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La quiebra del First Republic marca el segundo colapso bancario más grande de la historia de EEUU

Se trata de uno de los veinte bancos más grandes del país del norte. Para garantizar los depósitos bancarios, fue adquirido por JP Morgan por US$ 10.600 millones. Es la cuarta caída de un banco estadounidense en menos de dos meses, tras los del SVB, Slivergate y Signature Bank en marzo.

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La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), ente regulador estadounidense encargado de garantizar los depósitos bancarios, anunció este lunes el embargo y venta de activos del First Republic al JP Morgan, tras arrastrar serias dificultades desde las tensiones en el sector del mes pasado.

La caída del First Republic -uno de los veinte mayores bancos del país- es la más grande de la historia de los Estados Unidos sin contar las quiebras de bancos de inversión como Lehman Brothers, en términos de los activos y depósitos que ostentaba, únicamente por detrás del colapso de Washington Mutual de 2008, y superando la de Silicon Valley Bank (SVB).

También implica el cuarto colapso bancario en Estados Unidos en menos de dos meses, tras los del SVB, Slivergate y Signature Bank en marzo.

A través de un comunicado, la FDIC oficializó que el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California cerró el banco con sede en San Francisco y la nombró como administradora judicial, para luego vender las operaciones inmediatamente a JP Morgan Chase por US$ 10.600 millones.

«Para proteger a los depositantes, la FDIC va a entrar en un acuerdo de compra y toma de posesión con JP Morgan Chase Bank para asumir todos los depósitos y la mayoría de los activos de First Republic Bank», indicó el regulador.

El acuerdo implicó «un proceso de subasta sumamente competitivo» que resultó en una transacción que, según estimó la FDIC, le implicará a las arcas del Estado un costo de «cerca de US$ 13.000 millones» para poder rescatar al banco.

Como parte de la transacción, las 84 sucursales del First Republic ubicadas en ocho estados abrieron hoy como filiares del JP Morgan y retirarán el nombre previo.

El banco contaba, al 13 de abril último, con US$ 103.900 millones en depósitos y US$ 229.000 millones en activos, incluyendo US$ 173.000 millones en préstamos y US$ 30.000 millones en valores.

Tras el colapso de SVB y Signature Bank en marzo y un efecto contagio que derivó, por ejemplo, en la venta forzada del Credit Suisse a UBS en Europa, una gran cantidad de clientes comenzó a retirar sus depósitos de bancos regionales como el First Republic y los llevaron a otros bancos de mayor envergadura, que son considerados demasiado grandes como para que el Estado los deje quebrar.

Para rescatarlo, once grandes bancos de Estados Unidos -entre ellos el propio JP Morgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo- desembolsaron US$ 30.000 millones en las cuentas del First Republic, en un plan acordado con el Gobierno.

Pero esto no fue suficiente: el lunes pasado el banco presentó su balance trimestral en donde comunicó una caída del 41% -más de US$ 100.000 millones- en sus depósitos durante el primer trimestre.

Esta corrida, peor de la anticipada, llevó a un hundimiento en la cotización del banco en la bolsa la semana pasada, acumulando un derrumbe de 97% en lo que va del año, pasando de cotizar US$ 122,50 el pasado 1 de marzo a apenas US$ 3 el viernes último.

El desajuste entre activos y pasivos del banco fue uno de los desencadenantes en marzo pasado de la corrida. Estos suelen ser comunes en un marco económico de subas de tasas de interés, lo cual obliga a los bancos a pagar a los depositantes más de los que lo que reciben en materia de préstamos que concedieron antes del ajuste de la FED.

La propia FED, en un informe publicado el viernes último, reconoció que tardó demasiado en reconocer las consecuencias de las subas de tasas en los bancos, y prometió refinar sus normas reguladoras para evitar que vuelva a suceder una situación similar en el futuro.

Esta mirada es compartida por la FDIC: «Necesitamos terminar con nuestra cultura de rescate nacional que privatiza las ganancias, pero socializa las perdidas», dijo Jonahan McKernan, miembro de la junta directiva del organismo.

Al igual que el SVB, el First Republic se trata de un banco especializado en una determinada cartera de clientes, y ambos tenían una gran cantidad de depósitos sin asegurar – es decir, que superan los US$ 250.000-, lo cual aceleró la corrida por el temor a que, en caso de colapso, el Estado no los rescate pues, por ley, no tiene la obligación de hacerlo.

Precisamente las complicaciones de la cartera impidieron al First Republic encontrar por su propia cuenta un banco dispuesto a rescatar la empresa: la FDIC y el Tesoro, ante esto, tuvieron que intervenir y contactaron a seis bancos la semana pasada para buscarle un comprador aunque sólo JP Morgan brindó la solución más ordenada, según indicaron a AFP y a Bloomberg fuentes vinculadas a las operaciones.

La idea de las autoridades, desde el inicio, era no hacerse cargo de todo el costo del rescate, como fue el caso con el SVB y Signature, y la propuesta del JP Morgan fue la que menos erogaciones le incurrirá.

La FDIC como «endulzante» compartirá las pérdidas de los préstamos con el JPMorgan, al igual que sus eventuales recuperaciones – las cuales el organismo cree que serán mayores al mantenerlas en el sector privado-, y le ofrecerá también financiamiento por US$ 50.000 millones a cinco años.

Según el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, el rescate a First Republic «ayudará a estabilizar» el sector bancario.

