Casi 110 millones de pesos de indemnización cobrados un viernes. Una gerencia en otro organismo del Estado asumida el lunes siguiente. Lo que en cualquier empresa privada sería motivo de rescisión automática por dolo, en la administración pública libertaria parece ser una carrera posible, o al menos tolerable. El caso de Daniel Alfredo Neira, ex subdirector de Contabilidad y Finanzas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), es la ilustración más cruda de lo que ocurre cuando el discurso de la motosierra choca con la realidad de los expedientes.

Neira ingresó al Estado en enero de 2012 en la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), antecesora del AFTIC y luego del ENACOM. Contador egresado de la Universidad de Buenos Aires, hizo carrera en el organismo: en 2017 fue designado subgerente del Área de Contabilidad, Presupuesto y Liquidaciones, y en 2025 alcanzó la subdirección de Contabilidad y Finanzas, un cargo categoría A, la máxima jerarquía escalafonaria, con uno de los salarios técnicos más altos del personal de planta.

La maniobra, paso a paso

La cronología del caso es elocuente. El 24 de julio de 2026, Neira recibió la notificación de rescisión de su contrato en el ENACOM. El 28 de julio quedó habilitado para cobrar la indemnización. El 31 de julio fue formalmente desvinculado. El 1 de agosto asumió como gerente en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Pero el dato que transforma este movimiento en algo más que una rotación: los trámites para su nueva designación en el INTA comenzaron el 1 de julio, es decir, 23 días antes de que le notificaran su «despido» del ENACOM.

La lectura de fuentes cercanas al organismo es directa: Neira simuló su desvinculación para poder acceder a la indemnización que, de haber pedido un traslado o renunciado voluntariamente, no le correspondía. «Neira simuló su despido cuando las autoridades de la Secretaría de Agricultura, cercana a Luis Caputo, lo llamaron para que asuma en el INTA. Debería haber solicitado el traslado o incluso renunciar a sus funciones en el ENACOM. Pero si hacía eso no cobraba el dineral que le dieron como indemnización. Fue un fraude orquestado con los directivos», señalaron fuentes del sector consultadas por este medio.

Un único empleador que se pagó a sí mismo la liquidación

El nudo jurídico del caso es tan simple como escandaloso. Según criterio reiterado de la Procuración del Tesoro de la Nación, el Estado argentino es considerado un único empleador en sentido amplio: no importa cuántos organismos o jurisdicciones intervengan, la relación laboral sigue siendo con el mismo bloque estatal. Bajo esa lógica, quien le pagó la indemnización a Neira fue el mismo empleador que al día siguiente lo contrató de nuevo.

El monto exacto que el Estado abonó en concepto de indemnización fue de $109.781.999,73. Para dimensionarlo, fuentes internas del ENACOM señalaron que el salario promedio en el organismo ronda el millón cuatrocientos mil pesos: lo que Neira se llevó en mano equivale a lo que ganan casi 80 trabajadores del organismo en un mes.

La opinión jurídica: enriquecimiento sin causa y riesgo de repetición

El abogado especialista en derecho administrativo Carlos Fernández advirtió que la situación merece, como mínimo, que se investigue la posibilidad de un enriquecimiento sin causa. «La jurisprudencia civil y administrativa determina que no se puede percibir del Estado una compensación por la ‘pérdida del empleo’ y simultáneamente continuar recibiendo ingresos del Estado bajo otra designación política o de conducción. El funcionario se expone a demandas por repetición de pago, que implicarían la devolución del dinero, por parte del fisco», precisó.

La figura de la «acción de repetición» habilita al Estado a reclamar judicialmente la devolución de fondos percibidos sin causa legítima. Si se acreditara que la desvinculación fue simulada, Neira estaría obligado a reintegrar la totalidad de la suma cobrada, con más los intereses correspondientes.

El discurso y la práctica

La contradicción con el relato oficial no podría ser más nítida. El gobierno de Javier Milei sostiene desde su inicio que el ajuste del gasto público es una necesidad impostergable y que «la ética no se negocia». Sin embargo, mientras se recortaban programas sociales, se ajustaban salarios de empleados estatales y se vaciaban organismos, un subdirector con vínculos en la Secretaría de Agricultura alineada con Luis Caputo encontró la forma de cobrar casi 110 millones de pesos por una salida que, en los hechos, nunca existió.

«Repiten que en su gobierno la ética no se negocia, pero son corruptos y con la nuestra», resumieron fuentes del ENACOM al ser consultadas por este medio, apuntando directamente a la doble vara del gobierno libertario.

Lo que tenés que saber

• Daniel Alfredo Neira cobró una indemnización de $109.781.999,73 como subdirector del ENACOM y al día siguiente asumió como gerente en el INTA.
• Los trámites para su nueva designación comenzaron 23 días antes de que se le notificara la rescisión de su contrato en el ENACOM.
• Según la Procuración del Tesoro, el Estado es un único empleador: pagó la indemnización y al otro día lo contrató de nuevo.
• Especialistas en derecho administrativo advierten sobre la posibilidad de una demanda por enriquecimiento sin causa y repetición de pago.
• El caso contradice el discurso oficial de austeridad y pone en evidencia el uso discrecional de recursos públicos dentro de la propia gestión libertaria.