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★ La Sala I de la Cámara Federal resolvió modificar los embargos preventivos en la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, que investiga a empresarios vinculados al presidente Javier Milei. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ordenaron incrementar el monto de las restricciones patrimoniales, que actualmente alcanza solo los 36.875.000 pesos, pero rechazaron el pedido de la querella de congelar completamente los patrimonios de los imputados.

La resolución, a la que accedió Página/12, establece que el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá fijar «un prudente aval patrimonial» acorde «a la entidad y gravitación de los hechos y la cuantía del daño y del grado de participación» de cada investigado. Además, deberá revisar la medida cada 90 días «según el estado de las actuaciones».

Una causa que no despega

La investigación comenzó hace casi un año, luego de que el 14 de febrero de 2024 el presidente Milei publicara un tuit invitando a comprar $LIBRA con un enlace directo al contrato de la criptomoneda. El mandatario borró el mensaje cuando el token se desplomó, causando pérdidas que el New York Times estimó en 250 millones de dólares.

Hasta ahora están imputados los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Torrones Godoy —nexo entre el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Mark Davis, y Milei—, el propio Davis, el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, la madre y hermana de Novelli (María Pía Novelli y María Alicia Rafaele) y dos intermediarios señalados por pagos millonarios a los traders. El presidente y su hermana Karina Milei también están bajo investigación, aunque sin restricciones patrimoniales.

El fiscal Eduardo Taiano imputó los presuntos delitos de estafa, cohecho, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que participa como amicus curiae, planteó incorporar la figura de negociaciones incompatibles con la función pública para los hermanos Milei.

La disputa por los fondos

La discusión por las medidas cautelares lleva meses. En mayo de 2024, cuando la causa estaba en manos de la jueza María Servini, ella dispuso el congelamiento total de bienes y activos financieros de los implicados. Incluso se detectó que Novelli y Terrones habían intentado transferir 500.000 dólares en criptomonedas justo antes de que se ejecutara el bloqueo.

La Cámara Federal, en ese momento la Sala II, modificó el criterio y reemplazó la inmovilización por un embargo preventivo. El juez Martínez de Giorgi, que quedó a cargo tras una repentina decisión de su colega Ariel Lijo de apartarse del caso, fijó el monto en apenas 36.875.000 pesos, siguiendo el argumento de las defensas de que los inversores afectados habrían perdido no más de 2000 dólares cada uno.

Esta cifra contrasta con las declaraciones públicas de Davis, quien admitió haberse quedado con 100 millones de dólares «de Argentina». El empresario estadounidense informó después que había armado un fideicomiso para fondear pequeños emprendimientos, pero nunca especificó detalles de su funcionamiento.

La querella, representada por los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi del equipo de Juan Grabois, cuestionó el monto del embargo. Señaló que la magnitud de la maniobra requería una medida más amplia. La presentación de tres nuevos posibles querellantes, cuya participación todavía no fue resuelta por el juzgado, que hablan de pérdidas de más de 2 millones de dólares, reforzó este planteo.

El llamado de atención de la Cámara

En su resolución, la Sala I le dio la razón a la querella en que los 36 millones eran insuficientes. «No había que hacer cálculos respecto de los inversores afectados a título individual sino que hay analizar lo ocurrido en su conjunto», estableció el fallo.

Los camaristas sostuvieron que la «actuación procesal de la querella» no está limitada a la disputa entre particulares «sino que su intervención en estos casos contribuye a los fines del proceso penal, promoviendo la averiguación de la verdad y un mejor desarrollo de la investigación».

La Cámara descartó la medida de no innovar por considerarla «extrema» y por su posible impacto en la «libertad patrimonial de las personas». Sostuvo que «su dictado debe ser estrictamente necesario y por el menor tiempo posible».

Aunque no hizo observaciones directas sobre la lentitud de la causa, el tribunal fue contundente al ordenarle al juzgado que «arbitre los medios necesarios para obtener la producción de las probanzas que estimó conducente reunir, ello con el objeto de esclarecer la situación de los encartados en el marco de la presente investigación».

El fallo dejó claro que existe «verosimilitud del derecho» en la causa, es decir, sospecha suficiente de delitos, y que el paso del tiempo puede perjudicar tanto la investigación como la recuperación de activos.

Un rompecabezas con piezas sin encajar

La causa cuenta con abundante material probatorio: confirmación de vínculos entre los traders, Milei, su hermana y Davis; registros de reuniones en Casa Rosada a lo largo de 2024 (Davis visitó Argentina al menos seis veces y estuvo tres en la sede de gobierno); transferencias millonarias desde cuentas vinculadas a Davis hacia Novelli y Terrones Godoy en fechas previas al lanzamiento de $LIBRA, cotejadas por el área de decomiso de la Procuración.

También están los movimientos sospechosos en las cajas de seguridad que la madre y hermana de Novelli abrieron diez días antes del lanzamiento; los informes de la Comisión Libra de la Cámara de Diputados; relatos de empresarios que dicen haber recibido pedidos de dinero para reunirse con el Presidente; y las publicaciones del periodista Mariano Vidal en Clarín, que confirman que los «criptobros» estaban en Dallas con Davis en contacto con Milei en el momento que el presidente publicaba su tuit.

Sin embargo, restan interrogantes clave: qué comunicaciones o mensajes existen entre las personas investigadas y por qué demora tanto la obtención de esa información. A casi un año del inicio de la investigación, la causa parece avanzar a paso lento mientras los imputados mantienen libertad para operar con sus patrimonios, salvo por el modesto embargo inicial.

Puntos clave

• La Cámara Federal ordenó aumentar embargos que actualmente suman solo 36.875.000 pesos en una causa que investiga pérdidas estimadas en 250 millones de dólares

• El tribunal rechazó congelar totalmente los patrimonios pero instó al juzgado a acelerar las pruebas tras casi un año de investigación

• Están imputados empresarios vinculados a Milei, el creador de $LIBRA Hayden Davis, y se investiga al presidente y su hermana Karina

• La causa cuenta con abundante material: transferencias millonarias, reuniones en Casa Rosada y vínculos confirmados entre los investigados

• Se presentaron nuevos querellantes que reclaman pérdidas de más de 2 millones de dólares, mientras Davis admitió haberse quedado con 100 millones