Una orden judicial firmada hace más de siete años alcanzó este miércoles a Máximo Kirchner en plena ruta. El diputado nacional fue demorado en el puesto limítrofe de Justo Daract, en San Luis, y la camioneta en la que viajaba quedó secuestrada por un pedido de la causa Hotesur, un expediente cuyo juicio oral todavía no comenzó. Fue el segundo operativo de ese tipo en menos de 24 horas en territorio puntano contra vehículos vinculados a la familia Kirchner.

El legislador de Unión por la Patria y líder de La Cámpora se dirigía a San Juan, donde este jueves tiene previsto reunirse con diputados nacionales, integrantes de la conducción del Partido Justicialista sanjuanino y militantes. Según informaron medios locales, tras las verificaciones correspondientes en el control se procedió al secuestro del rodado, que figuraba con un pedido de captura emitido en el marco de esa investigación.

Una agenda política interrumpida en la banquina

La visita de Kirchner a la provincia gobernada por Marcelo Orrego incluye, a las 18 horas, una mesa de trabajo bajo el lema «La Argentina que viene» en la sede partidaria, de la que también participarán la senadora nacional Celeste Giménez y el diputado nacional Cristian Andino. Se trata de una recorrida de construcción política de cara a 2027, en un momento en el que el propio Máximo afirmó que Cristina Fernández de Kirchner tiene «la voluntad» de ser candidata en esas elecciones.

El hecho de que un dirigente opositor de primera línea sea frenado en un control de ruta por una orden de 2019, justo cuando se moviliza para reorganizar al peronismo en las provincias, alimenta la lectura de una persecución que ya no se limita a los tribunales de Comodoro Py.

La RAM de Cristina que manejaba un vecino de Cortaderas

El antecedente inmediato ocurrió el martes a las 10:02, en el puesto de control de Los Molles, sobre la ruta provincial Nº 1. Allí la Policía de San Luis interceptó una camioneta RAM 2500 Laramie 4×4 que circulaba desde Cortaderas en dirección a Villa de Merlo. De acuerdo con el parte oficial de la fuerza, el vehículo está a nombre de Cristina Kirchner y tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia Nacional en febrero de 2019.

El mismo informe policial reconoció que durante el control se corroboró que el actual propietario es un hombre que vive en la provincia, un vecino de Cortaderas de 38 años. La camioneta había ingresado a San Luis el domingo 27 de septiembre y fue detectada por las lectoras de patentes del pórtico de Santa Rosa del Conlara, que integra el Anillo Digital Federal. Tras ser interceptada, quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Que una orden de secuestro siga vigente siete años después sobre un vehículo que ya está en manos de un particular expone el carácter burocrático y desproporcionado de un expediente que se arrastra desde hace más de una década.

La orden de Ercolini y una causa que no termina nunca

El oficio judicial del 28 de febrero de 2019, con la firma del juez federal Julián Ercolini, ordenó el secuestro de los vehículos especificados en un listado adjunto, pertenecientes a miembros de la familia Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a otras personas y empresas. La orden fue dictada en la causa Nº 11352/14, caratulada «Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ inf. art. 303 del CP», es decir, por presunto lavado de activos.

La causa Hotesur investiga el supuesto alquiler de habitaciones de los hoteles de la familia a empresas de Báez como mecanismo de retornos por la obra pública en Santa Cruz. Máximo Kirchner sostuvo desde su primera presentación ante Ercolini que su intervención en esos negocios fue como mandatario de sus padres y que la maniobra «jamás podría importar una operatoria de lavado de activos, toda vez que ese dinero de principio a fin circuló dentro del sistema financiero legal».

El expediente tuvo un recorrido errático. En 2023, la Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, ordenó reabrir la causa Hotesur y Los Sauces y enviar a juicio a Cristina y a Máximo Kirchner. Aquella resolución fue cuestionada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien escribió en su cuenta oficial que «la decisión de dos jueces aliados del macrismo de reabrir dos causas contra Cristina y Máximo Kirchner tiene un único objetivo: perseguirlos políticamente».

En septiembre último, el Tribunal Oral Federal Nº 5 desdobló ambos expedientes: el juicio por Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026 y el de Hotesur, recién el 19 de marzo de 2027. Es decir, la Justicia secuestra bienes y demora a los acusados en la ruta por una causa en la que todavía no hubo debate oral ni sentencia.

Un cerco judicial que se estrecha sobre toda la familia

El episodio de San Luis se suma a una ofensiva que avanza en varios frentes a la vez. Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 por la condena en la causa Vialidad, mientras el Tribunal Oral Federal Nº 2 avanza con el embargo de sus bienes para un decomiso que ronda los 685.000 millones de pesos. La Cámara Federal de Casación, además, rechazó recursos de la expresidenta y de sus hijos, Máximo y Florencia, para frenar el posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., y ambos hermanos buscan ahora una nueva instancia para detener el embargo.

El propio Máximo Kirchner calificó de «irregular» la detención domiciliaria de su madre en un mensaje difundido en sus redes sociales antes de someterse a una cirugía, donde contó que le había pedido a Cristina que no solicitara permiso para acompañarlo: «No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia».

Para el peronismo, la escena de este miércoles condensa el lawfare en su versión más cotidiana: una causa eterna, una orden vieja y un operativo de ruta que convierten un viaje político en una noticia policial. Mientras el Gobierno de Javier Milei acumula expedientes por presunto enriquecimiento ilícito y el escándalo $Libra sin consecuencias de este tipo para sus funcionarios, sobre la familia Kirchner la maquinaria judicial funciona con una eficacia que no se ve en otros casos.

Lo que tenés que saber:

• Máximo Kirchner fue demorado en Justo Daract, San Luis, y le secuestraron la camioneta en la que viajaba por un pedido de la causa Hotesur.
• El diputado viajaba a San Juan para reunirse con el PJ local y encabezar la mesa «La Argentina que viene».
• Un día antes, la Policía de San Luis secuestró en Los Molles una RAM a nombre de Cristina Kirchner cuyo actual propietario es un vecino de Cortaderas.
• La orden de secuestro fue firmada por el juez Julián Ercolini el 28 de febrero de 2019.
• El juicio oral por Hotesur recién comenzará el 19 de marzo de 2027.