Judiciales ⚖️
Una justicia a medida del gobierno libertario: 170 magistrados de Milei y fallos que salvan al poder
El gobierno de Javier Milei alcanzó 170 designaciones judiciales en menos de dos años. La nueva composición de la Cámara Federal ya emitió fallos que archivaron causas contra Macri, Caputo y el propio presidente.
Mientras la Sala I de la Cámara Federal estrenaba su nueva composición, su primer fallo relevante archivó la causa por el préstamo de 57.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional otorgó al gobierno de Mauricio Macri en 2018, y confirmó el sobreseimiento del actual ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. El debut del tribunal, que en la prensa recibió el rótulo de «salvataje judicial», se produjo en la primera quincena de septiembre de 2026.
El gobierno de Javier Milei acumuló 170 designaciones de magistrados en menos de dos años de gestión, una cifra sin precedentes recientes en la historia judicial argentina. Esos nombramientos se concentraron en tribunales con competencia para resolver causas sensibles al oficialismo, y los fallos que siguieron a las nuevas designaciones tendieron a favorecer a los funcionarios imputados.
Los fallos que marcaron el debut de la nueva Cámara
En apenas días, la Sala I de la Cámara Federal porteña, con su nueva integración, confirmó el archivo de la causa por el acuerdo stand-by de 2018 con el FMI, confirmó el sobreseimiento de Caputo por la emisión del bono centenario a 100 años y sobreseyó también a Macri y a los ex jefes de inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en una causa vinculada al espionaje durante la gestión anterior. Esos tres fallos, emitidos en la primera semana de septiembre, fueron seguidos de cerca por medios como Tiempo Argentino, La Nación e Infobae. La Sala I confirmó el archivo de la causa por el préstamo del FMI el 4 de septiembre de 2026.
La respuesta de la fiscalía no tardó. Un fiscal presentó un recurso ante la Cámara de Casación para intentar reabrir la causa por el crédito de 57.000 millones, según informó La Nación el 17 de septiembre. Ese movimiento abre una nueva instancia de disputa judicial sobre uno de los episodios más debatidos del gobierno de Macri, en el que varios de los actuales funcionarios de Milei tuvieron roles protagónicos.
El Consejo de la Magistratura y la reforma judicial prometida
El gobierno anunció además una reforma de los tribunales federales, según reportó MercoPress el 14 de septiembre. Esa iniciativa se presenta como una modernización del sistema, pero las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el Poder Judicial la leen como una profundización del control político sobre la justicia federal. El Consejo de la Magistratura, organismo clave en el proceso de designación de jueces, procesó en tiempo récord los pliegos que permitieron la oleada de nombramientos.
El debate sobre la independencia del Poder Judicial se instaló con fuerza en la agenda pública argentina. Para el oficialismo, las designaciones responden a la necesidad de cubrir vacantes estructurales que se habían acumulado durante años. Para sus críticos, el patrón de los fallos posteriores a cada nombramiento dibuja una justicia que responde a la señal política antes que al derecho.
Lo que tenés que saber
- El gobierno de Milei designó 170 magistrados en menos de dos años, según datos del Ministerio de Justicia y medios especializados.
- La nueva Sala I de la Cámara Federal archivó la causa por el préstamo de US$ 57.000 millones del FMI al gobierno de Macri el 4 de septiembre de 2026.
- En la misma semana, la Cámara confirmó el sobreseimiento de Luis Caputo en dos causas y sobreseyó a Macri y ex jefes de inteligencia.
- Un fiscal pidió ante la Casación la reapertura de la causa del préstamo del FMI el 17 de septiembre de 2026.
- El gobierno anunció una reforma de los tribunales federales en simultáneo con las nuevas designaciones.
Judiciales ⚖️
Pity Álvarez: la defensa habla de juicio ilegal y Burlando anticipa condena
Después de un cruce áspero en las réplicas y de las últimas palabras de Álvarez por videoconferencia, el Tribunal Oral 29 define el veredicto. La defensa de Javier Baños insiste en la nulidad y Fernando Burlando da por hecha la condena, con pedidos de pena que van de 11 años y 2 meses a 18 años y 6 meses.
