El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este viernes con dureza la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al afirmar que «si fuera peronista, estaría preso», en referencia a la causa por presunto enriquecimiento ilícito y a la polémica declaración jurada en la que el funcionario reconoció haber ocultado cerca de 500.000 dólares en criptomonedas almacenadas en un pendrive.

El escándalo recrudeció con la presentación de nuevas denuncias judiciales y el pedido formal de renuncia del PRO, mientras el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) la apertura de una investigación por posible lavado de activos.

La frase de Kicillof y el sarcasmo del pendrive

Durante una recorrida de gestión en Pergamino, donde inauguró el nuevo edificio del Jardín de Infantes N° 926, el gobernador Axel Kicillof fue consultado por la prensa sobre el caso Adorni. Su respuesta fue directa: «Si esto fuera un peronista, para los que son antiperonistas y una parte de la Justicia, estaría preso y sería un desastre».

Inmediatamente después, apeló a la ironía para referirse a la justificación que ofreció el propio Adorni sobre su patrimonio: el funcionario alegó en una entrevista con el periodista José Del Río en LN+ que había acumulado los fondos en bitcoin antes de asumir el cargo y que los conservaba en un dispositivo de almacenamiento externo, lo que le habría impedido recordar incluirlos en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA). «Yo estoy buscando un pendrive para la Provincia, para los recursos de la Provincia, porque es mucha plata», dijo el gobernador entre risas y aplausos de quienes lo escuchaban, según recogieron múltiples medios.

La referencia al contraste con la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad, fue implícita pero inequívoca en el marco del discurso de Kicillof.

Una declaración jurada que no convenció a nadie

Las rectificaciones presentadas por Adorni ante los organismos de control generaron el efecto contrario al buscado por el funcionario. Según la reconstrucción de fuentes oficiales de la Jefatura de Gabinete, el capital originalmente invertido en criptomonedas habría sido de aproximadamente 200.000 dólares y, a través de operaciones de compra y venta realizadas mediante ocho billeteras virtuales, se habría transformado en los 513.000 dólares que ahora figuran en las declaraciones rectificativas. La estrategia de presentar la omisión como un «error involuntario» fue desactivada con rapidez por sus propios críticos: Adorni es contador de profesión.

Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentaron una denuncia judicial por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en las declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025. La presentación sostiene que el funcionario habría incurrido en falsedad ideológica al ocultar deliberadamente activos e inmuebles durante su gestión, en contradicción con la Ley de Ética Pública. El artículo 268 inciso 3 del Código Penal prevé para este delito una pena de entre quince días y dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El PRO pide la renuncia y el frente libertario se fractura

El escándalo trasladó el epicentro de la crisis al interior de la alianza de gobierno. Propuesta Republicana (PRO) le exigió públicamente al presidente Javier Milei que no cubra a su jefe de Gabinete: «Presidente, los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni», publicó el partido en la red social X. En el mismo mensaje indicaron que «un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo».

El diputado nacional Juan Schiaretti, por su parte, reclamó directamente la salida de Adorni del gabinete: «Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional. Adorni le mintió al pueblo argentino», escribió en sus redes. El ex gobernador cordobés subrayó que el país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder en beneficio propio.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR) calificaron la situación de «extrema gravedad» y recordaron que el propio Adorni había asegurado ante el Congreso que no existían omisiones en sus declaraciones patrimoniales. Pese a la tormenta, el presidente Milei mantuvo su respaldo al funcionario.

El CIPCE pide a la UIF que investigue un posible lavado de activos

En paralelo a la presión política, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó un pedido formal ante la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyo titular es Matías Gabriel Álvarez, solicitando la apertura de un expediente de inteligencia financiera para analizar el patrimonio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ante la existencia de posibles inconsistencias y fondos sin origen acreditado.

La presentación apunta a que se apliquen todas las herramientas legales disponibles para monitorear a ambos en su carácter de Personas Políticamente Expuestas (PEP), y señala como elementos de alerta: la compra de una vivienda en un barrio privado en noviembre de 2024 y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025 (ambas operaciones realizadas ya en ejercicio de funciones públicas), la tenencia de sumas significativas de dinero en efectivo, viajes en aeronaves privadas junto a contratistas del Estado y operaciones crediticias no bancarias con personas sin capacidad económica suficiente para sostenerlas.

La exvicepresidenta de la UIF, Natalia Talerico, fue más directa todavía: «No solamente los ciudadanos nos damos cuenta de que está mintiendo, sino que además quedan expuestos los Milei», declaró en declaraciones televisivas reproducidas por medios nacionales.

Contexto: una causa que se profundiza

La investigación por enriquecimiento ilícito que instruye el juez federal Ariel Lijo junto al fiscal Gerardo Pollicita ya había identificado un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares, que incluye refacciones de lujo por 245.000 dólares abonados en efectivo sin factura en la propiedad del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y deudas declaradas con dos jubiladas por la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

La oposición en la Cámara de Diputados presentó además un pedido de sesión especial para el próximo 23 de junio, a las 14 horas, con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete y avanzar en una moción de censura. La convocatoria fue firmada por bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas, entre otros.

Puntos clave

• El gobernador Axel Kicillof afirmó que si Adorni fuera peronista «estaría preso» e ironizó con que él también «busca un pendrive» para los recursos de la Provincia.
• El CIPCE solicitó a la UIF la apertura de un expediente de inteligencia financiera por posible lavado de activos contra Adorni y Angeletti.
• Los diputados de la Coalición Cívica Frade y Ferraro presentaron una nueva denuncia penal por omisión maliciosa en las declaraciones juradas de 2024 y 2025, delito que prevé inhabilitación perpetua.
• El PRO y el diputado Schiaretti exigieron la renuncia de Adorni; la UCR calificó la situación de «extrema gravedad».
• La oposición convocó a una sesión especial para el 23 de junio para interpelar al funcionario en el marco del artículo 101 de la Constitución Nacional.