Espionaje
Mesa Judicial: ahora la Justicia va por Macri
La justicia orienta hacia el ex presidente Mauricio Macri la investigación por el escándalo de la mesa judicial bonaerense.
La justicia empezó a orientar hacia el ex presidente Mauricio Macri la investigación sobre el accionar de una mesa judicial bonaerense durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal que buscaba perjudicar a dirigentes sindicales, informaron hoy fuentes judiciales.
Es que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó a la Secretaría General de la Presidencia que informe si en el registro de visitas del 2017, tanto a la Casa Rosada como a la Quinta de Olivos, figura el nombre de Vidal o de alguno de los asistentes a la reunión realizada ese año en la sede porteña del Banco Provincia, que originó la investigación.
La filmación de ese encuentro, en el que -de acuerdo con los audios- se analizó cómo armar causas judiciales para perseguir a gremialistas en la provincia de Buenos Aires, motivó primero una denuncia penal presentada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de la interventora Cristina Camaño, y luego, con el avance de la investigación, la imputación de todos los asistentes: ex funcionarios de Vidal, de la propia AFI y empresarios bonaerenses.
Ahora el magistrado quiere saber si alguno de ellos visitó la Casa Rosada o la Quinta de Olivos entre mayo y el 31 de diciembre del 2017, detallaron las fuentes, que indicaron que Kreplak dispuso otras medidas relacionadas con la «persecución» por parte del macrismo a trabajadores del Astillero Río Santiago.
En la causa por la mesa judicial bonaerense están imputados Adrián Grassi (ex subsecretario de justicia provincial); Roberto Gigante (ex ministro de Infraestructura); el senador provincial de Juan Pablo Allan; el intendente de La Plata, Julio Garro; Diego Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, ex jefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Juan Sebastián De Stéfano, ex jefe del área de Jurídicos de la central de espías.
También, el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Eugenio Villegas; Marcelo Jawroski (director de la empresa Copetro y vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata); Ricardo Alconada (presidente de la empresa Ocsa); y Guillermo Moretto (Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata).
Otros de los imputados son Jorge Oscar Del Río (vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires Apymeco); Fabián Cusini (constructor inmobiliario, presidente de Agrineco); Fernando Sacrachi (director de ACIP) y Bernardo Zaslascky (director de Acimco, Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción).
Todos ellos participaron de una reunión realizada en el 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se acordó avanzar en el armado de causas judiciales para perseguir a dirigentes sindicales, una estrategia que, de acuerdo con los audios que trascendieron, tendría el aval del Procurador bonaerense Julio Conte Grand.
Conte Grand había sido citado para mañana a la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso Nacional, pero hoy se excusó de asistir y pidió responder por escrito las preguntas de ese grupo parlamentario de trabajo, a través de un texto que remitió al presidente de la comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau.
Según un intercambio de misivas entre ambos al que accedió Télam, Moreau volvió a convocarlo para el 27 de enero próximo, a las 12. «Su comparecencia responde a la posibilidad a dar respuesta a requerimientos de carácter político-institucional que los legisladores de la subcomisión de investigación parlamentaria convocada con motivo de una denuncia solicitaron realizarle», le respondió Moreau a Conte Grand.
Para Moreau, la respuesta de Conte Grand de excusarse de asistir «limita el ejercicio de las facultades parlamentarias propias de esta Comisión Bicameral previstas por la Ley 25.520; que, de continuar en esa postura, lesionaría inequívocamente instituciones fundamentales del sistema federal y republicano que las mismas provincias han decidido establecer».
Por eso, y a fin de «no obstaculizar una investigación en curso en cabeza de una comisión bicameral permanente del Congreso», el legislador del Frente de Todos (FdT) volvió a convocar al procurador bonaerense para el 27 de enero a las 12.
El audio de la filmación de la reunión de 2017 reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General con el objetivo de perjudicar a sindicalistas.
El jueves pasado, el comisario bonaerense Hernán Cassasa confirmó a los legisladores de ese cuerpo que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la «mesa judicial» macrista y en los cuales se detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban.

Cassasa, que ostentaba el grado de subcomisario en 2017, declaró ante los miembros de ese grupo de trabajo, integrado por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Ángel Bazze.
Además, según detalló hoy Tailhade en una entrevista con radio Del Plata, Conte Grand también fue citado por la comisión bicameral para que explique «por qué tenía un teléfono encriptado entregado por la AFI durante el gobierno de (Mauricio) Macri».
Tailhade remarcó además que el ex presidente entregó teléfonos encriptados «a alrededor de 150 personas, muchas de las cuales no tenían absolutamente nada que ver ni con la AFI ni con el propio gobierno nacional como, por ejemplo, Daniel Angelici, Nicolás Caputo, el abogado personal de Macri, parte del equipo de Vidal y la propia ex gobernadora».

«No hay ninguna justificación para que Conte Grand tenga un teléfono encriptado proporcionado por el servicio de inteligencia argentino», advirtió.
Por otra parte, el diputado miembro de la comisión bicameral dijo que «los 23 gremios que fueron intervenidos por la gestión macrista» pueden denunciar ante esa grupo parlamentario «si la AFI participó eventualmente del armado de alguna causa contra ellos o en procedimientos que hayan terminado con una intervención».
Denuncia
Hackean el celular de Tomás Méndez en vivo: desde Crónica TV acusan a la SIDE y a la Federal
El conductor de «Duro de Callar» de Crónica TV denunció en pantalla que su teléfono fue intervenido y bloqueado remotamente mientras el programa estaba al aire. Apuntó directamente a organismos de inteligencia del Estado y advirtió: «Están censurando a Crónica».
