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Judiciales ⚖️

Adorni, ante 20 preguntas por su patrimonio: el plazo vence el 22

El ex jefe de Gabinete tendrá hasta el 22 de septiembre para responder a Pollicita. La fiscalía pidió justificar una diferencia de $43 millones y gastos por más de US$402.000. No se informó un nuevo pedido de prórroga.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.

Una diferencia de $43.068.549 entre ingresos y gastos, más desembolsos por US$402.578,12 sin explicación suficiente para la fiscalía, sigue pendiente de respuesta. El requerimiento judicial exige documentación que permita establecer cómo se financiaron esos movimientos patrimoniales durante el paso por la función pública.

Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, tendrá hasta el 22 de septiembre para contestar las 20 preguntas del fiscal federal Gerardo Pollicita. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito tramita ante el juez Ariel Lijo y también abarca el patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti.

La precisión sobre el plazo

El vencimiento de la prórroga quedó establecido para el martes 22 de septiembre, según las precisiones judiciales difundidas por la prensa local. Hasta este 15 de septiembre no se informó la presentación de una nueva solicitud de extensión.

La confusión surgió del cómputo del plazo inicial. Primero circuló que los 15 días concedidos concluían el 25 de agosto, pero se trataba de días hábiles. Con ese criterio, el primer período venció el 1° de septiembre y desde allí se computó la prórroga por otros 15 días hábiles.

La aclaración modifica la fecha de entrega informada anteriormente, pero mantiene pendiente el mismo pedido de justificación patrimonial. La cobertura previa de El Argentino Diario ya detalló los interrogantes sobre inmuebles, consumos y operaciones financieras que integran el expediente.

Los ingresos y gastos que la fiscalía pide explicar

El período bajo análisis se extiende desde diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública, hasta su salida en junio de 2026. Según la reconstrucción de la fiscalía, la pareja registró ingresos por aproximadamente $229,7 millones y gastos por $272,8 millones.

El desfasaje que Pollicita pidió justificar asciende a $43.068.549. A ese monto se suman gastos en dólares por US$402.578,12, vinculados con inmuebles, refacciones, mobiliario y otros desembolsos que, según el señalamiento de la investigación, “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.

Son inconsistencias que la fiscalía exige aclarar en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, no una condena ni una determinación definitiva de responsabilidad penal. El análisis de las respuestas y de sus respaldos documentales será central para definir los próximos pasos.

Casas, préstamos y criptomonedas bajo examen

El requerimiento incluye los préstamos atribuidos a familiares, la compra de un auto y el origen de los fondos destinados al inmueble del country Indio Cuá y sus refacciones. También alcanza la adquisición de un departamento en Caballito y operaciones en criptomonedas.

La intimación de agosto se apoyó en un informe técnico de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DAFI), de la Procuración General de la Nación. Entre los puntos a responder figura la documentación que respalde el origen y la trazabilidad de los fondos.

Una eventual indagatoria dependerá de la evaluación judicial

Una vez recibida la información, Pollicita evaluará si las explicaciones alcanzan para justificar las diferencias detectadas. Si las considera insuficientes, Adorni y Angeletti podrían ser citados a declaración indagatoria.

El vencimiento de la prórroga no implica por sí solo una citación automática. La instancia que sigue depende de la evaluación de las respuestas y de las decisiones que se adopten en el expediente.

Ldo que tenés que saber de Adorni

  • El plazo informado para responder las 20 preguntas de Pollicita vence el 22 de septiembre.
  • La precisión sobre la fecha responde al cómputo de días hábiles del plazo original y de la prórroga.
  • La fiscalía pidió justificar una diferencia de $43.068.549 y gastos por US$402.578,12.
  • La investigación abarca a Adorni y a Bettina Angeletti, e incluye inmuebles, préstamos, un auto y criptomonedas.
  • La eventual citación a indagatoria dependerá de la evaluación judicial; no constituye una medida ya resuelta.

