Legislativo
Continúa la avanzada antiderechos en EEUU: van por el matrimonio igualitario
Solo este año, la Corte Suprema dejó de reconocer el derecho al aborto y lo dejó en manos de cada estado, limitó las restricciones para la portación de armas de fuego en la calle, habilitó el envío de fondos públicos a las escuelas religiosas, limitó el poder del presidente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y respaldó a un entrenador de una escuela que rezaba en el campo de juego después de los partidos.
El Congreso de Estados Unidos busca garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+ con una Ley de Protección al Matrimonio Igualitario con la que pretende anticiparse a una posible avanzada de la Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, que ya revirtió el derecho al aborto a nivel federal.
Solo este año, la Corte Suprema dejó de reconocer el derecho al aborto y lo dejó en manos de cada estado, limitó las restricciones para la portación de armas de fuego en la calle, habilitó el envío de fondos públicos a las escuelas religiosas, limitó el poder del presidente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y respaldó a un entrenador de una escuela que rezaba en el campo de juego después de los partidos.
«Existe hoy en día una Corte Suprema que es mucho más conservadora que la sociedad estadounidense y es una Corte que ha aceptado revisar casos que ponen en duda distintas leyes sociales establecidas y apoyadas por la mayoría», analizó en una entrevista Jennifer Cyr, investigadora y directora de programas de posgrado en Ciencia Política en la Universidad Torcuato di Tella, quien subrayó que eso «es un problema para la democracia en el país».
En junio pasado, cuando se anuló el fallo de 1973 que garantizaba el aborto en todo el país, el juez supremo Clarence Thomas escribió en su opinión concurrente que los jueces deberían reconsiderar muchas decisiones referidas a los derechos individuales, entre ellas el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El matrimonio igualitario es legal en Estados Unidos desde 2015, luego de que la Corte Suprema lo reconociera como un derecho fundamental en su sentencia Obergefell contra Hodges, amparada en la cláusula sobre protección igualitaria de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
El fallo está basado en una ley de la era Clinton, fallos judiciales e iniciativas de los votantes de 36 estados y el distrito de Columbia.
«Lo que esta ley hace es poner en palabras esa decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto la ley de la de la era de Clinton», explicó Gisela Sin, profesora de Ciencia Política y directora del Centro de Estudios para América Latina y el Caribe de la Universidad de Illinois, sobre la legislación para proteger el matrimonio igualitario que está siendo debatida actualmente en el Congreso.
«Eso no quiere decir que todos los estados tienen que aprobar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, pero con esta ley un estado sí tiene que aprobar o reconocer a un matrimonio civil entre personas del mismo sexo que se haya hecho en otro estado», agregó la experta.
Además, la nueva ley protegería a los matrimonios interraciales al exigir a los estados que los reconozcan más allá del «sexo, raza, etnia u origen nacional».
Los estados podrían llegar a aprobar una ley que prohíba el matrimonio igualitario, pero para Sin es muy difícil que eso pase porque «el matrimonio gay tiene una aprobación muy grande en la población».
El 70% de los estadounidenses apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que el 94% apoya las uniones interraciales, según una reciente encuesta de Gallup.
Aunque muchos republicanos se mostraron reacios a que el proyecto de ley avance en el Senado, 12 miembros del partido opositor sorprendieron al sumarse el 16 de noviembre a los 50 demócratas de la cámara y desbloquear el procedimiento que impedía que se le dé tratamiento al proyecto, que ya había sido aprobado en julio por la Cámara de Representantes, también con apoyo republicano.
El Congreso está cumpliendo con su rol «imponiendo cierto contrapeso contra una corte activista», subrayó Cyr, al referirse un tribunal que desde 2018, con el nombramiento de tres magistrados por parte del expresidente Donald Trump, perdió su equilibrio, llegando a tener seis de sus nueve ministros de ideología conservadora.
Pero lo cierto es que el apoyo al matrimonio igualitario es tan amplio en Estados Unidos que hasta la iglesia mormona se pronunció a favor del proyecto de ley.
Un día antes de que se apruebe el procedimiento en el Senado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dio su aval señalando que si bien considera que el matrimonio entre personas del mismo sexo es pecaminoso, la institución separa la doctrina religiosa de los derechos civiles.
Uno de sus principales representantes, el excandidato presidencial republicano (2012) y senador Mitt Romney, destacó que «esta legislación brinda protecciones importantes para la libertad religiosa, medidas que son particularmente importantes para proteger las libertades religiosas de nuestras instituciones basadas en la fe».
«Brinda certeza a muchos estadounidenses LGBTIQ+ y señala que el Congreso, y yo, estimamos y amamos a todos nuestros conciudadanos por igual», agregó el senador por Utah, estado donde tiene su sede principal la iglesia mormona.
Para Gisela Sin, parte del apoyo republicano tiene que ver con la opinión pública, con no quedarse pegados a una decisión de una corte conservadora -como ya les pasó con la anulación del fallo que legalizaba el aborto- en un tema como el matrimonio igualitario, que es apoyado por amplios sectores.
El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, fijó el jueves próximo la votación del proyecto, que deberá ser aprobado nuevamente por la Cámara de Representantes antes de ser enviado al presidente Joe Biden para su aprobación.
Los impulsores del proyecto de ley esperan que sea sometido a votación antes de fin de año porque en enero próximo se conformará la nueva Cámara de Representantes, de mayoría republicana.
