Judiciales ⚖️
Atraparon al policía que abusó de su compañera en una comisaría de Palermo y huyó para no ir preso
Facundo Sánchez Aguilar, de 34 años, estaba prófugo desde abril, cuando la Justicia ordenó su detención tras la confirmación de la condena a 7 años de prisión. Fue encontrado en Arturo Seguí, partido de La Plata, gracias a un operativo interinstitucional.
Capturaron al policía condenado por abusar de su compañera en Palermo
★ Personal de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina detuvo este martes a Facundo Sánchez Aguilar (34), agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires condenado en agosto de 2025 a 7 años de prisión por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual agravado con acceso carnal en perjuicio de una colega, cometidos al interior de una comisaría del barrio porteño de Palermo. El oficial mayor había elegido la fuga antes que presentarse ante la Justicia, luego de que el 9 de abril último el tribunal ordenara su detención efectiva, tras la confirmación de la sentencia por parte de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el 31 de marzo pasado.
El ciclo del abuso: de la comisaría al tribunal
Según el fallo publicado en el portal Fiscales, el caso tuvo su origen en diciembre de 2022, cuando Sánchez Aguilar invitó a una joven agente recién incorporada a la fuerza a entrar a un cuarto de limpieza de la dependencia, cerró la puerta y la agredió sexualmente. La víctima lo esquivó durante meses, pero en junio de 2023 el condenado aprovechó que estaban solos en la comisaría, se bajó los pantalones y le exhibió su miembro; cuando ella intentó retirarse, la abrazó y manoseó mientras permanecía semidesnudo.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16, integrado por las juezas Valeria Rico e Inés Cantisani y el juez Gustavo Javier González Ferrari, subrayó en el fallo que el condenado «se aprovechó de la inexperiencia laboral de la mujer y de su rol de instructor», e indicó como agravantes la relación de subordinación, la vulnerabilidad de la víctima y las consecuencias laborales y emocionales que los episodios le provocaron. El tribunal también dispuso la extracción del perfil genético de Sánchez Aguilar para su remisión al Banco de Datos Genéticos.
La Fiscalía General N°16 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales, a cargo del fiscal Fernando Fiszer y representada en el debate por la auxiliar María Luz Ricotta Denby, ponderó el valor del testimonio de la denunciante como eje central de la acusación.
La defensa apeló; la Casación confirmó
La defensa de Sánchez Aguilar presentó un recurso en el que cuestionó la verosimilitud del relato de la víctima y solicitó la absolución. Sin embargo, el 31 de marzo de 2026 la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo y confirmó los 7 años de condena. Diez días después, el tribunal ordenó la detención del condenado, quien ya había emprendido la fuga.
Prófugo, pero no por mucho tiempo
Ante esa situación, la Fiscalía General N°16 solicitó la colaboración de la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP) de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), conducida por el fiscal José María Campagnoli y con dirección general de Romina Del Buono. La SeCaP, que encabeza Juan Pablo Bello, articuló tareas con el Registro Nacional de las Personas, empresas de telefonía y otros organismos para mapear los domicilios vinculados al prófugo.
El entrecruzamiento de datos permitió identificar varios puntos de interés. Finalmente, efectivos de la Policía Federal localizaron y aprehendieron a Sánchez Aguilar en la localidad de Arturo Seguí, en el partido de La Plata, a unos 20 kilómetros del centro de esa ciudad.
Violencia institucional de puertas adentro
El caso expone una dimensión particularmente grave de la violencia de género: la que se ejerce al interior de las propias fuerzas de seguridad, en espacios de poder asimétrico donde la víctima convive con su agresor bajo una relación laboral vertical. La joven, recién incorporada a la fuerza, fue abusada por quien era al mismo tiempo su superior e instructor, en el propio ámbito donde debería haber estado protegida.
La necesidad de activar un operativo interinstitucional para capturar al condenado, quien contó con casi dos meses para planificar su evasión, pone en evidencia también las demoras estructurales del sistema para ejecutar condenas firmes en casos de violencia sexual. Que un uniformado que ejerció el poder del Estado para abusar de una colega pueda eludir durante semanas la acción de la Justicia es, en sí mismo, un dato que merece atención institucional.
Puntos clave:
– Facundo Sánchez Aguilar (34), agente de la Policía de la Ciudad, fue capturado en Arturo Seguí (La Plata) tras casi dos meses prófugo.
– Fue condenado en agosto de 2025 a 7 años de prisión por abusar sexualmente de una colega recién ingresada a la fuerza, dentro de una comisaría de Palermo.
