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Continúa la avanzada antiderechos en EEUU: van por el matrimonio igualitario

Solo este año, la Corte Suprema dejó de reconocer el derecho al aborto y lo dejó en manos de cada estado, limitó las restricciones para la portación de armas de fuego en la calle, habilitó el envío de fondos públicos a las escuelas religiosas, limitó el poder del presidente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y respaldó a un entrenador de una escuela que rezaba en el campo de juego después de los partidos.

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 El Congreso de Estados Unidos busca garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+ con una Ley de Protección al Matrimonio Igualitario con la que pretende anticiparse a una posible avanzada de la Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, que ya revirtió el derecho al aborto a nivel federal.

Solo este año, la Corte Suprema dejó de reconocer el derecho al aborto y lo dejó en manos de cada estado, limitó las restricciones para la portación de armas de fuego en la calle, habilitó el envío de fondos públicos a las escuelas religiosas, limitó el poder del presidente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y respaldó a un entrenador de una escuela que rezaba en el campo de juego después de los partidos.

«Existe hoy en día una Corte Suprema que es mucho más conservadora que la sociedad estadounidense y es una Corte que ha aceptado revisar casos que ponen en duda distintas leyes sociales establecidas y apoyadas por la mayoría», analizó en una entrevista Jennifer Cyr, investigadora y directora de programas de posgrado en Ciencia Política en la Universidad Torcuato di Tella, quien subrayó que eso «es un problema para la democracia en el país».

En junio pasado, cuando se anuló el fallo de 1973 que garantizaba el aborto en todo el país, el juez supremo Clarence Thomas escribió en su opinión concurrente que los jueces deberían reconsiderar muchas decisiones referidas a los derechos individuales, entre ellas el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El matrimonio igualitario es legal en Estados Unidos desde 2015, luego de que la Corte Suprema lo reconociera como un derecho fundamental en su sentencia Obergefell contra Hodges, amparada en la cláusula sobre protección igualitaria de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

El fallo está basado en una ley de la era Clinton, fallos judiciales e iniciativas de los votantes de 36 estados y el distrito de Columbia.

«Lo que esta ley hace es poner en palabras esa decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto la ley de la de la era de Clinton», explicó Gisela Sin, profesora de Ciencia Política y directora del Centro de Estudios para América Latina y el Caribe de la Universidad de Illinois, sobre la legislación para proteger el matrimonio igualitario que está siendo debatida actualmente en el Congreso.

«Eso no quiere decir que todos los estados tienen que aprobar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, pero con esta ley un estado sí tiene que aprobar o reconocer a un matrimonio civil entre personas del mismo sexo que se haya hecho en otro estado», agregó la experta.

Además, la nueva ley protegería a los matrimonios interraciales al exigir a los estados que los reconozcan más allá del «sexo, raza, etnia u origen nacional».

Los estados podrían llegar a aprobar una ley que prohíba el matrimonio igualitario, pero para Sin es muy difícil que eso pase porque «el matrimonio gay tiene una aprobación muy grande en la población».

El 70% de los estadounidenses apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que el 94% apoya las uniones interraciales, según una reciente encuesta de Gallup.

Aunque muchos republicanos se mostraron reacios a que el proyecto de ley avance en el Senado, 12 miembros del partido opositor sorprendieron al sumarse el 16 de noviembre a los 50 demócratas de la cámara y desbloquear el procedimiento que impedía que se le dé tratamiento al proyecto, que ya había sido aprobado en julio por la Cámara de Representantes, también con apoyo republicano.

El Congreso está cumpliendo con su rol «imponiendo cierto contrapeso contra una corte activista», subrayó Cyr, al referirse un tribunal que desde 2018, con el nombramiento de tres magistrados por parte del expresidente Donald Trump, perdió su equilibrio, llegando a tener seis de sus nueve ministros de ideología conservadora.

Pero lo cierto es que el apoyo al matrimonio igualitario es tan amplio en Estados Unidos que hasta la iglesia mormona se pronunció a favor del proyecto de ley.

Un día antes de que se apruebe el procedimiento en el Senado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dio su aval señalando que si bien considera que el matrimonio entre personas del mismo sexo es pecaminoso, la institución separa la doctrina religiosa de los derechos civiles.

Uno de sus principales representantes, el excandidato presidencial republicano (2012) y senador Mitt Romney, destacó que «esta legislación brinda protecciones importantes para la libertad religiosa, medidas que son particularmente importantes para proteger las libertades religiosas de nuestras instituciones basadas en la fe».

«Brinda certeza a muchos estadounidenses LGBTIQ+ y señala que el Congreso, y yo, estimamos y amamos a todos nuestros conciudadanos por igual», agregó el senador por Utah, estado donde tiene su sede principal la iglesia mormona.

Para Gisela Sin, parte del apoyo republicano tiene que ver con la opinión pública, con no quedarse pegados a una decisión de una corte conservadora -como ya les pasó con la anulación del fallo que legalizaba el aborto- en un tema como el matrimonio igualitario, que es apoyado por amplios sectores.

El Argentino

El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, fijó el jueves próximo la votación del proyecto, que deberá ser aprobado nuevamente por la Cámara de Representantes antes de ser enviado al presidente Joe Biden para su aprobación.

Los impulsores del proyecto de ley esperan que sea sometido a votación antes de fin de año porque en enero próximo se conformará la nueva Cámara de Representantes, de mayoría republicana.

