Conectate con El Argentino

DDHH

Rivaldi gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados y este miércoles se conoce su veredicto

El policía federal Cristian Rivaldi será juzgado este miércoles por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una marcha de jubilados. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni resistir, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.

Publicado hace

#

Dos años y dos meses después del ataque con gas pimienta a una nena sentada en el suelo durante una marcha de jubilados, la Justicia federal resolverá en una sola audiencia si el policía que la roció debe ser condenado.

El Argentino Diario-Niña gaseada por la policía en represión en el Congreso.
El Argentino Diario-Niña gaseada por la policía en represión en el Congreso.

El juicio contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas, por el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso. Las víctimas son Fabrizia Pegoraro, que tenía 10 años, y su madre, Carla Pegoraro. La audiencia se desarrollará en una sola jornada: tras escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente, se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación.

Un ataque registrado en video

El hecho ocurrió durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia y a su madre cuando ambas estaban sentadas en el suelo.

El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio en un dictamen del 21 de octubre de 2025, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada y a corta distancia. Según el fiscal, las víctimas estaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna.

La acusación se apoya en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir el momento en que accionó el aerosol. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó Taiano. El fiscal describió que Rivaldi no solo apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, y que después de recibir el gas en el rostro la nena se cubrió de manera instintiva. También señaló que se observa una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba la madre.

Taiano remarcó además que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, lo que le daba mayor visibilidad del entorno y de las personas. Por eso concluyó que el policía apuntó y accionó el dispositivo con pleno conocimiento e intención de lo que hacía.

La defensa dice que no la vio

Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor. Explicó que ese día recibió la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada, y que los efectivos debieron usar elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos. Aseguró que advirtió la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada arrojó gas pimienta contra un jefe policial.

Sobre Fabrizia, sostuvo que no observó a ninguna menor y que, de haberla visto entre los manifestantes, la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada. Según trascendió, el efectivo también planteó que los deberes de protección y cuidado de la niña le incumbían a su madre. Tras el episodio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó a la madre por haber llevado a la niña a la manifestación.

Taiano consideró que la explicación del policía no tiene respaldo en las pruebas. Descartó que un tercero hubiera arrojado el gas, porque esa situación no aparece en los registros audiovisuales y la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.

Conjuntivitis química y un procesamiento confirmado

La acusación cuenta con documentación médica. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. En la epicrisis quedó asentada la frase “me tiraron gas pimienta”.

Carla Pegoraro declaró que ambas estaban tranquilas y que las rociaron mientras permanecían sentadas en el suelo. Contó que personas que estaban en el lugar les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días. Declaró que “tanto mi hija como yo fuimos gaseadas” y describió irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo.

La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

El reglamento y la mínima fuerza necesaria

Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores, y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza. También citó el protocolo para el mantenimiento del orden público, que exige emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos. Concluyó que el uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado, y la Fiscalía pidió que responda como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

Qué se juzga y qué queda afuera

El juicio de este miércoles define la responsabilidad individual de un efectivo, pero el caso expone una discusión más amplia sobre cómo se controlan las protestas frente al Congreso. Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, y la madre de la niña había pedido en la causa que se citara a indagatoria a la entonces ministra Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales. La pregunta que deja el expediente es hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta una orden y de quienes la imparten.

Con la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Rafecas deberá definir si el uso de gas pimienta contra una nena de 10 años, sentada y sin resistir, constituyó el delito que sostiene la acusación.

Lo que tenés que saber

  • El juicio a Cristian Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas y el veredicto se conocerá en una sola jornada.
  • Se lo acusa de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre el 11 de septiembre de 2024.
  • El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni ofrecer resistencia, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
  • La niña fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía el 13 de septiembre de 2024.
  • La Cámara Federal confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos.

DDHH

Abuelas y Madres pidieron a León XIV que quite el estado clerical a Von Wernich

Abuelas y Madres Línea Fundadora, con otros organismos, pidieron al Papa la dimisión del estado clerical del ex capellán de la Policía Bonaerense, condenado a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Denuncian que, en detención, celebra misa. El pedido reitera uno dirigido a Francisco.

