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Reinserción de ex presos en Economía Popular
Se impulsa un proyecto de ley donde se apunta a la inversión en polos productivos para dar trabajo a quienes deben reinsertarse tras cumplir condenas o acceder a su libertad, en contraposición al gasto millonario que representa seguir construyendo cárceles
Con una población carcelaria estimada en 110.000 personas en todo el país, que desborda la capacidad de alojamientos en las unidades penales, la reinserción laboral de quienes resultan liberados también representa un problema a resolver de manera urgente.
En tal sentido, la experiencia de conseguir trabajo genuino, a partir de formar parte de la economía popular, es una idea que arroja resultados positivos y resulta mucho menos costoso que la iniciativa de construir cárceles.
Días atrás, en el Congreso, se expuso el proyecto de ley para bajar la reincidencia de los presos a partir de la reinserción laboral en cooperativas de la economía popular. Su autora es la diputada nacional Natalia Zaracho (Frente de Todos), la primera legisladora cartonera y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Junto al diputado nacional Eduardo Toniolli convocaron a una audiencia pública, en la que se dio cuenta de los lineamientos de la iniciativa, que contó la presencia del viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández y el titular del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Hnatiuk, entre otros funcionarios.
“La experiencia de trabajar en la economía popular los aleja del delito y da paso a una reinserción concreta. Pero el Estado prefiere gastar 5.000.000 de pesos por preso para construir penales, que en los polos productivos que significa 320 mil pesos por liberado trabajando”, se indicó.
Por lo tanto, bajar la reincidencia, evitando que el liberado recaiga en el delito, es posible con reinserción laboral y social “como lo demuestra la realidad, que es superior a la idea”. “Así lo viven y demuestra los liberados que se organizan en la economía popular y que trabajan en forma cooperativa para el Estado. Es preferible votar un proyecto de ley que pone la inversión en polos productivos que en construir más penales”, agregaron.
El proyecto también cuenta con el respaldo de representantes de la Iglesia católica, tal como lo expresaron Carlos Accaputo de la Pastoral Social de la ciudad de Buenos Aires y el sacerdote de Lorenzo «Toto» Vedia de la villa 21-24 de Barracas.
Casi 200 cooperativas han incorporado a entre 1500 a 1700 liberados, quienes se sumaron a labores de la economía popular y se continúa apuntando a la creación de polos productivos de 50 personas que vaya contribuyendo a resolver la problemática de la reinserción de los ex presos, evitando la reincidencia delictiva.
La idea incluye capacitación en escuelas de oficio, la tarea de un equipo interdisciplinario, que impulsa la finalización de estudios, asistencia psicológica, revinculación familiar, recuperación de adicciones, trámites de documentos, entre otras cuestiones.
Buenos Aires
Villa Gesell: se negó a declarar Lucía Sosa, la madre acusada por la muerte de su beba
Tras la audiencia, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer de General Madariaga. Está imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte. Ya había sido juzgada por la muerte de otras dos de sus hijas en 2013 y 2016.
Lucía Sosa fue detenida luego de que la autopsia determinara que la beba de dos años murió como consecuencia de una asfixia obstructiva. El estudio forense concluyó que la víctima sufrió una hipoxemia, es decir, una disminución crítica del oxígeno en sangre, que derivó en un paro cardíaco fatal.
Previo a negarse a declarar, fue sometida a una revisión médica de rutina y mantuvo una entrevista con un defensor oficial. Luego, llegó el momento de la indagatoria ante el fiscal Walter Calderón, aunque la diligencia terminó rápidamente porque la imputada decidió hacer uso de su derecho a guardar silencio.
La investigación comenzó cuando la mujer llevó a Isabela sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia. Según manifestó al personal médico, la niña se había broncoaspirado con una mamadera, aunque esa versión quedó descartada tras los resultados de la autopsia.
Los antecedentes judiciales de Lucía Sosa
El caso generó un fuerte impacto debido a los antecedentes de la acusada. La Justicia ya la había investigado por las muertes de otras dos de sus hijas, Candela y Jazmín, ocurridas en 2013 y 2016. Por una de esas causas permaneció detenida durante casi dos años, aunque posteriormente fue absuelta en un juicio realizado en Mar del Plata.
Habló el hijo de la mujer investigada: “A mí también me quiso matar”
En medio de la investigación, Lucas Ruiz, hijo biológico de Lucía Sosa, brindó un duro testimonio en C5N, acompañado por su abogada. El joven fue separado de su familia cuando era un bebé, luego de que se detectara un contexto de violencia familiar.
“Elegí hablar porque busco justicia por mí y por mis hermanos. Es una mujer que nos hizo mucho daño, nos lastimó mucho a todos nosotros. Nos hizo pasar años muy dolorosos. Pese a las quejas nunca tuvimos una respuesta”, afirmó.
Ruiz también expresó sus sospechas sobre las muertes de sus hermanas, aunque esos hechos continúan siendo materia de investigación judicial. “No tengo ninguna duda de que mi madre biológica es la responsable del asesinato de mis tres hermanas. Tenemos todas las pruebas. Estaba todo planificado de la misma manera. Ella era la que las llevaba al hospital”, sostuvo.
Además, relató un episodio ocurrido cuando tenía apenas 21 días de vida. “Yo fui uno de los intentos. A los 21 días de nacido ingresé al hospital con un paro respiratorio por un intento de Lucía”, aseguró.
Finalmente, agregó: “A una de mis hermanas también la quisieron ahogar. Lucía la intentó asesinar y no pudo. Siempre era tapándonos la boca, cortándonos la respiración, ahogándonos. Yo lo viví y fui parte de uno de los intentos. Con 21 días entré con un cuadro de asfixia al Hospital Materno de Mar del Plata”.
(Las declaraciones de Lucas Ruiz forman parte de su testimonio público y que la responsabilidad penal de Lucía Sosa por los hechos investigados será determinada por la Justicia en el marco del proceso en curso.)
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