«Puede que haya algún caso pequeño más, pero esto prácticamente resolverá todo», subrayó en una conferencia telefónica con periodistas antes de que abrieran las operaciones en Wall Street, aunque reconoció que las tensiones de los últimos dos meses probablemente restringa el crédito bancario en el país «por un tiempo».

Tras el anuncio, la cotización del JP Morgan presentaba una suba de 3,14% en Wall Street mientras que las operaciones del First Republic fueron paralizadas, como resultado de su desenlace.

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La inflación interanual sin tregua: 33% golpea el costo de vida

El INDEC confirmó este jueves una inflación del 2,1% en mayo, con una acumulación del 14,7% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 33,2%. El gobierno libertario festeja la desaceleración mensual, pero la fotografía completa revela que una familia tipo necesita casi un millón y medio de pesos para no ser pobre, mientras Comunicación, Salud y Alimentos encabezan las subas.

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El Argentino Diario-góndola-supermercado-inflación-consumo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo de 2026. El dato oficial confirmó una suba mensual del 2,1%, levemente por debajo del 2,6% registrado en abril. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año trepó al 14,7%, mientras que la variación interanual cerró en 33,2%, mostrando un leve incremento respecto al 32,4% de abril, dado que un año atrás los precios habían subido menos.

El número mensual fue recibido con alivio en los despachos oficiales, donde el ministro de Economía Luis Caputo viene prometiendo un anclaje inflacionario como eje central de la gestión libertaria. Sin embargo, la lectura crítica de los datos obliga a mirar más allá del índice mensual: una desaceleración que se apoya sobre una base ya devastada por el ajuste tarifario, los recortes al gasto social y el peso de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no equivale a recuperación del poder adquisitivo de los sectores populares.

Los rubros que más presionaron en mayo

Según los datos oficiales del INDEC, la división de Comunicación lideró los aumentos del mes con un 3,4%, impulsada principalmente por subas en telefonía e internet. La siguió Educación con un 2,9% de incremento, traccionada por los ajustes en cuotas de colegios privados. El rubro Salud también se ubicó por encima del promedio general, con un 2,6%, empujado por la aceleración de los medicamentos y las cuotas de las prepagas.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2,5%, por encima del índice general. El principal motor alcista dentro del rubro fue el precio de las verduras, con un salto del 27% de fuerte carácter estacional. Los productos panificados avanzaron alrededor del 2,5% y los lácteos un 3%, según la consultora privada C&T Asesores Económicos. En sentido contrario, la carne actúo como amortiguador, con un incremento de apenas el 1%, sosteniendo levemente el bolsillo de los sectores que más la consumen.

En el otro extremo de la tabla, los rubros de menor suba fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y Calzado (0,3%), este último influido por las campañas de descuentos del Hot Sale de fin de mes. Transporte registró un 2%, también por debajo del promedio general, tras los fuertes aumentos de combustibles de meses previos.

La brecha regional: el Noreste paga más, la Patagonia menos

El dato nacional oculta una distribución desigual del impacto inflacionario según la región del país. El Noreste fue la zona con la mayor variación del mes (2,6%), traccionada por subas en el gas en garrafa y los alquileres, dos rubros que golpean con especial dureza a los sectores más vulnerables de esas provincias. En el extremo opuesto, la Patagonia registró el menor incremento mensual, con un 1,7%.

La canasta que el dato mensual no puede tapar

El mismo jueves que el INDEC publicó el IPC, también actualizó los valores de las canastas básicas. Según los datos oficiales, en mayo una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) necesitó $1.500.000 aproximadamente para no caer bajo la línea de pobreza, de acuerdo con el informe de la Canasta Básica Total (CBT). Para no caer en la indigencia, ese mismo hogar requirió cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), cuyo valor para el mes se situó en torno a los $665.000.

Estos números ponen en evidencia la brecha estructural que la narrativa oficial sobre la «desinflación» no puede cerrar: los aumentos mensuales de entre 2% y 3% se acumulan sobre una base de precios que, desde diciembre de 2023, ya destruyó décadas de conquistas en materia de poder adquisitivo. Según informes del IIEP (UBA-CONICET), los servicios públicos acumulan una suba superior al 525% desde el inicio de la gestión libertaria, con el transporte bordeando el 900%.

El relato oficial versus la persistencia del 33% interanual

El gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su capital político sobre la idea del control inflacionario como prueba de gestión. El dato de mayo, levemente mejor que el de abril, alimentará ese argumento en los próximos días. Pero la variación interanual del 33,2% expone la trampa del relato: una inflación que se desacelera mes a mes pero que acumula, en doce meses, el equivalente a un tercio de los ingresos de cualquier familia trabajadora que llegó a diciembre de 2025 con el bolsillo intacto, es decir, ninguna.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta que la inflación interanual cerrará 2026 en torno al 30,5%. Esa cifra, de cumplirse, seguirá siendo una de las más altas de América Latina y muy superior a los compromisos asumidos con el FMI en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado suscripto en abril de 2025, que estipuló metas de desinflación mucho más agresivas a cambio de un desembolso de USD 20.000 millones.

En ese contexto, el dato mensual más bajo en meses no es una victoria: es el piso mínimo que el ajuste permanente debe ofrecer para mantener la ficción de que el modelo funciona, mientras millones de argentinas y argentinos siguen sin poder cubrir la canasta básica de alimentos.

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