Desde septiembre rige en la Argentina un nuevo Régimen Penal Juvenil que redujo la edad de punibilidad a los 14 años. Frente a esa realidad, el Área de Niñez de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital elaboró y difundió una guía práctica dirigida a toda la ciudadanía, con información concreta sobre qué puede y qué no puede hacer la policía ante la detención de un niño, niña o adolescente, cómo actuar en esa situación y dónde pedir ayuda o denunciar abusos.

La iniciativa se inscribe en un rechazo explícito a la Ley 27.801. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, fue contundente: «Necesitaron la reforma laboral para precarizar a los y las trabajadoras y la reforma penal juvenil para meter presos a nuestros hijos e hijas; es un espiral donde los únicos perjudicados son los que pertenecen a la clase obrera.»

Por qué una guía y no solo un rechazo

El sindicato dejó en claro que la difusión de la guía no implica aceptar la ley sino todo lo contrario. El argumento central es que, mientras la normativa esté vigente, conocer los derechos es la herramienta más concreta para proteger a los adolescentes de abusos policiales. La guía orienta sobre qué facultades tiene y cuáles no tiene la policía al detener a un menor de edad, qué derechos asisten a la persona detenida y cuáles son los canales institucionales disponibles para hacer denuncias.

ATE Capital convocó a la ciudadanía a cuatro acciones concretas ante una situación de detención de menores: preguntar, registrar lo que ocurre, avisar a familiares o referentes del adolescente y acompañar. También instó a difundir la guía en barrios, escuelas y organizaciones sociales.

La lectura política detrás de la guía

La organización sindical vincula explícitamente la reforma penal juvenil con la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, leyendo ambas medidas como parte de un mismo proyecto que descarga el peso del ajuste sobre los sectores populares. «Las problemáticas que atraviesan a nuestros pibes y pibas se resuelven con más educación, salud, vivienda, recreación y políticas públicas de calidad, no con más castigo, estigmatización y persecución», sostiene el sindicato en su comunicado.

La postura de ATE Capital coincide con la de numerosas organizaciones de derechos humanos, educadores, trabajadores sociales y referentes del campo jurídico que desde el debate parlamentario advirtieron que la baja de la edad de punibilidad no reduce el delito sino que criminaliza la pobreza y expone a los adolescentes más vulnerables al sistema carcelario.