Gremiales
Metrodelegados abren molinetes en vísperas del 3J por el caso Araceli Pintos
Horas antes de una audiencia judicial clave, la AGTSyP convocó una apertura de molinetes en la Línea C para exigir la reincorporación de la trabajadora despedida por Emova tras denunciar el acoso de un policía de la Ciudad. La acción se desarrolla en vísperas de la marcha del 3J.
Emova la echó por animarse a denunciar: el subte abre molinetes en vísperas del 3J
★ A las 9:30 de este martes, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) abrirá los molinetes de la estación Diagonal Norte de la Línea C como medida de fuerza en reclamo de la reincorporación inmediata de Araceli Pintos, trabajadora despedida por la concesionaria Emova S.A. tras denunciar una situación de acoso sexual en su lugar de trabajo. La acción se realizará horas antes de una audiencia judicial prevista para las 10 en la Avenida Roque Sáenz Peña 760, donde Pintos reclama ante la Justicia la nulidad del despido y su reincorporación.
El caso: denuncia de acoso, traslado y despido
Araceli Pintos tiene 27 años, es madre soltera de dos hijas y trabajaba en el área de limpieza del subte en la estación Federico Lacroze de la Línea B, en el turno nocturno de las 23:30 a las 5:30. Había esperado ocho años en la bolsa de trabajo para obtener ese puesto. Cuando la desvincularon, llevaba cuatro de los seis meses exigidos por Emova como período de prueba para quedar en planta permanente.
El gremio informó que la empresa la despidió después de que Pintos denunciara el acoso sexual reiterado de un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante su jornada laboral. Según relatos del movimiento gremial y feminista que acompaña el caso, la respuesta de Emova no fue sancionar al responsable sino trasladar a la trabajadora, donde los maltratos de los supervisores se intensificaron hasta culminar con su desvinculación. El policía denunciado continúa en funciones sin consecuencias conocidas.
La abogada Andrea Forgueras, una de las letradas que representa a Pintos, señaló que la empresa «tomó la salida más fácil y cruel, porque en vez de poner la atención en el policía y el superior, que le daba órdenes de trabajo, abusándose de su poder, prefirió despedirla en el período de prueba, sin tomar medidas para con los responsables de los hechos que Araceli denunció una y otra vez». Forgueras también subrayó que Emova «con su actitud encubrió los hechos que están siendo tratados por la justicia».
La versión de Emova
La concesionaria rechazó la caracterización del despido como persecutorio. En un comunicado difundido este martes, Emova sostuvo que la desvinculación respondió a «la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas», y afirmó haber «cumplido con todas las instancias posibles para evitar dicha situación». La empresa no hizo referencia al episodio de acoso sexual denunciado por Pintos ni al policía implicado.
Repudio legislativo y ramificaciones sindicales
El caso tuvo eco en el Congreso y la Legislatura porteña. La diputada nacional Myriam Bregman y la legisladora porteña Andrea D’Atri presentaron proyectos de repudio al accionar de Emova, calificando el despido como «ilegal y discriminatorio» y exigiendo la reincorporación de Pintos.
En el plano sindical, la delegada de la Línea D, Agustina Chávez, vinculó el caso con el patrón de conducta de la misma empresa: Emova viene siendo denunciada, además, por exponer a trabajadores y usuarios al asbesto, material cancerígeno, y por prácticas antisindicales y descuentos injustificados en los salarios.
Desde la AGTSyP calificaron la desvinculación de Pintos como «persecutoria, ilegal y discriminatoria» y advirtieron que la empresa «viene encubriendo acosadores y violentos». No es la primera acción gremial por este caso: ya se realizaron aperturas de molinetes en la estación Plaza de Mayo de la Línea A y en Federico Lacroze de la Línea B.
Vísperas del 3J: el contexto del reclamo
La medida de este martes se desarrolla a un día de la marcha de Ni Una Menos, que este miércoles 3 de junio cumplirá once años en todo el país. La concentración en Buenos Aires fue convocada para las 17 en Plaza Congreso, en un contexto particularmente sensible: el movimiento feminista lleva el 3J marcado también por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años de Córdoba cuya muerte conmocionó al país en los últimos días. Según el observatorio «Ahora que sí nos ven», se registraron 83 femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2026.
«Estas acciones las desarrollaremos en vísperas de una nueva jornada de Ni Una Menos, reafirmando la pelea del movimiento de mujeres», señaló la AGTSyP en su comunicado, subrayando que el reclamo de Pintos es también una batalla colectiva contra el encubrimiento institucional del acoso en los espacios de trabajo.
Puntos clave
- La AGTSyP abrirá molinetes en Diagonal Norte (Línea C) a las 9:30 del martes 2 de junio, horas antes de una audiencia judicial por la reincorporación de Araceli Pintos.
