Denuncia
Milagro Sala denunció que «sin resolución» la policía le exige identificación a sus visitas
La dirigente social denunció “hostigamiento” por parte de la Policía de Jujuy, quienes interceptan y le piden el documento de identidad a quienes la visitan en su casa de la capital jujeña donde cumple prisión domiciliaria.
La dirigente social Milagro Sala denunció el miércoles “hostigamiento” por parte de la Policía de Jujuy, al asegurar que “sin resolución” agentes de la fuerza interceptan y le piden el documento de identidad a quienes la visitan en su casa de la capital jujeña donde cumple prisión domiciliaria.
El cuestionamiento salió a la luz el miércoles por la mañana a partir de un vídeo, difundido por Comité por la Libertad de Milagro Sala, en el que se observa a la dirigente interpelar desde la puerta de su casa a dos supuestos efectivos, vestidos de civil, que, según expresa, se mantenían en la entrada a su domicilio y obstaculizaron el ingreso de una mujer y su hijo por no contar con sus documentos.
“Yo quiero que ustedes me den una resolución donde diga que tienen que pedir el DNI y para quién va esa información. No hay ninguna de ningún juez ni ningún fiscal que le diga a ustedes que tienen que pedirlo. Están haciendo algo ilegal”, se puede apreciar que le expresa Sala a uno de los agentes, al inicio de la grabación.
El efectivo le responde que al poseer ella detención domiciliaria, tienen “orden” de pedirle el documento a quien ingrese al lugar, aunque solo aclara que la directiva es de parte de sus “superiores”.
Sala acota que ella está a disposición de la justicia, en particular de los jueces Fernández y Cattan; que no tiene «ninguna resolución» de los magistrados que solicite dicha medida respecto a sus visitas; y que si la orden viene del Ministerio de Seguridad, a cargo de Guillermo Corro, ella no depende de él.
“Las resoluciones son claritas y no hay ninguna que diga que ustedes tienen que estar pidiendo documento, están hostigando a mis visitas”, resume Sala, a la par de reprochar que minutos antes “hicieron volver a una señora con su hijo porque no tenía documento” y menciona que por ello decidieron filmar lo que sucede para reportarlo a organismos de derechos humanos.
En el vídeo también se puede escuchar que uno de los policías amenaza con detener a la persona que estaba grabando, ello en momentos en que Sala pide que en la filmación quede constancia del auto en el que se encontraban los policías en las afueras de su domicilio.
“En la Argentina ningún genocida tiene custodia policial en la puerta, pero Milagro sí. La policía de Gerardo Morales sigue persiguiendo y hostigando a Milagro Sala en la puerta de su domicilio”, repudió el Comité por la Liberación de Milagro Sala, que en su página en redes sociales reprodujo el material.
Buenos Aires
Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”
El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.
Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.
★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.
La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.
«Una herramienta de prevención que evita tragedias»
El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.
«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.
La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.
La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados
Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.
«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.
El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.
El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».
Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja
Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.
La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.
«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.
El cierre: una mención que excede lo técnico
El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.
Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».
La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Puntos clave
- La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
- El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
- El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
- El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
- La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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