La Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en marcha el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, creado mediante la Ley N° 6.959, promulgada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el 30 de junio y publicada en el Boletín Oficial el 1 de julio. La iniciativa, que comenzará a operar el 3 de agosto, permite refinanciar deudas en mora por préstamos personales y tarjetas de crédito con una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses. El proyecto fue impulsado por el legislador peronista Leandro Santoro y contó con el voto de 42 legisladores sobre 60: todos los bloques apoyaron la iniciativa, con la sola excepción del bloque de La Libertad Avanza.

Una ley que nació de la crisis

El programa no surgió en el vacío. Llegó en un momento en que la mora de las familias argentinas alcanzó niveles históricos: 11,5% en los primeros meses de 2026, el registro más alto desde 2004, según datos del Banco Central. Los préstamos personales lideran el deterioro con una morosidad del 14,2%, mientras que las tarjetas de crédito registran un 11,7% de atraso. El trasfondo es conocido: desde diciembre de 2023, los servicios públicos acumularon subas superiores al 525%, el transporte rozó el 900% de incremento y la Canasta Básica Alimentaria exhibió variaciones interanuales del 32,8% a marzo de 2026, según el INDEC. Las familias recurrieron al crédito para cubrir lo que los salarios ya no alcanzaban a pagar. Cuando el crédito tampoco alcanzó, llegó la mora.

Según los propios fundamentos del proyecto aprobado, esta dinámica derivó en «un nivel de fragilidad financiera creciente, especialmente en sectores medios y medios bajos», generada por «el deterioro del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y la mayor utilización del crédito para cubrir gastos esenciales como alimentación, transporte y servicios básicos». La ley no nombra al gobierno de Milei, pero la cadena causal es inequívoca.

Qué ofrece el programa y quiénes pueden acceder

El Banco Ciudad será la entidad ancla del programa y ya confirmó su adhesión. Los demás bancos y entidades financieras reguladas por el BCRA tendrán tiempo hasta el 31 de julio para sumarse. Como incentivo, la ley establece una reducción del 50% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses generados por las refinanciaciones. Las entidades que adhieran podrán ofrecer condiciones mejores que las previstas como piso por la norma, pero no peores.

Para acceder al programa, las personas deberán cumplir con cinco requisitos: registrar deudas originadas exclusivamente en tarjetas de crédito o préstamos personales de entidades financieras bancarias; estar calificadas en la Central de Deudores del BCRA en Situación 2 (atraso de entre 60 y 90 días) o Situación 3 (entre 90 y 180 días) al 1 de junio de 2026; tener ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos (equivalente en la actualidad a $3.678.000 mensuales); acreditar que las cuotas adeudadas representan más del 30% de los ingresos del hogar; y contar con domicilio real en la Ciudad con una antigüedad mínima de dos años.

Quiénes quedan afuera: el mapa de las exclusiones

La ley establece un conjunto de exclusiones que define los límites del auxilio. No podrán acceder al programa quienes sean propietarios de más de un inmueble; quienes posean vehículos con menos de cinco años de antigüedad (salvo que los destinen a actividades laborales debidamente acreditadas); titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro; personas con activos financieros como plazos fijos, bonos o fondos comunes de inversión que excedan el total de la deuda reclamada; y quienes hayan adquirido divisas durante el período en que acumularon las deudas que ahora buscan refinanciar.

Esta última condición tiene un peso político particular: quien apostó al dólar mientras se endeudaba queda expresamente fuera de la red de contención. El diseño apunta a familias que genuinamente no pudieron pagar, no a quienes especularon con el tipo de cambio mientras acumulaban pasivos. La ley también excluye las deudas contraídas con billeteras virtuales o compañías financieras no bancarias, un segmento donde la mora creció con especial intensidad y que, paradójicamente, concentra a los sectores de menores ingresos con menor acceso al sistema bancario formal.

Una línea específica para trabajadores informales

La ley incluye una cláusula que merece atención: el Banco Ciudad deberá instrumentar, a través de Ciudad Microempresas S.A.U., una línea específica de refinanciación para emprendedores y trabajadores no registrados que mantengan obligaciones con esa entidad y registren atrasos de entre 60 y 180 días. Es una concesión a la economía informal, aunque acotada a quienes ya eran clientes del banco público porteño.

Un consenso con asterisco

El respaldo amplio que obtuvo la iniciativa en la Legislatura encubre una tensión de fondo. Jorge Macri valoró la aprobación y la presentó como un logro de consenso, destacando que fue «una propuesta que trabajamos en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura». Sin embargo, la autoría del proyecto corresponde al bloque opositor: fue el diputado peronista Leandro Santoro quien impulsó la iniciativa, secundado por los legisladores de su bancada Claudia Neira y Alejandro Grillo. El bloque macrista Vamos por Más, que conduce Silvia Lospennato, también votó a favor. El único bloque que rechazó la ley fue La Libertad Avanza, el espacio que a nivel nacional gobierna con el mismo modelo de ajuste que generó la crisis que este programa intenta paliar.

Desde el sistema financiero, fuentes de una entidad bancaria consultadas en reserva por medios especializados reconocieron que la ley «da un marco» útil para las negociaciones, aunque advirtieron que el proyecto original «era mucho más disruptivo» y que se llegó a «una alternativa de consenso con condiciones que los bancos tenemos disponibles». La versión sancionada, agregan las mismas fuentes, es «voluntaria» para las entidades, lo que la diferencia de los proyectos que circulan en el Congreso Nacional, algunos de los cuales incluyen quitas obligatorias y restricciones a la venta de cartera que, según el sector financiero, «generan sobrecostos y pueden traer un efecto contraproducente».

El contexto nacional: más de 30 proyectos esperando en el Congreso

La ley porteña no es un hecho aislado. Se aprobó en un momento en que más de 30 proyectos de refinanciación de deudas familiares aguardan tratamiento en el Congreso de la Nación, como respuesta a la morosidad récord que atraviesa el sistema financiero. El gobierno nacional, mientras tanto, no ha impulsado ninguna medida equivalente. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, descartó toda intervención estatal al calificar la crisis de pagos como «un proceso de aprendizaje para los bancos». Fue el Banco Nación el que, a fines de mayo, lanzó herramientas propias de refinanciación con tasas de hasta un 65% TNA, lejos del techo fijado por la norma porteña. La CABA, paradójicamente gobernada por el macrismo, terminó ofreciendo mejores condiciones que el gobierno libertario que integra la misma coalición.

Puntos clave

• La Ley N° 6.959 de CABA crea el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, vigente desde el 3 de agosto.
• La refinanciación se otorgará con tasa fija máxima del 35% TNA y plazo mínimo de 24 meses.
• Pueden acceder familias con ingresos inferiores a 10 salarios mínimos ($3.678.000) y mora de entre 60 y 180 días al 1 de junio.
• La ley fue aprobada con 42 votos sobre 60, con el único rechazo de La Libertad Avanza.
• Quedan excluidas las deudas con billeteras virtuales y fintech no bancarias, donde la mora crece con mayor intensidad.