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Tucumán: cuatro barrios llevan a la SAT a la Justicia por falta de agua y cloacas

Vecinos de Cerro de las Rosas, Villa 9 de Julio, Ampliación Kennedy y el pasaje Bordabehere presentaron un amparo contra la Sociedad Aguas del Tucumán, con mayoría estatal. Los acompañaron los concejales Canelada y Cobos.

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Nuevas cañerías azules de la obra de renovación del acueducto El Cadillal, en Tucumán

Vecinos de cuatro sectores de San Miguel de Tucumán acudieron a la Justicia porque en sus casas falta el agua en las canillas, hay pérdidas permanentes y líquidos cloacales sobre calles y veredas. El 14 de octubre presentaron un amparo contra la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), la prestataria del servicio, una sociedad con participación estatal mayoritaria en la que la Provincia tiene el 90% del capital. El reclamo también apunta a la administración del gobernador Osvaldo Jaldo.

La presentación comprende a los barrios Cerro de las Rosas, Villa 9 de Julio y Ampliación Kennedy, además del pasaje Bordabehere. La acompañaron los concejales radicales de San Miguel de Tucumán José María Canelada y Gustavo Cobos, de la oposición en el Concejo Deliberante capitalino.

El derecho al agua como servicio esencial

El agua potable y el saneamiento no son un favor administrativo: son un servicio esencial a cargo del Estado provincial a través de una empresa pública. Cuando fallan el suministro y las cloacas, lo que está en juego es la salud, la higiene y la dignidad cotidiana de quienes viven en esos barrios. Los damnificados afirman haber recurrido a la empresa y a organismos de control sin conseguir soluciones suficientes, y por eso llevaron el conflicto a los tribunales.

Canelada sostuvo que la falta de respuestas obligó a los vecinos a judicializar el reclamo, y cuestionó las prioridades del Gobierno provincial, al contraponer las negociaciones electorales con las dificultades para acceder a un servicio esencial. Según la prensa local, el concejal recordó además que ya obtuvieron fallos favorables contra la empresa: «Nosotros ya le venimos ganando amparos a la SAT. Al principio de este año hemos ganado dos amparos que han beneficiado a cuatro barrios. Algunos de ellos llevaban dos décadas sin agua, y a través de la Justicia hemos logrado que por fin la SAT haga su trabajo».

El canal administrativo del ERSEPT

La vía administrativa está prevista en el propio sistema provincial. El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) dispone de un formulario de reclamo que exige el número de cuenta de la SAT y el número del reclamo hecho antes ante la empresa, además de la constancia de ese reclamo previo, la factura del servicio y el DNI del usuario. Por ese canal se pueden presentar reclamos por facturación, daños o calidad del servicio.

La existencia del canal no acredita que cada gestión particular haya sido resuelta. Los vecinos sostienen que sus trámites anteriores no corrigieron las deficiencias denunciadas.

Una obra de gran escala que no cierra el amparo

El 12 de agosto, el Gobierno de Tucumán y el ERSEPT informaron que la renovación del acueducto El Cadillal, el principal sistema de transporte de agua hacia el Gran San Miguel de Tucumán, tenía un 40% de avance, con una inversión de aproximadamente 2.000 millones de pesos y más de 250.000 usuarios beneficiados. Según esa comunicación oficial, los trabajos de la SAT incluyen el recambio de válvulas, cámaras y accesorios a lo largo de más de 20 kilómetros de traza, hasta la planta Muñecas.

El 22 de septiembre, en una recorrida de Jaldo por la planta Muñecas, el titular de la SAT, Marcelo Caponio, dijo que el acueducto abastece a unos 300.000 tucumanos y que el recambio de las válvulas demanda unos 4.000 millones de pesos, financiados con recursos propios de la empresa, según informó el Gobierno provincial.

Esos trabajos corresponden a la infraestructura troncal y no resuelven por sí solos las conexiones domiciliarias ni los desbordes cloacales incluidos en el amparo. Mientras la obra avanza, los cuatro barrios pidieron a la Justicia que se haga cargo de un reclamo concreto: agua potable y saneamiento en las manzanas donde viven.

Lo que tenés que saber:

  • Vecinos de cuatro sectores de San Miguel de Tucumán presentaron el 14 de octubre un amparo contra la SAT por falta de agua y desbordes cloacales.
  • Los barrios son Cerro de las Rosas, Villa 9 de Julio, Ampliación Kennedy y el pasaje Bordabehere; los acompañaron los concejales radicales Canelada y Cobos.
  • La SAT es una sociedad con participación estatal mayoritaria: la Provincia tiene el 90% del capital.
  • El ERSEPT tiene un formulario de reclamos; los vecinos dicen que sus gestiones previas no resolvieron el problema.
  • La renovación del acueducto El Cadillal, informada el 12 de agosto, prevé unos $2.000 millones para más de 250.000 usuarios, pero no resuelve las conexiones domiciliarias del amparo.

Entre Ríos

Ofrecen $20 millones por Bertulazzi: investigan si se oculta en Entre Ríos

El ex integrante de las Brigadas Rojas se descolgó con un arnés el martes de su domicilio de Defensa 649, en San Telmo. Que esté en Entre Ríos es una hipótesis sin confirmar; el Ministerio de Seguridad ofrece 20 millones de pesos por datos.

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El Argentino Diario-Fuga de Leonardo Bertulazzi.
Bertulazzi, ex integrante de las Brigadas Rojas, se fugó el martes 10 de noviembre de su domicilio de Defensa 649, en San Telmo.