Buenos Aires
Celulares fuera del aula: la ley llega a secundarias, pero falta aplicarla
La Legislatura bonaerense extendió a las escuelas secundarias públicas y privadas la limitación del uso de celulares en clase y, en la misma sesión, aprobó la educación emocional y la Ley Ema de Convivencia Digital Segura. La aplicación depende ahora de la reglamentación.
Los celulares y las pantallas solo podrán utilizarse en las escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires cuando el docente a cargo lo contemple de forma explícita dentro de una planificación didáctica.
La iniciativa, del diputado Martín Rozas (bloque Unión y Libertad), amplía la ley provincial N° 15.534, que ya regulaba el uso de dispositivos en las escuelas primarias, y alcanza a los establecimientos de gestión pública y privada. La Cámara baja bonaerense la trató en una sesión en la que también se aprobaron la incorporación de la educación emocional y la Ley Ema de Convivencia Digital Segura.
Qué cambia en las secundarias
El texto busca promover un uso seguro y responsable de los dispositivos digitales, además de informar y concientizar a los alumnos de entre 6 y 17 años sobre los riesgos de la exposición excesiva a las pantallas. Según sostuvieron sus impulsores, la norma apunta a los efectos del uso excesivo sobre la atención y la concentración, y a riesgos como el ciberbullying, la difusión de rumores y la exposición a contenidos violentos.
Cada institución deberá adaptar su acuerdo institucional para definir el resguardo y el uso de los dispositivos fuera del horario pedagógico. La tecnología podrá incorporarse a las actividades cuando exista una finalidad educativa, y la norma plantea recuperar el aula como espacio de interacción y socialización.
Rozas sostuvo que el objetivo es brindar mayor protección a los adolescentes dentro de las instituciones educativas, sin desconocer la importancia de la tecnología en el aprendizaje. “Sabemos muy bien que la tecnología es una herramienta necesaria para el futuro y que es indispensable que los alumnos sepan manejarla. Pero también sabemos que la sobreexposición a las pantallas trae aparejadas situaciones perjudiciales para los adolescentes”, expresó el legislador.
Como antecedente, la prueba PISA 2022, coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicó que cerca del 30% de los estudiantes de los países miembros dijo distraerse con dispositivos digitales durante todas o la mayoría de las clases de Matemática.
Educación emocional en todos los niveles
Se aprobaron modificaciones a la Ley Provincial de Educación (N° 13.688) para incorporar formalmente la educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario. La propuesta busca sumar herramientas para el reconocimiento, la comprensión y la gestión de las emociones, con el objetivo de fortalecer las habilidades personales y sociales de niños y adolescentes, así como la convivencia en los establecimientos.
“Acá hay una urgencia y nosotros, que somos adultos y que deberíamos facilitarle la vida a los chicos y a las chicas, tenemos que dejar de mirar para otro lado y festejar que se haya votado esta ley para que se ponga en práctica”, expresó la legisladora Luciana Padulo durante el debate.
Ley Ema: convivencia digital segura
Impulsada por la diputada Mayra Mendoza, la Ley Ema crea un marco para garantizar el derecho de los estudiantes del sistema educativo provincial a desenvolverse en entornos virtuales protegidos y seguros. La norma prevé políticas, acciones y herramientas para prevenir y abordar situaciones de violencia en entornos tecnológicos. Además, crea un programa provincial para brindar recursos a las instituciones, fortalecer la convivencia digital y facilitar la intervención ante agresiones, hostigamiento u otras formas de violencia a través de plataformas tecnológicas.
El proyecto lleva el nombre de Ema, una adolescente bonaerense que murió el 24 de agosto de 2024 luego de que imágenes íntimas suyas fueran difundidas sin su consentimiento en el ámbito escolar. Se elaboró junto a su madre, Laura Sánchez, y organizaciones como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales, según se informó cuando Mendoza lo presentó en la Legislatura bonaerense. En Santa Fe, la Cámara de Senadores aprobó este año una norma con el mismo nombre, que la convirtió en la primera provincia con una ley específica contra la violencia digital en las escuelas.
Si vos o alguien de tu entorno atraviesa una situación de angustia, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida al 135 (CABA y Gran Buenos Aires) o al (011) 5275-1135 desde el resto del país.
Del texto a las aulas: lo que falta
La sanción no implica que la regulación empiece a regir de inmediato: según trascendió, la implementación queda sujeta a la publicación de la ley y a las disposiciones que establezca el organismo que designe el Poder Ejecutivo provincial. Aún no se confirmó desde cuándo se aplicará la restricción en las secundarias.
Queda por ver con qué recursos y con qué capacitación docente se pondrán en práctica el programa provincial de convivencia digital y la educación emocional, dos puntos sobre los que, por ahora, no se informaron detalles.
Lo que tenés que saber:
- La ley extiende a las secundarias públicas y privadas de la Provincia la regulación de celulares que ya existía para primarias (ley N° 15.534).
- Celulares y pantallas solo podrán usarse si el docente lo prevé de forma explícita en su planificación didáctica.
- El proyecto es del diputado Martín Rozas, del bloque Unión y Libertad.
- En la misma sesión se aprobaron la educación emocional (que modifica la ley N° 13.688) y la Ley Ema de Convivencia Digital Segura, impulsada por Mayra Mendoza.
- La implementación queda sujeta a la publicación de la ley y a las disposiciones del organismo que designe el Ejecutivo provincial.
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