El vicepresidente de la Cámara de Casación volvió a plantear que lo ocurrido genera una «crisis de representación por la calidad» de los involucrados, en alusión a Gustavo Hornos, titular del mayor tribunal penal del país.

El vicepresidente de la Cámara Federal de Casación, Alejandro Slokar, volvió a plantear este lunes que los magistrados y fiscales que durante la anterior gestión de Mauricio Macri visitaron la Quinta de Olivos tendrían que «brindar explicaciones ante la sociedad» para garantizar la «transparencia» de sus actos y consideró que lo ocurrido genera una «crisis de representación por la calidad» de los involucrados, en alusión a Gustavo Hornos, titular del mayor tribunal penal del país.

Slokar lamentó la «negativa de los colegas» (Hornos y el camarista Mariano Borinsky) a brindar explicaciones en el seno de la Cámara de Casación en relación a los encuentros con el expresidente, y agregó que estas reuniones fueron «mucho más allá de un mero intercambio», según evaluó en declaraciones a El Destape Radio.

«Un magistrado como hombre público puede tener vinculaciones apropiadas», argumentó Slokar, y dijo que la situación generada por las reuniones de sus colegas con autoridades políticas «tiene que ser abordada por todo el cuerpo», en alusión a la Cámara de Casación.

En este sentido, evaluó que lo ocurrido genera «una crisis de representación por la calidad de presidente (de Casación) que ostenta Hornos, a lo que se suma una serie de episodios que suenan hasta vergonzantes».

Al ser consultado sobre cómo debería analizarse la conducta de los magistrados indicó: «Yo no soy juez de jueces, aunque ya expresé que el juez Hornos había dejado de representarme» en su condición de titular de Casación.

Más allá de las definiciones en Casación, las visitas de los jueces se discuten en el Consejo de la Magistratura para definir si esos encuentros de jueces y fiscales con Macri influyeron en decisiones judiciales.

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El ministro de Justicia, Martín Soria, denunció a Hornos, en la convicción de que el camarista visitó al entonces presidente Macri no menos de seis veces para definir los procesamientos de dirigentes de la oposición como, por ejemplo, la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

En su presentación ante el Consejo, Soria aportó que Hornos visitó a Macri el 31 de octubre de 2017 y que dos días después, con su firma, se ratificó en Casación el procesamiento y embargo a Fernández de Kirchner por 10 mil millones de pesos.

En similar situación se encuentra Borinsky, con 15 ingresos comprobados a Casa de Gobierno y Olivos, y con una denuncia por «venalidad» y por faltas a sus obligaciones en el Consejo.

La denuncia fue presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, en la convicción de que Macri tenía «interés en asuntos que tramitaba el magistrado, con coincidencia temporal con la adopción de temperamentos procesales gravosos en perjuicio de líderes de la oposición política».

Ambos cuestionamientos deben ser tratados en la comisión de Disciplina y Acusación, presidida por el representante de los jueces Ricardo Recondo, que debería reunirse esta semana aunque todavía no hay definición de día y horario.

En principio, para Recondo no existiría una incompatibilidad entre estas visitas al presidente por parte de jueces y fiscales del fuero federal y su labor de impartir justicia, según se desprende de sus declaraciones públicas:

«Yo he tomado café y almorzado con diputados, gobernadores, presidentes, y jamás he dejado de ser independiente», aseguró Recondo al diario La Nación y definió que «salvo que sea un tema de mala fe, que no tengo por qué pensar que fue así, no entiendo por qué se hace tanto barullo con este tema».

Uno de los consejeros que forma parte de la comisión, comentó extraoficialmente a Télam que, en principio, se trata de una «falta a la ética» de los magistrados pero que eso podría cambiar si se demuestra que las reuniones precedieron a decisiones jurídicas dañosas para dirigentes de la oposición.