Judiciales ⚖️
Una justicia a medida del gobierno libertario: 170 magistrados de Milei y fallos que salvan al poder
El gobierno de Javier Milei alcanzó 170 designaciones judiciales en menos de dos años. La nueva composición de la Cámara Federal ya emitió fallos que archivaron causas contra Macri, Caputo y el propio presidente.
Mientras la Sala I de la Cámara Federal estrenaba su nueva composición, su primer fallo relevante archivó la causa por el préstamo de 57.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional otorgó al gobierno de Mauricio Macri en 2018, y confirmó el sobreseimiento del actual ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. El debut del tribunal, que en la prensa recibió el rótulo de «salvataje judicial», se produjo en la primera quincena de septiembre de 2026.
El gobierno de Javier Milei acumuló 170 designaciones de magistrados en menos de dos años de gestión, una cifra sin precedentes recientes en la historia judicial argentina. Esos nombramientos se concentraron en tribunales con competencia para resolver causas sensibles al oficialismo, y los fallos que siguieron a las nuevas designaciones tendieron a favorecer a los funcionarios imputados.
Los fallos que marcaron el debut de la nueva Cámara
En apenas días, la Sala I de la Cámara Federal porteña, con su nueva integración, confirmó el archivo de la causa por el acuerdo stand-by de 2018 con el FMI, confirmó el sobreseimiento de Caputo por la emisión del bono centenario a 100 años y sobreseyó también a Macri y a los ex jefes de inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en una causa vinculada al espionaje durante la gestión anterior. Esos tres fallos, emitidos en la primera semana de septiembre, fueron seguidos de cerca por medios como Tiempo Argentino, La Nación e Infobae. La Sala I confirmó el archivo de la causa por el préstamo del FMI el 4 de septiembre de 2026.
La respuesta de la fiscalía no tardó. Un fiscal presentó un recurso ante la Cámara de Casación para intentar reabrir la causa por el crédito de 57.000 millones, según informó La Nación el 17 de septiembre. Ese movimiento abre una nueva instancia de disputa judicial sobre uno de los episodios más debatidos del gobierno de Macri, en el que varios de los actuales funcionarios de Milei tuvieron roles protagónicos.
El Consejo de la Magistratura y la reforma judicial prometida
El gobierno anunció además una reforma de los tribunales federales, según reportó MercoPress el 14 de septiembre. Esa iniciativa se presenta como una modernización del sistema, pero las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el Poder Judicial la leen como una profundización del control político sobre la justicia federal. El Consejo de la Magistratura, organismo clave en el proceso de designación de jueces, procesó en tiempo récord los pliegos que permitieron la oleada de nombramientos.
El debate sobre la independencia del Poder Judicial se instaló con fuerza en la agenda pública argentina. Para el oficialismo, las designaciones responden a la necesidad de cubrir vacantes estructurales que se habían acumulado durante años. Para sus críticos, el patrón de los fallos posteriores a cada nombramiento dibuja una justicia que responde a la señal política antes que al derecho.
Lo que tenés que saber
- El gobierno de Milei designó 170 magistrados en menos de dos años, según datos del Ministerio de Justicia y medios especializados.
- La nueva Sala I de la Cámara Federal archivó la causa por el préstamo de US$ 57.000 millones del FMI al gobierno de Macri el 4 de septiembre de 2026.
- En la misma semana, la Cámara confirmó el sobreseimiento de Luis Caputo en dos causas y sobreseyó a Macri y ex jefes de inteligencia.
- Un fiscal pidió ante la Casación la reapertura de la causa del préstamo del FMI el 17 de septiembre de 2026.
- El gobierno anunció una reforma de los tribunales federales en simultáneo con las nuevas designaciones.
Judiciales ⚖️
La Corte le puso freno al “escrache virtual” y ordenó a Meta identificar a los autores anónimos
En un fallo unánime, el máximo tribunal ordenó a Facebook e Instagram borrar publicaciones anónimas y revelar la identidad de quienes acusaron de abusador a un estudiante de la UNLP. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti coincidieron en que ni el activismo de género ni el anonimato habilitan a vulnerar el derecho de defensa.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló contra un «escrache virtual» y ordenó a Facebook e Instagram identificar a los responsables de las cuentas anónimas que acusaron públicamente de abusador a un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El fallo, dictado el 23 de septiembre en la causa «C., F. c/ Facebook Argentina SRL s/ hábeas data», lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, cada uno con su propio voto.
Un escrache sin nombre y sin derecho de defensa
El caso se originó cuando cuentas identificadas como «Comisión de Género de la FaHCE» y «comisiondegeneros», en Instagram y Facebook, publicaron el nombre y la fotografía de un estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, calificándolo de «abusador, manipulador psicológico y machista» y narrando presuntas conductas dentro de una relación de pareja. El joven, que también participaba de espacios activistas, inició una acción de hábeas data para que Meta revelara quién estaba detrás de esas cuentas y para lograr la eliminación de los posteos.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata había rechazado el pedido en primera instancia. La Corte revirtió esa decisión y ordenó eliminar las URL denunciadas, además de exigirle a Meta que entregue todos los datos disponibles —correo electrónico, direcciones IP, fecha, hora y tipo de dispositivo— para identificar a los administradores de las cuentas.
Qué dijo cada juez
Rosatti sostuvo que la ausencia de datos verificables que permitan al denunciado ejercer su derecho de defensa viola el debido proceso, y que esa garantía no se subsana invocando la libertad de expresión. Rosenkrantz planteó que la relevancia social de un discurso sobre violencia de género no alcanza, por sí sola, para desplazar automáticamente la protección de los derechos personales de quien es acusado. Lorenzetti, por su parte, remarcó que la participación social o política de una persona no la convierte en figura pública con un estándar de protección de la privacidad más bajo.
El fallo sintetizó el criterio central del tribunal: «la existencia de un tema de interés público no habilita a valerse de cualquier modalidad de expresión». Para la Corte, el anonimato en redes sociales goza de protección constitucional, pero esa protección no es absoluta cuando están en juego los derechos de terceros y existe la posibilidad de un reclamo judicial por los daños causados.
Un límite con impacto en las redes
La decisión fija un antecedente relevante sobre los límites del anonimato en denuncias virtuales sin garantías procesales, un fenómeno que se multiplicó en los últimos años en universidades, sindicatos y organizaciones sociales. El tribunal fue claro en diferenciar entre reconocer la gravedad de la violencia de género como problema de interés público y admitir cualquier método de exposición pública sin posibilidad de defensa para el acusado.
Lo que tenés que saber:
- La Corte falló en «C., F. c/ Facebook Argentina SRL s/ hábeas data» y revirtió el rechazo de la Cámara Federal de La Plata.
- Ordenó eliminar las publicaciones y que Meta identifique a los administradores de las cuentas anónimas.
- Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti coincidieron en que ni la militancia de género ni el anonimato habilitan a vulnerar el derecho de defensa.
- El tribunal calificó la práctica como «escrache público virtual» y fijó un límite a este tipo de denuncias sin garantías procesales.
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