La defensa de Pity Álvarez sostiene que el juicio es ilegal y la querella da por hecha la condena: las dos posiciones llegaron irreconciliables a la audiencia en la que el Tribunal Oral define el veredicto por el crimen de Cristian Díaz.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, debe resolver si condena o absuelve a Cristian «Pity» Álvarez, ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. A Cristian Maximiliano «Gringo» Díaz lo mataron de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo Cardenal Samoré, de Villa Lugano.
Un acusado ausente, con últimas palabras por videoconferencia
Álvarez no estuvo en la sala: el Tribunal no autorizó su traslado desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, de Castelar, donde permanece internado de manera involuntaria, decisión que llegó luego de que se informara que consumió cocaína tras su declaración del 2 de noviembre. Se conectó por videoconferencia desde la clínica solo para hacer uso de sus últimas palabras. Sobre el alegato del fiscal, dijo: «Me pareció excesivo». Explicó además que en su declaración empezó a contar su historia antes del hecho para que los jueces entendieran lo que significa vivir acorralado y en la marginalidad, y dejó la sentencia en manos de la Justicia.
La defensa: nulidad, absolución o exceso
El defensor Javier Baños, que actúa junto a Sebastián Queijeiro, calificó el proceso de «un juicio en ausencia, ilegal al 100%» y sostuvo que es «la primera vez en la historia que se juzga a una persona con internación psiquiátrica forzada por una curatela». Según planteó, la ausencia de Álvarez refuerza el argumento de que no estaba en condiciones de afrontar el debate y suma otro motivo para la nulidad.
La defensa pidió la absolución por legítima defensa y, de manera subsidiaria, una condena por exceso en la legítima defensa, una figura que prevé una pena máxima de cinco años. Baños sostuvo además que, si «prime la cordura», el Tribunal no debería fijar una pena superior a la que pidió la querella. Los abogados ya habían planteado ante instancias superiores el sobreseimiento o, en subsidio, la nulidad del juicio, y anticiparon que podrían recurrir a Casación si la sentencia les resulta adversa.
Durante las réplicas hubo un fuerte cruce con el Tribunal: Baños criticó lo que definió como hábitos inquisitivos del sistema penal y advirtió sobre una condena desmesurada; el presidente del Tribunal, Gustavo Goerner, lo interrumpió porque consideró que repetía su alegato, y el juez Juan Ramos Padilla habló de insolencia contra el Tribunal, según relató la prensa local.
La querella y la Fiscalía: dos penas muy distintas
Fernando Burlando, socio del abogado Fabián Améndola y representante, junto a él, de la familia de la víctima, afirmó que Álvarez será condenado «sí o sí». Améndola pidió 11 años y 2 meses de prisión, con arresto domiciliario y salidas laborales para reparar el daño a los damnificados.
El fiscal Sandro Abraldes pidió 18 años y 6 meses de prisión efectiva, descartó la legítima defensa y reclamó que Álvarez sea detenido cuando termine su internación. La distancia entre la Fiscalía y la querella, que representa a la familia de la víctima, es de 7 años y 4 meses.
Un debate atravesado por suspensiones y planteos
El juicio comenzó el 10 de agosto y reunió más de tres meses de audiencias y casi 40 testigos. Estuvo marcado por suspensiones, descompensaciones del acusado y planteos de nulidad que el Tribunal rechazó. El 2 de noviembre, en su primera declaración ante los jueces, Álvarez reconoció haberle disparado a Díaz. El delito imputado prevé penas que alcanzan los 25 años de prisión. Al cierre de esta edición el Tribunal no había dado a conocer la decisión, y los fundamentos de la sentencia se difundirán más adelante.
Lo que tenés que saber
- El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 debe definir el veredicto contra Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018.
- Álvarez no estuvo en la sala y habló por videoconferencia desde la clínica Solar Colonial antes de la deliberación.
- El fiscal Abraldes pidió 18 años y 6 meses de prisión; la querella, 11 años y 2 meses.
- La defensa pidió la absolución por legítima defensa o, subsidiariamente, una condena por exceso, y planteó la nulidad del juicio.
- Burlando aseguró que Álvarez será condenado «sí o sí».
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