Judiciales ⚖️
Caso Báez Sosa: nueve rugbiers imputados van a juicio oral
El juez rechazó el pedido del abogado defensor para que cesara la prisión preventiva de los jóvenes que siguen detenidos.
El juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, elevó este jueves a juicio oral la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en esa ciudad balnearia, y dispuso que sean sometidos a proceso los ochos rugbiers que siguen detenidos y un noveno que había sido beneficiado con la falta de méritos por la fiscal de la causa.
Fuentes judiciales informaron que la medida del magistrado recayó sobre los imputados Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19), Ayrton Viollaz (21), quienes cumplen prisión preventiva, y Alejo Milanesi (19), quien se encuentra en libertad.
La resolución del juez va en línea con el pedido de la fiscal Verónica Zamboni respecto de los ocho detenidos en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas».
En cambio, Mancinelli rechazó el pedido de Zamboni para que sea sobreseído Milanesi, imputado como «partícipe necesario», e hizo lugar al planteo de los abogados de la familia de la víctima, Fernando Burlando y Fabián Améndola, para que su eventual responsabilidad penal se defina en un debate oral.
Fuentes de la investigación indicaron que el magistrado consideró que en el caso de este noveno imputado, el caudal probatorio es menor que para los otros ocho, pero no es suficiente para llegar a una certeza negativa en cuanto a que él no participó del hecho.
«ESTAMOS muy conformes, y vemos una justicia objetiva», aseguró Burlando.
De esta manera coincidió así con el planteo de los abogados de la querella, que al presentarse como acusadores particulares en este caso puntual, consideraron que «si bien no hay videos que muestren» a este joven «pegándole a Fernando, ello no demuestra con el grado de certeza requerido para un sobreseimiento que no participó en un principio de la golpiza o inclusive del plan para darle muerte».
Los abogados habían rechazado así el planteo de la fiscalía, que en su requerimiento de elevación a juicio presentado el 17 de noviembre último había apuntado exclusivamente a los ocho detenidos como quienes «aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, le propinaron» en el suelo «varias patadas en su rostro y cabeza» y «se dieron a la fuga del lugar, pretendiendo lograr su impunidad».
«Estamos muy conformes, y vemos una justicia objetiva», aseguró Burlando, tras conocerse la resolución del magistrado, y subrayó la decisión del magistrado de rechazar el sobreseimiento de Milanesi, que había sido respaldado además por el fiscal general de Dolores, Diego Escoda.
«Nosotros entendíamos que nos teníamos que poner en el rol de acusadores particulares e intentar resolver la situación de Milanesi en un juicio», señaló.
En cuanto a la situación puntual de este imputado, el único que no está detenido y el único acusado de ser partícipe necesario y no coautor, indicó que la elevación a juicio «no habla de una condena, ni de la culpabilidad», sino «solamente de que se va a resolver la situación de esta persona, que para nosotros merecía definirse en debate en esa instancia, nada más».
Por otra parte, en su resolución el juez hizo lugar al sobreseimiento definitivo de Juan Pedro Guarino (19), quien también estaba imputado como «partícipe necesario» del homicidio, en línea con la solicitud realizada en ese sentido por Zamboni, con la que coincidió la querella.
Además, Mancinelli rechazó los planteos de la defensa de los rugbiers, a cargo de Hugo Tomei, para que se dictara la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la fiscal.
El letrado había planteado el lunes último que la acusación presentaba una «imprecisa e insuficiente descripción de los hechos» y era «francamente deficiente para describir las conductas delictivas que pretende imputar».
Mientras que el juez rechazó también el pedido del abogado para que cesara la prisión preventiva de los jóvenes que siguen detenidos.
De este modo, los nueves rugbiers que siguen imputados deberán enfrentar un juicio oral con un tribunal colegiado en el Departamento Judicial de Dolores, luego de que los propios acusados rechazaron la posibilidad de que el proceso se realice con la modalidad de un jurado popular.
