El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recusará este miércoles al juez porteño Roberto Gallardo, quien este martes ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, dentro del plazo de dos días, informe si elaboró un protocolo de testeos de coronavirus para personal docente y no docente de los establecimientos educativos dependientes de su órbita.

En ese marco, Gallardo fijó audiencia -virtual- para el próximo 10 de febrero a las 12, a la que deberán concurrir en forma «personal e indelegable» la ministra de Educación de la Ciudad, María Soledad Acuña; y el de Salud, Fernán Quirós.

En respuesta, la Procuración General de la Ciudad concretará la recusación contra el magistrado, según confirmaron fuentes del Gobierno porteño, aunque, no obstante, Quirós y Acuña afirmaron este miércoles que darán las explicaciones correspondientes ante la justicia.

Al opinar sobre la citación del juez, Quirós indicó: «Hasta donde entiendo, el juez pide información de la estrategia de testeos y es muy apropiado dialogar sobre la estrategia, y estamos dispuestos a explicarle a la Justicia el aval científico y las razones por las cuales es correcto hacer una estrategia de testeo intensiva».

Durante la conferencia de prensa diaria que brinda sobre la situación sanitaria, Quirós agregó que, «si la Justicia lo que requiere es información para darle tranquilidad a los trabajadores de cómo van a ser testeados, desde ya que para nosotros es importante hacerlo y lo haremos las veces que quieran».

Al ser consultado sobre lo que eventualmente decidirá el magistrado sobre las clases, afirmó: «Yo no tengo ninguna opinión ni prejuicio sobre lo que se va a disponer en el ámbito de la Justicia, es algo que me excede».

Por su parte, la titular de la cartera educativa porteña, Soledad Acuña, se mostró convencida de que, pese a la citación del juez Gallardo, el 17 comenzarán en el distrito «las clases sin problemas».

«Si eso supone darle más información al juez se la daremos. Está previsto que los docentes se hagan los testeos y, también, anunciamos que, cuando estén disponibles las vacunas para docentes empezamos el plan de vacunación», indicó la funcionaria por radio Continental.

«Habría que preguntarle a él (por Gallardo) cuál es su intencionalidad, la nuestra es que empiecen las clases y haremos lo que haga falta para que los chicos estén en las aulas», añadió Acuña.

La acción de amparo

En su resolución de este martes, el magistrado dispuso, además, que el Gobierno porteño «puntualmente» informe «si está previsto realizar dichos testeos de manera previa al ciclo lectivo 2021, debiendo indicar, en su caso, lugar, fecha y modalidad de la realización».

Ante la acción de amparo promovida por Claudio Luis Elías, quien reclamó que se obligue en el ámbito local a efectuar los testeos, Gallardo citó a los funcionarios a una audiencia que se realizará en forma virtual, a través del sistema Cisco Webex, implementado por el Consejo de la Magistratura de la CABA.

Según la disposición del juez, en la audiencia podrán participar «todas aquellas personas que tengan interés en el resultado del litigio».

Además, el magistrado requirió que se le informe también si la administración de Horacio Rodríguez Larreta tiene previsto realizar testeos de «manera periódica» durante el ciclo lectivo 2021, «así como la adopción de otras medidas tendientes a prevenir la propagación del virus Covid-19 en el ámbito escolar».

Los convocados a la audiencia, destacó Gallardo, «podrán formular las aclaraciones que estimen pertinentes respecto del objeto del litigio y de sus pretensiones, y deberán, asimismo, brindar las explicaciones que el Tribunal estime conducentes para la resolución de las cuestiones planteadas».

El magistrado, preocupado por «información inexacta» o «noticias falsas» que le atribuyeron la suspensión anticipada de las clases presenciales, precisó que «el juzgado lo único que ha resuelto es convocar a una audiencia» para que los ministros (por Acuña y Quirós) informen al tribunal sobre las condiciones para el retorno presencial a las aulas y, en ese sentido, explicó que les pidió detalles sobre «cómo se operará la regularización de la presencialidad» por lo que luego, señaló Gallardo, «se podrá tomar una decisión».

Por tratarse de un «proceso colectivo», el magistrado ordenó que su resolución se haga pública para «garantizar que las personas que pudieran llegar a tener un interés en el resultado del litigio conozcan su existencia».

El juez decidió que la acción de amparo promovida sea puesta en conocimiento de los gremios docentes con actuación en el distrito porteño, como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE Capital), la Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (Sedeba).

Gallardo, titular del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario Número 2, notificó al Gobierno de la ciudad a través de edictos publicados en el Boletín Oficial y con el envío de una mail a la casilla oficial del GCBA.

Días atrás, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había ratificado la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de que las clases presenciales comenzarán el miércoles 17 de febrero próximo.

El jefe de Gobierno anunció que ese retorno se haría «con la mayor presencialidad posible» y de manera escalonada, con «un plan de testeos para docentes» desde el 8 de febrero