Legislativo
Continúa la avanzada antiderechos en EEUU: van por el matrimonio igualitario
Solo este año, la Corte Suprema dejó de reconocer el derecho al aborto y lo dejó en manos de cada estado, limitó las restricciones para la portación de armas de fuego en la calle, habilitó el envío de fondos públicos a las escuelas religiosas, limitó el poder del presidente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y respaldó a un entrenador de una escuela que rezaba en el campo de juego después de los partidos.
El Congreso de Estados Unidos busca garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+ con una Ley de Protección al Matrimonio Igualitario con la que pretende anticiparse a una posible avanzada de la Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, que ya revirtió el derecho al aborto a nivel federal.
Solo este año, la Corte Suprema dejó de reconocer el derecho al aborto y lo dejó en manos de cada estado, limitó las restricciones para la portación de armas de fuego en la calle, habilitó el envío de fondos públicos a las escuelas religiosas, limitó el poder del presidente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y respaldó a un entrenador de una escuela que rezaba en el campo de juego después de los partidos.
«Existe hoy en día una Corte Suprema que es mucho más conservadora que la sociedad estadounidense y es una Corte que ha aceptado revisar casos que ponen en duda distintas leyes sociales establecidas y apoyadas por la mayoría», analizó en una entrevista Jennifer Cyr, investigadora y directora de programas de posgrado en Ciencia Política en la Universidad Torcuato di Tella, quien subrayó que eso «es un problema para la democracia en el país».
En junio pasado, cuando se anuló el fallo de 1973 que garantizaba el aborto en todo el país, el juez supremo Clarence Thomas escribió en su opinión concurrente que los jueces deberían reconsiderar muchas decisiones referidas a los derechos individuales, entre ellas el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El matrimonio igualitario es legal en Estados Unidos desde 2015, luego de que la Corte Suprema lo reconociera como un derecho fundamental en su sentencia Obergefell contra Hodges, amparada en la cláusula sobre protección igualitaria de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
El fallo está basado en una ley de la era Clinton, fallos judiciales e iniciativas de los votantes de 36 estados y el distrito de Columbia.
«Lo que esta ley hace es poner en palabras esa decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto la ley de la de la era de Clinton», explicó Gisela Sin, profesora de Ciencia Política y directora del Centro de Estudios para América Latina y el Caribe de la Universidad de Illinois, sobre la legislación para proteger el matrimonio igualitario que está siendo debatida actualmente en el Congreso.
«Eso no quiere decir que todos los estados tienen que aprobar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, pero con esta ley un estado sí tiene que aprobar o reconocer a un matrimonio civil entre personas del mismo sexo que se haya hecho en otro estado», agregó la experta.
Además, la nueva ley protegería a los matrimonios interraciales al exigir a los estados que los reconozcan más allá del «sexo, raza, etnia u origen nacional».
Los estados podrían llegar a aprobar una ley que prohíba el matrimonio igualitario, pero para Sin es muy difícil que eso pase porque «el matrimonio gay tiene una aprobación muy grande en la población».
El 70% de los estadounidenses apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que el 94% apoya las uniones interraciales, según una reciente encuesta de Gallup.
Aunque muchos republicanos se mostraron reacios a que el proyecto de ley avance en el Senado, 12 miembros del partido opositor sorprendieron al sumarse el 16 de noviembre a los 50 demócratas de la cámara y desbloquear el procedimiento que impedía que se le dé tratamiento al proyecto, que ya había sido aprobado en julio por la Cámara de Representantes, también con apoyo republicano.
El Congreso está cumpliendo con su rol «imponiendo cierto contrapeso contra una corte activista», subrayó Cyr, al referirse un tribunal que desde 2018, con el nombramiento de tres magistrados por parte del expresidente Donald Trump, perdió su equilibrio, llegando a tener seis de sus nueve ministros de ideología conservadora.
Pero lo cierto es que el apoyo al matrimonio igualitario es tan amplio en Estados Unidos que hasta la iglesia mormona se pronunció a favor del proyecto de ley.
Un día antes de que se apruebe el procedimiento en el Senado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dio su aval señalando que si bien considera que el matrimonio entre personas del mismo sexo es pecaminoso, la institución separa la doctrina religiosa de los derechos civiles.
Uno de sus principales representantes, el excandidato presidencial republicano (2012) y senador Mitt Romney, destacó que «esta legislación brinda protecciones importantes para la libertad religiosa, medidas que son particularmente importantes para proteger las libertades religiosas de nuestras instituciones basadas en la fe».
«Brinda certeza a muchos estadounidenses LGBTIQ+ y señala que el Congreso, y yo, estimamos y amamos a todos nuestros conciudadanos por igual», agregó el senador por Utah, estado donde tiene su sede principal la iglesia mormona.
Para Gisela Sin, parte del apoyo republicano tiene que ver con la opinión pública, con no quedarse pegados a una decisión de una corte conservadora -como ya les pasó con la anulación del fallo que legalizaba el aborto- en un tema como el matrimonio igualitario, que es apoyado por amplios sectores.
El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, fijó el jueves próximo la votación del proyecto, que deberá ser aprobado nuevamente por la Cámara de Representantes antes de ser enviado al presidente Joe Biden para su aprobación.
Los impulsores del proyecto de ley esperan que sea sometido a votación antes de fin de año porque en enero próximo se conformará la nueva Cámara de Representantes, de mayoría republicana.
Legislativo
«Estado de alerta»: LLA Tucumán contra el proyecto de información falsa
La agrupación libertaria rechazó la iniciativa de Carolina Vargas Aignasse, que ya tiene dictamen, por ser una amenaza a la libertad de expresión. La legisladora respondió que la ley no persigue opiniones y protege la sátira.
La Libertad Avanza de Tucumán se declaró «en estado de alerta» y expresó su «profunda preocupación» por el proyecto de la legisladora Carolina Vargas Aignasse que busca sancionar la difusión de información falsa en campañas electorales.
Bajo el lema «La libertad no se negocia. No nos van a callar», el espacio libertario sostuvo que la iniciativa, que ya tiene dictamen de comisión, «representa una grave amenaza contra la libertad de expresión y de prensa». Cuestionó que «sea el mismo Gobierno Provincial, mediante un juez, quien pueda determinar qué se puede decir y qué no», y afirmó que no hace falta crear mecanismos que puedan convertirse «en instrumentos de censura o intimidación».
La respuesta
Vargas Aignasse respondió en X: «La libertad de expresión es un derecho constitucional. La mentira deliberada para manipular a los ciudadanos con inteligencia artificial no puede confundirse con ese derecho». Aclaró que el proyecto «no busca perseguir opiniones ni silenciar críticas» sino «sancionar la difusión intencional de contenidos falsos o manipulados que puedan engañar a los ciudadanos y alterar el desarrollo de una elección», y que la libertad de expresión, la sátira y la parodia política están protegidas. «La democracia necesita libertad de expresión, pero también ciudadanos que puedan decidir sin ser engañados», cerró.
Lo que tenés que saber
- La Libertad Avanza de Tucumán se declaró en alerta por el proyecto de información falsa en campañas.
- La iniciativa, de Carolina Vargas Aignasse, ya tiene dictamen de comisión.
- El espacio libertario la considera una amenaza a la libertad de expresión.
- La legisladora dijo que el proyecto sanciona la difusión intencional de contenidos falsos y protege la sátira.
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