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Gestapo macrista: La Subcomisión Bicameral de Inteligencia del Congreso ya investiga

Citará a los empresarios y exagentes de la AFI que estuvieron en la reunión grabada y a agentes del área de operaciones técnicas

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La subcomisión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso decidió citar a los empresarios y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que participaron de la reunión celebrada en 2017 en las oficinas porteñas del Banco Provincia, en las que un ministro de la exgobernadora María Eugenia Vidal habló de su deseo de desplegar una «Gestapo» contra dirigentes sindicales, como así también al procurador bonaerense Julio Conte Grand.

La subcomisión resolvió, además, convocar a agentes del área de operaciones técnicas de la AFI para intentar reconstruir cómo fue posible la instalación de cámaras en una sala de reunión desde las cuales se grabó el video que salió a la luz esta semana.

La decisión de convocar a Conte Grand tiene que ver con que en el video los participantes de la reunión hablan de avanzar judicialmente contra los referentes del gremio de la construcción de La Plata y expresan contar para ello con la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General.

Las medidas fueron adoptadas en la primera reunión de la subcomisión de la Bicameral de Inteligencia creada después de que se conoció el video en el que se ve a tres exagentes de la AFI reunidos con funcionarios de la gestión bonaerense de Juntos por el Cambio -entre ellos el entonces ministro de Trabajo Marcelo Villegas- y empresarios, con el objetivo de trazar una estrategia para lograr el encarcelamiento de sindicalistas del gremio de la construcción (UOCRA).

Participaron de la reunión de la subcomisión de la Bicameral, los diputados del Frente de Todos (FDT) Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés y el radical Miguel Ángel Bazze (en representación de JxC). Los parlamentarios pedirán al Banco Provincia que informe si tiene registros de ingresos y egresos al edificio ubicado en la calle San Martín, a metros de Plaza de Mayo, durante junio de 2017, y registros de audiencias, y que en caso de poseerlos los aporte.

Una de las primeras medidas que adoptaron fue pedir que concurran a exponer los dos técnicos informáticos de la AFI que dependían del área de Contrainteligencia encabezada por Diego Dalmau Pereyra, uno de los espías que aparece en el video. Los parlamentarios intentarán reconstruir quién, cómo y cuándo colocó las cámaras desde las cuales se grabó la reunión y cómo fue que luego los archivos de aquel encuentro quedaron supuestamente olvidados en un disco rígido hallado días atrás en una base de la AFI.

Acerca de este punto, fuentes legislativas señalaron que se pedirá a la AFI información sobre el origen de las cámaras que registraron el encuentro, dado que las filmaciones tienen una marca de agua de la empresa Axis, a la vez que prevén citar al representante legal de esa empresa en Argentina, indicaron fuentes allegadas al caso.

En ese encuentro participaron el exministro de Trabajo Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro; varios empresarios y exagentes con jerarquía dentro de la AFI, como el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano y Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de la otrora «señora 8», Silvia Majdalani (número dos de la AFI).

Los legisladores también definieron que tras obtener toda la información administrativa de la AFI citarán a empresarios, al intendente Garro y a todos los que participaron de aquella reunión (los últimos serán los exespías). Los legisladores evaluarán, además, convocar a la actual diputada y exgobernadora Vidal, y al exministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Federico Salvai. Los voceros señalaron que pedirán a la AFI todo el material que el organismo presentó en la causa judicial que tramita ante la Justicia Federal de La Plata y las actuaciones administrativas sobre el hallazgo del video.

También pedirán que la exSIDE informe si en la base de Bahía Blanca existen registros de tareas de espionaje sobre el gremio de Fleteros y sobre la seccional local de la Unión Obrera de la Construcción, dado que referentes de esos espacios denunciaron haber sido víctimas de maniobras de inteligencia ilegal. Los legisladores oficialistas y opositores coincidieron en la mayoría de las medidas que tomó la subcomisión, aunque Bazze planteó reparos a la citación a los dirigentes políticos, señalaron fuentes parlamentarias.

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Organizaciones populares denunciaron campaña de persecución del gobierno de Milei y Bullrich

Los allanamientos fueron irregulares, violentos y clandestinos.

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En una conferencia de prensa llevada a cabo este lunes frente al Congreso, los movimientos sociales se pronunciaron enérgicamente ante los recientes allanamientos a locales y domicilios de militantes. Estos actos, que incluyeron el allanamiento al local principal del Polo Obrero, fueron denunciados como parte de una campaña de persecución judicial y difamación mediática por parte del gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich.

Irregularidades en los allanamientos

Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, expuso algunas de las múltiples irregularidades observadas durante los allanamientos. Se destacó que los allanadores apagaron las cámaras de seguridad en el local central del Polo Obrero, intentando realizar la acción en la clandestinidad. Además, varios de estos operativos se llevaron a cabo en contextos violentos, según denunciaron las abogadas presentes.

Ofensiva represiva y ataque a la organización popular

Belliboni situó los allanamientos dentro de una ofensiva represiva más amplia, que incluyó el desalojo violento de las organizaciones en la avenida 9 de Julio durante una protesta. Acusó al gobierno de intentar “destruir la organización popular” y señaló la supresión de la entrega de alimentos a comedores populares como prueba de esta actitud.

La conferencia: solidaridad y reclamo de justicia

En la conferencia, diversos referentes de organizaciones como el Frente de Lucha Piquetero, la Utep, la Coordinadora por el Cambio Social y la CTA Autónoma expresaron su solidaridad y repudio ante los allanamientos. También estuvieron presentes diputados nacionales y referentes sindicales, así como recibieron adhesiones de diversas instituciones y organizaciones.

Los participantes de la conferencia destacaron la necesidad de resistir frente a estos ataques y demandaron justicia ante las acciones del gobierno. Se subrayó el papel crucial de las organizaciones populares y se rechazó la campaña de difamación promovida desde el poder.

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