Judiciales ⚖️
Escandaloso fallo por el ARA San Juan: absolvieron a tres exjefes de la Armada y condenaron a un acusado con pena en suspenso
A casi nueve años del hundimiento del submarino que provocó la muerte de sus 44 tripulantes, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó un veredicto que generó indignación entre los familiares de las víctimas. Hubo tres absoluciones y una única condena, de apenas tres años de prisión en suspenso, en una causa que expuso las graves responsabilidades de la cadena de mando durante el gobierno de Mauricio Macri.
La Justicia federal volvió a quedar en el centro de las críticas tras el veredicto por la tragedia del ARA San Juan, una de las mayores catástrofes de la historia reciente de la Armada Argentina. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz absolvió a tres de los cuatro exjefes militares que llegaron a juicio y solo condenó al exjefe de Operaciones Navales, Claudio Villamide, quien recibió una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La sentencia fue considerada un duro golpe para los familiares de los 44 tripulantes fallecidos y para las querellas, que durante el juicio reclamaron condenas para toda la cadena de mando al sostener que las responsabilidades por el hundimiento no podían recaer sobre un único funcionario.
Tres absoluciones y una condena mínima
Los jueces Mario Reynaldi, Luis Giménez y Enrique Baronetto entendieron que Villamide incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado de muerte, aunque resolvieron imponerle una pena de cumplimiento condicional.
En cambio, fueron absueltos el excomandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, Luis Enrique López Mazzeo, y los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, quienes también habían sido acusados por la Fiscalía y las querellas.
La decisión sorprendió porque tanto el Ministerio Público Fiscal como los representantes de las familias habían solicitado condenas para los cuatro imputados, al considerar que todos integraban la cadena de decisiones que permitió que el submarino navegara pese a las graves deficiencias técnicas denunciadas.
El veredicto alimentó nuevamente los cuestionamientos sobre la respuesta judicial frente a una tragedia que conmocionó al país. Después de casi nueve años de investigación y un extenso debate oral, el proceso concluyó con una única condena en suspenso y sin responsables que deban cumplir prisión efectiva.
Para los familiares, la resolución deja una fuerte sensación de impunidad y vuelve a frustrar el reclamo de justicia por las 44 vidas perdidas.
La tragedia que marcó al gobierno de Mauricio Macri
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras regresaba a su base en Mar del Plata. Días después se confirmó que el submarino había implosionado en el Atlántico Sur y que los 44 tripulantes habían muerto.
La tragedia expuso severas deficiencias en el mantenimiento de la nave, fallas en los controles y múltiples advertencias que, según surgió durante la investigación, no habrían sido atendidas por la conducción de la Armada.
El caso también dejó bajo fuertes cuestionamientos la actuación del gobierno de Mauricio Macri durante la búsqueda del submarino y en la posterior investigación. La gestión fue ampliamente criticada por los familiares de las víctimas, que denunciaron falta de respuestas, demoras y decisiones políticas que dificultaron el esclarecimiento de lo ocurrido. A ello se sumó el escándalo por el espionaje ilegal realizado sobre los familiares de los tripulantes mientras reclamaban justicia.
Con este fallo, la causa penal concluye con un único condenado y tres absoluciones, un desenlace que, lejos de cerrar las heridas, vuelve a abrir el debate sobre las responsabilidades políticas, militares y judiciales detrás de una de las tragedias más dolorosas de la historia argentina reciente.
Judiciales ⚖️
Caso $LIBRA: Grabois apeló la decisión judicial que dejó afuera a los querellantes de la causa
El dirigente presentó una apelación ante la Cámara Federal contra la decisión que apartó a cinco presuntos damnificados como querellantes en la causa $LIBRA. La defensa sostiene que existen pruebas sobre una posible maniobra delictiva vinculada al token.
El diputado y dirigente social Juan Grabois presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal contra la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de apartar a los querellantes de la causa que investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA.
La resolución judicial había respondido a un pedido presentado por Mauricio Novelli, uno de los acusados en el expediente, quien sostuvo que no existía una maniobra fraudulenta relacionada con el token promocionado por el presidente Javier Milei.
Qué cuestiona la presentación judicial
El recurso presentado por Grabois sostiene que la resolución del juez parte de una interpretación que contradice la evidencia incorporada al expediente.
“La prueba reunida en la causa desmiente la premisa fáctica de la que parte la resolución recurrida”, señala la presentación citada por Perfil.
El escrito agrega que no se trata de una discusión sobre los riesgos habituales de los activos digitales, sino de una investigación sobre una posible maniobra con “prueba concreta de ardid, de acceso privilegiado a información reservada y de extracción coordinada de fondos”.
Según la apelación, excluir a las víctimas del proceso afecta sus derechos y reduce la participación de quienes impulsaron las medidas dentro de la investigación.
Los damnificados que fueron apartados de la causa
La decisión de Martínez de Giorgi dejó fuera del expediente como querellantes a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.
Los presuntos damnificados estaban organizados en dos querellas diferentes, una de ellas representada por Juan Grabois.
Tras la resolución, la investigación quedó concentrada en la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien lleva adelante las tareas del Ministerio Público Fiscal dentro del expediente.
El argumento del juez Martínez de Giorgi
El viernes 3 de julio, Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes al considerar que no estaban acreditadas de manera suficiente sus condiciones como víctimas dentro de la causa.
En su resolución, el magistrado sostuvo que $LIBRA es una memecoin, un tipo de criptomoneda caracterizada por su alta volatilidad, y consideró que las pérdidas de los inversores podrían estar relacionadas con los riesgos propios del mercado.
Además, señaló dificultades para comprobar la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas y el origen de los fondos, debido a las características de anonimato de la red Solana.
“Las constancias aportadas resultan indiciarias, pero no determinantes ni consistentes para establecer su titularidad”, afirmó el juez en su resolución.
Otro recurso llegó desde la defensa de Martín Romeo
La apelación de Grabois se sumó al planteo presentado por el abogado Nicolás Oszust, representante de Martín Romeo.
El letrado sostuvo que la Cámara Federal ya había reconocido la legitimación procesal de los querellantes y cuestionó la interpretación realizada por el juez sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos y la tecnología blockchain.
Oszust afirmó que la resolución genera un perjuicio para su defendido y pidió que sea revisada por la Cámara Federal.
La Cámara Federal deberá definir el futuro de los querellantes
Con los recursos presentados, ahora será la Cámara Federal la encargada de analizar si mantiene la decisión de apartar a los damnificados o si permite nuevamente su participación como querellantes dentro de la causa.
El expediente investiga las circunstancias alrededor del lanzamiento del token $LIBRA, promocionado por Javier Milei en sus redes sociales y cuyo valor cayó poco después de su difusión.
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