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Energía

Tarifazo en cuotas: el Gobierno vuelve a subir el gas y la luz en plena ola de frío

El Poder Ejecutivo dispuso aumentos del 2,81% en gas y del 1,5% en electricidad para las facturas que llegarán desde el 1° de junio, mientras los entes reguladores reconocen mayores costos de distribución a las empresas y la provincia de Buenos Aires aplica subas adicionales de hasta el 14%

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El Argentino Diario-Tarifas de luz y de gas.

El Gobierno oficializó nuevas subas de gas y electricidad para junio en medio del ajuste pactado con el FMI

★ En la antesala del invierno, cuando el consumo de energía se dispara y el bolsillo de los hogares se tensa al máximo, el Gobierno de Javier Milei volvió a recargar las boletas de los servicios públicos. Según los nuevos cuadros tarifarios que aprobaron los entes reguladores, las facturas de gas aumentarán un 2,81% y las de electricidad un 1,5% a partir del 1° de junio, en una nueva vuelta de tuerca de un esquema de quita de subsidios que ya lleva más de dos años y que recae, una vez más, sobre los usuarios.

Las cifras del nuevo tarifazo

El incremento del gas se ubica por encima de la inflación estimada para mayo, que las consultoras privadas proyectan por debajo del 2,6%. La suba eléctrica, en cambio, quedó por debajo de esa referencia a nivel nacional, aunque el impacto real depende en gran medida de los entes reguladores provinciales, lo que abre la puerta a aumentos mucho más pronunciados según la jurisdicción.

Las medidas fueron formalizadas mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y alcanzan a los usuarios de Edenor, Edesur y Metrogas. Lejos de tratarse de un ajuste menor, el detalle de la letra chica revela el verdadero beneficiario: el Costo Propio de Distribución (CPD) reconocido a las empresas eléctricas trepará un 4,68% para Edesur y un 4,75% para Edenor respecto de mayo. Es decir, mientras se comunica un aumento «moderado» del componente final, se garantiza una rentabilidad reforzada a las distribuidoras privadas.

El doble golpe bonaerense

El relato oficial de la «desaceleración tarifaria» se desmorona apenas se cruza la General Paz. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, que conduce Axel Kicillof, oficializó este viernes mediante la Resolución 399/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos un nuevo aumento eléctrico que impactará en las facturas de junio y julio, con incrementos que oscilan entre el 6% y el 14% según el nivel de subsidio de cada usuario.

Desde el área energética bonaerense fueron explícitos al señalar el origen del problema: el ajuste incorpora, según indicaron fuentes oficiales, «un ajuste significativo del precio mayorista de la energía debido a la fuerte quita de subsidios nacionales durante el mes de mayo». En otras palabras, la motosierra nacional sobre los subsidios se traslada en cascada a las tarifas que pagan millones de familias del conurbano, que ya enfrentaron este verano cortes masivos de luz por las deficiencias en el servicio de Edenor y Edesur.

Subsidios que crecen pese al ajuste

El argumento central del oficialismo para justificar cada tarifazo, la necesidad de eliminar subsidios para ordenar las cuentas públicas, choca con los propios datos del sector. Un informe de la consultora Economía & Energía, dirigida por el economista Nicolás Arceo, reveló que entre enero y abril de 2026 las erogaciones energéticas del Estado alcanzaron los USD 1.240 millones, más del doble de los USD 604 millones registrados en igual período de 2025, quebrando la tendencia descendente de los años previos.

En la misma línea, el Instituto Interdisciplinario de Economía y Política (IIEP) de la UBA y el Conicet estableció que el total de subsidios nacionales destinados a energía, transporte y agua aumentó un 14% en términos reales durante el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior, una suba explicada en parte por los mayores costos de abastecimiento energético. La paradoja resulta elocuente: pese a los tarifazos sucesivos, los subsidios rebotan, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa exigiendo más ajuste como condición del programa que co-gobierna la economía argentina junto al ministro Luis Caputo.

El esquema regresivo de fondo

Las nuevas tarifas se aplican bajo el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), vigente desde enero, que eliminó la segmentación por niveles y dejó topes diferenciados de consumo subsidiado: hasta 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda, como junio, y 150 kWh en los templados. Todo consumo que supere esos límites se abona a tarifa plena, sin asistencia estatal. El diseño, presentado como una «corrección de distorsiones», profundiza en los hechos un traslado del costo de la energía desde el Estado hacia los hogares, en un país donde la soberanía energética y el acceso a servicios esenciales deberían operar como un derecho y no como una variable de ajuste fiscal.

Según información confirmada por fuentes oficiales, el Gobierno decidió desacelerar el ritmo de quita de subsidios en ambos servicios para amortiguar el impacto de la inflación, un reconocimiento implícito de que el esquema aplicado durante los últimos meses se volvió insostenible para una parte creciente de la población.