– Los hechos abusivos ocurrieron en diciembre de 2022 y junio de 2023; el agresor era instructor de la víctima.
– La Cámara Nacional de Casación confirmó la condena el 31 de marzo de 2026; la detención se ordenó el 9 de abril y el imputado se fugó.
– La captura fue resultado de un operativo de la SeCaP en articulación con la Policía Federal y distintos organismos estatales.
Investigación 🔎
Atentado contra Cristina: la plata de los Caputo llegó a Morel, pero la Justicia miró para otro lado
El juez Marcelo Martínez de Giorgi elevó a juicio oral la causa contra los miembros de la agrupación Revolución Federal por los hechos de violencia previos al atentado contra Cristina Kirchner, y sobreseyó a los hermanos del ministro Luis Caputo, pese a que las transferencias por más de $6,5 millones hacia cuentas del líder de la organización nunca encontraron una explicación satisfactoria.
Más de seis millones y medio de pesos transferidos desde cuentas de los hermanos del ministro de Economía hacia el líder de una agrupación que organizó marchas con antorchas y guillotinas contra el kirchnerismo, y ningún delito comprobado: así cerró la etapa de instrucción de la causa Revolución Federal para la familia Caputo. La Justicia federal decidió elevar el caso a juicio oral sin Flavio, Hugo y Rosana Caputo en el banquillo, mientras que los cinco militantes de la organización sí irán al debate.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de los tres hermanos del ministro, quienes estaban siendo investigados por el presunto financiamiento de Revolución Federal, la agrupación liderada por Jonathan Morel que entre 2021 y 2022 protagonizó movilizaciones con imágenes de guillotinas y amenazas públicas contra dirigentes del Frente de Todos, en el período previo al atentado del 1 de septiembre de 2022 contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Las transferencias que no alcanzaron para probar el financiamiento
La hipótesis de la acusación era precisa: los hermanos Caputo habían realizado transferencias a cuentas de Morel y personas de su entorno bajo el ropaje de trabajos de carpintería para amueblar el edificio Espacio Añelo, pero esos pagos habrían encubierto, en realidad, el financiamiento político de las actividades violentas de la agrupación. El monto total investigado superó los $6,5 millones. La sospecha se reforzaba porque los plazos de los supuestos trabajos coincidían cronológicamente con los períodos de mayor actividad intimidatoria de Revolución Federal.
Sin embargo, Martínez de Giorgi concluyó que las hipótesis de falsas contrataciones o sobreprecios no tenían sustento fáctico. El edificio Añelo existía y las mejoras de carpintería efectivamente se habían realizado, por lo que el magistrado no encontró prueba material que permitiera sostener que el dinero tuvo un destino diferente al declarado. «No hay prueba material alguna que indique que ese trabajo fue otorgado a los efectos de que Jonathan Morel se manifieste en contra del gobierno de ese entonces, ni de que los integrantes de la familia Caputo hayan tenido alguna participación en aquellos sucesos delictivos», escribió el juez en su resolución. Y añadió que tampoco se halló elemento alguno que autorizara a presumir que los Caputo conocían la postura política de Morel en el momento de contratarlo.
Quiénes sí irán a juicio oral
Con los Caputo fuera del expediente, la causa avanza hacia el debate oral con cinco imputados: el propio Jonathan Morel, conductor visible de Revolución Federal; Nilda Basile; Gastón Guerra; Leonardo Sosa; y Lidia Casciano. Todos ellos deberán responder por los hechos de violencia cometidos en el marco de las actividades de la organización en el período previo al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, aunque la causa por el atentado en sí tramita en un expediente separado.
El contexto que el sobreseimiento no borra
La decisión judicial cierra una puerta procesal, pero no disuelve la densidad política del vínculo investigado. Revolución Federal fue una organización que, en plena vigencia, convocó a actos con imágenes de horcas y guillotinas, difundió amenazas contra figuras del peronismo y operó en el mismo ecosistema de violencia política que culminó en el ataque armado contra la expresidenta. Que los hermanos del actual titular del Palacio de Hacienda hayan transferido fondos al líder de esa organización es un dato que el sobreseimiento no anula; solo determina que no constituyó, bajo el estándar probatorio penal, un delito comprobable.
La distinción importa. En términos jurídicos, los Caputo quedaron desvinculados. En términos políticos, la existencia de esas transferencias y la coincidencia temporal con el accionar violento de la agrupación seguirán siendo parte del registro de una etapa de la Argentina reciente marcada por la escalada del odio político y sus consecuencias más extremas.
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