Geopolítica 🌎
Londres prorroga licencias offshore en Malvinas y desafía el reclamo argentino
La administración colonial británica extendió por cinco años los permisos de exploración petrolera en el Atlántico Sur. El megaproyecto Sea Lion prevé extraer crudo en 2028 en flagrante violación a las resoluciones de Naciones Unidas y con medidas cautelares judiciales en su contra.
La administración británica en las Islas Malvinas resolvió prorrogar por cinco años las licencias otorgadas a compañías petroleras para operar en el Atlántico Sur, con la opción de sumar dos años extra si se cumplen los planes de trabajo. La medida consolida una política sistemática de avance unilateral sobre los recursos naturales estratégicos de la plataforma continental argentina, en abierto desafío a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe la controversia de soberanía.
El avance unilateral y la avanzada de Sea Lion
La decisión cuenta con el respaldo explícito de Londres. Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa colonial a cargo de Comercio, Industria y Recursos Minerales, justificó la maniobra al sostener que las prórrogas brindan seguridad a los operadores y argumentó: “Son recursos nuestros que debemos desarrollar”.
El foco principal de este esquema de explotación radica en el proyecto Sea Lion, situado en la cuenca Malvinas Norte, a 220 kilómetros del archipiélago. La firma israelí Navitas Petroleum (que controla el 65% del consorcio) y la británica Rockhopper Exploration (poseedora del 35% restante) proyectan iniciar la extracción comercial de crudo en marzo de 2028. Según reportó la Agencia NA, el plan contempla una primera etapa con once pozos submarinos enlazados a un buque de almacenamiento y descarga (FPSO), con un piso de extracción estimado en 50.000 barriles diarios y un objetivo inicial de recuperar 170 millones de barriles. Evaluaciones de las firmas calcularon reservas probadas y probables de hasta 314 millones de barriles en fases combinadas, requiriendo un despliegue financiero cercano a los 2.100 millones de dólares. Además de las citadas empresas, retienen permisos en el área firmas como Borders & Southern, Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI.
Límites legales y la respuesta judicial argentina
Las operaciones foráneas carecen por completo de habilitación de la República Argentina y vulneran la Ley 26.659 (modificada por la Ley 26.915), marco normativo que sanciona las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental con inhabilitaciones de hasta 20 años y penas de prisión de hasta 15 años. Estas penalidades alcanzan tanto a las firmas operadoras directas como a las entidades que provean financiamiento, apoyo técnico, seguros o logística.
En sede judicial, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar ordenando a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas al desarrollo de Sea Lion. La resolución se originó a partir de una demanda impulsada por el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, alertando sobre el riesgo ambiental y la ilegalidad de las obras sin evaluación de impacto nacional. Por su parte, la gestión de Javier Milei impulsó ante el Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con el objetivo de elevar las penalidades económicas y administrativas para quienes operen sin permiso oficial, en un escenario donde la aplicación efectiva tropieza con la falta de cooperación internacional del Reino Unido y el control de facto que ejerce sobre el área marítima disputada.
- El régimen británico en Malvinas prorrogó por cinco años las licencias petroleras offshore, con posibilidad de extensión por dos años adicionales.
- Las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration prevén comenzar la extracción de crudo en el yacimiento Sea Lion en marzo de 2028, con picos de 50.000 barriles por día.
- La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar las obras de Sea Lion ante una presentación del CECIM La Plata y la Asociación de Abogados Ambientalistas.
- Argentina ratifica la ilegalidad de las licencias bajo la Ley 26.659 y la violación británica a la Resolución 31/49 de la ONU.
- El Gobierno nacional remitió al Congreso un proyecto legislativo para endurecer multas y sanciones a las corporaciones que operen sin aval del Estado.
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Irán declaró terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea por la medida unilateral de Milei
Teherán designó a la Armada y a la Fuerza Aérea como “organizaciones terroristas”, en represalia por inscribir al CGRI en el RePET. Invocó una ley de 2019 y atribuyó a Buenos Aires la responsabilidad por las consecuencias. La decisión de Milei fue ministerial, sin ley del Congreso ni fallo judicial.
La Cancillería de Irán declaró este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como “organizaciones terroristas”. Lo hizo en un comunicado oficial, en represalia por la inscripción del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el registro argentino de entidades vinculadas al terrorismo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní presentó la medida como una respuesta recíproca a lo que describe como un paso “hostil” de Buenos Aires, contrario a principios fundamentales del derecho internacional, al designar como entidad terrorista al CGRI, al que Teherán señala como un componente oficial de sus Fuerzas Armadas.