Analizan si Leonardo Bertulazzi, ex integrante de las Brigadas Rojas italianas que se fugó el martes de su arresto domiciliario en San Telmo, se oculta en Entre Ríos. Es una hipótesis que surge de versiones periodísticas: se apoya en una declaración que no se precisó y en que vivió un tiempo en Concepción del Uruguay, cuando tenía el estatus de refugiado. Hasta el cierre de esta nota no había un comunicado oficial que confirmara un alerta provincial ni su paradero. Según fuentes del caso, los detectives creen que salió de la Ciudad de Buenos Aires, pero que sigue en el país.

Bertulazzi, italiano de 74 años nacido en Verona, cumplía arresto domiciliario en Defensa 649, piso 5°, departamento H, con tobillera electrónica y consigna de la Policía Federal, a la espera de su extradición a Italia. El martes 10 de noviembre se fugó. Según la reconstrucción de la pesquisa, se descolgó con un arnés desde el balcón del quinto piso hasta un terreno lindero, trepó un portón de más de dos metros y salió a la calle Bolívar. Una cámara de seguridad registró parte del recorrido. La fuga se advirtió en el relevo de la custodia.

Cómo se produjo la fuga

Los efectivos tocaron el timbre y no obtuvieron respuesta; más tarde la esposa de Bertulazzi informó que no estaba. El primer reporte del centro de monitoreo indicó que la tobillera seguía en la vivienda, y un nuevo informe confirmó esa ubicación. En el operativo se halló un dispositivo con cables, que el escuadrón de explosivos descartó como artefacto: había un tubo, una almohadilla térmica y carne de cerdo alrededor de la tobillera. Según otras versiones, también un tensiómetro. Las autoridades señalaron que los parámetros de temperatura y humedad no variaron, por lo que no se activaron las alertas.

La jueza María Romilda Servini ordenó allanamientos en domicilios vinculados con personas que podrían conocer su paradero, y una de las hipótesis es que recibió ayuda. Fuentes del caso indicaron que se investiga el rol de su esposa.

Quién controlaba y qué se discute

El monitoreo de la tobillera estaba a cargo del Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Seguridad desde el Decreto 8/2023, y la consigna presencial era de la Policía Federal, que también integra esa cartera. Es la misma cartera que ahora ofrece la recompensa. Hasta el cierre de esta nota no trascendió una explicación oficial sobre la falla del control electrónico.

Según fuentes de la investigación, unas dos semanas antes Bertulazzi intentó sacarse la tobillera y el sistema activó una alarma. La Policía Federal pidió entonces que fuera trasladado a una unidad penitenciaria o dependencia policial, y también pidió medidas de seguridad más estrictas, pero la Justicia mantuvo el arresto domiciliario y una consigna frente al edificio. Los investigadores analizan si hubo fallas en los controles y en la evaluación del riesgo de fuga. Su defensor, Rodolfo Yanzón, confirmó la fuga y dijo que el juzgado rechazó un último planteo contra la extradición, fundado en razones de salud, y que Interpol estaba lista para trasladarlo.

La recompensa y el pedido del juzgado

El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por datos útiles para dar con el paradero y lograr la captura de Bertulazzi. Lo dispuso la Resolución 1168/2026, firmada el 10 de noviembre y publicada el 11 en el Boletín Oficial, a pedido “muy urgente” del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.° 1, que tramita la causa CFP 18.156/2002. La orden de captura rige desde el 10. Los datos se reciben en la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, con reserva de identidad,.

Según el oficio judicial reproducido en la resolución, Bertulazzi debe cumplir en Italia una pena unificada de 27 años de prisión, por sentencias firmes. Una, de la Corte d’Assise de Milán de 1985, se refiere, entre otros delitos, a participación en banda armada con fines de terrorismo y subversión del orden democrático, tenencia y porte de armas y explosivos e incendio. Otra, de la Corte d’Assise d’Appello de Génova, ese mismo año, corresponde a secuestro agravado, robo agravado continuado y apología del delito. Las condenas se dictaron en ausencia. La resolución invoca la gravedad de esos delitos y su vinculación con hechos de terrorismo para justificar la urgencia.

La extradición y el refugio

El 1 de julio de 2025, la Corte Suprema confirmó la procedencia de la extradición a Italia, por la pena de 27 años. El fallo aclaró que no abría juicio sobre la pérdida de su estatus de refugiado, que se discute en el fuero contencioso administrativo federal, y la decisión final le corresponde al Poder Ejecutivo. La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) le reconoció el estatus en 2004 y lo dio por cesado el 29 de agosto de 2024, mediante la Resolución 320/2024. Ese día Bertulazzi fue detenido y, por su edad y su salud, quedó bajo arresto domiciliario.

Lo que tenés que saber:

  • Bertulazzi, ex integrante de las Brigadas Rojas, se fugó el martes 10 de noviembre de su domicilio de Defensa 649, en San Telmo, donde tenía tobillera y custodia policial.
  • Que esté en Entre Ríos es una hipótesis basada en versiones periodísticas; no hay confirmación oficial de su paradero.
  • Seguridad ofrece 20 millones de pesos por la Resolución 1168/2026; los datos se reciben en el 134.
  • El monitoreo estaba a cargo del Servicio Penitenciario Federal y la consigna, de la Policía Federal, ambos bajo el Ministerio de Seguridad.
  • La Corte confirmó la extradición el 1 de julio de 2025; el Poder Ejecutivo decide la entrega.
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