Judiciales ⚖️
Desbarataron una red de falsos médicos con base en Florencio Varela: 9 detenidos
Tras 37 allanamientos en el conurbano y la Ciudad, hay nueve detenidos y 20 aprehendidos. La causa investiga ejercicio ilegal de la medicina y presuntas maniobras sobre fondos del PAMI y de IOMA.
Una organización acusada de operar como una red de atención médica clandestina, con base en Florencio Varela, quedó en la mira de la Justicia después de 37 allanamientos que terminaron con nueve detenidos, 20 aprehendidos y decenas de elementos sanitarios incautados. Todos los involucrados gozan de la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme.
Según la investigación, que arrancó en enero de este año, el grupo se dedicaba presuntamente a la atención domiciliaria y al traslado de pacientes a hospitales de la zona y centros especializados mediante prestaciones clandestinas. La base operativa estaba en Florencio Varela.
Cómo habrían operado
De las tareas de inteligencia y de las intervenciones telefónicas surgió que los integrantes usaban camionetas ploteadas como ambulancias y parcialmente acondicionadas, con personal que ejercería funciones de chofer, enfermería y medicina sin las habilitaciones ni las matrículas correspondientes.
Según fuentes judiciales, también hay indicios de que los pacientes «serían captados mediante maniobras engañosas y que algunas de las prácticas efectuadas habrían agravado sus patologías». Los investigadores establecieron además presuntos vínculos con una empresa radicada en Avellaneda cuyos empleados derivarían servicios de atención y traslado a la organización, que tendría un referente principal e incluiría a personas que ejercerían ilegalmente la medicina y a una contadora pública que estaría vinculada a las maniobras.
Con esos elementos se dictaron órdenes de detención contra los presuntos cabecillas y partícipes, a quienes se vincula con maniobras fraudulentas sobre fondos destinados a prestaciones de salud, entre ellos los del PAMI y de IOMA.
El operativo y lo que se secuestró
Los 37 allanamientos se hicieron en Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, Berazategui, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires.
Entre lo incautado figuran siete ambulancias, 22 sellos médicos, 65 sellos de distintas instituciones médicas y un sello de contadora; recetarios y talonarios con formularios médicos, entre ellos un talonario de recetas del PAMI; indumentaria con inscripciones del SAME de la provincia de Buenos Aires; equipamiento sanitario, medicamentos, 57 celulares y documentación.
Quiénes investigan y cómo está caratulada la causa
La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N.º 1, del fiscal Darío Provisionato, con intervención del juez de garantías Marcelo Villagra, del Juzgado N.º 8 descentralizado de Florencio Varela, en el Departamento Judicial Quilmes.
La causa, caratulada como asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre y usurpación de títulos y honores, sigue abierta para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer quiénes integraban la organización.
Lo que tenés que saber:
- 37 allanamientos en el conurbano y la Ciudad desarticularon una red acusada de ejercer ilegalmente la medicina, con base en Florencio Varela.
- Hay nueve detenidos y 20 aprehendidos.
- Se secuestraron siete ambulancias, sellos médicos, recetarios (incluido uno del PAMI) e indumentaria con inscripciones del SAME.
- La pesquisa apunta a la captación engañosa de pacientes y a presuntas maniobras sobre fondos del PAMI y de IOMA.
- Investigan la UFIyJ N.º 1, del fiscal Darío Provisionato, y el juez Marcelo Villagra, del Juzgado N.º 8 de Florencio Varela.
DDHH
Rivaldi gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados y este miércoles se conoce su veredicto
El policía federal Cristian Rivaldi será juzgado este miércoles por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una marcha de jubilados. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni resistir, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
Dos años y dos meses después del ataque con gas pimienta a una nena sentada en el suelo durante una marcha de jubilados, la Justicia federal resolverá en una sola audiencia si el policía que la roció debe ser condenado.

El juicio contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas, por el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso. Las víctimas son Fabrizia Pegoraro, que tenía 10 años, y su madre, Carla Pegoraro. La audiencia se desarrollará en una sola jornada: tras escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente, se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación.
Un ataque registrado en video
El hecho ocurrió durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia y a su madre cuando ambas estaban sentadas en el suelo.
El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio en un dictamen del 21 de octubre de 2025, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada y a corta distancia. Según el fiscal, las víctimas estaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna.
La acusación se apoya en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir el momento en que accionó el aerosol. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó Taiano. El fiscal describió que Rivaldi no solo apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, y que después de recibir el gas en el rostro la nena se cubrió de manera instintiva. También señaló que se observa una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba la madre.
Taiano remarcó además que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, lo que le daba mayor visibilidad del entorno y de las personas. Por eso concluyó que el policía apuntó y accionó el dispositivo con pleno conocimiento e intención de lo que hacía.
La defensa dice que no la vio
Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor. Explicó que ese día recibió la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada, y que los efectivos debieron usar elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos. Aseguró que advirtió la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada arrojó gas pimienta contra un jefe policial.
Sobre Fabrizia, sostuvo que no observó a ninguna menor y que, de haberla visto entre los manifestantes, la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada. Según trascendió, el efectivo también planteó que los deberes de protección y cuidado de la niña le incumbían a su madre. Tras el episodio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó a la madre por haber llevado a la niña a la manifestación.
Taiano consideró que la explicación del policía no tiene respaldo en las pruebas. Descartó que un tercero hubiera arrojado el gas, porque esa situación no aparece en los registros audiovisuales y la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.
Conjuntivitis química y un procesamiento confirmado
La acusación cuenta con documentación médica. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. En la epicrisis quedó asentada la frase “me tiraron gas pimienta”.
Carla Pegoraro declaró que ambas estaban tranquilas y que las rociaron mientras permanecían sentadas en el suelo. Contó que personas que estaban en el lugar les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días. Declaró que “tanto mi hija como yo fuimos gaseadas” y describió irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo.
La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
El reglamento y la mínima fuerza necesaria
Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores, y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza. También citó el protocolo para el mantenimiento del orden público, que exige emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos. Concluyó que el uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado, y la Fiscalía pidió que responda como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
Qué se juzga y qué queda afuera
El juicio de este miércoles define la responsabilidad individual de un efectivo, pero el caso expone una discusión más amplia sobre cómo se controlan las protestas frente al Congreso. Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, y la madre de la niña había pedido en la causa que se citara a indagatoria a la entonces ministra Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales. La pregunta que deja el expediente es hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta una orden y de quienes la imparten.
Con la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Rafecas deberá definir si el uso de gas pimienta contra una nena de 10 años, sentada y sin resistir, constituyó el delito que sostiene la acusación.
Lo que tenés que saber
- El juicio a Cristian Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas y el veredicto se conocerá en una sola jornada.
- Se lo acusa de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre el 11 de septiembre de 2024.
- El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni ofrecer resistencia, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
- La niña fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía el 13 de septiembre de 2024.
- La Cámara Federal confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos.
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