Energía
Tarifazo en cuotas: el Gobierno vuelve a subir el gas y la luz en plena ola de frío
El Poder Ejecutivo dispuso aumentos del 2,81% en gas y del 1,5% en electricidad para las facturas que llegarán desde el 1° de junio, mientras los entes reguladores reconocen mayores costos de distribución a las empresas y la provincia de Buenos Aires aplica subas adicionales de hasta el 14%
El Gobierno oficializó nuevas subas de gas y electricidad para junio en medio del ajuste pactado con el FMI
★ En la antesala del invierno, cuando el consumo de energía se dispara y el bolsillo de los hogares se tensa al máximo, el Gobierno de Javier Milei volvió a recargar las boletas de los servicios públicos. Según los nuevos cuadros tarifarios que aprobaron los entes reguladores, las facturas de gas aumentarán un 2,81% y las de electricidad un 1,5% a partir del 1° de junio, en una nueva vuelta de tuerca de un esquema de quita de subsidios que ya lleva más de dos años y que recae, una vez más, sobre los usuarios.
Las cifras del nuevo tarifazo
El incremento del gas se ubica por encima de la inflación estimada para mayo, que las consultoras privadas proyectan por debajo del 2,6%. La suba eléctrica, en cambio, quedó por debajo de esa referencia a nivel nacional, aunque el impacto real depende en gran medida de los entes reguladores provinciales, lo que abre la puerta a aumentos mucho más pronunciados según la jurisdicción.
Las medidas fueron formalizadas mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y alcanzan a los usuarios de Edenor, Edesur y Metrogas. Lejos de tratarse de un ajuste menor, el detalle de la letra chica revela el verdadero beneficiario: el Costo Propio de Distribución (CPD) reconocido a las empresas eléctricas trepará un 4,68% para Edesur y un 4,75% para Edenor respecto de mayo. Es decir, mientras se comunica un aumento «moderado» del componente final, se garantiza una rentabilidad reforzada a las distribuidoras privadas.
El doble golpe bonaerense
El relato oficial de la «desaceleración tarifaria» se desmorona apenas se cruza la General Paz. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, que conduce Axel Kicillof, oficializó este viernes mediante la Resolución 399/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos un nuevo aumento eléctrico que impactará en las facturas de junio y julio, con incrementos que oscilan entre el 6% y el 14% según el nivel de subsidio de cada usuario.
Desde el área energética bonaerense fueron explícitos al señalar el origen del problema: el ajuste incorpora, según indicaron fuentes oficiales, «un ajuste significativo del precio mayorista de la energía debido a la fuerte quita de subsidios nacionales durante el mes de mayo». En otras palabras, la motosierra nacional sobre los subsidios se traslada en cascada a las tarifas que pagan millones de familias del conurbano, que ya enfrentaron este verano cortes masivos de luz por las deficiencias en el servicio de Edenor y Edesur.
Subsidios que crecen pese al ajuste
El argumento central del oficialismo para justificar cada tarifazo, la necesidad de eliminar subsidios para ordenar las cuentas públicas, choca con los propios datos del sector. Un informe de la consultora Economía & Energía, dirigida por el economista Nicolás Arceo, reveló que entre enero y abril de 2026 las erogaciones energéticas del Estado alcanzaron los USD 1.240 millones, más del doble de los USD 604 millones registrados en igual período de 2025, quebrando la tendencia descendente de los años previos.
En la misma línea, el Instituto Interdisciplinario de Economía y Política (IIEP) de la UBA y el Conicet estableció que el total de subsidios nacionales destinados a energía, transporte y agua aumentó un 14% en términos reales durante el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior, una suba explicada en parte por los mayores costos de abastecimiento energético. La paradoja resulta elocuente: pese a los tarifazos sucesivos, los subsidios rebotan, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa exigiendo más ajuste como condición del programa que co-gobierna la economía argentina junto al ministro Luis Caputo.
El esquema regresivo de fondo
Las nuevas tarifas se aplican bajo el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), vigente desde enero, que eliminó la segmentación por niveles y dejó topes diferenciados de consumo subsidiado: hasta 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda, como junio, y 150 kWh en los templados. Todo consumo que supere esos límites se abona a tarifa plena, sin asistencia estatal. El diseño, presentado como una «corrección de distorsiones», profundiza en los hechos un traslado del costo de la energía desde el Estado hacia los hogares, en un país donde la soberanía energética y el acceso a servicios esenciales deberían operar como un derecho y no como una variable de ajuste fiscal.
Según información confirmada por fuentes oficiales, el Gobierno decidió desacelerar el ritmo de quita de subsidios en ambos servicios para amortiguar el impacto de la inflación, un reconocimiento implícito de que el esquema aplicado durante los últimos meses se volvió insostenible para una parte creciente de la población.
Puntos clave:
- El gas aumentará un 2,81% y la electricidad un 1,5% a nivel nacional desde el 1° de junio, según los cuadros tarifarios de los entes reguladores.
- El Costo Propio de Distribución reconocido a las empresas subirá 4,68% (Edesur) y 4,75% (Edenor), por encima del aumento final al usuario.
- La provincia de Buenos Aires oficializó subas eléctricas de entre 6% y 14%, atribuidas a la quita de subsidios nacionales de mayo.
- Las erogaciones energéticas del Estado se duplicaron en el primer cuatrimestre de 2026 (USD 1.240 millones), según la consultora Economía & Energía.