- Pintos fue despedida por Emova durante su período de prueba tras denunciar acoso sexual por parte de un policía de la Ciudad; el uniformado continúa en funciones sin consecuencias.
- Emova atribuye el despido a «reiterados incumplimientos», sin hacer referencia al acoso denunciado.
- Las diputadas Myriam Bregman y Andrea D’Atri presentaron proyectos de repudio calificando el despido como «ilegal y discriminatorio».
- La acción se desarrolla en vísperas del 3J, con 83 femicidios registrados en Argentina entre enero y mayo de 2026.
Gremiales
ATE le exige un examen médico a Milei para saber si está apto para gobernar
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó públicamente que el presidente Javier Milei sea sometido a un examen psicofísico obligatorio, igual al que se exige a los trabajadores del Estado al ingresar. La iniciativa suma peso político: en julio, la propia vicepresidenta Victoria Villarruel había expresado su «genuina preocupación» por el estado del mandatario.
Una deuda de 840.000 dólares que no puede justificar, refacciones de lujo pagadas en efectivo sin declarar, viajes familiares financiados con recursos públicos: mientras el Estado argentino obliga a sus empleados a someterse a exámenes preocupacionales para ingresar a trabajar, nadie controló si el hombre que encabeza esa administración está en condiciones de hacerlo. Eso, según el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, es una contradicción que ya no puede sostenerse.
Aguiar formalizó el reclamo a través de su cuenta verificada en la red social X, donde planteó que el gremio pedirá que Javier Milei sea sometido a un examen médico psicofísico para determinar si se encuentra «apto para ejercer tan alta función». El secretario general de ATE argumentó que la salud del presidente «no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo» y consideró «inaceptable» que se exija ese requisito a los trabajadores públicos pero no a quien los dirige.
«Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir»
El dirigente gremial fue explícito respecto de sus motivos. Sin rodeos, sostuvo que «los desequilibrios del presidente son muy evidentes» y que no hace falta ser profesional de la medicina para advertirlos. En su publicación, Aguiar aclaró que la iniciativa no busca acceder a información médica privada ni a datos sensibles: «solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función». Y advirtió que, si no lo fuera, «las consecuencias jurídicas serían gravísimas y la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos».
La asimetría que denuncia Aguiar tiene base normativa concreta: los agentes del Estado nacional deben acreditar aptitud psicofísica al momento del ingreso, un requisito contemplado en el régimen de empleo público. Sin embargo, no existe en la legislación argentina ninguna disposición equivalente para los cargos electivos, incluyendo la presidencia de la Nación. «Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda», sintetizó el sindicalista.
Una propuesta legislativa para el futuro
Más allá del caso concreto de Milei, Aguiar anunció que ATE impulsará una iniciativa legal para que los exámenes psicofísicos sean obligatorios para todos los cargos electivos a partir de 2027. «Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar», advirtió, y concluyó: «No nos puede volver a pasar».
El planteo no es una novedad absoluta en el debate político argentino. La cuestión de la salud presidencial ya había emergido con fuerza el pasado 30 de julio, cuando la propia vicepresidenta Victoria Villarruel publicó en su cuenta de X que le preocupaba «profundamente» que el presidente replicara «insensateces e inventos». «Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior», escribió Villarruel en una declaración que generó un impacto político de primera magnitud, por tratarse de la compañera de fórmula del propio mandatario.
Un gobierno bajo sospecha en múltiples frentes
El reclamo de ATE se inscribe en un escenario de acumulación de cuestionamientos institucionales y judiciales que rodean a la gestión libertaria. El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares; su esposa es investigada por el uso del avión presidencial para viajes privados; y la causa $Libra involucra a funcionarios del entorno presidencial en presuntas irregularidades financieras. En ese contexto, el pedido gremial de controlar la aptitud del propio presidente adquiere una dimensión que trasciende lo sindical y se instala en el corazón del debate sobre la gobernabilidad del país.
La pregunta que dejó planteada Aguiar no es menor: si el Estado puede y debe controlar a sus empleados, ¿por qué no puede controlar a quien los conduce?
Lo que tenés que saber
- ATE anunció que pedirá un examen psicofísico para determinar si Javier Milei está apto para ejercer la presidencia.
- El secretario general Rodolfo Aguiar argumentó que la salud presidencial no es privada cuando afecta la capacidad de gobernar.
- El gremio impulsará una iniciativa legislativa para que los exámenes sean obligatorios para todos los cargos electivos desde 2027.
- La vicepresidenta Victoria Villarruel ya había expresado en julio su «genuina preocupación» por el estado del presidente.
- El reclamo se produce en un contexto de múltiples causas judiciales que involucran a funcionarios del gobierno de Milei.
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