Lo que dijo Teherán
La decisión, según el comunicado, se adopta al amparo de una ley de 2019 sobre medidas recíprocas, dictada tras la designación del CGRI como “organización terrorista” por Estados Unidos. El texto de esa norma, citado por la Cancillería iraní, establece que “todos los países que, de cualquier manera, acaten o respalden la decisión de los Estados Unidos de América de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista estarán sujetos a una acción recíproca”.
El comunicado no menciona al Ejército Argentino y no anunció sanciones ni otras medidas concretas, más allá de la calificación. Advirtió: “Es evidente que el Gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta acción”.
Qué implica esa designación
La calificación es un acto unilateral del Gobierno de Teherán, que somete a dos ramas de las Fuerzas Armadas argentinas a su norma de reciprocidad. El comunicado no precisó congelamiento de bienes, restricciones de tránsito ni disposiciones operativas sobre buques o aeronaves.
El 1 de noviembre, Irán aplicó el mismo mecanismo a la Marina Real y a la Fuerza Aérea del Reino Unido, como publicó El Argentino Diario. En abril, después de la inscripción del CGRI en el RePET, la Cancillería argentina declaró persona non grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y le dio 48 horas para dejar el país. El ministro Pablo Quirno confirmó entonces su salida.
Una decisión ministerial, sin Congreso ni sentencia
El Gobierno de Javier Milei anunció el 31 de marzo que declaraba al CGRI “organización terrorista” y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La formalización fue la Resolución Conjunta 3/2026 de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, firmada ese día por la ministra Alejandra Monteoliva y el ministro Pablo Quirno, y publicada el 6 de abril en el Boletín Oficial, cuando entró en vigencia.
No es una ley del Congreso ni una sentencia judicial. Es un acto administrativo del Ejecutivo, apoyado en el Decreto 918/2012, que habilita a ambos ministerios a pedir la inscripción en el RePET cuando consideren que hay “motivos fundados para sospechar” una amenaza externa a la seguridad nacional. Los considerandos invocan “informes de carácter reservado”.
El Comunicado Oficial 143 de la Oficina del Presidente, del 31 de marzo, sostuvo que esa inscripción habilita sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción del CGRI en el país. Esa vía unilateral, sin aval legislativo ni de la Justicia, es la que ahora Teherán toma como base para señalar a dos ramas de las Fuerzas Armadas argentinas.
Los atentados de los 90 y lo que dice la Justicia
La Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de su historia. El 17 de marzo de 1992, un atentado con coche bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires: 29 muertos y más de 200 heridos. El 18 de julio de 1994, otro ataque demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA): 85 personas asesinadas y más de 300 heridas, el peor atentado en suelo argentino.
El Comunicado Oficial 143 atribuye ambos ataques a Hezbolá, al que presenta como “el brazo operativo del CGRI en la región”, y afirma que las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia “determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. En virtud de ello, añade, la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, a quien el texto de marzo señaló como recién designado al frente del CGRI.
El Gobierno de Irán niega responsabilidad en esos atentados y rechaza las acusaciones contra sus funcionarios como infundadas, según la posición oficial de su Cancillería.
El costo del alineamiento
La Oficina del Presidente vinculó en marzo esa designación a un realineamiento: el Gobierno, dijo, está decidido a que la Argentina “vuelva a alinearse a la civilización occidental”. Teherán, en el comunicado de este miércoles, encuadró la decisión argentina en el acatamiento o el respaldo a la designación que Estados Unidos hizo del CGRI.
Hasta el cierre de esta nota, no trascendió una respuesta pública de Cancillería, del Ministerio de Defensa ni de Casa Rosada.
Lo que tenés que saber:
- Irán declaró este miércoles “organizaciones terroristas” a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas.
- Lo hizo en represalia por la inscripción del CGRI en el RePET, anunciada el 31 de marzo y formalizada el 6 de abril.
- Esa inscripción fue una resolución conjunta de dos ministerios, sin ley del Congreso ni sentencia judicial.
- Teherán invocó una ley de reciprocidad de 2019 y advirtió que el Gobierno argentino será responsable de las consecuencias derivadas de esta acción, sin detallarlas.
- No trascendió, al cierre, una respuesta oficial de Buenos Aires.
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