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La quiebra del First Republic marca el segundo colapso bancario más grande de la historia de EEUU

Se trata de uno de los veinte bancos más grandes del país del norte. Para garantizar los depósitos bancarios, fue adquirido por JP Morgan por US$ 10.600 millones. Es la cuarta caída de un banco estadounidense en menos de dos meses, tras los del SVB, Slivergate y Signature Bank en marzo.

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La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), ente regulador estadounidense encargado de garantizar los depósitos bancarios, anunció este lunes el embargo y venta de activos del First Republic al JP Morgan, tras arrastrar serias dificultades desde las tensiones en el sector del mes pasado.

La caída del First Republic -uno de los veinte mayores bancos del país- es la más grande de la historia de los Estados Unidos sin contar las quiebras de bancos de inversión como Lehman Brothers, en términos de los activos y depósitos que ostentaba, únicamente por detrás del colapso de Washington Mutual de 2008, y superando la de Silicon Valley Bank (SVB).

También implica el cuarto colapso bancario en Estados Unidos en menos de dos meses, tras los del SVB, Slivergate y Signature Bank en marzo.

A través de un comunicado, la FDIC oficializó que el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California cerró el banco con sede en San Francisco y la nombró como administradora judicial, para luego vender las operaciones inmediatamente a JP Morgan Chase por US$ 10.600 millones.

«Para proteger a los depositantes, la FDIC va a entrar en un acuerdo de compra y toma de posesión con JP Morgan Chase Bank para asumir todos los depósitos y la mayoría de los activos de First Republic Bank», indicó el regulador.

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El acuerdo implicó «un proceso de subasta sumamente competitivo» que resultó en una transacción que, según estimó la FDIC, le implicará a las arcas del Estado un costo de «cerca de US$ 13.000 millones» para poder rescatar al banco.

Como parte de la transacción, las 84 sucursales del First Republic ubicadas en ocho estados abrieron hoy como filiares del JP Morgan y retirarán el nombre previo.

El banco contaba, al 13 de abril último, con US$ 103.900 millones en depósitos y US$ 229.000 millones en activos, incluyendo US$ 173.000 millones en préstamos y US$ 30.000 millones en valores.

Tras el colapso de SVB y Signature Bank en marzo y un efecto contagio que derivó, por ejemplo, en la venta forzada del Credit Suisse a UBS en Europa, una gran cantidad de clientes comenzó a retirar sus depósitos de bancos regionales como el First Republic y los llevaron a otros bancos de mayor envergadura, que son considerados demasiado grandes como para que el Estado los deje quebrar.

Para rescatarlo, once grandes bancos de Estados Unidos -entre ellos el propio JP Morgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo- desembolsaron US$ 30.000 millones en las cuentas del First Republic, en un plan acordado con el Gobierno.

Pero esto no fue suficiente: el lunes pasado el banco presentó su balance trimestral en donde comunicó una caída del 41% -más de US$ 100.000 millones- en sus depósitos durante el primer trimestre.

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Esta corrida, peor de la anticipada, llevó a un hundimiento en la cotización del banco en la bolsa la semana pasada, acumulando un derrumbe de 97% en lo que va del año, pasando de cotizar US$ 122,50 el pasado 1 de marzo a apenas US$ 3 el viernes último.

El desajuste entre activos y pasivos del banco fue uno de los desencadenantes en marzo pasado de la corrida. Estos suelen ser comunes en un marco económico de subas de tasas de interés, lo cual obliga a los bancos a pagar a los depositantes más de los que lo que reciben en materia de préstamos que concedieron antes del ajuste de la FED.

La propia FED, en un informe publicado el viernes último, reconoció que tardó demasiado en reconocer las consecuencias de las subas de tasas en los bancos, y prometió refinar sus normas reguladoras para evitar que vuelva a suceder una situación similar en el futuro.

Esta mirada es compartida por la FDIC: «Necesitamos terminar con nuestra cultura de rescate nacional que privatiza las ganancias, pero socializa las perdidas», dijo Jonahan McKernan, miembro de la junta directiva del organismo.

Al igual que el SVB, el First Republic se trata de un banco especializado en una determinada cartera de clientes, y ambos tenían una gran cantidad de depósitos sin asegurar – es decir, que superan los US$ 250.000-, lo cual aceleró la corrida por el temor a que, en caso de colapso, el Estado no los rescate pues, por ley, no tiene la obligación de hacerlo.

Precisamente las complicaciones de la cartera impidieron al First Republic encontrar por su propia cuenta un banco dispuesto a rescatar la empresa: la FDIC y el Tesoro, ante esto, tuvieron que intervenir y contactaron a seis bancos la semana pasada para buscarle un comprador aunque sólo JP Morgan brindó la solución más ordenada, según indicaron a AFP y a Bloomberg fuentes vinculadas a las operaciones.

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La idea de las autoridades, desde el inicio, era no hacerse cargo de todo el costo del rescate, como fue el caso con el SVB y Signature, y la propuesta del JP Morgan fue la que menos erogaciones le incurrirá.

La FDIC como «endulzante» compartirá las pérdidas de los préstamos con el JPMorgan, al igual que sus eventuales recuperaciones – las cuales el organismo cree que serán mayores al mantenerlas en el sector privado-, y le ofrecerá también financiamiento por US$ 50.000 millones a cinco años.

