DDHH
Indignante: a casi 50 años del golpe, un defensor de represores llega a la Subsecretaría de DDHH
En el año que se cumplen 50 años del golpe cívico-militar, Bryan José Mayer asume como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos. En 2023 calificó de «pro terrorista» a la película Argentina, 1985. La gestión de Joaquín Mogaburu profundiza el giro negacionista del área.
★ La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación vive una transformación alarmante. Bryan José Mayer, quien en 2023 calificó de «pro terrorista» a la película Argentina, 1985 sobre el Juicio a las Juntas, se presenta como futuro jefe de gabinete del organismo. La designación llega en un contexto especialmente delicado: en marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
De atacar el Juicio a las Juntas a la función pública
Mayer ganó notoriedad en 2023 cuando descalificó públicamente a Argentina, 1985, el filme que retrata el trabajo de la fiscalía en el histórico juicio que condenó a las juntas militares. Sus declaraciones lo posicionaron como vocero oficioso de sectores de las Fuerzas Armadas que reivindican la última dictadura.
El perfil de Mayer encaja con la línea impuesta por Joaquín Mogaburu, quien llegó a la titularidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos con posiciones cuestionadas por organismos de memoria. Bajo su conducción, el área parece virarse hacia posiciones más cercanas al Ministerio de Defensa que a las políticas de memoria, verdad y justicia.
El avance militar en la gestión libertaria
La incorporación de Mayer forma parte de un proceso más amplio de militarización del gabinete nacional. El caso más resonante fue la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa, en lo que representa un quiebre con la tradición democrática de conducción civil de las Fuerzas Armadas.
Este avance de posiciones militares en áreas clave del Estado se profundiza en la segunda fase del gobierno de Javier Milei, cuando el área de Derechos Humanos queda en manos de funcionarios con posiciones abiertamente confrontativas con las políticas de memoria desarrolladas desde la recuperación de la democracia en 1983.
Un mensaje a 50 años del golpe
La designación de Mayer cobra particular relevancia en el marco de la conmemoración del medio siglo del golpe de Estado que inauguró la dictadura más sangrienta de la historia argentina. La fecha convoca a una reflexión sobre las políticas de memoria que el Estado viene implementando desde hace cuatro décadas.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, creada para garantizar políticas públicas en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, ahora queda en manos de funcionarios que cuestionan públicamente el relato histórico construido por organismos de derechos humanos, la Justicia y la sociedad civil.
Puntos clave:
• Bryan José Mayer será jefe de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos tras calificar de «pro terrorista» a la película Argentina, 1985
• La designación se produce a semanas del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976
• Mayer actuó como vocero oficioso de sectores militares que reivindican la última dictadura
• El nombramiento refuerza el giro de la Subsecretaría bajo Joaquín Mogaburu
• El gobierno libertario profundiza la presencia militar en áreas clave, como muestra la designación del teniente general Presti en Defensa
DDHH
Capital Humano rechazó una denuncia de la UTEP y el CELS por asistencia alimentaria para comedores
El Ministerio que conduce Sandra Pettovello respondió ante la Justicia una presentación y negó que esté en riesgo la asistencia alimentaria y afirmó que hubo demoras atribuibles a las propias organizaciones.
★ El Ministerio de Capital Humano negó este miércoles ante la Justicia que exista riesgo en la continuidad del giro de fondos y de la asistencia alimentaria a comedores comunitarios, en respuesta a una denuncia presentada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La cartera nacional sostuvo que los planteos “contradicen de manera contundente los discursos de urgencia y emergencia alimentaria utilizados con fines políticos y mediáticos”.
La posición oficial quedó plasmada en un escrito judicial y fue difundida a través de un comunicado del propio Ministerio, que encabeza Sandra Pettovello.
La presentación judicial y la respuesta oficial
Según informó Capital Humano, el martes 6 de enero la UTEP y el CELS solicitaron la habilitación de la feria judicial con el argumento de que existían “riesgos graves e inminentes” para sectores vulnerables vinculados a la asistencia alimentaria. En ese marco, el Ministerio cuestionó que las organizaciones se arrogaran la representación de esos sectores.
En su descargo, la cartera explicó que el 5 de enero convocó a representantes de la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, organización agrupada en la UTEP, para la firma de convenios correspondientes a merenderos y comedores. De acuerdo con el Ministerio, la firma de esos acuerdos resulta “indispensable para garantizar la continuidad de los fondos y la asistencia alimentaria”.
La firma de convenios, en el centro del conflicto
Capital Humano afirmó que, pese a haber solicitado ser incluida en programas alimentarios, la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros rechazó el 7 de enero una convocatoria para firmar los convenios de renovación. Según el comunicado oficial, el rechazo se realizó por correo electrónico y se fundamentó en que las autoridades de la entidad se encontraban de vacaciones.
Para el Ministerio, esa decisión “contrasta con el relato de urgencia y crisis alimentaria” que las organizaciones denunciantes expusieron tanto en los medios de comunicación como ante la Justicia.
Acusaciones cruzadas y cuestionamientos políticos
En el texto difundido, Capital Humano calificó de “inadmisible” que, mientras se acusa al Ministerio de demorar trámites y se solicita la habilitación de la feria judicial para agilizar procesos, las propias organizaciones beneficiarias no prioricen la firma de los convenios necesarios para acceder a los recursos estatales.
Además, sostuvo que esta conducta evidencia que “detrás de los reclamos de urgencia no hay una real voluntad de resolver”, sino una estrategia orientada a “generar conflicto, desprestigiar institucionalmente al Ministerio y personalmente a su titular”.
El comunicado también incluyó críticas a “algunos actores —expertos en lucrar con la intermediación de la pobreza— y sus medios afines”, a quienes acusó de priorizar la confrontación política por sobre la resolución de las necesidades urgentes.
El cierre del Ministerio
En el tramo final de la comunicación oficial, el Ministerio de Capital Humano reafirmó su rol en la gestión de políticas sociales y sostuvo que su objetivo es “garantizar los derechos de la población en situación de vulnerabilidad” mediante una administración que calificó como eficaz.
Puntos clave
- Capital Humano negó ante la Justicia que esté en riesgo la asistencia a comedores.
- La denuncia fue presentada por la UTEP y el CELS, que pidieron habilitar la feria judicial.
- El Ministerio afirmó que convocó a firmar convenios el 5 de enero.
- Según la cartera, una asociación ligada a la UTEP rechazó la convocatoria por estar de vacaciones.
- El Gobierno sostuvo que los reclamos tienen un trasfondo político y mediático.
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