El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes el lanzamiento de una campaña diplomática para «desmantelar» la Corte Penal Internacional (CPI), pilar central del sistema de justicia internacional, y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses. La declaración fue acompañada de una columna de opinión publicada en The Wall Street Journal y un video difundido en redes sociales.

«La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos», afirmó Rubio en un comunicado oficial. También acusó a la entidad de librar «una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional».

El plan de desmantelamiento paso a paso

La estrategia anunciada por el Departamento de Estado incluye múltiples ejes de presión. En primer lugar, la prohibición de entrada a territorio estadounidense para todo el personal de la CPI. En segundo lugar, el endurecimiento de sanciones contra sus integrantes y las organizaciones que la apoyan. Y en tercer lugar, una campaña diplomática coordinada en la que altos funcionarios de Washington, incluyendo al propio Rubio, el vicesecretario de Estado y embajadores en todo el mundo, contactarán a gobiernos extranjeros para instarlos a retirarse del organismo y cortar su financiamiento.

La ofensiva también contempla «mayor escrutinio» para aquellos países que se nieguen a repudiar la autoridad de la Corte mientras dependen de la asistencia económica o el paraguas de seguridad militar de Estados Unidos, una presión que expertos en derecho internacional califican como coerción diplomática abierta. «Utilizando todos los recursos a disposición de nuestro gobierno, trabajando codo a codo con cada aliado con quien podamos unir fuerzas, desmantelaremos la CPI, paso a paso, si es necesario», escribió Rubio en The Wall Street Journal.

En la misma columna, el secretario de Estado calificó a la CPI de estar «respaldada y dirigida por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas engreídos y gobiernos hostiles del Tercer Mundo unidos por su enemistad hacia Estados Unidos». La caracterización, cargada de menosprecio hacia el sur global, evidencia la profundidad ideológica de la ofensiva.

Un conflicto que viene de lejos

Estados Unidos nunca firmó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI adoptado en 1998 y que entró en vigor en 2002. Desde su primer mandato, la administración Trump ya había apuntado contra el tribunal cuando este intentó investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal militar estadounidense en Afganistán. La administración del presidente Joe Biden levantó aquellas sanciones, pero el segundo gobierno de Trump las retomó y profundizó.

El detonante más reciente fue la actuación de la CPI en relación con la guerra en Gaza: en 2024 el tribunal emitió órdenes de captura contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra. Washington, que considera a Israel su aliado estratégico principal, respondió con una batería de sanciones contra funcionarios de la Corte. A la fecha, la administración Trump ha impuesto medidas restrictivas contra al menos once funcionarios del organismo, incluyendo al fiscal jefe Karim Khan, sus dos fiscales adjuntos y ocho jueces, además de una relatora especial de Naciones Unidas y tres organizaciones palestinas de derechos humanos.

Las juezas que demandaron a Trump

El anuncio de Rubio se produce en un contexto de creciente contraofensiva legal desde el interior mismo del tribunal. El 25 de junio pasado, tres juezas sancionadas presentaron una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el presidente Trump y su gabinete. Las magistradas son Kimberly Prost (Canadá), Solomy Balungi Bossa (Uganda) y Reine Alapini-Gansou (Benín), y solicitan que se declare ilegal la Orden Ejecutiva 14203, firmada por Trump el 6 de febrero de 2025, y que se levanten las sanciones en su contra.

El documento judicial, de 66 páginas, argumenta que las sanciones constituyen «una pena de muerte financiera» y que fueron impuestas «simplemente por desempeñar» funciones judiciales. La jueza Prost denunció concretamente la congelación de su cuenta bancaria en Estados Unidos, el bloqueo de tarjetas de crédito y la cancelación de sus cuentas en plataformas como Amazon, Google y Expedia. Su proveedor de seguro médico rechazó pagar reclamaciones y otras empresas del sector le negaron cobertura. La demanda señala que la orden ejecutiva excede las competencias presidenciales, contradice legislación aprobada por el Congreso y vulnera obligaciones internacionales asumidas por Estados Unidos.

James Goldston, codirector legal de la jueza Prost y de la Open Society Justice Initiative, afirmó que Washington utiliza estas sanciones para presionar a los jueces a emitir fallos favorables a la administración en casos vinculados a crímenes de guerra. «Estos jueces están siendo castigados por ejercer sus funciones judiciales de forma independiente», señaló. Se trata de la quinta impugnación judicial contra la Orden Ejecutiva 14203, y la primera presentada directamente por miembros de la CPI.

El multilateralismo en la cuerda floja

La CPI tiene el mandato de juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, y cuenta con el respaldo formal de 125 Estados partes, entre los que se encuentran casi todas las democracias occidentales. La Corte, que depende del apoyo diplomático y financiero externo para operar, rechazó la ofensiva de Washington con una declaración en la que advirtió que las medidas estadounidenses representan «un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional».

La nueva estrategia plantea un dilema de fondo para los aliados tradicionales de Washington. Muchos de ellos son Estados parte de la CPI y están jurídicamente comprometidos con su funcionamiento; al mismo tiempo, dependen de la cooperación militar, económica e inteligencia de Estados Unidos. La presión de Rubio los pone ante una disyuntiva que tensiona las alianzas transatlánticas y erosiona la arquitectura multilateral construida tras la Segunda Guerra Mundial.

Sobre este punto, la administración Trump también exigió a la CPI que modifique el Estatuto de Roma para impedir que el organismo pueda investigar o procesar a Trump una vez que abandone el cargo en 2029, un proceso que requiere el respaldo de dos tercios de los 125 países miembros y que la mayoría de los analistas considera políticamente inviable.

Puntos clave

• Rubio anunció una campaña diplomática para «desmantelar» la CPI, con prohibición de ingreso a funcionarios de la Corte al territorio estadounidense y presión sobre aliados para que se retiren del organismo.
• La administración Trump ya sancionó a once funcionarios de la CPI, incluyendo al fiscal jefe Karim Khan, ocho jueces y ambos fiscales adjuntos.
• Tres juezas (Prost, Bossa y Alapini-Gansou) demandaron a Trump el 25 de junio ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, calificando las sanciones de «pena de muerte financiera».
• La CPI fue creada en 2002 para juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad, y cuenta con el respaldo de 125 Estados; Estados Unidos nunca firmó el Estatuto de Roma.
• El conflicto se intensificó tras las órdenes de captura de la CPI contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza, emitidas en 2024.