Publicado hace

#

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, junto a Buscarita Roa

Organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, le pidieron al papa León XIV que expulse del estado clerical al sacerdote Christian Federico von Wernich. El ex capellán de la Policía Bonaerense cumple reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, con condena firme de la Corte Suprema.

La carta, publicada el 8 de noviembre por Abuelas, reitera un pedido que los organismos habían dirigido al papa Francisco, sin que la Iglesia dispusiera la dimisión del estado clerical. No trascendió, al momento de esta nueva presentación, una respuesta del Vaticano.

La condena de 2007 y lo que denuncian los organismos

En 2007, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata lo condenó a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. La sentencia lo halló responsable de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios cometidos contra numerosas víctimas del Circuito Camps, integrado por centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la Policía Bonaerense. Estableció su responsabilidad, entre otros hechos, en siete homicidios agravados y decenas de privaciones ilegales de la libertad y casos de tormentos. La Cámara de Casación confirmó el fallo, que quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema.

En la carta dirigida al pontífice, los firmantes afirmaron: “A pesar de la sentencia firme dictada por la justicia argentina, Christian Federico von Wernich continúa conservando el estado clerical. Durante su detención ha celebrado misa y administrado la comunión a otros condenados por crímenes de lesa humanidad”.

Y agregaron: “Resulta inadmisible que una persona condenada mediante sentencia firme por crímenes de esta gravedad continúe investida del estado clerical y de las potestades propias del ministerio sacerdotal. La Iglesia Católica no puede ser un refugio para genocidas”.

También cuestionaron que, “lejos de aportar información que permita conocer el destino de las personas desaparecidas, continúa manteniendo silencio respecto de sus víctimas y de las personas que aún hoy son buscadas por sus familiares”.

El uso de la condición sacerdotal, según el juicio

Durante el juicio que lo halló culpable se acreditó que Von Wernich utilizó la influencia de su condición clerical para generar confianza en personas ilegalmente detenidas y sometidas a tormentos, y obtener información que era utilizada por el aparato represivo.

Los organismos recordaron en la misiva: “Amparándose en la confianza y autoridad derivadas de su condición clerical, se presentaba ante las víctimas con la apariencia de brindar asistencia y consuelo espiritual, mientras obtenía información que era utilizada por el aparato represivo y ejercía presión psicológica sobre las personas secuestradas”.

Indicaron, además, que conocía las condiciones de los centros de detención y que bautizó a una niña nacida durante el cautiverio de su madre en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Familiares de personas detenidas-desaparecidas declararon que usó su posición para manipularlos, contener o desalentar denuncias y ocultar información sobre el destino de sus seres queridos. También se acreditaron maniobras vinculadas con el pedido de dinero a familiares bajo la supuesta promesa de que un grupo de personas secuestradas viajaría al exterior; esas personas continúan desaparecidas.

Por “la extrema gravedad de esos hechos”, le solicitaron al Papa que “disponga las actuaciones canónicas necesarias para resolver su dimisión del estado clerical, conforme a las normas aplicables”.

Firman la carta, además de Abuelas y de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Hijas e Hijos del Exilio, Liberpueblo, NIETES CABA-GBA, Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, la Red Federal de DDHH y el SERPAJ.

Lo que tenés que saber:

  • Abuelas, Madres Línea Fundadora y otros organismos pidieron a León XIV que le quite el estado clerical a Von Wernich.
  • El pedido reitera uno dirigido al papa Francisco, sin que se dispusiera la dimisión. No trascendió una respuesta del Vaticano.
  • El ex capellán de la Policía Bonaerense cumple reclusión perpetua, con sentencia firme de la Corte, por crímenes de lesa humanidad en el Circuito Camps.
  • La condena de 2007 lo halló responsable, entre otros hechos, de siete homicidios agravados y decenas de privaciones de libertad y tormentos.
  • Los organismos denuncian que, en detención, celebra misa y administra la comunión.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas