La justicia empezó a orientar hacia el ex presidente Mauricio Macri la investigación sobre el accionar de una mesa judicial bonaerense durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal que buscaba perjudicar a dirigentes sindicales, informaron hoy fuentes judiciales.

Es que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó a la Secretaría General de la Presidencia que informe si en el registro de visitas del 2017, tanto a la Casa Rosada como a la Quinta de Olivos, figura el nombre de Vidal o de alguno de los asistentes a la reunión realizada ese año en la sede porteña del Banco Provincia, que originó la investigación.

La filmación de ese encuentro, en el que -de acuerdo con los audios- se analizó cómo armar causas judiciales para perseguir a gremialistas en la provincia de Buenos Aires, motivó primero una denuncia penal presentada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de la interventora Cristina Camaño, y luego, con el avance de la investigación, la imputación de todos los asistentes: ex funcionarios de Vidal, de la propia AFI y empresarios bonaerenses.

Ahora el magistrado quiere saber si alguno de ellos visitó la Casa Rosada o la Quinta de Olivos entre mayo y el 31 de diciembre del 2017, detallaron las fuentes, que indicaron que Kreplak dispuso otras medidas relacionadas con la «persecución» por parte del macrismo a trabajadores del Astillero Río Santiago.

En la causa por la mesa judicial bonaerense están imputados Adrián Grassi (ex subsecretario de justicia provincial); Roberto Gigante (ex ministro de Infraestructura); el senador provincial de Juan Pablo Allan; el intendente de La Plata, Julio Garro; Diego Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, ex jefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Juan Sebastián De Stéfano, ex jefe del área de Jurídicos de la central de espías.

También, el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Eugenio Villegas; Marcelo Jawroski (director de la empresa Copetro y vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata); Ricardo Alconada (presidente de la empresa Ocsa); y Guillermo Moretto (Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata).

Otros de los imputados son Jorge Oscar Del Río (vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires Apymeco); Fabián Cusini (constructor inmobiliario, presidente de Agrineco); Fernando Sacrachi (director de ACIP) y Bernardo Zaslascky (director de Acimco, Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción).

Todos ellos participaron de una reunión realizada en el 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se acordó avanzar en el armado de causas judiciales para perseguir a dirigentes sindicales, una estrategia que, de acuerdo con los audios que trascendieron, tendría el aval del Procurador bonaerense Julio Conte Grand.

Conte Grand había sido citado para mañana a la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso Nacional, pero hoy se excusó de asistir y pidió responder por escrito las preguntas de ese grupo parlamentario de trabajo, a través de un texto que remitió al presidente de la comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau.

Según un intercambio de misivas entre ambos al que accedió Télam, Moreau volvió a convocarlo para el 27 de enero próximo, a las 12. «Su comparecencia responde a la posibilidad a dar respuesta a requerimientos de carácter político-institucional que los legisladores de la subcomisión de investigación parlamentaria convocada con motivo de una denuncia solicitaron realizarle», le respondió Moreau a Conte Grand.

Para Moreau, la respuesta de Conte Grand de excusarse de asistir «limita el ejercicio de las facultades parlamentarias propias de esta Comisión Bicameral previstas por la Ley 25.520; que, de continuar en esa postura, lesionaría inequívocamente instituciones fundamentales del sistema federal y republicano que las mismas provincias han decidido establecer».

Por eso, y a fin de «no obstaculizar una investigación en curso en cabeza de una comisión bicameral permanente del Congreso», el legislador del Frente de Todos (FdT) volvió a convocar al procurador bonaerense para el 27 de enero a las 12.

El audio de la filmación de la reunión de 2017 reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General con el objetivo de perjudicar a sindicalistas.

El jueves pasado, el comisario bonaerense Hernán Cassasa confirmó a los legisladores de ese cuerpo que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la «mesa judicial» macrista y en los cuales se detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban.

Cassasa, que ostentaba el grado de subcomisario en 2017, declaró ante los miembros de ese grupo de trabajo, integrado por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Ángel Bazze.

Además, según detalló hoy Tailhade en una entrevista con radio Del Plata, Conte Grand también fue citado por la comisión bicameral para que explique «por qué tenía un teléfono encriptado entregado por la AFI durante el gobierno de (Mauricio) Macri».

Tailhade remarcó además que el ex presidente entregó teléfonos encriptados «a alrededor de 150 personas, muchas de las cuales no tenían absolutamente nada que ver ni con la AFI ni con el propio gobierno nacional como, por ejemplo, Daniel Angelici, Nicolás Caputo, el abogado personal de Macri, parte del equipo de Vidal y la propia ex gobernadora».

«No hay ninguna justificación para que Conte Grand tenga un teléfono encriptado proporcionado por el servicio de inteligencia argentino», advirtió.

Por otra parte, el diputado miembro de la comisión bicameral dijo que «los 23 gremios que fueron intervenidos por la gestión macrista» pueden denunciar ante esa grupo parlamentario «si la AFI participó eventualmente del armado de alguna causa contra ellos o en procedimientos que hayan terminado con una intervención».