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Bolivia: la dictadora Áñez seguirá presa

La dictadora y cara principal del Golpe de Estado contra Evo Morales dijo ser «una víctima» y «presa política». Enfrenta otros cargos, en procesos iniciados más tarde, por masacres y otros delitos en ejercicio de la Presidencia de facto.

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La golpista dictadora boliviana Jeanine Áñez fracasó en un nuevo intento de lograr la libertad con otro recurso judicial, durante una audiencia virtual en la que volvió a declararse víctima de un proceso político sin valor jurídico y calificó a los jueces como «vendidos» al poder.

«Éste es un juicio político, yo soy una presa política; estoy en total indefensión porque en los juicios políticos lo jurídico no tiene ningún valor», expresó la golpista, responsable de masacres policiales durante 2019, según mostraron videos de la audiencia.

Áñez está detenida desde marzo pasado en la fase inicial de un proceso penal ordinario por el golpe de 2019, pero enfrenta otros cargos, en procesos iniciados más tarde, por masacres y otros delitos en ejercicio de la Presidencia de facto.

La Sala Penal Cuarta de La Paz desestimó el recurso y ratificó la detención preventiva de Áñez al menos hasta mediados de febrero, por considerar que aún hay riesgo de que la expresidenta intente fugar u obstaculizar el proceso.

La ex senadora está acusada de golpe de Estado por la forma en que accedió a la Presidencia en noviembre de 2019 tras el derrocamiento del gobierno de Evo Morales.

Ante los jueces, la ex gobernante dijo que la Fiscalía «no ha aportado ni una sola prueba» de los delitos por los que se la procesa: terrorismo, sedición y conspiración (SIC).

Áñez demandó a los jueces que se liberen de la presión política que ejercería sobre ellos el gobierno de Luis Arce y pongan fin a su detención, a la que consideró un «secuestro de más de nueve meses», según la agencia Sputnik, citada por Télam.

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Imputaron al acusado por el intento de asesinato contra Trump y podría recibir cadena perpetua

La próxima audiencia ya fue fijada y se espera que en las próximas semanas se definan los pasos procesales siguientes.

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Cole Tomas Allen fue formalmente imputado por el intento de asesinato del Trump

El ciudadano estadounidense Cole Tomas Allen fue formalmente imputado por el intento de asesinato del presidente de EEUU, Donald Trump, tras el tiroteo ocurrido durante una cena en el Hotel Hilton, en el marco de la tradicional gala de corresponsales de la Casa Blanca.

El acusado, de 31 años, compareció ante el juez federal Matthew Sharbaugh, donde respondió preguntas y solicitó la designación de una defensa pública. Según se informó, permanecerá detenido bajo custodia federal mientras avanza el proceso judicial.

Cargos graves y posible condena máxima

Allen enfrenta múltiples cargos:

  • Intento de asesinato del presidente de Estados Unidos
  • Uso de arma de fuego en un delito violento
  • Transporte de armas con fines delictivos en comercio interestatal

De ser hallado culpable, podría recibir una condena de cadena perpetua. Además, algunos de los cargos prevén penas adicionales obligatorias, que podrían extender aún más su tiempo en prisión.

La acusación fue impulsada por la fiscal federal Jeanine Pirro, quien sostuvo que el ataque no dejó lugar a dudas sobre la intencionalidad: aseguró que el acusado buscaba atentar no solo contra Trump, sino también contra otros altos funcionarios del gobierno.

Un manifiesto con amenazas al Gobierno

En paralelo, la investigación reveló la existencia de un manifiesto redactado por Allen antes del ataque. El documento fue alertado por su propia familia a la policía minutos antes del hecho.

Según trascendió, el texto incluía expresiones de odio hacia el mandatario y referencias a un plan más amplio para atacar a miembros del gabinete. También describía la intención de avanzar de manera escalonada contra distintos objetivos políticos.

Las autoridades indicaron que el contenido del manifiesto será una pieza clave dentro de la causa, ya que refuerza la hipótesis de premeditación.

Investigación en curso

El caso sigue bajo análisis de la justicia federal estadounidense, que deberá determinar el grado de responsabilidad penal del acusado. La próxima audiencia ya fue fijada y se espera que en las próximas semanas se definan los pasos procesales siguientes.

El intento de atentado reavivó las preocupaciones en torno a la seguridad presidencial en Estados Unidos, especialmente en eventos públicos de alto perfil donde confluyen dirigentes políticos, periodistas y figuras influyentes.

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