- El esquema SEF mantiene topes de consumo subsidiado y traslada a tarifa plena todo excedente.
Combustibles ⛽
Los combustibles recaudan récord, pero los recursos siguen sin ir a las rutas
El impuesto a los combustibles se convirtió en el tributo que más recaudó en la gestión de Javier Milei, con un salto real del 240% desde noviembre de 2023. Sin embargo, un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) expuso la contradicción: mientras los ingresos para vialidad crecieron 91,2%, el gasto de la Dirección Nacional de Vialidad se desplomó 82,3% y el consumo de nafta sigue en caída.
El impuesto a los combustibles se disparó y se convirtió en la estrella recaudatoria de la gestión de Javier Milei, pero esa lluvia de pesos no aterriza sobre el asfalto. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el tributo es el que más creció desde el inicio del gobierno, en paralelo a un recorte feroz del gasto en vialidad y una caída sostenida del consumo de nafta. La paradoja no podría ser más elocuente: se cobra más que nunca, se ejecuta menos que nunca y las rutas quedan a la deriva.
Un impuesto que se triplicó
El reporte del IAG detalló que, desde el inicio de la gestión presidencial, el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) subió 1387% en términos nominales, frente a una inflación acumulada del 329%. Descontado el efecto inflacionario, la carga impositiva sobre las naftas se disparó un 240%, lo que significa que el tributo prácticamente se triplicó. El ajuste impositivo superó con creces el índice general de inflación.
Esa escalada se nota en el surtidor. El peso de los impuestos directos en el ticket de carga pasó de representar el 8,9% del precio total en noviembre de 2023 al 20,1% en agosto de este año. Así, de los $2045 que cuesta hoy un litro de nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, $411 corresponden puramente a impuestos. En noviembre de 2023, a precios constantes de hoy, el litro costaba $1333 y la parte tributaria era de apenas $120. El precio real del combustible en el surtidor subió un 53,4% desde el cambio de gestión.
Recaudación récord, gasto en picada
El incremento impositivo engrosó las cuentas públicas: el impuesto a los combustibles es el tributo cuya recaudación real más creció respecto de 2023, con una suba del 91% en el período de enero a agosto. Solo los Derechos de Exportación acompañaron ese crecimiento (+3,9%), favorecidos por la baja base que dejó la sequía histórica del 2023. En contraste, la recaudación de la seguridad social sufrió caídas notorias a raíz de la pérdida de puestos de trabajo.
Ahí aparece la contradicción central que el informe del IAG no dejó pasar. Pese a que Javier Milei sostuvo públicamente que «una ruta en buen estado salva tantas vidas como un auto seguro», las inversiones reales caminan en sentido opuesto. Entre enero y agosto de 2026, los ingresos reales por el impuesto de asignación específica destinado a vialidad aumentaron un 91,2% frente a 2023. En simultáneo, el gasto real devengado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) sufrió un recorte del 82,3%. De todos los fondos recaudados por el impuesto que le corresponden a Vialidad, la DNV ejecutó tan solo el 32,7%.
El desbalance es brutal: el gasto de Vialidad por todo concepto, incluyendo créditos externos y transferencias del Tesoro Nacional, terminó siendo incluso inferior a la suma teórica que le correspondía por la asignación específica del impuesto a los combustibles. El Estado cobra la plata, pero se niega a ponerla donde dijo que la pondría.
Consumo en caída y fronteras en llamas
Mientras la recaudación se dispara, la demanda se apaga. El consumo de nafta en los primeros siete meses de 2026 acumuló una caída del 5,26% frente al mismo período de 2023, lo que equivale a una pérdida neta de 314 millones de litros volcados al mercado local. Respecto del año pasado, el descenso en las ventas alcanza el 1,84%, según el reporte basado en estadísticas de la Secretaría de Energía.
La baja golpea a todas las provincias, aunque no con la misma intensidad. Mientras Buenos Aires y Neuquén fueron las menos afectadas, el impacto más severo se concentró en las zonas de frontera: Misiones encabezó el derrumbe con una caída del 32,48%, seguida por Formosa con una baja del 26,26%. El IAG explicó que el precio local de la nafta aumentó por encima del valor de los países vecinos, lo que anuló la conveniencia que atraía a la demanda fronteriza y provocó un desplome de las ventas.
El derrumbe tampoco discrimina por tipo de producto: frente a 2023, la nafta premium registró una caída del 7,3% en el consumo y la nafta súper una disminución del 4,5%. Menos combustible vendido, más impuestos cobrados y menos obra pública ejecutada. El gobierno de Milei logró convertir al surtidor en una caja recaudatoria, pero se olvidó de que el camino también conduce a algún lado.
Puntos clave
- El impuesto a los combustibles líquidos subió 1387% en términos nominales y 240% en términos reales desde noviembre de 2023; el tributo se triplicó.
- Los impuestos pasaron de representar el 8,9% al 20,1% del precio de la nafta; de los $2045 del litro de súper en CABA, $411 son tributos.
- El impuesto a los combustibles fue el de mayor crecimiento de recaudación real respecto de 2023, con una suba del 91% entre enero y agosto.
- Los ingresos reales para vialidad subieron 91,2%, pero el gasto de la DNV cayó 82,3% y ejecutó apenas el 32,7% de lo recaudado.
- El consumo de nafta cayó 5,26% en los primeros siete meses de 2026; Misiones lideró el desplome con 32,48%.
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