Buenos Aires
Kicillof le compró baterías a Huawei antes del escándalo Lamelas y PBA sale a defender la decisión
Mientras el embajador de Estados Unidos amenazaba a cooperativas por usar tecnología china, la provincia de Buenos Aires ya había adjudicado a Huawei un contrato por $31.200 millones para baterías energéticas. El subsecretario bonaerense Gastón Ghioni rechazó cualquier cuestionamiento: «No creemos que ese debate deba interferir en las decisiones de la Provincia».
El escándalo diplomático desatado por las amenazas del embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, contra la cooperativa neuquina CALF por su contrato con Huawei dejó al descubierto una contradicción que el gobierno nacional no puede ignorar: antes de que Lamelas pusiera en jaque a los directivos de la cooperativa con la revocación de sus visas, la provincia de Buenos Aires, conducida por Axel Kicillof, ya había adjudicado formalmente a la tecnológica china la provisión de equipamiento para un sistema de almacenamiento de energía en baterías. El contrato, cuya licitación se aprobó en junio, asciende a $31.200 millones y está en proceso de implementación.
La información, que había pasado desapercibida, adquirió una relevancia política inusitada a partir de las declaraciones del embajador en el foro de AmCham, donde Lamelas sostuvo que la presencia de Huawei en infraestructura energética argentina desalienta la inversión extranjera y que el Partido Comunista Chino exigiría acceso a los datos que transitan por esa tecnología.
La Provincia defiende la adjudicación y rechaza la injerencia
El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, salió a respaldar la decisión con argumentos técnicos y políticos. «Huawei presentó la mejor oferta en el proceso de adjudicación y, en función de eso, no tenemos nada que objetar respecto de la decisión adoptada. Se trata de una empresa con una trayectoria reconocida, que viene trabajando desde hace años en Argentina con distintas empresas del sector privado y que tiene, además, una presencia importante a nivel internacional», declaró el funcionario ante una consulta periodística.
Ghioni fue más lejos al cuestionar el trasfondo del veto estadounidense: «Los cuestionamientos planteados por la Embajada de Estados Unidos dan cuenta de una intromisión que expresa, por un lado, la obediencia del gobierno nacional para con Estados Unidos; y por otro, la disputa comercial y tecnológica de este país con China». El funcionario concluyó que ese debate «no debe interferir en las decisiones que toma la Provincia de Buenos Aires en función de sus propias necesidades y prioridades».
Al mismo tiempo, Ghioni procuró separar la decisión de cualquier lectura de alineamiento geopolítico automático: «Nuestra posición no responde a una alineación automática con una potencia u otra. Lo que hacemos es evaluar, en cada caso, qué alternativa resulta más conveniente para la Provincia, con criterios técnicos, económicos y de eficiencia. En este caso, Huawei presentó la mejor oferta y fue adjudicataria conforme al procedimiento correspondiente».
Qué compraron y para qué sirve
El programa bonaerense contempla una potencia de 25 megawatts (MW) y una capacidad de almacenamiento de 125 MWh, distribuidos en cuatro nodos: Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento. La inversión se financia con recursos del Adicional de Costo de Generación Distribuida. El equipamiento, una vez instalado, quedará en manos de la Provincia durante entre 15 y 20 años. La operación estará a cargo de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), la empresa estatal provincial del sector.
El sistema reemplaza el esquema utilizado en veranos anteriores, basado en generación móvil a gasoil, que resultaba más costoso e ineficiente. Según Ghioni, las baterías se activarán cuando TRANSBA, concesionaria del transporte de energía bonaerense, detecte saturación en las líneas de media tensión o en las subestaciones de 132 kV. La licitación se dividió en dos tramos: el de equipamiento, ya adjudicado a Huawei, y el de la obra civil, aún en proceso. La puesta en operación formal está prevista para enero de 2027.
Un esquema provincial que se inscribe en el plan nacional
El programa bonaerense no es un hecho aislado. Se inscribe en el marco de la convocatoria nacional AlmaSADI y de las estimaciones de CAMMESA sobre nodos con riesgo de saturación en el sistema eléctrico argentino. AlmaSADI es la continuación del plan AlmaGBA, la primera experiencia de almacenamiento a escala del país, que en 2025 adjudicó 713 MW en nodos críticos del AMBA con una inversión cercana a los USD 540 millones, hoy en obra. En julio de 2026, la Secretaría de Energía de la Nación formalizó además la adjudicación de otros 700,5 MW distribuidos en 20 proyectos de cinco empresas para el resto del país.
La lógica en ambos casos es la misma: reemplazar generadores a combustible por baterías de almacenamiento, más eficientes y de menor costo operativo a mediano plazo. La decisión bonaerense de adjudicar ese equipamiento a Huawei, en ese contexto, no fue una excepción sino el resultado de un proceso licitatorio en el que la empresa china compitió y ganó.
La contradicción que Milei no puede tapar
El caso pone en evidencia la doble vara con la que opera la política energética argentina en tiempos de disputa geopolítica entre potencias. Mientras el gobierno nacional de Javier Milei guarda silencio ante las amenazas de Lamelas, o incluso las convalida con su postura de alineamiento con Washington, la provincia de Buenos Aires ejecuta contratos con la misma empresa cuestionada por la embajada estadounidense, sin que eso haya generado hasta ahora ningún conflicto diplomático formal.
La pregunta que queda en el aire es inevitable: si la tecnología de Huawei representa un riesgo para la «seguridad de datos» en Vaca Muerta, como sostiene Lamelas, ¿qué explicación da la embajada sobre los nodos bonaerenses de Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento, donde esa misma tecnología estará operativa desde 2027? La respuesta de la Embajada de los Estados Unidos, hasta el momento, es el silencio.
Puntos clave
- La provincia de Buenos Aires adjudicó a Huawei la provisión de baterías de almacenamiento energético por $31.200 millones antes de que estallara el escándalo Lamelas-CALF.
- El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, defendió la decisión y calificó las presiones de la embajada de EE.UU. como una «intromisión» que expresa la «obediencia del gobierno nacional» a Washington.
- El sistema contempla 25 MW y 125 MWh distribuidos en cuatro nodos de la provincia; estará operativo en enero de 2027 y será administrado por BAESA.
- La adjudicación a Huawei fue el resultado de un proceso licitatorio en el que la empresa china presentó la mejor oferta técnica y económica.
- El gobierno nacional de Milei no cuestionó la compra bonaerense, lo que expone la inconsistencia de su posición frente a las presiones de Lamelas contra la cooperativa neuquina CALF.
Buenos Aires
El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección
Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.
Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.
La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.
El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial
La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.
«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión
La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.
El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.
Lo que tenés que saber:
- Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
- La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
- La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
- La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
- La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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