Según el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, el rescate a First Republic «ayudará a estabilizar» el sector bancario.

«Puede que haya algún caso pequeño más, pero esto prácticamente resolverá todo», subrayó en una conferencia telefónica con periodistas antes de que abrieran las operaciones en Wall Street, aunque reconoció que las tensiones de los últimos dos meses probablemente restringa el crédito bancario en el país «por un tiempo».

Tras el anuncio, la cotización del JP Morgan presentaba una suba de 3,14% en Wall Street mientras que las operaciones del First Republic fueron paralizadas, como resultado de su desenlace.

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Podría subir más el gas

El Gobierno dice no tener plata para seguir financiando las compras. Preocupación entre las distribuidoras.

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El pago de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), que llegan por barcos al puerto bonaerense de Escobar a un alto costo, le mete más presión a los aumentos de tarifas.

Es que los recientes incrementos solamente convalidaron los precios mayoristas que surgen de los contratos de las petroleras con producción nacional y las distribuidoras, formalizados con el Plan Gas.

Pero el Gobierno, en la Resolución 41/2024 de la Secretaría de Energía dictada a fines de marzo, no trasladó a los usuarios el costo estimado de las importaciones, que habitualmente es mayor que la producción local (más de US$ 10 por millón de BTU frente a US$ 4,43 en invierno, el período que va de mayo a septiembre).

De esta manera, si el Ministerio de Economía no se hace cargo de abonar la diferencia con subsidios, quedarían en riesgo los contratos económicos del sector.

Si bien no está en peligro el abastecimiento «físico» (es decir, habrá suficiente cantidad de moléculas de gas para todos), la duda es quién afrontará ese gasto adicional.

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Este año serán 30 cargamentos de gas importado que llegarán entre abril y agosto, comprados por la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).

A principios de abril, Enarsa compró los primeros 10 cargos por 210 millones de dólares, a un costo promedio de US$9,99 por millón de BTU; y este martes realizó la segunda licitación, que adjudicará en las próximas horas, con un costo que sería apenas más alto.

Pero a diferencia de los años anteriores, cuando Enarsa se hacía cargo de casi todo ese costo, esta vez el Gobierno decidió licitar en el Mercado Electrónico de Gas (Megsa) todo el gas importado para las distribuidoras a un precio de US$12,90, que incluye la importación y el proceso de regasificación -convertir el gas en estado líquido de 161 grados bajo cero para calentarlo a su estado natural de 15 grados e inyectarlo en los gasoductos de alta presión-.

Las nuevas autoridades de Enarsa lo intentaron dos veces y el resultado fue igual: ambas licitaciones quedaron desiertas.

Ninguna distribuidora se presentó a comprar el gas, porque no tienen la seguridad de que el Gobierno le va a autorizar el traslado de ese costo a sus usuarios finales (pass through), que son los hogares, comercios y pequeñas industrias.

La Ley 24.076 (ley del gas), que regula al sector, establece que las distribuidoras tienen un «principio de neutralidad»: no pueden ganar ni perder dinero por el componente gas, que compran a las productoras y lo entregan a los usuarios.

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El negocio de Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor y Gas NEA es regulado y tiene sus propias tarifas.

Estas empresas destinarán inversiones por $74.110 millones hasta el 31 de diciembre de 2024 para el mantenimiento y mejora de sus redes, como consecuencia del incremento de sus ingresos autorizado por el Gobierno.

Así las cosas, otra vez el camino se estrecha. En abril hubo un fuerte aumento del gas que supera el 650% interanual por la eliminación casi total de subsidios a los hogares N1 (ingresos altos), los comercios y las industrias, así como una quita parcial de la ayuda del Estado a los hogares N2 (ingresos bajos) y N3 (clase media).

En mayo habrá otro escalón superior, por la entrada en vigencia de los precios de invierno: el componente gas salta de US$2,89 a US$4,43 por millón de BTU en la zona de la Ciudad y el Gran Buenos Aires (GBA), donde tiene concesión Metrogas.

Pero si el conflicto económico por las importaciones se saldara en favor del traslado pleno a los usuarios, esos precios saltarían y generarían la necesidad de un incremento adicional de las tarifas.

Acá entra en juego la puesta en marcha el año pasado del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta, que ayuda a atenuar la cantidad de importaciones de combustibles líquidos y gas licuado, y a bajar el costo de abastecimiento local y los subsidios, al transportar producción -y trabajo- nacional con menores precios que el gas importado.

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Las lluvias, del lado de la oferta de energía hidroeléctrica, y la caída de la demanda por la recesión son otras variables centrales.

Según un informe de la consultora Economía & Energía, en 2024 los hogares N1 pasarán a cubrir el 82% del costo del gas, frente a 63% el año pasado.

La relación se invierte para los N2 y N3, a 6% versus 7% y 23% versus 24%, respectivamente; o sea, este año los usuarios domiciliarios de clase media y baja tendrían proporcionalmente más subsidios.

En términos absolutos, los subsidios al gas natural caerían de 1.173 millones de dólares en 2023 a entre US$489 millones y US$986 millones, dependiendo el nivel de suba de tarifas que decida el Gobierno en los próximos meses, cuando termine de diseñar e implementar la Canasta Básica Energética.

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