Legislativo

Oficializan plan para agilizar trámites y eliminar el vencimiento del certificado de discapacidad

Se oficializó hoy un plan que apunta a amplificar el despliegue territorial y promover la eliminación de la fecha de vencimiento de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD).

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La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) oficializó hoy un plan que apunta a amplificar el despliegue territorial y promover la eliminación de la fecha de vencimiento de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), lo que implica “una mejora en todos los pasos de la tramitación, desburocratizar y modernizar” el proceso, detalló Fernando Galarraga, director del organismo.

El “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad” publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) a través de la Resolución 113/2023 tiene como objetivo “considerar, analizar, desarrollar y ejecutar medidas y acciones complementarias que profundicen la reducción de barreras y de cargas burocráticas, y que mejoren y fortalezcan el vínculo de la ciudadanía con discapacidad con esta herramienta esencial de acceso a derechos».

El director de la Andis explicó que esta iniciativa busca “empezar a desbloquear trámites, acercar las herramientas del Estado a la gente y, en definitiva, que la gestión de cualquier trámite que se realiza la Agencia no sea un obstáculo para acceder al derecho que ese trámite garantiza”.

“Una de las patas que tiene este plan es diseñar una herramienta tecnológica -que ya está en proceso de diseño- para tener un dispositivo que nos permita generar estadística y facilitarle a las Juntas la carga de la documentación y de la de los certificados”, detalló el funcionario.

De este modo se podrá acceder a “una plataforma donde tengan información, actualización y se puede ver cuáles son las fechas en que tienen que acercarse a las Juntas o solicitar turno para una Junta si entienden que es necesario”, detalló Galarraga, y precisó que “estas cuestiones son las que van a ir cambiando a medida que avancemos en la implementación de este plan que va a llevar su tiempo hasta que esté en funcionamiento al cien por cien”.

El funcionario recordó la implementación del CUD en formato digital, como otra herramienta a la hora de hacer más simples las gestiones y apuntó que el Plan oficializado hoy “promueve estas acciones que mejoran todos los pasos de la tramitación” de la constancia de discapacidad.

“Esto implica desburocratizar y modernizar el trabajo de las Juntas de Certificación” ,que son las encargadas de otorgar, verificar y renovar los certificados de discapacidad “lo que se va a hacer en distintas instancias”, apuntó Galarraga.

Asimismo, el funcionario aseguró que la iniciativa introduce “una modificación muy significativa que es eliminar la fecha de vencimiento del CUD por otro proceso que tiene que ver con un acercamiento, un acompañamiento del Estado a través de la Junta a la persona con discapacidad para actualizar su situación y conocer en profundidad cuál es la situación de cada persona de manera periódica”.

Galarraga precisó que para poder llevar adelante el Plan es necesario que se realicen “modificaciones normativas que van a salir en las próximas semanas: un despliegue territorial intenso coordinado con las provincias, capacitaciones, creación de juntas itinerantes y fortalecimiento de las juntas en todo el territorio nacional”.

En este sentido, el director precisó que la Agencia coordina las 500 Juntas de Certificación que funcionan en todo el país y que una de las principales tareas de la Andis es “profundizar la capacitación y acercar esas Juntas a la gente en despliegues territoriales, acompañar a las 24 jurisdicciones y mejorar todo lo que tenga que ver con la certificación”.

Galarraga precisó que, “esto un proceso, y como tal lleva su tiempo. Por eso, en principio, se prorrogaron los vencimientos de los CUD que vencieron en 2022 y vencerán en 2023, para que las personas con discapacidad que hoy no consiguen turnos o tienen dificultades en relación a esta renovación no tengan ninguna dificultad y puedan seguir accediendo a todos los derechos”.

Asimismo, remarcó que “mientras terminamos de desarrollar el sistema, los nuevos CUD no van a tener más fecha de vencimiento, sino ese vencimiento se reemplaza por un proceso que tiene que ver con que la Junta se acerque a la persona para actualizar la información, acompañar y actualizar todos los datos y la información cualitativa en relación a la situación de esa persona con discapacidad”.

Galarraga aseguró que durante las audiencias públicas que se dieron en el marco del debate de la Nueva Ley de discapacidad “advertimos una demanda de organizaciones, de la sociedad civil. Hay reclamos históricos del colectivo en este sentido que van en las dos líneas que tratamos de abordar: por un lado la de promover el certificado como herramienta de Derecho, pero también resguardar la función que el certificado tiene para aportar información que sirva de base de construcción de políticas públicas”.

“Estamos viviendo un tiempo donde la política se viene haciendo cargo de manera mucho más activa, mucho más proactiva de la temática de la discapacidad, prueba de ello es lo que ocurrió en la Cámara de Diputados este año que le dio media sanción a algunos proyectos muy importantes como el del CUD, o el reconocimiento que se le dio a la Lengua de Señas Argentina”, sostuvo Galarraga.

Y concluyó: “aspiramos a que, en marzo, el presidente (Alberto Fernández) pueda finalmente elevar el proyecto que está en su fase final de tramitación, y que los legisladores en ambas cámaras puedan darle una respuesta concreta a las miles y miles de personas que participaron en las audiencias y a la historia, porque la nueva ley de discapacidad es una deuda de la democracia con la sociedad argentina”.

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