Puntos clave:

  • El gas aumentará un 2,81% y la electricidad un 1,5% a nivel nacional desde el 1° de junio, según los cuadros tarifarios de los entes reguladores.
  • El Costo Propio de Distribución reconocido a las empresas subirá 4,68% (Edesur) y 4,75% (Edenor), por encima del aumento final al usuario.
  • La provincia de Buenos Aires oficializó subas eléctricas de entre 6% y 14%, atribuidas a la quita de subsidios nacionales de mayo.
  • Las erogaciones energéticas del Estado se duplicaron en el primer cuatrimestre de 2026 (USD 1.240 millones), según la consultora Economía & Energía.
  • El esquema SEF mantiene topes de consumo subsidiado y traslada a tarifa plena todo excedente.

Combustibles ⛽

Rutas de Entre Ríos: Economía debe explicar adónde fue la plata del SISVIAL

Un amparo de Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay sostiene que, de más de $1,5 billones que ingresaron al SISVIAL entre enero de 2024 y mayo de 2026, solo $394.406 millones se aplicaron a obras. El juez federal de Victoria dio tres días a Economía y a Vialidad para informar antes de resolver la cautelar.

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El Argentino Diario-Trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad.

Más de $1 billón de los fondos del impuesto a los combustibles estaba colocado en títulos públicos y plazos fijos al 31 de mayo, y el Gobierno admitió que esos recursos se computan para sostener el equilibrio fiscal, según el amparo que tramita la Justicia federal.

El juez federal de Victoria, Federico Martín, admitió el amparo que presentaron el senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, los tres legisladores del peronismo, contra el Estado nacional (Ministerio de Economía y Vialidad Nacional), en el expediente 12957/2026, tramitado bajo la Ley 16.986. El magistrado ordenó a Economía y a Vialidad que presenten un informe en tres días, antes de resolver la medida cautelar. Según trascendió, los organismos fueron notificados la semana pasada y el plazo corre desde entonces.

El reclamo: plata afectada por ley

Los legisladores sostienen que los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), financiados con el impuesto a los combustibles, tienen una afectación específica por ley y deben destinarse a infraestructura vial. Según los demandantes, retener esos recursos en instrumentos financieros para mejorar el resultado fiscal desvirtúa su destino legal.

El relevamiento que citan indica que entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SISVIAL, a nivel nacional, más de $1,5 billones y que solo se aplicaron a obras unos $394.406 millones, es decir, apenas alrededor de una cuarta parte. Michel dijo que el 28% del impuesto a los combustibles se destina al arreglo de rutas y advirtió que “esa plata no se está enviando”.

Piden que se reactiven las obras y el mantenimiento de la red vial nacional en Entre Ríos, entre ellas las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174. El juez todavía no se pronunció sobre la cautelar, con la que buscan que los recursos se apliquen a su finalidad, ni sobre el fondo del reclamo.

Concesiones y fondos: dos decisiones en paralelo

El Ministerio de Economía adjudicó, mediante la Resolución 1379/2026 publicada en el Boletín Oficial el 24 de agosto, los ocho tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, por 20 años. Los contratos se firmaron el 6 de octubre y la gestión privada comenzó el 7. En Entre Ríos, el Tramo Mesopotámico abarca 276 kilómetros: 226,72 de la ruta nacional 18, entre Paraná y Puerto Yeruá, y 49,39 de la ruta 12, entre Crespo y Paraná. La adjudicataria es un consorcio integrado por IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U.

El esquema prevé inversión 100% privada y cobro de peaje, mientras los demandantes reclaman que el dinero del fondo vial se aplique a obras. Los amparistas señalaron además que se concesionaron tramos de las rutas 12 y 18 sin aclarar el destino del dinero acumulado en los últimos dos años.

El antecedente: el intento de cerrar Vialidad

El Decreto 461/2025, publicado el 8 de julio de 2025, disolvía la Dirección Nacional de Vialidad. El Congreso lo rechazó en ambas cámaras: Diputados por 138 votos contra 65 y 2 abstenciones, y el Senado por 60 votos contra 10, con una abstención. El decreto quedó abrogado conforme a la Ley 26.122, según consta en el Boletín Oficial del 25 de agosto de 2025. Antes, el 17 de julio, un juzgado federal de San Martín había suspendido sus efectos por una cautelar del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció en agosto de 2025 la retención de fondos del SISVIAL durante 2024 y en lo que iba de 2025, y la vinculó con el deterioro de las rutas.

Lo que tenés que saber:

  • El juez federal de Victoria, Federico Martín, dio tres días a Economía y a Vialidad Nacional para informar antes de resolver la cautelar.
  • El amparo lo presentaron Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay (expediente 12957/2026).
  • Según el planteo, de más de $1,5 billones que ingresaron al SISVIAL entre enero de 2024 y mayo de 2026, solo $394.406 millones fueron a obras.
  • Al 31 de mayo, más de $1 billón estaba colocado en títulos públicos y plazos fijos, según los demandantes.
  • Desde el 7 de octubre, 276 kilómetros de las rutas 12 y 18 están concesionados por 20 años.

Títulos para redes sociales

Analítico: Fondos viales: de más de $1,5 billones del SISVIAL, solo $394.406 millones fueron a obras, según un amparo.

De Impacto: La Justicia le dio tres días a Economía para explicar adónde fue la plata de las rutas de Entre Ríos.

De Impacto Crítico: Según un amparo, la plata de las rutas se coloca en plazos fijos mientras se concesionan los tramos.

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