justicia la posibilidad de que la ex presidenta cumpla su condena en su domicilio del barrio Constitución. Aduce que su presencia en esa zona provocaría alteraciones en la movilidad, la seguridad y el funcionamiento de servicios esenciales. La presentación agita tensiones políticas y expone el trasfondo de una causa judicial marcada por el lawfare.

Jorge Macri activó un planteo formal para frenar la domiciliaria

La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires presentó una nota al Tribunal Oral Federal n.º 2 (TOF2) donde manifestó su “preocupación institucional” ante la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner cumpla prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José al 1100, en el barrio de Constitución.

Según el escrito, la orden provino directamente del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien instruyó a sus funcionarios para advertir que el eventual traslado de la expresidenta “afectaría gravemente la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales” en una zona de alto tránsito y vital conexión urbana.

La Procuración señaló que “ya se están registrando concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y sobrecarga operativa desde que se confirmó la condena de la ex mandataria”, lo cual —según argumentan— justifica la adopción de “medidas excepcionales” para preservar el orden público.

Una zona neurálgica y un fallo pendiente

El documento está dirigido al juez Jorge Gorini, presidente del TOF2, quien debe resolver si autoriza la prisión domiciliaria y, en ese caso, dónde se cumplirá. El planteo porteño insiste en que la inspección ordenada por el tribunal —referida al estado edilicio del inmueble, su entorno barrial y aspectos de seguridad— fue insuficiente, ya que “se solicitó información sólo a organismos federales, sin la intervención de autoridades locales”.

La zona en disputa, subraya el gobierno porteño, está ubicada en “un nodo estratégico de conectividad urbana” que vincula arterias clave como la Avenida 9 de Julio, Independencia y Entre Ríos. El Ejecutivo local teme que el eventual operativo de custodia, sumado a la constante presencia de manifestantes —partidarios o detractores— provoque “graves y sostenidas afectaciones” al funcionamiento cotidiano de la ciudad.

La tensión política detrás del reclamo judicial

El pedido del Ejecutivo de CABA se produce en un contexto de fuerte polarización política y reaviva las tensiones entre el oficialismo porteño y el kirchnerismo. La condena contra Cristina Fernández —seis años de prisión e inhabilitación perpetua por supuestas irregularidades en la obra pública— es considerada por amplios sectores sociales, académicos y jurídicos como parte de una estrategia de persecución judicial y proscripción política bajo el esquema del lawfare.

El argumento sobre los “riesgos operativos” que implica su presencia en Constitución también fue dirigido al Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de forzar una alternativa a la prisión domiciliaria allí. El escrito remarca que la cercanía con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA agravaría el escenario, por el movimiento constante de estudiantes y docentes, y reclama que, si se avanza con la medida, se delimiten horarios, accesos y condiciones de ingreso a su entorno.

Una condena discutida y el uso político de la logística urbana

El reclamo porteño no se limita a cuestiones técnicas. El hecho de que la detención de Cristina pueda tener lugar en un espacio público visible y simbólico refuerza la dimensión política del caso. La intención de “sacarla del centro” —literal y metafóricamente— no parece desligada de una estrategia más amplia de control del relato.

Mientras organismos de derechos humanos, juristas y referentes internacionales advierten por la manipulación judicial contra líderes progresistas de la región, el gobierno porteño introduce nuevos obstáculos bajo la excusa de una supuesta “afectación del interés general”.

La paradoja es evidente: la figura más relevante del peronismo contemporáneo podría quedar detenida en su propia casa —víctima de un proceso judicial irregular— mientras la administración local alega que el problema no es la persecución sino el tránsito.

¿Seguridad urbana o proscripción política encubierta?

Los argumentos presentados por la Ciudad —más allá de su formato jurídico— se insertan en un clima donde el Poder Judicial argentino enfrenta una creciente crisis de legitimidad. La falta de imparcialidad, las relaciones con sectores económicos concentrados y el uso discrecional de los tiempos procesales alimentan la sospecha de que, detrás de cada decisión técnica, hay una intención política.

La prisión domiciliaria en Constitución no es sólo una cuestión logística. Se trata de una escena simbólica, cargada de sentido en el actual mapa de poder: una ex presidenta condenada en un proceso plagado de irregularidades, que podría cumplir su pena a metros de miles de ciudadanxs, en pleno corazón de la Capital Federal.

Puntos clave:

• El gobierno porteño se opone a que Cristina Kirchner cumpla prisión domiciliaria en Constitución y formalizó el reclamo ante la Justicia.
• Jorge Macri argumenta que su presencia afectaría el tránsito, la seguridad y los servicios públicos.
• La Procuración sostiene que no se consultó al Ejecutivo local sobre los impactos urbanos de la medida.
• El reclamo se inscribe en un contexto de lawfare y persecución judicial contra CFK.
• El caso revela tensiones entre la logística urbana y la visibilidad política de la ex presidenta.