¿Milei espía periodistas? Hackearon el celular de Tomás Méndez en vivo en Crónica TV
★ El periodista Tomás Méndez, conductor del ciclo Duro de Callar por Crónica TV, realizó una grave denuncia pública durante una emisión reciente del programa: su teléfono celular fue hackeado e inutilizado en tiempo real mientras transmitía en vivo, en lo que calificó como un ataque deliberado de inteligencia estatal para silenciar el programa.
«Es la primera vez que me pasa. No puedo usar más el teléfono», afirmó Méndez frente a las cámaras, mostrando el dispositivo bloqueado a la audiencia. Según describió, la intrusión comenzó el fin de semana previo a la emisión, cuando agentes no identificados habrían extraído información de su equipo. El punto crítico ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando el sistema operativo y aplicaciones como WhatsApp se cerraron o bloquearon de forma remota, dejando el celular totalmente inutilizable.
Señalamientos directos a la SIDE y la Policía Federal
Méndez no dudó en identificar a los responsables. «Creo que hay gente capacitada en el Estado que está manipulando los teléfonos celulares», sostuvo, y señaló específicamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a la Policía Federal Argentina como posibles autores de la maniobra. Para el conductor, se trata de un desvío inadmisible de funciones institucionales: «No hay narcotraficantes que tengan que ir a seguir que nos están censurando a nosotros, un programa de tele».
La denuncia tomó una dimensión más amplia cuando Méndez extendió los alcances del ataque más allá de su persona: «Están censurando el programa, están censurando a Crónica y nos están censurando a nosotros». El periodista cuestionó además qué horizonte pretende el oficialismo para la prensa argentina: «¿Qué pretenden que se transforme la televisión en repetidores de lo que el Estado quiere que se diga?».
Una SIDE que puso la mira en la prensa crítica
La denuncia de Méndez no emerge en el vacío. En mayo de 2025, La Nación reveló el contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento secreto de 170 páginas elaborado por la cúpula de la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, que abre la puerta al espionaje sobre periodistas, economistas, académicos y cualquier ciudadano que cuestione las políticas del gobierno de Javier Milei. Según ese documento, la SIDE tiene facultades para recabar información sobre quienes «erosionen la confianza» en los funcionarios o generen «pérdida de confianza» en las políticas económicas oficiales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que ese plan incorpora hipótesis de conflicto que incluyen a quienes «cuestionen la política económica en la opinión pública», e incluso a quienes «organicen protestas», quienes podrían ser catalogados como una amenaza a la gobernabilidad. La reforma del sistema de inteligencia impulsada por el gobierno mediante el DNU 614, señaló el CELS, «debilita cualquier tipo de control sobre las actividades de inteligencia» y habilita «el uso de fondos reservados para financiar grupos de propaganda oficial en redes».
El antecedente no es menor: en mayo de 2025, el periodista Hugo Alconada Mon denunció haber sufrido diez intentos de hackeo a su cuenta de WhatsApp en pocas horas, justo después de revelar en La Nación los contenidos del Plan de Inteligencia. El patrón que describe Méndez guarda una llamativa similitud con aquel episodio.
Un patrón de acoso que escala
La denuncia de Méndez se inscribe en una escalada sostenida de hostigamiento oficial contra la prensa crítica. A principios de abril de 2026, el gobierno bloqueó las acreditaciones de periodistas de al menos cinco medios, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, impidiéndoles el ingreso a la Casa Rosada mediante la inhabilitación de sus registros biométricos. La medida fue calificada como «preventiva» por voceros oficiales, que la justificaron en una supuesta vinculación de esos medios con una red de desinformación financiada por el espionaje ruso.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y legisladores de la oposición repudiaron la medida. El periodista Santiago O’Donnell definió la quita de acreditaciones como «un acto cínico y peligroso de censura que el periodismo debería repudiar y combatir sin grieta».
Democracia y vigilancia tecnológica
Con visible indignación pero sin amedrentarse, Méndez trazó una distinción que considera fundamental: aunque el presidente Milei ha atacado verbalmente al programa en reiteradas oportunidades, eso forma parte del «debate democrático». El hackeo, en cambio, constituye para el conductor una «enfermedad» y una forma de violencia que supera cualquier crítica política legítima.
«Tanto miedo le tienen a la información, a los datos, a los periodistas», sentenció Méndez, quien defendió la pluralidad de voces de su espacio y cerró su descargo con una declaración de principios: «Vamos a seguir. ¿Qué se creen, que no vamos a seguir?».
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que el decreto de reforma de inteligencia impulsado por el gobierno «habilita prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina», entre ellas el «espionaje político» y la «ausencia de controles efectivos sobre los organismos de inteligencia». Organismos que, según la denuncia de Méndez, ya habrían actuado contra su programa en horario de máxima audiencia.
Puntos clave
- Tomás Méndez denunció en vivo por Crónica TV que su celular fue hackeado e inutilizado durante la emisión de Duro de Callar.
- El conductor señaló a la SIDE y la Policía Federal como posibles responsables del ataque digital.
- El hackeo comenzó el fin de semana previo y escaló durante la transmisión, con el cierre remoto de WhatsApp y el bloqueo del sistema operativo.
- El episodio se enmarca en el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE que, según documentos filtrados en 2025, habilita el espionaje sobre periodistas críticos del gobierno.
- En abril de 2026, el gobierno ya había bloqueado las acreditaciones de periodistas de cinco medios para el ingreso a la Casa Rosada.
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