Casi 200 organizaciones sociales, de derechos humanos y empresariales alertaron que el proyecto oficialista de regulación del lobby criminaliza la participación ciudadana. El CELS, Poder Ciudadano, Amnistía Internacional y hasta la AmCham cuestionaron un texto que equipara a lobistas corporativos con madres que buscan justicia para sus hijos.

El proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, impulsado por el Poder Ejecutivo de Javier Milei y conocido como Ley de Lobby, comenzó esta semana su debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados. Lo que el oficialismo presentó como una herramienta de transparencia se convirtió de inmediato en el blanco de un arco inédito de críticas: desde organizaciones de derechos humanos hasta cámaras empresarias, pasando por ONGs, movimientos sociales y especialistas en participación ciudadana. El denominador común de las objeciones es contundente: la norma no regula el lobby corporativo, sino que criminaliza la participación cívica.

Un registro que no distingue entre el poder y los sin poder

El corazón del proyecto es la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de inscripción obligatoria para toda persona humana o jurídica que realice gestiones ante el Poder Ejecutivo o el Legislativo. La definición es tan amplia que abarca por igual al representante de una empresa minera que busca modificar la Ley de Glaciares y a un grupo de familias de personas con discapacidad que impulsa una emergencia sectorial.

Quienes no se inscriban en el registro enfrentan penas de prisión de seis meses a dos años por «gestión clandestina de intereses». La consecuencia práctica es demoledora: cualquier organización social que se acerque a un legislador sin estar registrada podría quedar expuesta a una acusación penal. «Una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobista corporativo no es una ley de transparencia», sintetizó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, en referencia a la lucha de la madre de Marita Verón para sancionar la ley de trata de personas.

Secchi fue terminante ante las comisiones: el proyecto «ataca a los movimientos ciudadanos de diferentes extractos ideológicos». Mencionó figuras como Juan Carlos Blumberg o María Luján Rey, personas que incidieron en políticas públicas desde el dolor de la pérdida de un hijo, y alertó que obligarlas a registrarse en un sistema de gestión de intereses y presentar informes trimestrales sobre sus actividades «es una ridiculez». Señaló además que el texto también afecta a los partidos políticos, que deberían declarar si se reúnen en reserva con alguna organización de la sociedad civil.

El CELS lo compara con leyes de gobiernos autoritarios

La directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, fue aún más explícita en su caracterización política del proyecto. «Con este proyecto, el Gobierno pretende restringir la actividad política, el control democrático, la participación social y la libertad de expresión, y darle aún más herramientas de persecución y vigilancia al Estado», declaró. Y puso en perspectiva comparada: «leyes de este tipo avanzan hoy en gobiernos autoritarios de distintos países del mundo».

La observación no es retórica. Las organizaciones que participaron del debate señalaron que el proyecto combina elementos de leyes clásicas de lobbying, como las de Chile, Perú o México, con componentes propios de regulaciones de influencia extranjera aplicadas en Rusia, Hungría, El Salvador y Nicaragua, donde normas presentadas como de transparencia terminaron ampliando las capacidades estatales de supervisión y represión sobre la sociedad civil.

La trampa del «interés extranjero»

Un punto particularmente sensible del proyecto es la exigencia de que cada gestor declare si representa intereses nacionales o extranjeros. Para organizaciones que trabajan en áreas como derechos humanos, transparencia institucional o fortalecimiento democrático, la cooperación internacional es una fuente de financiamiento habitual e indispensable. El texto habilita a la autoridad de aplicación a pedir información extraordinaria a esas organizaciones invocando conceptos como «seguridad interior» o «interés público», sin que el proyecto delimite con precisión esos términos.

Leandro Cahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, advirtió que con esta cláusula el Gobierno «busca asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil». Recordó que la cooperación internacional fue determinante para que la Argentina accediera a mejores herramientas sanitarias, desde vacunas hasta antirretrovirales para el VIH. «Hubiera sido prácticamente imposible para muchas de esas personas con VIH acceder al diálogo político con funcionarios y legisladores si esta ley hubiera estado vigente en ese momento», afirmó.

La Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI) también expresó su preocupación: el enfoque sobre intereses extranjeros y la incorporación de sanciones penales, indicaron, generan consecuencias directas para organizaciones que trabajan en incidencia pública y cooperación internacional.

Hasta la Cámara de Comercio de Estados Unidos objetó el proyecto

La singularidad del rechazo al proyecto queda en evidencia cuando se observa que hasta la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), habitualmente alineada con las posiciones del oficialismo, levantó objeciones. Su CEO, Alejandro Díaz, cuestionó la incorporación de sanciones penales en el plenario de comisiones: «un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados, desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en la elaboración de políticas públicas». Pidió reemplazarlas por un sistema de sanciones administrativas gradual, proporcional y progresivo.

También cuestionó la disposición que considera a las empresas con actividades de inversión internacional como automáticas representantes de intereses extranjeros por el solo hecho de formar parte de grupos multinacionales.

La Unión Industrial Argentina (UIA), por su parte, reclamó que se incorpore la figura del «beneficiario colectivo» para diferenciar las gestiones que hacen las empresas privadas de las que realizan cámaras que representan a sectores productivos. La directora de Departamentos Técnicos, Agustina Briner, realizó la presentación ante las comisiones.

190 organizaciones unidas contra el silenciamiento

Unas 190 organizaciones suscribieron un comunicado conjunto que resume el núcleo del problema. «El contacto entre una empresa y un funcionario en busca de un beneficio regulatorio o directamente económico no es comparable con el trabajo de una organización que promueve derechos, representa intereses de colectivos, expresa demandas sociales o se dedica al control democrático del poder», sostiene el documento. Y advierte: «equipararlos bajo el mismo régimen de registro, control y sanciones no es neutral: tiene consecuencias políticas serias».

La conclusión compartida por actores tan diversos como el CELS, Poder Ciudadano, Amnistía Internacional, la AmCham y la UIA es que «si formar parte del debate público implica riesgo penal, muchas organizaciones y colectivos organizados van a reducir su actividad». El efecto de silenciamiento, advierten, no es un resultado secundario del proyecto, sino su consecuencia más probable.

Con un cuadro de oposiciones tan amplio, el oficialismo difícilmente pueda reunir las firmas necesarias de sus aliados para conseguir dictamen y llevar el proyecto al recinto el 24 de junio.

Puntos clave

• El proyecto crea un Registro Público de Gestores de Intereses de inscripción obligatoria para toda entidad que gestione ante el Ejecutivo o el Legislativo, sin distinguir entre lobbistas corporativos y organizaciones civiles.
• Quien no se registre puede recibir una pena de prisión de seis meses a dos años por «gestión clandestina de intereses».
• Casi 190 organizaciones firmaron un comunicado que alerta contra el «efecto de silenciamiento» sobre la sociedad civil.
• El CELS comparó el proyecto con leyes de países como Rusia, Hungría, El Salvador y Nicaragua, donde normas similares se usaron para reprimir a organizaciones civiles.
• Hasta la AmCham y la UIA cuestionaron el régimen punitivo del proyecto ante las comisiones parlamentarias.