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Jujuy

Jujuy: infantería reprime con gases a menores en una matiné

El boliche Zaigua sería propiedad de un ex diputado del partido de Morales y la policía local demoró a dos adolescentes de 13 y 14 años y un joven de 18.

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Adolescentes que participaban anoche de una matiné bailable en un boliche de la zona sur de la capital jujeña denunciaron que personal de Infantería y guardias privados desalojaron el local con gas pimienta y gases lacrimógenos, lo que culminó con jóvenes intoxicados y disturbios en el lugar.

Los videos que se multiplicaron en las redes sociales daban cuenta de las denuncias de los padres de los adolescentes, quienes manifestaron que el boliche llamado Zaigua, ubicado en el barrio Alto Comedero de San Salvador, había excedido la capacidad máxima y en el desalojo se pudo observar a jóvenes intoxicados.

El evento organizado por el boliche se denominó «Guerra de promociones» al cual ingresaron una gran cantidad estudiantes desde los 13 años desde las horas de la tarde de este domingo hasta que se suspendió el evento cerca de las 22.

Al enterarse de la situación los padres de los menores se acercaron desesperadamente hasta la zona para buscar a sus hijos e hijas, repudiaron el accionar policial y la falta de control en relación a la cantidad de personas que ingresaron al local bailable.

Algunos de los menores debieron ser hospitalizados por los efectos de los gases, además que se registraron descompensaciones por parte de los adolescentes ante el amontonamiento dentro del boliche.

«Estamos hablando de que había más de 700 adolescentes que estaban dentro y fuera boliche, es decir que el lugar sobrepasó la capacidad de asistentes y acá hay una responsabilidad muy grande del Ministerio de Seguridad provincial y de los dueños del lugar», manifestaron activistas de Derechos Humanos de Jujuy.

Tanto los padres como los jóvenes afectados también cargaron contra el dueño del boliche, Emilio Cayo, exdiputado provincial y actual dirigente político cercano oficialismo jujeño, «por no garantizar la seguridad necesaria para los menores».

Por su parte, la policía de Jujuy informó que «en el momento de realizar el despeje del interior, se habría ocasionado incidentes con personal de seguridad privada quienes, según los testimonios de los menores de edad, habrían arrojado gas pimienta para acelerar el despeje, causando que varios jóvenes recibieran asistencia por parte del personal del Same».

Asimismo, confirmó que se demoró a dos menores de edad (13 y 14 años) y joven de 18 años, quienes, «se encontraban arrojando piedras al móvil policial, dañando el parabrisas en parte del centro inferior y hundimiento de chapa paragolpes trasero lado derecho, por lo que los efectivos proceden a su detención, seguidamente estos masculinos fueron trasladados hacia Comisaria Seccional 62».

En tanto, indicaron que personal de bomberos al llegar al lugar, «ayudó a un grupo de menores que habían caído al canal de riego. Así también personal de seguridad vial se hizo presente para la regulación del tránsito en el tramo de la ruta nacional 9».

Más adelante aseguraron que se inició actuaciones sumarias contravencionales para el boliche, el cual tiene una capacidad para 760 personas y se investiga «la supuesta venta de entradas en forma excesiva al tal evento».

A su vez, la comisión directiva del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems), repudió el «nefasto accionar policial que reprime estudiantes menores de edad en una actividad destinada a juntar fondos para solventar actividades anuales».

En un comunicado emitido por el espacio sindical señalaron que «el gas pimienta, los garrotes, el amedrentamiento no deben ser nunca los modos de resolver las situaciones. Por otra parte, se expuso la vida los adolescentes al intentar dispersarlos, orillándolos a una ruta nacional y a un zanjón».

«¿Quién controla a los boliches cuando hay actividades destinadas a menores? ¿Quién controla los procedimientos policiales?», se preguntaron finalmente desde el sector que nuclea a los docentes.

Judiciales ⚖️

Acusado de envenenar a sus mellizas recién nacidas: es juzgado tras más de 8 años prófugo

El acusado, identificado como P.G.Q., fue detenido en diciembre de 2025 cuando intentaba reingresar al país por un paso fronterizo. Está acusado de homicidio calificado por la muerte de una de las niñas y de tentativa respecto de la otra, recién nacidas en 2017.

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Según la acusación, dos recién nacidas fueron envenenadas y abandonadas dentro de una bolsa en un paraje rural de Jujuy: una murió y la otra sobrevivió. Nueve años después, el hombre señalado como autor, que estuvo más de ocho años prófugo, comenzó a ser juzgado.

El juicio contra P.G.Q. se inició el martes ante un Tribunal en lo Criminal integrado por los jueces Felicia Ester Barrios, Mario Ramón Puig y Pablo Pullen Llermanos. El Ministerio Público de la Acusación está representado por el fiscal Aldo Lozano. El acusado es juzgado por homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en coautoría, por la muerte de una de las niñas, y por ese mismo delito en grado de tentativa respecto de la otra.

La hipótesis fiscal

De acuerdo con el parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), durante la madrugada del 7 de julio de 2017, en una vivienda rural de Angosto del Perchel, ambas recién nacidas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida. Después, las habrían metido en una bolsa y dejado en las inmediaciones del inmueble.

Las niñas fueron encontradas horas más tarde y trasladadas de urgencia para recibir atención médica. Una de ellas murió; la otra sobrevivió luego de un prolongado período de internación y de tratamiento especializado.

En noviembre de 2017, el propio fiscal Lozano sostuvo que las pericias toxicológicas evidenciaban que las pequeñas habían ingerido un plaguicida y planteó que existió un acuerdo previo para matarlas. Entonces amplió la imputación contra la madre de las niñas y dispuso la detención de dos hombres de su entorno íntimo, a quienes imputó como presuntos coautores.

Ocho años prófugo y una identificación por ADN

El acusado permaneció prófugo desde 2017 hasta diciembre de 2025, cuando fue detenido al intentar ingresar nuevamente al territorio argentino por un paso fronterizo. La detención reactivó la causa. Luego se realizaron estudios genéticos que, según la investigación, establecieron que P.G.Q. es el padre biológico de ambas niñas.

Hasta el momento no se informó dónde estuvo durante esos más de ocho años ni por qué paso fronterizo intentó reingresar. La pregunta que deja el caso es cómo un hombre requerido por la Justicia pudo permanecer tanto tiempo fuera de su alcance.

La prueba y lo que sigue

Durante la investigación se incorporaron informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud y declaraciones de efectivos policiales que participaron del hallazgo. Con el inicio del debate oral, las partes analizaron la prueba admitida en la etapa de control de acusación.

El tribunal deberá determinar la eventual responsabilidad penal del acusado, quien goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

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