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Reinserción de ex presos en Economía Popular

Se impulsa un proyecto de ley donde se apunta a la inversión en polos productivos para dar trabajo a quienes deben reinsertarse tras cumplir condenas o acceder a su libertad, en contraposición al gasto millonario que representa seguir construyendo cárceles

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Con una población carcelaria estimada en 110.000 personas en todo el país, que desborda la capacidad de alojamientos en las unidades penales, la reinserción laboral de quienes resultan liberados también representa un problema a resolver de manera urgente.

En tal sentido, la experiencia de conseguir trabajo genuino, a partir de formar parte de la economía popular, es una idea que arroja resultados positivos y resulta mucho menos costoso que la iniciativa de construir cárceles.

Días atrás, en el Congreso, se expuso el proyecto de ley para bajar la reincidencia de los presos a partir de la reinserción laboral en cooperativas de la economía popular. Su autora es la diputada nacional Natalia Zaracho (Frente de Todos), la primera legisladora cartonera y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Junto al diputado nacional Eduardo Toniolli convocaron a una audiencia pública, en la que se dio cuenta de los lineamientos de la iniciativa, que contó la presencia del viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena,  la intendenta de Moreno, Mariel Fernández y el titular del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Hnatiuk, entre otros funcionarios.

“La experiencia de trabajar en la economía popular los aleja del delito y da paso a una reinserción concreta. Pero el Estado prefiere gastar 5.000.000 de pesos por preso para construir penales, que en los polos productivos que significa 320 mil pesos por liberado trabajando”, se indicó.

Por lo tanto, bajar la reincidencia, evitando que el liberado recaiga en el delito, es posible con reinserción laboral y social “como lo demuestra la realidad, que es superior a la idea”. “Así lo viven y demuestra los liberados que se organizan en la economía popular y que trabajan en forma cooperativa para el Estado. Es preferible votar un proyecto de ley que pone la inversión en polos productivos que en construir más penales”, agregaron.

El proyecto también cuenta con el respaldo de representantes de la Iglesia católica, tal como lo expresaron Carlos Accaputo de la Pastoral Social de la ciudad de Buenos Aires y el sacerdote de Lorenzo «Toto» Vedia de la villa 21-24 de Barracas.

Casi 200 cooperativas han incorporado a entre 1500 a 1700 liberados, quienes se sumaron a labores de la economía popular y se continúa apuntando a la creación de polos productivos de 50 personas que vaya contribuyendo a resolver la problemática de la reinserción de los ex presos, evitando la reincidencia delictiva.

La idea incluye capacitación en escuelas de oficio, la tarea de un equipo interdisciplinario, que impulsa la finalización de estudios, asistencia psicológica, revinculación familiar, recuperación de adicciones, trámites de documentos, entre otras cuestiones.

CABA

Armado en el baño: allanaron a un chico que posó con un revolver en su escuela de Balvanera

Un menor de 16 años fue imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego luego de que circularan fotos suyas en el grupo de WhatsApp del curso. El caso suma un nuevo episodio a la ola de violencia escolar que sacude a la Ciudad de Buenos Aires.

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Revólver en el baño: allanaron a un adolescente que posó con un arma en su escuela de Balvanera

★ Un adolescente de 16 años fue allanado e imputado esta semana luego de que se viralizaran fotografías en las que aparecía posando con un revólver en el baño de la Escuela de Comercio N°5 «José de San Martín», ubicada en el barrio porteño de Balvanera. El caso llegó a la Justicia gracias a la denuncia de un padre que detectó las imágenes en el grupo de WhatsApp del curso.

El episodio se inscribe en una serie de situaciones de violencia escolar que desde hace semanas mantienen en alerta a las autoridades educativas y judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, y que este medio viene cubriendo desde el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el pasado 30 de marzo.

Una foto en el grupo de WhatsApp disparó la causa

El detonante del proceso judicial fue una fotografía enviada por el adolescente al grupo de WhatsApp escolar identificado como «3-1», conformado por estudiantes del mismo establecimiento. La imagen, enviada con la función de visualización única, mostraba al menor junto a otros dos compañeros empuñando el arma en el baño del colegio, con la leyenda «La chispa está en 3ro 1ra».

Un padre que integra el grupo realizó capturas de pantalla de los intercambios y los presentó como prueba ante las autoridades. La denuncia llegó a la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo del fiscal Mauro Tereszko.

Allanamiento en la madrugada y secuestro de dispositivos

Con la autorización de la jueza Alicia Baridón Gómez, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, el allanamiento al domicilio del adolescente en Balvanera se realizó en la madrugada del miércoles. Intervinieron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.

En el operativo se secuestraron el teléfono celular del menor, una computadora portátil y un disco rígido, entre otros elementos considerados de interés para la investigación.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informó que el adolescente fue imputado por los delitos de intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, cargos que en conjunto contemplan una pena máxima de siete años de prisión. Además, el joven ya registraba una investigación previa por robo en el fuero de responsabilidad penal juvenil.

El protocolo que no alcanza

El caso se suma a una extensa cadena de episodios de amenazas y violencia en escuelas porteñas. Como informó este medio en reiteradas oportunidades, las amenazas de tiroteos se extendieron durante las últimas semanas a cientos de establecimientos en al menos doce provincias argentinas, con frases casi idénticas circulando por las mismas redes de mensajería.

El Gobierno de la Ciudad aplica desde el año pasado el «Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes», cuyo alcance real para desactivar estas situaciones sigue siendo objeto de debate.

El fiscal general Martín López Zavaleta explicó en una conferencia de prensa realizada el lunes en la sede del Gobierno de la Ciudad que se implementó «un esquema de coordinación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el área de acceso a la Justicia y de Política Criminal junto con las fiscalías intervinientes». El funcionario agregó que «la identificación y eventual responsabilización de los autores de estos hechos permite avanzar en cada caso concreto y cumple una función preventiva porque desalienta la reiteración de estas conductas».

La respuesta oficial apela así a la disuasión punitiva como principal herramienta ante un fenómeno que las propias autoridades reconocen como extendido y en crecimiento, sin que hasta el momento se haya anunciado ninguna política de fondo orientada a las causas estructurales que alimentan la violencia en las aulas.

Puntos clave

  • Un adolescente de 16 años fue allanado e imputado por posar con un revólver en el baño de la Escuela de Comercio N°5 «José de San Martín», en Balvanera.
  • Las fotos circularon por el grupo de WhatsApp del curso; un padre realizó la denuncia con capturas de pantalla.
  • En el allanamiento se secuestraron un celular, una notebook y un disco rígido.
  • El menor fue imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego (pena máxima: 7 años), y ya tenía una causa previa por robo.
  • El caso se suma a la ola de violencia escolar que desde semanas afecta a la Ciudad y al país.

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