Investigación 🔎

Atentado contra Cristina: la plata de los Caputo llegó a Morel, pero la Justicia miró para otro lado

El juez Marcelo Martínez de Giorgi elevó a juicio oral la causa contra los miembros de la agrupación Revolución Federal por los hechos de violencia previos al atentado contra Cristina Kirchner, y sobreseyó a los hermanos del ministro Luis Caputo, pese a que las transferencias por más de $6,5 millones hacia cuentas del líder de la organización nunca encontraron una explicación satisfactoria.

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Más de seis millones y medio de pesos transferidos desde cuentas de los hermanos del ministro de Economía hacia el líder de una agrupación que organizó marchas con antorchas y guillotinas contra el kirchnerismo, y ningún delito comprobado: así cerró la etapa de instrucción de la causa Revolución Federal para la familia Caputo. La Justicia federal decidió elevar el caso a juicio oral sin Flavio, Hugo y Rosana Caputo en el banquillo, mientras que los cinco militantes de la organización sí irán al debate.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de los tres hermanos del ministro, quienes estaban siendo investigados por el presunto financiamiento de Revolución Federal, la agrupación liderada por Jonathan Morel que entre 2021 y 2022 protagonizó movilizaciones con imágenes de guillotinas y amenazas públicas contra dirigentes del Frente de Todos, en el período previo al atentado del 1 de septiembre de 2022 contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las transferencias que no alcanzaron para probar el financiamiento

La hipótesis de la acusación era precisa: los hermanos Caputo habían realizado transferencias a cuentas de Morel y personas de su entorno bajo el ropaje de trabajos de carpintería para amueblar el edificio Espacio Añelo, pero esos pagos habrían encubierto, en realidad, el financiamiento político de las actividades violentas de la agrupación. El monto total investigado superó los $6,5 millones. La sospecha se reforzaba porque los plazos de los supuestos trabajos coincidían cronológicamente con los períodos de mayor actividad intimidatoria de Revolución Federal.

Sin embargo, Martínez de Giorgi concluyó que las hipótesis de falsas contrataciones o sobreprecios no tenían sustento fáctico. El edificio Añelo existía y las mejoras de carpintería efectivamente se habían realizado, por lo que el magistrado no encontró prueba material que permitiera sostener que el dinero tuvo un destino diferente al declarado. «No hay prueba material alguna que indique que ese trabajo fue otorgado a los efectos de que Jonathan Morel se manifieste en contra del gobierno de ese entonces, ni de que los integrantes de la familia Caputo hayan tenido alguna participación en aquellos sucesos delictivos», escribió el juez en su resolución. Y añadió que tampoco se halló elemento alguno que autorizara a presumir que los Caputo conocían la postura política de Morel en el momento de contratarlo.

Quiénes sí irán a juicio oral

Con los Caputo fuera del expediente, la causa avanza hacia el debate oral con cinco imputados: el propio Jonathan Morel, conductor visible de Revolución Federal; Nilda Basile; Gastón Guerra; Leonardo Sosa; y Lidia Casciano. Todos ellos deberán responder por los hechos de violencia cometidos en el marco de las actividades de la organización en el período previo al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, aunque la causa por el atentado en sí tramita en un expediente separado.

El contexto que el sobreseimiento no borra

La decisión judicial cierra una puerta procesal, pero no disuelve la densidad política del vínculo investigado. Revolución Federal fue una organización que, en plena vigencia, convocó a actos con imágenes de horcas y guillotinas, difundió amenazas contra figuras del peronismo y operó en el mismo ecosistema de violencia política que culminó en el ataque armado contra la expresidenta. Que los hermanos del actual titular del Palacio de Hacienda hayan transferido fondos al líder de esa organización es un dato que el sobreseimiento no anula; solo determina que no constituyó, bajo el estándar probatorio penal, un delito comprobable.

La distinción importa. En términos jurídicos, los Caputo quedaron desvinculados. En términos políticos, la existencia de esas transferencias y la coincidencia temporal con el accionar violento de la agrupación seguirán siendo parte del registro de una etapa de la Argentina reciente marcada por la escalada del odio político y sus consecuencias más extremas.

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