Causa Cuadernos: cada testigo que pasa por el estrado desmorona un poco más el armado

★ El juicio oral por la denominada causa Cuadernos, que se ventila ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) de Comodoro Py, atraviesa una etapa en la que cada declaración testimonial parece desactivar, antes que confirmar, el relato que la acusación construyó durante años contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El último capítulo lo aportó este miércoles Ignacio Laplacette, un empresario que vivió entre 2007 y 2011 en el primer piso del emblemático edificio de Juncal y Uruguay, en Recoleta, donde tenía su departamento la exmandataria. Su testimonio coincidió con el del encargado del edificio, Julio César Silva: ninguno de los dos vio el ingreso de los bolsos y valijas con dinero que figuran en el corazón de la imputación.

El vecino que no vio nada

Laplacette declaró que residió en el primer piso del edificio y que sabía que en el quinto piso la entonces presidenta tenía una propiedad, a la que aseguró haber visto concurrir «alguna vez» al secretario presidencial. El empresario explicó que vendió su propio departamento por razones de salud y que, si bien la negociación comercial fue coordinada por el operador inmobiliario Osvaldo «Chucho» Sanfelice, el comprador que finalmente firmó la escritura fue el empresario Osvaldo De Sousa, socio de Cristóbal López.

El dato que aportó al cierre de su declaración resultó llamativo: relató que, tiempo después de la venta, al pasar frente al edificio observó con sorpresa que las ventanas de su antiguo departamento aparecían completamente tapadas con papeles. Pero, en lo central, su testimonio no aportó nada que sostuviera la hipótesis del acopio y traslado de dinero que el expediente atribuye al inmueble.

El encargado que se desdijo y denunció presiones

El relato de Laplacette se montó sobre un antecedente todavía más demoledor para la acusación. Días atrás, el propio Julio César Silva, encargado del edificio de Juncal y Uruguay, se retractó ante el TOF7 de la declaración que había prestado en 2018 durante la instrucción. En aquella oportunidad había afirmado que veía ingresar bolsos y valijas al departamento con frecuencia semanal o quincenal; ahora, ante el tribunal, sostuvo que nunca vio esos bolsos.

Silva fue más lejos y denunció que firmó aquella declaración bajo presión y amenazas. Según su relato, cuando fue citado al juzgado del fallecido juez Claudio Bonadío, donde también estaba presente el fiscal Carlos Stornelli, le advirtieron de manera reiterada que «pensara en sus hijas» y que debía responder «todo» lo que le preguntaran. El encargado afirmó que firmó un acta que ni siquiera leyó y con cuyo contenido no estaba de acuerdo, y que se presentó «a una testimonial» pero terminó sometido a «un interrogatorio». Su declaración en el juicio se extendió por cerca de dos horas y media.

Los manejos de la instrucción bajo la lupa

El testimonio de Silva dejó al descubierto la mecánica con la que se construyeron las pruebas durante la etapa de instrucción. El encargado precisó que Daniel Muñoz, secretario privado del expresidente Néstor Kirchner, tenía llave del departamento y solía llevar un portafolio y ocasionalmente un bolso de mano, pero negó de plano el movimiento masivo de bolsos consignado en su acta de 2018. Subrayó, además, que en el período en que él trabajó allí ningún integrante de la familia residía de forma permanente en el inmueble.

A partir de estas revelaciones, un grupo de abogados defensores de los empresarios acusados de pagar coimas analiza denunciar penalmente a Stornelli por las presiones que, según los testigos, viciaron la prueba. El cuadro se agrava por un detalle señalado por fuentes judiciales: las declaraciones de la instrucción no fueron grabadas, de modo que solo quedaron las actas escritas como registro, lo que impide reconstruir el modo en que fueron obtenidas. Silva quedó, paradójicamente, expuesto a una eventual causa por falso testimonio por haber admitido que mintió en 2018, pese a que esa mentira, según su versión, le fue arrancada bajo coacción.

Una causa que se desinfla

El derrumbe testimonial no es un episodio aislado. Silva se sumó a una serie de testigos y empresarios que, llamados a ratificar lo declarado durante la instrucción, terminaron desdiciéndose o denunciando que habían sido coaccionados en 2018. La causa Cuadernos fue, desde su origen, uno de los pilares del entramado judicial caracterizado como lawfare: una persecución montada en Comodoro Py contra la exmandataria, hoy condenada y detenida bajo arresto domiciliario en otra causa. Que el relato se desmorone justamente en el juicio oral, cuando los testigos pueden hablar sin la presión de un despacho, expone las costuras de un proceso que cada vez se parece menos a una investigación y más a una construcción de conveniencia.

Puntos clave:

• El exvecino Ignacio Laplacette declaró el miércoles ante el TOF7 y no aportó pruebas sobre el ingreso de bolsos con dinero al edificio de Juncal y Uruguay.
• Su relato coincidió con el del encargado Julio César Silva, quien se retractó de su declaración de 2018 y afirmó que nunca vio bolsos ni valijas.
• Silva denunció haber firmado aquella declaración bajo amenazas, con referencias a sus hijas, ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío.
• Defensas de empresarios acusados evalúan denunciar penalmente a Stornelli por presunta presión sobre testigos.
• Las declaraciones de la instrucción no fueron grabadas, lo que dejó solo las actas escritas como registro del proceso.