Tras revelarse que al menos tres jueces y un fiscal visitaban regularmente a Macri en la Quinta de Olivos y la Rosada, las denuncias comenzaron a entrar en el Consejo de la Magistratura, ya que desde su posición de poder el gobierno de Cambiemos fogoneaba causas judiciales contra sus adversarios políticos.

Por Ariel Zak

Recusaciones, pedidos de nulidad y varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura fueron las primeras consecuencias de Olivosgate, la investigación periodística del portal de noticias El Destape que reveló que al menos tres jueces y un fiscal visitaron la Quinta de Olivos mientras allí moraba el expresidente Mauricio Macri.

La noticia generó un gran temblor hacia el interior de los tribunales federales de Comodoro Py, donde se desempeñan los apuntados, y terminó de moldear la parálisis administrativa de la Cámara Federal de Casación Penal en la que revisten dos de los jueces señalados: Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Los jueces del máximo tribunal penal, en el que descansa la administración de los tribunales de Retiro, «están completamente desconectados entre sí», aseguró una fuente que recordó que esta semana no se realizó finalmente el habitual acuerdo de superintendencia y que hace más de dos meses que no se lleva a cabo un Acuerdo General, a pesar de la insistencia de algunos de sus integrantes.

Lo que el Olivosgate ya dejó claro es que, además de ser eje de un extenso debate público, los jueces involucrados en la trama deberán responder una incalculable cantidad de recusaciones y pedidos de nulidad: el número dependerá de cuántos imputados o querellantes sientan que esas visitas a la Quinta Presidencial –por el motivo que fueran- pudieron haber influido en el desarrollo de los expedientes.

Los primeros en llevar el tema a un expediente judicial fueron los miembros del Colegio Público de Abogados de la Ciudad y dos abogados condenados por causas de corrupción, Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco, que son querellantes en la causa en la que se investigan maniobras de espionaje ilegal ocurridas durante el Gobierno de Macri.

Todos los planteos tenían el mismo fin: exigir el apartamiento de Borinsky de ese expediente y la nulidad de las resoluciones que hubiera firmado, entre las que están las dos a través de las cuales la Cámara Federal de Casación penal dispuso que el espionaje supuestamente ordenado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos debe dejar de tramitar en Lomas de Zamora y pasar a Comodoro Py.

El viernes último se produjo la primera respuesta por parte de la sala IV del máximo tribunal penal –la que integra Borinsky- a los planteos que le formularon cuando una mayoría rechazó «in límine» («desde el umbral», sin dar tratamiento) la recusación y el pedido de nulidad.

La mayoría que rechazó el planteo estuvo conformada por el propio juez cuestionado y por su colega Javier Carbajo, mientras que la jueza Ángela Ledesma votó en sentido contrario y afirmó que correspondía que se le diera al tema el planteo establecido por el código de procedimientos que implica que el recusado produzca un informe y sus colegas decidan si le corresponde quedar en el expediente.

«Borinsky actuó como juez de sí mismo», analizaban desde los tribunales federales de Retiro dos magistrados que se manifestaron sorprendidos frente a la resolución que la Cámara Federal de Casación Penal les dio a las recusaciones.

El abogado Carlos Beraldi, representante de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también anunció que formulará un planteo de nulidad y sostuvo que lo hará en la causa en la que se investiga el memorándum de entendimiento suscripto entre la Argentina e Irán en el marco de la Causa-AMIA.

El rol de Hornos y Borinsky en la causa del memorándum no fue menor: sus votos fueron los que permitieron reabrir a fines del 2016 el expediente que había sido desestimado por el juez Daniel Rafecas un tiempo antes, a quien desplazaron de la investigación.

Es de esperar que Beraldi plantee que esa decisión, que impactó en el tablero político, debe ser anulada porque fue tomada por jueces que tenían relación con Macri, el adversario político de los funcionarios acusados. Asimismo, el abogado adelantó que reclamará que la tramitación del incidente de nulidad sea en forma oral y pública.

En las vísperas de esa presentación, el abogado Beraldi ya se hizo eco del Olivosgate y presentó esta semana un pedido de indagatoria contra el secretario privado de Macri, Darío Nieto, que está imputado en la causa por el espionaje ilegal, aunque fue beneficiado con una falta de mérito.

Nieto fue el ex funcionario que en 2019 firmó las planillas de ingresos a Olivos que el Gobierno de Macri le entregó a la ONG Poder Ciudadano que reclamaba poder acceder a esa información que es pública: esas planillas habían sido editadas y se habían quitado las visitas de jueces, fiscales y periodistas, entre otros.

Las visitas a la Quinta de Olivos y, en el caso de Hornos, también a la Casa Rosada le valieron a los dos camaristas de Casación sendas denuncias ante el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la promoción y la destitución de los jueces.

La denuncia contra Hornos ya comenzó a avanzar con pedidos de prueba –como la certificación de sus ingresos a la casa de gobierno y a la quinta presidencial- mientras que el propio juez presentó abogados ante el Consejo para que ejerzan su defensa.