Los acusados renunciaron a ser juzgados por un tribunal ciudadano porque consideraron que no era posible conformar un jurado que no estuviera condicionado, debido a «la incuestionable y lapidaria condena social que se instaló» a través de los medios, que «dieron a conocer distintas constancias del expediente y realizaron una intolerable saturación de imágenes contenidas en distintos videos que integran el material probatorio».
En el juicio oral se debatirán además las responsabilidades penales de los nueve rugbiers por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando, que se encontraban con él la madrugada del ataque frente al boliche «Le Brique», en Avenida 3 y Paseo 102, pleno centro de Gesell.
Tras la elevación a juicio, la defensa de los rugbiers tendrá un plazo de cinco días para apelar la medida ante la Cámara de Dolores.
Judiciales ⚖️
Por qué la escribana de Adorni quedó en el centro de la investigación judicial
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni avanza sobre las actuaciones de la escribana Adriana Nechevenko, cuya intervención en operaciones inmobiliarias y préstamos sospechosos genera serios cuestionamientos legales.
Causa Adorni: ¿La escribana corre riesgo de quedar imputada?
★ La situación judicial de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster se agravó en el marco de la causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita profundiza la pesquisa sobre posibles irregularidades en la verificación del origen de los fondos utilizados por el funcionario para la compra de un inmueble en Caballito, tras testimonios que expusieron mecanismos financieros de dudosa transparencia.
El rol de la escribana bajo sospecha
Ante las consultas del fiscal sobre el origen del dinero para la adquisición del departamento, la escribana respondió de manera evasiva, limitándose a decir «pregúntenle a él». Esta postura choca con sus obligaciones como sujeto obligado en materia de prevención de lavado de activos. Según las normativas vigentes, que incluyen la resolución 242/2023 de la UIF y los lineamientos del GAFI, los escribanos deben actuar como un filtro de control, recabando información sobre el perfil del cliente y reportando cualquier operación sospechosa.
La falta de verificación de la congruencia patrimonial, especialmente al tratarse de un funcionario público y persona expuesta políticamente (PEP), coloca a Nechevenko en una posición de vulnerabilidad jurídica frente a la posible figura de lavado de dinero. Especialistas señalan que operaciones donde se abona una fracción mínima del valor total y el resto se financia sin intereses claros constituyen alertas ineludibles que, de no ser reportadas, podrían derivar en graves consecuencias legales.
El testimonio de las prestamistas
Este lunes, Graciela Molina de Cancio y su hija, Victoria María Cancio, comparecieron ante la justicia en calidad de testigos. Ambas confirmaron haber otorgado un préstamo de 100.000 dólares a Adorni en noviembre de 2024, actuando bajo el asesoramiento directo de Nechevenko. El acuerdo, que implica una devolución en cuotas con un 11 por ciento de interés, fue garantizado con la hipoteca de la anterior vivienda del funcionario en Parque Chacabuco.
El carácter de las testigos añade un matiz inquietante a la causa, al tratarse de personal vinculado a las fuerzas de seguridad (comisaria retirada y contadora de la Policía Federal). Además, durante la revisión de los dispositivos en busca de pruebas, se hallaron mensajes donde la propia escribana enviaba a las prestamistas emojis de «fuerza» ante la instancia judicial, un gesto que los investigadores interpretan como una injerencia indebida sobre los testimonios que deben ser imparciales.
Puntos clave
- La escribana Adriana Nechevenko es investigada por no verificar el origen de los fondos en las operaciones de Adorni.
- La normativa de la UIF obliga a los escribanos a denunciar operaciones inusuales o sospechosas.
- Las prestamistas, vinculadas a la PFA, confirmaron un préstamo hipotecario no bancario de 100.000 dólares.
- La operación se concretó el mismo día en que la esposa de Adorni adquirió otra propiedad en el country Indio Cuá.
- Se hallaron mensajes de la escribana hacia las testigos que podrían comprometer la objetividad de los testimonios.
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